PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE SEGURO. ES PROPORCIONAL LA REGLA DE QUE INICIE SU PLAZO HASTA QUE LA PERSONA TENGA CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DEL SINIESTRO Y, ADEMÁS, DEL DERECHO CONSTITUIDO A SU FAVOR.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3148/2023. 17 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El señor PERSONA “C” sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de soldadura en la parte superior de un inmueble y falleció. Con motivo de esos hechos, sus hijas y su sucesión demandaron a ASEGURADORA “A”, por el pago de una indemnización al ser “terceras beneficiarias” del contrato de seguro contra la responsabilidad por daños a terceros que la aseguradora celebró con la Comisión Federal de Electricidad.
El tribunal responsable condenó a la ASEGURADORA “A” al pago de diversas prestaciones. Inconforme, la aseguradora promovió amparo.
En la sentencia impugnada, el Tribunal Colegiado le negó la protección constitucional a ASEGURADORA “A”. Entre otras cosas, desestimó el concepto de violación en el cual la aseguradora planteó que el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro es inconstitucional al establecer que el plazo para la prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro, tratándose de “terceros beneficiarios”, comenzará a correr hasta que tengan conocimiento de la realización del siniestro y, además, de que tienen un derecho constituido a su favor.
En la presente revisión, ASEGURADORA “A” insiste en la inconstitucionalidad del artículo. Por lo tanto, la litis del recurso se centra en analizar su razonabilidad.
ÍNDICE
Ver índice
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 3148/2023, interpuesto por la quejosa ASEGURADORA “A” (en lo sucesivo ASEGURADORA “A”) contra la sentencia que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo Número de Expediente de Amparo Directo.
El problema que la Primera Sala debe resolver es determinar si el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro es constitucional o no, al establecer que el plazo para la prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro, tratándose de “terceros beneficiarios”, comenzará a correr hasta que tengan conocimiento de la realización del siniestro y, además, de que tienen un derecho constituido a su favor.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Contratación. La Comisión Federal de Electricidad celebró un contrato de seguro con ASEGURADORA “B”. La vigencia sería del treinta de junio de dos mil doce al mismo día, pero de dos mil trece. En la descripción de la cobertura se estableció que la aseguradora se obligaba a pagar el monto de los daños, perjuicios y el daño moral que la Comisión causara a “terceros”, conforme a la legislación aplicable en materia de “responsabilidad civil”.
2. Accidente. El veintinueve de abril de dos mil trece, el señor PERSONA “C” estaba realizando trabajos de soldadura en la parte superior de un inmueble ubicado en la alcaldía Nombre de Alcaldía, Nombre de Ciudad, cuando sufrió una descarga eléctrica, cayó de varios metros de altura y murió.
3. Demanda. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, las señoras PERSONA “A” y PERSONA “B”, y la sucesión del señor PERSONA “C” —representada por la primera en mención— demandaron en la vía ordinaria mercantil a ASEGURADORA “B”, actualmente denominada ASEGURADORA “A”,(2) por el incumplimiento del contrato de seguro que celebró con la Comisión. Las actoras se ostentaron como terceras beneficiarias y reclamaron el pago de una indemnización por el daño físico causado al señor PERSONA “C” por su fallecimiento, como consecuencia directa e inmediata de la electrocución; gastos funerarios, daño moral, perjuicios, terapia psicológica, intereses moratorios y costas del juicio.
4. Como causa de pedir las actoras expresaron que la aseguradora debía pagar por el daño que la Comisión ocasionó, al ser responsable de la muerte de su padre, el señor PERSONA “C”, ya que los cables de electricidad que pasaban por el inmueble donde él estaba trabajando incumplían con las disposiciones reglamentarias de distancia mínima y, además, carecían de aislante a pesar de conducir aproximadamente veintitrés mil voltios, lo que provocó que fuera atraído sin contacto y falleciera electrocutado.
