Corpus
Modo: Corpus Pro

EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV-2 (COVID-19). NO CONSTITUYE UN HECHO IMPREVISIBLE QUE, POR SÍ MISMO, IMPLIQUE CONSIDERAR QUE LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS MERCANTILES CELEBRADOS PREVIO A LA PANDEMIA, CONLLEVA EXPLOTACIÓN HUMANA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5986/2022. · Registro digital (IUS): 32070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-19
Promovente: NARICEJ, S.A. DE C.V. Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, Pág.1858.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5986/2022. NARICEJ, S.A. DE C.V. Y OTRO. 23 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil oral, en el que la hoy tercero interesada y recurrente, demandó el pago de diversas cantidades de dinero como consecuencia del incumplimiento de pago por parte de la demandada, respecto de las obligaciones derivadas de un contrato en cuenta corriente y uno diverso de crédito simple. El Juez del conocimiento declaró procedente la vía, así como parcialmente las prestaciones reclamadas, e inacreditadas las excepciones y defensas. Así, condenó a la parte demandada al pago de diversas cantidades de dinero por concepto de suerte principal e intereses moratorios respecto de ambos contratos. Inconforme con dicha resolución, la parte demandada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que le fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra, en la que de acuerdo con lo razonado en la ejecutoria de amparo sobre la obligatoriedad de los contratos ante situaciones imprevisibles, valorara nuevamente los medios de convicción y las particularidades del caso, a efecto de considerar la viabilidad de darle mayor extensión al "Convenio Otorgamiento Plazo de Espera Programa COVID-19" implementado en su momento por las partes; y, resolviera con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera, en cabal cumplimiento al respeto, protección y garantía de los derechos reconocidos en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha ejecutoria constituye la sentencia recurrida por la parte actora y tercero interesada a través del presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5986/2022, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del trece de octubre de dos mil veintidós, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo **********.(1)

El problema jurídico por resolver en la presente sentencia, consiste en determinar si el recurso de revisión resulta procedente y, en su caso, determinar si los agravios formulados por la parte inconforme conducen a confirmar, modificar o revocar la sentencia traída a esta instancia, en la parte susceptible de revisión.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Crédito en cuenta corriente. El diez de abril de dos mil diecisiete, Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente (crédito ágil), con Naricej, Sociedad Anónima de Capital Variable (acreditada) y Luis Felipe de Jesús Díaz Figueroa (obligado solidario) por la cantidad de $********** (**********). Línea de crédito que fue incrementada(2) debido al buen manejo de su historial a la cantidad de $********** (**********).

2. Cláusulas. En la cláusula primera se convino que los intereses, comisiones, impuestos, cargos y demás gastos derivados del contrato, no quedarían comprendidos dentro del monto del crédito otorgado. En la cláusula segunda, se acordó que el banco actor emitiría a nombre del negocio y de persona autorizada una tarjeta de crédito con el número **********. De acuerdo con el estado de cuenta emitido por la actora en el periodo del cuatro de abril de dos mil diecisiete al dos de mayo de dos mil diecisiete, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete la demandada comenzó a hacer disposiciones del crédito otorgado. En la cláusula sexta, el demandado se obligó a pagar sin requerimiento previo, cualquier disposición que realizara, así como los intereses pactados en la cláusula octava; además de las comisiones que se causaran, el impuesto al valor agregado o cualquier impuesto aplicable al crédito otorgado. En la cláusula octava, la demandada se obligó a pagar a la institución bancaria el importe de las disposiciones realizadas.

3. Incumplimiento. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, Naricej, Sociedad Anónima de Capital Variable dejó de cumplir con su obligación, por concepto de capital exigible, intereses ordinarios, comisiones e impuestos de estos últimos conceptos, derivados del contrato celebrado entre las partes. En consecuencia, el banco actor quedaría facultado para demandar el vencimiento anticipado del contrato de crédito, por lo que se hizo exigible el pago total, así como a los intereses y demás consecuencias y accesorios aplicables a dicho crédito. En consecuencia, el adeudo ascendió a la cantidad de $********** (**********).

