CONVIVENCIA PROVISIONAL. SI SU SOLICITUD SE PRESENTA EN LA VÍA NO IDÓNEA, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN ACORDAR, DE OFICIO, LO CONDUCENTE PARA QUE SE CORRIJA, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
AMPARO EN REVISIÓN 82/2014. 30 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS CARMONA GRACIA. SECRETARIA: MARELY DE LOS ÁNGELES CASTILLO REYES.
Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del treinta de octubre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión civil número **********, relativo al juicio de amparo indirecto número **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado estima oportuno precisar en este apartado, que tomando en cuenta que en el juicio del que derivó el acto aquí reclamado se encuentran involucrados menores de edad, debe reservarse la información en cuanto a sus nombres o características, en acatamiento de la regla 8.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que al tenor dice:
"8. Protección de la intimidad. 8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad."
En virtud de lo anterior, consecuentemente los nombres de los menores en comento, serán sustituidos por las siglas ********** y **********, respectivamente.
SEGUNDO. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, y por turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, contra los actos de autoridad que estimó violatorios de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se indican:
Autoridades responsables y actos reclamados:
"C. Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con domicilio conocido en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la calle Allende, entre Av. Carranza y calle Guerrero, colonia Centro, en esta ciudad de Chihuahua. A quien se le reclama la resolución emitida en fecha 13 de diciembre de 2013, en el toca **********, derivado del juicio sumario de alimentos ********** en el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos.
"C. Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con domicilio en la calle Bolívar #712, C.P. 31000, de la colonia Centro, de esta ciudad de Chihuahua. A quien se le reclama su negativa a proveer sobre la convivencia del quejoso con sus menores hijas ********** y **********, de apellidos **********, en el juicio sumario de alimentos **********."
TERCERO. Admitida la demanda y tramitado el juicio de amparo indirecto con el número **********, se celebró la audiencia constitucional el veintiséis de febrero de dos mil catorce y se dictó sentencia que fue autorizada el diecinueve de mayo del año en cita; donde se concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se sobresee en el juicio ********** respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos precisados en el resultando primero, por los razonamientos señalados en el considerando cuarto de esta resolución.
"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por los motivos expuestos en el considerando último de la presente determinación."
CUARTO. Inconforme con la anterior sentencia, **********, interpuso recurso de revisión el cual fue admitido por el Magistrado presidente de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, por auto de veinticinco de junio de dos mil catorce, lo que originó la formación del amparo en revisión número **********.
El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó a la parte recurrente por medio de lista el veintiséis de mayo de dos mil catorce, por lo que el referido término inició el día hábil siguiente de aquel en que surtió sus efectos esa notificación, esto es, del veintiocho siguiente al diez de junio de dos mil catorce, una vez excluidos los días inhábiles comprendidos dentro de ese periodo, que fueron treinta y uno de mayo, así como uno, siete y ocho de junio del citado año; por tanto, si el escrito del señalado recurso fue presentado el nueve de junio de dos mil catorce, se presentó en tiempo.
El veintiséis de junio de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se corrió traslado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia del escrito de agravios, quien por escrito de veintiséis del mismo mes y año, formuló pedimento número **********, en el que solicitó: "Se declaren infundados los agravios que hace valer el defensor del quejoso y se confirme la resolución recurrida y, consecuentemente, se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada." (fojas 11 a 15 de autos).
Por acuerdo de diez de julio de dos mil catorce, se turnaron los autos al Magistrado Carlos Carmona Gracia para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
En proveído de uno de octubre de dos mil catorce, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Tribunal Colegiado de Circuito.
QUINTO. Previo a señalar las consideraciones de esta ejecutoria, debe precisarse que en razón de la fecha de presentación de la demanda de protección constitucional, resultan aplicables al juicio las disposiciones de la Ley de Amparo en su texto vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, por razón de la materia y territorio, en virtud de que la sentencia impugnada se dictó en un amparo indirecto civil por un Juzgado de Distrito, con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este tribunal de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal, en concordancia con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 89 y 91 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. Se considera innecesaria la transcripción de la sentencia recurrida, toda vez que no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que obligue al Tribunal Colegiado de Circuito a llevar a cabo tal reproducción.
De igual forma, a fin de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 74 de dicha legislación, basta analizar de manera sistemática los conceptos de agravios formulados, por lo que tampoco resulta necesaria su transcripción, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es suficiente precisar los puntos sujetos a debate, derivados del recurso de revisión y darles respuesta acorde a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.