5. Juicio ordinario mercantil (expediente Número de Expediente Mercantil). De la demanda correspondió conocer a la Jueza Novena Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, quien la admitió a trámite. En su momento, ASEGURADORA “A” contestó la demanda oportunamente y, entre otras cosas, hizo valer la excepción de prescripción. En esencia, argumentó que el artículo 81, fracción II, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro establece el plazo de dos años para ejercer las acciones derivadas de estos contratos(3) y que, por lo tanto, si las actoras señalaron que el siniestro ocurrió el veintinueve de abril de dos mil trece, el plazo para presentar la demanda concluyó el mismo día, pero de dos mil quince; sin embargo, la presentaron hasta el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por lo que operó la prescripción.
6. Sentencia. Seguido el juicio por todas sus etapas, el ocho de febrero de dos mil veintidós, la jueza emitió una sentencia en la que declaró fundada la excepción de prescripción, en los términos planteados por ASEGURADORA “A”; por ende, la absolvió del pago de las prestaciones reclamadas.
7. Apelación y acto reclamado (toca Número de Expediente de Apelación). En desacuerdo, las actoras interpusieron recurso de apelación. Seguido el trámite de segunda instancia en todas sus etapas, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia en la que revocó la resolución recurrida, declaró la procedencia de la acción y condenó a ASEGURADORA “A” al pago, entre otras prestaciones, del daño moral por la cantidad de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS (un omnto de dinero en letra en pesos), derivado del riesgo amparado en la póliza.
8. En su sentencia, el tribunal declaró infundada la excepción de prescripción, pues consideró que la jueza inobservó la excepción que establece el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro en el sentido de que el plazo de dos años, tratándose de “terceros beneficiarios”, comenzará a correr hasta que tengan conocimiento de la realización del siniestro y, además, de que tienen un derecho constituido a su favor. Así, consideró que, en el caso, las actoras tuvieron conocimiento del derecho constituido a su favor hasta el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, fecha en la que les respondieron una solicitud de información vía “Infomex”. Por ende, el plazo de dos años para la prescripción inició en esa fecha, pero las actoras presentaron la demanda antes de que concluyera, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho.
9. Demanda de amparo (expediente Número de Expediente de Amparo Directo). El treinta de noviembre de dos mil veintidós, ASEGURADORA “A” promovió una demanda de amparo directo en la que formuló seis conceptos de violación en los que argumentó esencialmente lo siguiente:
• Primero. El tribunal responsable debió analizar de oficio la competencia y determinar que la materia del asunto es administrativa, no mercantil, ya que las actoras atribuyeron la realización del daño a la Comisión Federal de Electricidad.
• Segundo. El artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro es inconstitucional porque viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica al “suspender la prescripción” hasta el momento en que las beneficiarias del contrato conozcan del siniestro y del derecho constituido a su favor. Sin embargo, el artículo no define la temporalidad de las acciones que las beneficiarias deben de emprender para obtener y conocer la póliza respectiva. Por lo tanto, como el plazo de prescripción inicia hasta que surge ese conocimiento, las acciones se tornan indefinidas, perpetuas e imprescriptibles en perjuicio exclusivo de la aseguradora.
• Tercero. El tribunal responsable no se pronunció sobre la excepción de prescripción que planteó desde la perspectiva del derecho civil, ya que sólo resolvió aplicando la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
• Cuarto. Las actoras no demostraron la materialización del riesgo, porque no quedó acreditado que el señor PERSONA “C” fuera atraído por los cables de electricidad sin contacto; lejos de ello, la herramienta para soldar constituye un mecanismo peligroso en sí mismo que puede generar un arco eléctrico. Además, el señor PERSONA “C” omitió utilizar el equipo de protección necesario durante el trabajo.
• Quinto. El tribunal responsable no analizó su excepción relativa a las exclusiones del contrato de seguro cuando el daño proviene de “campos magnéticos o flujos electromagnéticos”.
• Sexto. No hay una sola prueba de que las actoras hubieran sufrido una afectación a sus sentimientos, decoro o por la muerte del señor PERSONA “C”. A pesar de esto, el tribunal responsable condenó a la aseguradora al pago de esa prestación.