4. Contrato de apertura de crédito. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México celebró contrato de apertura de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales, con Naricej, Sociedad Anónima de Capital Variable (acreditada) y Luis Felipe de Jesús Díaz Figueroa (obligado solidario). En esa misma fecha, la institución actora le notificó que el crédito había sido aprobado. De acuerdo a lo pactado en la cláusula cuarta del contrato de crédito simple, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la acreditada dispuso de la cantidad de $********** (**********), correspondiente al periodo del uno al treinta de abril de dos mil diecinueve.(3)

5. Incumplimiento de pago. A partir del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, la acreditada incumplió con su obligación de pago por concepto de capital e intereses ordinarios derivados del contrato de crédito celebrado.(4) Las mensualidades de abril, mayo, junio y julio de dos mil veinte, fueron diferidas como apoyo del COVID-19 para reanudar sus pagos a partir de agosto de dos mil veinte. En ese sentido, la acreditada adeuda respecto del contrato de crédito simple de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la cantidad de $********** (**********).(5)

6. Juicio ejecutivo mercantil oral.(6) Los demandados dejaron de cumplir con las obligaciones contraídas a su cargo en los contratos, no obstante los múltiples requerimientos extrajudiciales realizados por la parte actora, por lo que el catorce de marzo de dos mil veintidós,(7) Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderada Laura Baleri Martínez García, promovió juicio ejecutivo mercantil oral en contra de Naricej, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis Felipe de Jesús Díaz, de quienes demandó las prestaciones siguientes: a) El pago de $********** (**********) como suerte principal, por concepto de capital exigible, derivado del contrato de apertura en cuenta corriente (crédito ágil) de diez de abril de dos mil diecisiete; b) El pago de $********** (**********) por concepto de intereses ordinarios generados hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno; c) El pago de $********** (**********) por concepto de impuesto al valor agregado sobre el importe de intereses ordinarios generados hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno; d) El pago de $********** (**********) por concepto de comisiones generadas hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno; f) El pago de $********** (**********) por concepto de impuesto al valor agregado respecto a las comisiones generadas hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno; g) El pago de la cantidad que resulte por concepto de comisiones generadas con posterioridad a la emisión del estado de cuenta de trece de octubre de dos mil veintiuno; h) El pago de la cantidad que resulte por concepto de impuesto al valor agregado respecto de las comisiones generadas con posterioridad a la emisión del estado de cuenta de trece de octubre de dos mil veintiuno derivado; i) El pago de $********** (**********) como suerte principal, por concepto de capital exigible, capital vencido y capital vencido diferido, derivado del contrato de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, y el "Convenio Otorgamiento Plazo de Espera Programa COVID-19", celebrado entre las partes de conformidad con el estado de cuenta certificado de catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitido por contador público facultado por la actora; j) El pago de $********** (**********) por concepto de intereses ordinarios e intereses ordinarios diferidos generados hasta el catorce de octubre de dos mil veintiuno, derivado del contrato de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, y el "Convenio Otorgamiento Plazo de Espera Programa COVID-19", celebrado entre las partes; k) El pago de $********** (**********) por concepto de intereses moratorios hasta el catorce de octubre de dos mil veintiuno, derivado del contrato de crédito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, así como su convenio; l) El pago que resulte por concepto de intereses moratorios generados con posterioridad a la emisión del estado de cuenta de catorce de octubre de dos mil veintiuno, derivado del contrato de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve y su convenio; y, m) Las costas de juicio.