SOBRESEIMIENTO FIRME
TERCERO. Debe quedar firme por no ser materia de impugnación el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto y que se vio reflejado en el primer resolutivo de la sentencia recurrida, respecto del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad; lo anterior, en atención a que no se hacen valer motivos de disenso en contra de tal sobreseimiento y este Tribunal Colegiado de Circuito no advierte deficiencia de la queja que suplir en beneficio de las menores de edad involucradas.
ESTUDIO
CUARTO. En principio es conveniente señalar algunos de los antecedentes del acto reclamado, a saber:
I. El veinticuatro de enero de dos mil doce, ********** por sí y en representación de las menores con iniciales ********** y **********, demandó en la vía sumaria de alimentos al aquí quejoso recurrente ********** (fojas 1 a 11 legajo I-II).
II. Mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil doce, la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la demanda en cuestión, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento a la parte demandada y libró el oficio correspondiente a efecto de que se descontara al impetrante de garantías el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de percepciones por concepto de pensión alimenticia provisional de las menores ********** y **********, en los términos ahí precisados (fojas 11 a 13 legajo pruebas I-II).
III. Una vez seguida la secuela procesal del juicio, la Jueza de origen dictó sentencia el once de abril de dos mil trece, en la que resolvió que ha procedido la vía sumaria civil de alimentos; que la parte actora probó parcialmente su acción y el demandado justificó parcialmente sus excepciones; en consecuencia, condenó a **********, a pagar en concepto de pensión alimenticia definitiva, a favor de las menores ********** y **********, ambas de apellidos **********, representadas por su madre, el 28% (veintiocho por ciento) del total de sus percepciones, previos los descuentos de ley, debiéndose girar el oficio correspondiente al representante legal de **********, para que el respectivo pagador proceda a realizar el descuento del 28% (veintiocho por ciento) del total de las percepciones que obtenga, previos los descuentos de ley y que la suma que resulte de ese porcentaje sea puesta a disposición de la actora; asimismo, determinó que se deja sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada por auto de fecha veintiséis de enero del año dos mil doce (fojas 112 a 121 del tomo I-II).
IV. Inconforme con dicha resolución el autorizado legal de **********, aquí quejoso recurrente, interpuso recurso de apelación en su contra (foja 123 legajo pruebas I-II).
V. Dicho recurso de apelación que correspondió conocer al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con el número de toca **********, fue resuelto el diecisiete de junio de dos mil trece, en el sentido de modificar la sentencia recurrida únicamente en cuanto al pago del porcentaje de la pensión alimenticia, dadas las razones ahí expuestas (fojas 127 a 137 legajo pruebas I-II).
VI. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil trece, la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, en atención a lo resuelto por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo por modificada la sentencia apelada y condenó a **********, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijas, consistente en el 20% (veinte por ciento) del total de sus percepciones, cantidad que deberá ponerse a disposición de **********, en su carácter de representante de las hijas de ambos, de manera semanal (foja 139 del tomo I-II).
VII. Mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil trece, el demandado **********, aquí quejoso recurrente, solicitó a la Jueza de origen, que ordenara a la actora le permitiera la convivencia con sus menores hijas (foja 143 del tomo I-II).
VIII. La Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, por auto de ocho de octubre de dos mil trece, proveyó respecto a dicha solicitud, que su petición de convivencias familiares con sus menores hijas de iniciales ********** y **********, debía formularla en un juicio autónomo y diverso, toda vez que en la vía que resuelve sólo se tramita el rubro de pensión alimenticia, además de que el aludido juicio se encontraba concluido, por lo que se dejaban a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que legalmente correspondiera (fojas 143 a 144 legajo pruebas I-II).
IX. Inconforme contra dicha determinación, el aquí quejoso recurrente interpuso recurso de apelación (foja 148 legajo pruebas I-II); medio de impugnación que fue resuelto el trece de diciembre de dos mil trece, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación ********** (fojas 152 a 159 legajo pruebas I-II).
Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado en el amparo indirecto que dio origen al presente recurso de revisión.
Ahora, las consideraciones que sirvieron de sustento al Magistrado responsable para emitir la resolución de trece de diciembre de dos mil tres, son sustancialmente las siguientes:
* De los antecedentes del juicio sumario se desprende que culminó con sentencia ejecutoria de diecisiete de junio de dos mil trece, dictada en el toca de apelación **********.