10. Sentencia recurrida. El conocimiento de la demanda correspondió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien el cuatro de abril de dos mil veintitrés emitió una sentencia en la que le negó la protección constitucional a ASEGURADORA “A”, conforme a las siguientes consideraciones esenciales:
• El primer concepto de violación es infundado, porque el tribunal de apelación analizó en su momento la procedencia de la vía ordinaria mercantil y la competencia del juez civil, por lo que no incurrió en alguna omisión. Además, esa determinación de competencia fue correcta ya que la acción ejercida fue la de cumplimiento del contrato de seguro y no la de responsabilidad patrimonial de la que conocen los tribunales administrativos.
• El segundo concepto de violación es infundado, porque es constitucionalmente válido que el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro establezca que, en el caso de las personas terceras beneficiarias, para que inicie el cómputo de la prescripción deben tener conocimiento de la realización del siniestro y del derecho constituido a su favor.
• Esto ya que, por su naturaleza, un seguro de responsabilidad civil no es contratado por la parte beneficiaria, por lo que es común que las beneficiarias desconozcan el derecho constituido a su favor. Por ende, si se tomara como único punto de partida la realización del siniestro para hacer efectivo el seguro, ello generaría que por desconocimiento se extinguieran las acciones para el reclamo de este tipo de seguros, pues su cobro sería una “ficción legal ante el desconocimiento” y haría nugatorio el ejercicio del derecho de las personas beneficiarias, ya que “no puede iniciar un plazo sin que la persona tenga conocimiento que es beneficiaria de ese seguro”.
• Si bien es cierto, el artículo 81, fracción II, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro establece una sanción de prescripción, justamente pretende castigar la inactividad y falta de interés en el ejercicio de un derecho; pero si esa falta de ejercicio no obedece a una “indolencia”, sino “al desconocimiento”, no puede haber sanción, además de que “no se puede estar en posibilidad de gestionar algo que se desconoce”. De lo contrario, se haría nugatorio el derecho de “acceso a la justicia” de las beneficiarias.
• El tercer concepto de violación es infundado, porque las actoras ejercieron la acción de cumplimiento del contrato de seguro contra la ASEGURADORA “A”, y no la de responsabilidad civil contra la asegurada —Comisión Federal de Electricidad—. Por lo tanto, el análisis de la excepción de prescripción y su cómputo se rige conforme al artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, y no con base en las disposiciones de la legislación civil.
• El cuarto concepto de violación es infundado, porque la Sala responsable concluyó que el fallecimiento del señor PERSONA “C” fue a causa de una electrocución, al valorar de manera conjunta el certificado médico de cadáver y el dictamen pericial en criminalística, ambos de veintinueve de abril de dos mil trece; así como los dictámenes en materia de energía eléctrica del perito de la parte actora y del perito tercero en discordia. De esas pruebas obtuvo que la descarga eléctrica ocurrió por la proximidad de las líneas de los cables que invadieron y pasaban por encima del inmueble, los cuales incumplieron con la reglamentación en la materia. La quejosa no desvirtúa tales consideraciones.
• El quinto concepto de violación es infundado, porque en la sentencia reclamada, el tribunal responsable sí analizó la excepción relativa a las exclusiones del contrato de seguro cuando el daño proviene de “campos magnéticos o flujos electromagnéticos”. Además, ASEGURADORA “A” no probó que un arco eléctrico implique la generación de un campo magnético o flujo electromagnético, y que éste sea la causa de la electrocución. Además, respecto de la falta de equipo de seguridad del señor PERSONA “C”, prevalece el que los cables eléctricos incumplieran la distancia reglamentaria, lo que es suficiente para exentar de culpa o negligencia inexcusable a la víctima.
• El sexto concepto de violación es infundado, porque el daño moral se presume para el fallecimiento de los parientes más cercanos como padres, hijos, hermanos, abuelos y cónyuges. Esa presunción opera en el caso, ya que las actoras son hijas del señor PERSONA “C”, por lo que era innecesario el desahogo de una prueba pericial en psicología para demostrar el daño moral.
