VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 6/2015. 19 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: NELSON LORANCA VENTURA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados por una parte e inatendibles en otra los agravios que se hacen valer.
Argumenta el recurrente que por tratarse de derechos humanos que conciernen a un menor de edad, se acoge al beneficio de la suplencia de la queja, que es una institución que deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual debe ser total y no limitarse a una sola instancia, y que comprende desde el escrito inicial de demanda, hasta el periodo de ejecución de sentencia; que la suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio directa o indirectamente la afectación a la esfera jurídica de un menor, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien promueve el amparo o el recurso de revisión, pues el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad; que lo anterior, considerando la teleología de las normas relativas, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Agregó que el interés superior del niño, es principio de rango constitucional, y uno de los más importantes del marco internacional de los derechos humanos, reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de ser orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor en un caso concreto; principio que ordena la realización de una interpretación sistemática, que para darle sentido a la norma en cuestión tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección a la niñez.
Finalmente, señaló que con base en el anterior marco de referencia, este tribunal debía valorar que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, se dictó con total carencia de fundamentación y motivación, ya que en ninguno de sus apartados, resultandos, considerandos o puntos resolutivos tomó en consideración que el juicio de amparo se impetró por él; ni procedió al análisis de los conceptos de violación a la luz del principio rector de la suplencia de la queja, ni tomó en consideración el principio de rango constitucional denominado interés superior del niño o de los menores incapaces, por lo que debe revocarse la sentencia y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
En primer lugar, debe decirse que el tercero interesado recurrente a manera de agravios plantea una serie de razonamientos doctrinales y emanados de criterios jurisprudenciales, sin referirlos en ningún momento al fallo que es materia de este recurso; de ahí la necesidad de calificarlos como deficientes.
Dice el recurrente que se acoge al beneficio de la suplencia de la queja. Sobre ese particular es de señalarse que en toda actividad jurisdiccional en que pueda afectarse la esfera de derechos de un menor, se actualiza la aplicabilidad de dicha figura, sin embargo, esto es en razón de los intereses de dicho menor, no así del recurrente propiamente dicho.
En este orden de ideas, no asiste razón al inconforme en virtud de que si bien es cierto que, como ya se dijo, cuando se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad, existe obligación por parte de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, de suplir los conceptos de violación y los agravios deficientes, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y que, además, en estos casos debe ponderarse el principio de interés superior del niño, al momento de resolver, también lo es que en la especie no existe ya deficiencia que suplir en favor del menor **********, ni puede aplicarse en su beneficio el principio constitucional mencionado.
Lo anterior es así, en virtud de que tomando en consideración las constancias de autos y la narración de antecedentes que obran en la sentencia ya transcrita en esta ejecutoria, se advierte que como correctamente lo asentó el resolutor federal, el Juez familiar responsable, sin fundamento legal que lo facultara para ello dictó el acuerdo de uno de septiembre de dos mil catorce (foja mil trescientos noventa y siete del anexo uno), ordenando dar vista al tercero interesado con los escritos en los que la quejosa solicitaba la ejecución de la sentencia definitiva.
Y en proveído de quince de septiembre de dos mil catorce (foja mil cuatrocientos seis del anexo uno), determinó que una vez que se resolviera un diverso amparo promovido por el tercero interesado, acordaría lo procedente respecto de esa ejecución, no obstante que no se advierte resolución o determinación alguna en la que se hubiera concedido, al mencionado tercero, la suspensión a fin de que no fuera obligado a entregar al menor **********, a su madre, para dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva que estableció su guarda y custodia compartida.
De lo anterior se desprende que ciertamente, como así lo adujo la parte quejosa en su demanda de amparo, no existe razón o motivo para que el Juez responsable no acordara su petición, máxime si en términos del artículo 432 del Código de Procedimientos para el Estado de Puebla, la ejecución de una sentencia es una cuestión de orden público.
Dicho numeral a la letra dice:
"Artículo 432. La ejecución de las sentencias dictadas en asuntos que interesen a la familia o a incapaces, se tramitará de oficio."
Además es relevante señalar que, conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen.
En tal virtud, el desarrollo normal de un menor exige armonía entre éste y la familia y grupo social al que pertenece, que le permita en función de sus capacidades físicas y mentales, una preparación para su vida independiente en sociedad, con plena percepción de respeto a los derechos que asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico.
En esos términos, el primer párrafo del artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "Artículo 637. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor."
Por ello, el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal.
Atento a lo anterior, el derecho de convivencia con los progenitores debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior siendo, por tanto, éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de ellos cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor.
Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a proveer lo necesario para que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos.
Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis VI.2o.C.25 C (10a.), de este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos en revisión 303/2012 y 463/2013 y los directos 497/2013 y 526/2013, con registro digital 2002218, visible en la página 1979, Libro XIV, Tomo 3, noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"-Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: ‘No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor.’. Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo por tanto éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior."
Por otro lado son inatendibles los agravios en los que el inconforme alega que este tribunal debía valorar que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, se dictó con total carencia de fundamentación y motivación, ya que en ninguno de sus apartados, resultandos, considerandos o puntos resolutivos tomó en consideración que el juicio de amparo se impetró por él; ni procedió al análisis de los conceptos de violación a la luz del principio rector de la suplencia de la queja, ni tomó en consideración el principio de rango constitucional denominado interés superior del niño o de los menores incapaces, por lo que debe revocarse la sentencia y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Lo anterior es así, en virtud de que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, es ajena a la litis del presente medio de defensa, pues en este recurso lo que se combate es la sentencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictada en el expediente **********, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla.
Independientemente de lo anterior y en el supuesto de que lo que se hubiera querido combatir sea la referida sentencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, debe decirse que no asiste razón al inconforme pues si por "resultandos" se entiende la parte de la sentencia en la que se narran los antecedentes del asunto que se va a resolver, y los puntos resolutivos, en materia de amparo, son los que contienen el acto, norma u omisión por los que se concede, niegue o sobresea el amparo y, en su caso, los efectos de la concesión, es inconcuso que los mismos no tienen por qué estar fundados y motivados en la medida en que no contienen argumentos que sustenten la decisión judicial.
Y por lo que hace a la parte considerativa de la sentencia combatida, se advierte de su simple lectura, que el juzgador mencionó como disposiciones aplicables los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 2o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 432 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como la jurisprudencia 2a./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", explicando por qué en su opinión la hipótesis normativa se actualizaba en la especie, por lo que la parte considerativa de la sentencia combatida sí se encuentra fundada y motivada, lo que conduce a declarar infundados los razonamientos que en este sentido se contienen en el proemio del escrito recursal.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/31 de este cuerpo colegiado, anterior a su especialización en materia civil, con registro digital 227627, visible a página 622, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Sentado todo lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que es apegado a derecho el fallo recurrido, máxime que en él, contrario a lo señalado por el inconforme, sí se tomó en cuenta el interés superior del menor cuyos derechos se dilucidan en la especie.
Debiendo precisarse que la demanda de amparo fue promovida por ********** por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, no por el recurrente, a quien asiste el carácter de tercero interesado.
En las condiciones anotadas lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto del fallo que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por sí y en representación del menor **********, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente la tercera de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25590-869e2976/visita-y-convivencia-de-los-menores-con-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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