7. Turno, prevención, admisión y sentencia. La demanda se turnó al Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien la registró con el número de expediente **********, y previno al promovente para que exhibiera los documentos base de su acción y copias de traslado respectivas. Una vez desahogada la prevención en sus términos, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juez admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada.(8) Seguido el juicio, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que resolvió: 1. Que era procedente la vía en que se actúa, en la que la parte actora acreditó la procedencia parcial de sus pretensiones y los demandados no demostraron las excepciones y defensas opuestas; 2. Se condenó a los demandados a pagar a la actora o a quien sus derechos representara, la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal derivado del contrato de apertura en cuenta corriente (crédito ágil) de diez de abril de dos mil diecisiete, en términos del estado de cuenta certificado exhibido, atento a lo vertido en la parte considerativa de la presente resolución; 3. También se condenó a los demandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal derivado del contrato de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve y su relativo "Convenio Otorgamiento Plazo de Espera Programa COVID-19", de trece de abril de dos mil veinte, en términos del estado de cuenta certificado exhibido, atento a lo vertido de la parte considerativa de la presente resolución; 4. Asimismo, se condenó a los demandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $********** (**********), por concepto de intereses ordinarios generados al trece de octubre de dos mil veintiuno, respecto del contrato de apertura en cuenta corriente (crédito ágil) de diez de abril de dos mil diecisiete; 5. Además, se condenó a los demandados a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, los intereses moratorios generados respecto de la suerte principal adeudada del contrato de crédito simple en moneda nacional Pymes tasa fija (CAT) restitución personas morales de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, relacionado con el "Convenio Otorgamiento Plazo de Espera Programa COVID-19", de trece de abril de dos mil veinte y anexo "A", a razón del ********** (********** por ciento) anual, a partir del veintiséis de julio de dos mil veintiuno (fecha en que se actualizó el incumplimiento de la parte demandada en términos de lo referido por la actora en el hecho diecinueve del escrito inicial) y hasta la total liquidación del adeudo, cuantificables en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo, con la finalidad de no vulnerar el derecho de las partes a realizar la cuantificación de las mismas, no obstante la reclamación en cantidad líquida, atento a la reducción oficiosa de la tasa moratoria pactada; 6. En ese sentido, se concedió a los demandados un término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en el que la presente resolución causara ejecutoria, para que realizaran el pago de lo condenado; apercibidos que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa; 7. Por otra parte, se absolvió a los demandados de las restantes prestaciones, atento a lo vertido en la parte considerativa de la resolución; 8. En consecuencia, se determinó no hacer especial condena en costas en dicha instancia.

8. Juicio de amparo directo. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós,(9) Luis Felipe de Jesús Díaz Figueroa, por su propio derecho y como apoderado de la parte quejosa Naricej, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben:

Autoridad responsable:

• Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Acto reclamado:

• La sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil oral **********.

9. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales violados en su perjuicio, los artículos 1o., 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1 y 79, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, así como también el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, asimismo, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. Trámite y resolución del Tribunal Colegiado. Por razón de turno correspondió conocer de la referida demanda de garantías al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; cuya Magistrada presidenta la admitió a trámite y le asignó el número de expediente **********; ello, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; y, sustanciado el juicio, se dictó sentencia el trece de octubre de dos mil veintidós, en el sentido de conceder el amparo promovido.(10)

11. Cumplimiento. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; el Juez responsable hizo del conocimiento del Tribunal Colegiado, que se dejó insubsistente la sentencia definitiva reclamada; y, el tres de noviembre de dos mil veintidós, dictó nuevamente sentencia definitiva.(11)

12. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia antes detallada, la tercero interesada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado general Mario Alberto Soto Domínguez, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

13. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el recurso de revisión interpuesto, bajo el número 5986/2022. En dicho auto se precisó que del análisis de las constancias de autos se advertía que el Tribunal Colegiado del conocimiento fijó un alcance al derecho convencional previsto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la explotación del hombre por el hombre, en relación con el tema: "Usura. Aplicación de los parámetros guía para identificar la naturaleza usuraria de los réditos pactados y reducirlos"; y, en el recurso de revisión, la parte tercero interesada y recurrente controvierte lo determinado al respecto por el Tribunal Colegiado y plantea que es inconstitucional la interpretación que ese órgano realizó del artículo convencional en cita; por ello, el presidente de este Máximo Tribunal determinó que se surtía una cuestión propiamente constitucional que revestía un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, en relación con el tema antes referido, por lo que al tenor de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, ordenó la admisión del asunto.

14. Además, se ordenó el turno del asunto para la elaboración del proyecto respectivo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como el envío de los autos a esta Primera Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación correspondiente.

15. Avocamiento. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del asunto, y ordenó el envío de los autos a su ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que posteriormente diera cuenta en la Sala a la que se encuentra adscrito.