11. Recurso de revisión (expediente 3148/2023). Inconforme, el diez de mayo de dos mil veintitrés, ASEGURADORA “A” —por conducto de su apoderado Nombre de la Persona Apoderada — interpuso de manera electrónica el presente recurso de revisión, en el que argumentó esencialmente lo siguiente:
• Para determinar si el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro es racional, procede realizar un test de “racionalidad legislativa” de tres elementos: a) principio o derecho fundamental; b) propósito; y c) política o directriz.
• Respecto al elemento de “derecho fundamental”, el artículo impugnado está relacionado con el de acceso a la justicia, ya que la prescripción es la extinción de la acción. Sin embargo, todo derecho tiene un límite y el derecho en mención no puede escapar al suyo, que es la seguridad jurídica. El precepto impugnado contraviene este último derecho en perjuicio de las aseguradoras, al extender de manera indeterminada la prescripción.
• Por lo que ve al elemento de “propósito”, la meta que el artículo pretende alcanzar en relación con el seguro por responsabilidad civil es que se mantenga vigente la acción directa que tenga el tercero beneficiario en contra de la aseguradora hasta que conozca el derecho constituido a su favor; no obstante, esto origina una prescripción indeterminada.
• En cuanto al elemento de “política o directriz”, la norma pretende dar oportunidad a las beneficiarias de tener conocimiento de la póliza que cubre la responsabilidad civil con el propósito de que puedan ejercer la acción directa contra la aseguradora. Por ende, esta política va dirigida únicamente a favorecer a las beneficiarias, no así a las aseguradoras.
• De esos tres elementos se obtiene que el artículo impugnado es irracional, porque si bien pretende potencializar el derecho de acceso a la justicia de las beneficiarias, al mismo tiempo afecta el derecho fundamental con el que colinda, que es el de la seguridad jurídica de la aseguradora.
• La “suspensión del pazo de prescripción” que prevé ese artículo debe “encontrar perfecta armonía entre el derecho fundamental de acceso a la justicia y la seguridad jurídica de tal modo que no se beneficie a una parte en perjuicio de otra”.
• El ámbito técnico jurídico del contrato de seguro de responsabilidad civil evidencia que el artículo impugnado, cuya constitucionalidad fue validada incorrectamente por el Tribunal Colegiado, elimina la certeza jurídica de las aseguradoras respecto a cuándo las beneficiarias pueden ejercer la acción en su contra y eso es irracional. Esto significa que las aseguradoras quedan “a merced” de que las beneficiarias decidan actuar.
• Ante esa incertidumbre, el legislador debió prever en el artículo impugnado un “tiempo razonable” para que las beneficiarias emprendan gestiones o acciones para obtener la póliza de seguro por responsabilidad civil y así evitar un vacío legal que provoca la ampliación indefinida de la prescripción.
• En su sentencia, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación “legalista” e incorrecta del artículo impugnado, sin “escudriñar” su alcance “en términos de racionalidad legislativa”. En este sentido, soslayó que el conocimiento de la póliza no es un tema “de azar”; necesariamente deben emprenderse actos para conseguirla y no regular el tiempo para realizar esos actos hace que se extienda indefinidamente la prescripción, generando inseguridad jurídica.
• No hay justificación constitucional para que el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro prevea la figura de la “suspensión de la prescripción”; pues esa figura sólo aplica cuando al acreedor le es imposible actuar o le resultaría inconveniente hacerlo, lo que no sucede con las terceras beneficiarias.
12. Admisión. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el recurso en el presente expediente, lo admitió y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
13. Avocamiento. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió el auto de avocamiento del asunto y ordenó el envío del expediente a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
14. Revisión adhesiva. El veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, las señoras PERSONA “A” y PERSONA “B” interpusieron un recurso de revisión adhesivo en calidad de terceras interesadas. En sus agravios, en esencia, afirmaron que los argumentos de ASEGURADORA “A” debían desestimarse, porque:
• Son novedosos respecto de lo expuesto en la demanda de amparo directo, por lo que rebasan la litis constitucional; además, son genéricos, dogmáticos y se basan en falsedades.
• En todo caso, a quien le correspondía impugnar el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro bajo los agravios que ahora formula ASEGURADORA “A”, era a la Comisión Federal de Electricidad.