* Por ende, como lo precisó la juzgadora al motivar su negativa para admitir la solicitud del inconforme, el proceso en el cual pretendía se ventilara lo relativo al derecho de convivencia con sus menores hijas quedó terminado.
* Esa circunstancia y también porque lo solicitado por el apelante no es de tramitarse en la vía sumaria, permiten concluir que, de admitirse su solicitud, se vulneraría no sólo el derecho de audiencia de la parte demandada al no realizarse el emplazamiento que corresponde a un nuevo juicio, sino también el relativo al derecho de acceso a la justicia, que incluye el trámite de los juicios en la vía legalmente establecida.
* En efecto, del contenido del artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevé los asuntos que se tramitan en la vía sumaria, en ninguna de sus fracciones establece lo concerniente al derecho de convivencia entre ascendientes y sus descendientes.
* Si del contenido del citado numeral se advierte que no contempla el ejercicio del derecho a convivir entre padres e hijos como un asunto que deba tramitarse en la vía sumaria, es claro que deviene inoperante lo aducido por el inconforme en cuanto a que a través del auto recurrido se niega la petición de su representado a fin de que se establezca un horario para la convivencia con sus menores hijas, ya que éste parte de un supuesto inexacto, habida cuenta que mediante el proveído impugnado se indicó al interesado que debía promover lo relacionado a las convivencias con sus menores hijas en juicio autónomo, precisamente, porque la Jueza advirtió que de tramitarse la solicitud en ese mismo expediente, se actualizaría la carencia de un presupuesto procesal, como es la vía, quedando en relieve lo inexacto de la argumentación del apelante, ya que no se le está negando a su representado la petición de establecer un horario de convivencia con sus menores hijas, atento a que no se resolvió acerca de la procedencia o no de la solicitud, sino que sólo se le indicó que debía promover en juicio autónomo; y, por ello, no resulta verídico que se vulnere el derecho de su representado ni que el trámite de su petición en la vía legal, menoscabe los derechos de las menores, según se pasa a su demostración.
* Lo anterior es así, porque corresponde a los órganos jurisdiccionales revisar, antes de emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión de una demanda o antes de la decisión de fondo, entre otros supuestos, que la vía elegida por el accionante sea la correcta para el desarrollo del proceso; máxime que cuando ésta no es la adecuada, las actuaciones que, en su caso, se hayan llevado a cabo no tienen eficacia al no ajustarse a lo previsto para la vía correcta, pues nunca se integra válidamente la relación procesal, dado el defecto en la manera de proceder, como así lo dispone el artículo 57 del Código Procesal Civil del Estado de Chihuahua, que impone la obligación al juzgador de regularizar el proceso para continuar en la vía adecuada.
* De ahí que tampoco asiste razón al recurrente cuando afirma que admitir su solicitud en el mismo proceso, tramitado en vía sumaria, abona a los principios de economía procesal y celeridad, debido a que es facultad y deber del juzgador analizar si la forma de proceder en el juicio es la correcta, ya que los juzgadores deben dirimir los conflictos puestos a su consideración bajo el deber impuesto de no hacer más de lo que las leyes expresamente les confieren, debiendo hacer uso de los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional.
* Así, el ejercicio de las acciones en la vía correcta constituye parte integrante del derecho humano de acceso a la justicia, debido a que el Constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios, el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. El propio Constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar en la redacción del artículo 17 constitucional la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", misma que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.
* Apoya lo antes considerado, en las jurisprudencias, de rubros: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", y la tesis aislada con el rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AL NO SER LA VÍA IDÓNEA PARA ELEVAR A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA EL CONVENIO CELEBRADO POR LOS PROGENITORES DE MENORES DE EDAD, PARA ESTABLECER TANTO LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE ÉSTOS, COMO EL RÉGIMEN DE CUSTODIA Y CONVIVENCIA AL QUE QUEDARÁN SUJETOS; LAS AUTORIDADES JUDICIALES ESTÁN OBLIGADAS A CORREGIR LA VÍA, AL PROCEDIMIENTO QUE RESULTE PROCEDENTE."
Inconforme con dicha determinación, **********, interpuso amparo indirecto en su contra, que correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con el número **********.