I. COMPETENCIA

16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil oral.

17. En efecto, la competencia de esta Sala se surte en virtud de que el recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo, derivado de un asunto de naturaleza civil, competencia de la Primera Sala, aunado a que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. OPORTUNIDAD

18. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada por lista a la parte tercero interesada y recurrente el viernes veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el jueves tres de noviembre de ese año, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del viernes cuatro al jueves diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; descontándose el día lunes treinta y uno de octubre, y los días martes uno y miércoles dos de noviembre de la referida anualidad;(12) así como también, los días cinco, seis, doce y trece de noviembre del citado año, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad al artículo 19 de la Ley de Amparo, y del diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 19. Por tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el miércoles dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

20. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado general Mario Alberto Soto Domínguez,(13) cuenta con la legitimación para interponer el recurso de revisión, pues se trata de la parte tercera interesada en el juicio de amparo directo **********, en el que se emitió la sentencia aquí recurrida.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

21. A continuación, se sintetizan los argumentos atingentes a las cuestiones medulares que constituyen la materia de constitucionalidad que se resolverá en la presente instancia, tales como los conceptos de violación (I); consideraciones de la sentencia recurrida (II); y, agravios del presente recurso (III).

22. (I). La parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:

I.1. Se duele de que fue erróneo que el Juez responsable desestimara la excepción de hechos imprevistos que opuso para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de crédito base de la acción, y que debió haber llevado a cabo una interpretación sobre el tema, similar a la que efectuó al resolver sobre la usura en los intereses.

I.2. También, la quejosa adujo que el Juez responsable debió llevar a cabo una interpretación integral del artículo 78 del Código de Comercio, en conjunto con las disposiciones que contiene el Código Civil Federal, de aplicación supletoria, sobre los contratos, y lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la proscripción de la explotación del hombre por el hombre.

I.3. La parte quejosa alega que el Juez responsable valoró incorrectamente los correos electrónicos fechados el uno, tres, dieciséis, veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintiuno; dos, seis, siete, doce, trece, catorce, y quince de julio de la misma anualidad; así como los diversos de nueve y veintidós de diciembre de dos mil veinte, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, treinta y uno de agosto y veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

23. (II). El Tribunal Colegiado del conocimiento, al dictar la sentencia aquí impugnada, determinó que los motivos de disenso aludidos en el párrafo precedente,(14) eran fundados por las consideraciones siguientes:

II.1. Precisó que el concepto de violación identificado como I.1., era sustancialmente fundado en razón de lo siguiente: a) Las constancias de autos informan que el banco enjuiciante demandó de la parte quejosa, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero con motivo del incumplimiento en que incurrió respecto de las obligaciones contraídas en los contratos de crédito en cuenta corriente y crédito simple, celebrados el diez de abril de dos mil diecisiete y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; b) El incumplimiento se hizo consistir en la omisión de efectuar el pago mínimo mensual respecto el primer contrato, lo que ocurrió a partir del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y el impago de capital e intereses ordinarios respecto del segundo; c) Al dar contestación a la demanda, la ahora quejosa negó a su contraparte acción y derecho para reclamar lo pretendido, y manifestó que el incumplimiento de sus obligaciones derivó de que con motivo del fenómeno de salud ocasionado por el virus SARS-CoV-2, sus clientes cancelaron los contratos de servicios que les prestaba, por lo que se fue quedando sin capacidad económica para hacer frente a sus compromisos; y sin atender en forma oportuna esa situación, la institución financiera actora determinó cancelar anticipadamente los contratos de crédito celebrados; d) También, señaló que si bien el artículo 78 del Código de Comercio prevé la libertad de pactar y obligar libremente en los contratos, lo que también se reproduce en el artículo 1832 de Código Civil para la Ciudad de México, lo cierto era que como consecuencia de las restricciones que se determinaron con motivo de la pandemia, la economía del mundo se vio perjudicada; de ahí que, con base en la teoría de la imprevisión, los tribunales están facultados para suprimir o modificar las obligaciones contractuales, cuando las condiciones de ejecución se vean modificadas por las circunstancias, sin que las partes hayan podido razonablemente prever esa modificación; e) Destacó que opuso como excepción la de hechos imprevistos que modifican las circunstancias y, consecuentemente derivan en incumplimiento de las obligaciones contractuales, dejando a una de las partes en condiciones desfavorables con cargas financieras desproporcionadas; y, f) Manifestó que al dictar la sentencia reclamada, el Juez responsable calificó infundada la excepción en comento, bajo la consideración de que conforme a lo previsto en el artículo 78 del Código de Comercio, no se exige ninguna formalidad para que los contratos tengan validez, sino que únicamente establece que los mismos deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisieron obligarse. A lo anterior abundó que los artículos 1796 y 1797, del Código Civil Federal de aplicación supletoria, adoptan en forma genérica la tesis pacta sunt servanda, lo que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, no obstante que surjan acontecimientos imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación.