• No demuestran un agravio personal y directo, ya que ASEGURADORA “A” participó y conocía la licitación pública que motivó la celebración del contrato de seguro con la Comisión.
• La posibilidad de que las beneficiarias pudieran conocer del contrato de seguro a través de portales de transparencia es insuficiente para considerar que conocían del derecho constituido a su favor.
• Es racional que el plazo de prescripción comience a partir de que las beneficiarias tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. Esto, al no estar regulada la manera en la que pueden conocer del derecho establecido a su favor en un contrato de seguro que no contrataron directamente.
15. Por interpuesta revisión adhesiva. El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala Jorge Mario Pardo Rebolledo tuvo por interpuesta la revisión adhesiva formulada por las terceras interesadas y ordenó la devolución de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
I. COMPETENCIA 16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, tanto principal como adhesivo, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo;(5) 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal(7). Esto, al tratarse de un amparo directo en revisión que deriva de un juicio en materia mercantil, correspondiente a la especialidad de esta Primera Sala. Además, no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
17. Revisión principal. ASEGURADORA “A” interpuso el recurso de manera oportuna debido a que la sentencia impugnada de cuatro de abril de dos mil veintitrés se le notificó de manera electrónica el veinticuatro siguiente. Así, con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo,(8) la notificación surtió efectos en el momento en el que se realizó, por lo que el plazo de diez días que prevé el artículo 86 del mismo ordenamiento(9) transcurrió del veinticinco de abril al diez de mayo del año en curso, sin contar el veintinueve y treinta del primer mes mencionado, así como el primero, cinco, seis y siete del segundo, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de legislación citada.(10) En tales condiciones, si ASEGURADORA “A” interpuso el recurso de revisión de manera electrónica el diez de mayo de dos mil veintitrés, lo hizo de manera oportuna.
18. Revisión adhesiva. Las señoras PERSONA “A” y PERSONA “B” interpusieron el recurso de revisión adhesivo de manera oportuna. Esto, pues el auto admisorio del recurso de revisión principal, emitido por la Ministra Presidenta el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, les fue notificado personalmente el trece de septiembre siguiente. Así, la notificación surtió efectos el dieciocho de ese mes en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.(11) De esta manera, el plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la legislación mencionada(12) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del diecinueve al veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar el veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la norma referida. Por lo tanto, si el escrito de revisión adhesivo se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, es claro que se hizo valer de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19. ASEGURADORA “A” está legitimada para interponer el presente recurso de revisión principal, pues es la parte quejosa en el juicio de amparo directo Número de Expediente de Amparo Directo, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con fundamento en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo.(13)
20. Además, el señor Nombre de la Persona Apoderada —quien firmó electrónicamente el escrito de revisión en representación de ASEGURADORA “A”— tiene personería para hacerlo, ya que el Tribunal Colegiado le reconoció el carácter de apoderado legal de la quejosa en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés.
21. Por su parte, las señoras PERSONA “A” y PERSONA “B” están legitimadas para interponer la revisión adhesiva cuyo escrito ellas firmaron directamente, ya que tienen el carácter de terceras interesadas en el juicio de amparo directo previamente mencionado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo.(14)
IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO
22. Este recurso de revisión es procedente, pues se satisfacen los requisitos normativos expresamente señalados para ello.
23. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando:
a) En la sentencia recurrida se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y
b) El asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
24. El primer requisito se cumple pues, en uno de los conceptos de violación de la demanda de amparo directo, ASEGURADORA “A” argumentó en esencia que el artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro es inconstitucional porque viola principalmente el derecho fundamental a la seguridad jurídica, al “suspender la prescripción” hasta el momento en que las beneficiarias del contrato conozcan del siniestro y del derecho constituido a su favor; sin embargo, el artículo no define la temporalidad de las acciones que las beneficiarias deben de emprender para obtener y conocer la póliza respectiva. Por lo tanto, como el plazo de prescripción inicia hasta que se da ese conocimiento, la aseguradora sostiene que las acciones se tornan indefinidas, perpetuas e imprescriptibles en perjuicio exclusivo de la aseguradora.
25. En la sentencia impugnada, el Tribunal Colegiado calificó de infundado ese concepto de violación y declaró “constitucionalmente válido” el artículo impugnado, al considerar que no puede operar la prescripción cuando la falta de acción no obedece a una “indolencia”, sino “al desconocimiento”, además de que las beneficiarias no pueden gestionar algo que desconocen pues, considerar lo contrario, haría nugatorio su derecho de acceso a la justicia.
26. En los agravios de la revisión, ASEGURADORA “A” insiste en la inconstitucionalidad de tal precepto.
27. Con base en lo anterior, esta Primera Sala advierte que, en la sentencia recurrida, se resolvió sobre la constitucionalidad de normas generales y, en el presente recurso, subsiste el problema constitucional.
28. Además, el asunto reviste un interés excepcional, porque no existen precedentes en los que esta Primera Sala haya decidido sobre la constitucionalidad del artículo 82 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, lo que se considera relevante analizar, ya que la aplicación de ese precepto es muy frecuente por parte de los órganos jurisdiccionales en este tipo de controversias mercantiles.
V. ESTUDIO DE FONDO
29. Los agravios de ASEGURADORA “A” son infundados en una parte e inoperantes en otra, por lo que procede confirmar la resolución recurrida, negarle el amparo y declarar sin materia la revisión adhesiva.
30. El artículo impugnado establece lo siguiente:
Artículo 82. El plazo de que trata el artículo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización.
Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor.
31. El artículo transcrito establece que los plazos de cinco y dos años para la prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro —a los que se refiere el artículo 81 de la legislación en estudio—,(15) tratándose de “terceros beneficiarios”, comenzarán a correr hasta que tengan conocimiento de la realización del siniestro y, además, de que tienen un derecho constituido a su favor.
32. En sus agravios, ASEGURADORA “A” sostiene que ese artículo es inconstitucional y trata de evidenciarlo a través de un test de “racionalidad legislativa” de tres elementos: a) principio o derecho fundamental; b) propósito; y c) política o directriz.
33. De acuerdo con la doctrina judicial de esta Primera Sala,(16) conforme a tal metodología, el principio o derecho fundamental se refiere a que el legislador cuando regula conductas debe propugnar que el “antecedente y el consecuente” no sólo se ciñan a la observancia de “un derecho fundamental”, sino que, dado el caso, potencialicen su ejercicio. Por su parte, el propósito alude a que el legislador cuando regula una conducta y le impone consecuencias, propugna por una finalidad radicada tanto en su cumplimiento como en su observancia. Finalmente, la política o directriz se refiere a que el legislador cuando regla una conducta y la sanciona, busca establecer un marco de conducta social y de las instituciones que faculta, amplía, obliga o prohíbe comportamientos de sus miembros.
34. Sin embargo, esta Primera Sala considera poco adecuada esa metodología para resolver el presente asunto, pues la propia causa de pedir de ASEGURADORA “A” se centra en que el artículo impugnado es inconstitucional porque “sobretutela” el derecho fundamental de “acceso a la justicia” en favor de las beneficiarias, lo que afecta de forma desmedida el derecho fundamental con el que colinda, que es el de la “seguridad jurídica” de la aseguradora.
35. La referencia a la “sobretutela” de un derecho fundamental y a la afectación del derecho con el que “colinda” evidencia que, en realidad, ASEGURADORA “A” no plantea un problema de racionalidad legislativa sino de proporcionalidad o razonabilidad, pues parte de la base de que el artículo impugnado busca proteger un derecho, pero interviene otro de manera desproporcional o excesiva.
36. Tan plantea un problema de proporcionalidad, que en sus agravios afirma que la “suspensión del plazo de prescripción” hasta el momento en el que las beneficiarias del contrato de seguro tienen conocimiento del siniestro y del derecho constituido a su favor debe “encontrar perfecta armonía entre el derecho fundamental de acceso a la justicia y la seguridad jurídica de tal modo que no se beneficie a una parte en perjuicio de otra”.
37. Así, la metodología que ASEGURADORA “A” propone no sigue la misma lógica que su causa de pedir; sin embargo, lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33313-da827c4d/prescripcion-de-las-acciones-derivadas-de-un-contrato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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