II.2. De igual manera, el Tribunal Colegiado destacó que le asistía la razón a la parte quejosa respecto a los argumentos precisados en el concepto de violación identificado como I.2. en cuanto a que el Juez responsable debió llevar a cabo una interpretación integral del artículo 78 del Código de Comercio, en conjunto con las disposiciones que contiene el Código Civil Federal, de aplicación supletoria, sobre los contratos, y lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la proscripción de la explotación del hombre por el hombre; por tanto, al no haberlo hecho así, el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó el estudio de lo antes mencionado.

II.2.1. Al respecto, dicho tribunal apuntó que si bien en materia mercantil rige lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Comercio, en el sentido de que en las convenciones de esa naturaleza, las partes se obligan en la manera en que aparezca que quisieron obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; lo cierto era que, la aplicación de dicho precepto no es absoluta e irrestricta, sino que los contratos mercantiles también se norman con base en las disposiciones que para la generalidad de los contratos establece el Código Civil Federal. En ese contexto, mencionó el artículo 1796, primer párrafo, del referido código sustantivo conforme al cual los contratos no solamente obligan a los signantes al cumplimiento de lo expresamente pactado en ellos, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe; motivo por el que si las circunstancias de hecho bajo las cuales se suscribió un acuerdo de voluntades llegaran a cambiar de manera significativa, de modo tal que se afecte a las partes y se trastoque el equilibrio contractual, debe ponderarse la manera de equilibrar la forma de hacer frente a las obligaciones contraídas, procurando adecuarse a la afectación resentida para generar condiciones que restablezcan los equilibrios y hagan posible su cumplimiento.

II.2.2. Además, el órgano colegiado destacó lo que establece el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en esencia, el apartado tercero, en cuanto impone el deber de evitar cualquier forma de explotación del hombre por el hombre. Al respecto, el Colegiado explicó la definición del término "explotar" contemplado en el Diccionario de la Real Academia Española. También expuso que esta Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 2534/2014,(15) estableció que la expresión "explotación del hombre por el hombre" hace referencia a situaciones en las que una persona o grupo de personas utilizan abusivamente en su provecho los recursos económicos de otras personas, el trabajo de éstas o las personas mismas; agregó que la protección de los derechos humanos opera también de manera horizontal; esto es, que los particulares también se encuentran obligados a su promoción, protección, respeto y garantía. Mencionó que tampoco es dable permitir que una persona física o jurídica utilice en provecho propio y de modo abusivo los recursos económicos de otras personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas, y que este fenómeno de explotación ocurría por un cambio de circunstancias imprevisibles y generalizadas que hayan desequilibrado las relaciones contractuales de modo tal que exigir su cumplimiento en los términos originalmente pactados, ocasione cargas gravosas que de otra manera no habría sido así.

II.2.3. También, el Tribunal Colegiado precisó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en la libertad contractual de que gozan las partes, no es permisible el pacto de intereses excesivos documentados en un pagaré, que representen un provecho a favor del acreedor y repercutan en la propiedad del deudor; lo cual debía advertirse de oficio por el juzgador, por traducirse en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32070-92cb85f8/emergencia-sanitaria-por-el-virus-sarscov-2-covid-19-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.