En la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil catorce, emitida en el citado juicio de amparo, se estimó negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al considerar sustancialmente que los conceptos de violación resultaban inoperantes.
Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión que se registró ante este Tribunal Colegiado de Circuito con el número **********, y en el cual expuso como agravios, los siguientes:
1. Alega que el Juez de Distrito resuelve el asunto como si se tratara de un asunto civil o mercantil, donde deben aplicarse irrestrictamente las normas de manera formalista, sin observar que se le está imponiendo al recurrente la obligación de comenzar un nuevo procedimiento de régimen de convivencia familiar, el cual no es imprescindible en derecho familiar, pues no es absoluto ni debe estar sujeto a un procedimiento especial, ya que de ser así se transgrede el derecho de convivencia de las menores con el inconforme recurrente.
2. Indica que la Jueza se encuentra obligada a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de las menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la convivencia familiar, asimismo, salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y asegurar la convivencia del menor con ambos progenitores.
3. Señala que de exigir un procedimiento aislado para ejercer el derecho-deber de cada uno de los padres para convivir con sus menores hijas estaría lesionando el derecho de igualdad, así como afectando la economía procesal y celeridad.
4. Menciona que es claro que se encuentran involucradas menores de edad y el juzgador debe velar por el interés superior del menor encontrando mecanismos que garanticen el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar.
Cita para apoyar sus argumentos, las tesis con los rubros: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." y "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Previo a abordar los motivos de agravio, es preciso señalar que la controversia judicial de la que emana el acto reclamado versa sobre la convivencia de las menores con su padre, el ahora quejoso recurrente, por lo que al estar inmersos los derechos de las menores, obliga a suplirles la deficiencia de su queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos familiares en controversia, ni el carácter del promovente, sino únicamente en beneficio de éstas, conforme a lo que ordena el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia."
Además, con apego a la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."(1)
De igual forma, debe señalarse que a lo largo de esta ejecutoria se hará una ponderación de diversos factores que influyen en el caso, a fin de estar en aptitud de proteger el interés superior de las menores, lo cual resulta permisible por estar involucrados derechos fundamentales de éstas.
En efecto, el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal.
Esta interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico: En el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad.
Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor.
Principio que ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez.
Y cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.
Lo anterior, de acuerdo con la tesis aislada 1a. XV/2011 de la citada Primera Sala, de rubro y texto siguientes:
"INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión."(2)
Precisado lo anterior, en primer lugar es conveniente establecer que los agravios planteados por el recurrente resultan inoperantes.
Para sostener lo anterior, es preciso exponer las consideraciones que sostuvo el juzgador de amparo al emitir la sentencia recurrida:
* Resultan inoperantes los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa en su demanda constitucional.
* El impetrante del amparo señaló como acto reclamado en la instancia constitucional, la resolución de trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Sala responsable y a través de la cual confirmó el auto de ocho de octubre del año en cuestión pronunciado por la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio sumario de alimentos ********** de su índice, donde respecto a la solicitud de convivencias familiares con sus menores hijas de iniciales ********** y **********, se estimó que debía formularla en un juicio autónomo y diverso al de pensión alimenticia, además de que el juicio de alimentos se encontraba concluido, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes.
* El quejoso aduce en sus conceptos de violación, que no obstante que ninguna de las fracciones del numeral 401 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua prevé que las convivencias familiares pueden tramitarse por la vía sumaria, la fracción I del invocado numeral contempla la tramitación de los juicios sobre el pago o aseguramiento de alimentos que se deban por disposición de ley, contrato o testamento, supuestos en los que la Jueza a petición del acreedor y sin audiencia del deudor, con la información que estime necesaria fijara una pensión alimenticia provisional, en lo que se resuelve el juicio en definitiva, pudiendo, inclusive, embargar bienes del demandado, por tanto, se vulnera su derecho a convivir con sus menores hijas.
* De igual forma, señala el quejoso que el Ejecutivo Estatal por decreto ********** publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de mayo de mil novecientos ochenta y uno, introdujo el título décimo cuarto, capítulo único denominado "De las controversias del orden familiar", previstas en los numerales 903-1 a 903-6 del código adjetivo civil para el Estado, que disponen que los negocios de competencia de los juzgados familiares que no tengan previsto en la codificación en cita, procedimiento especial para su tramitación (sumarios y de divorcio, en sus dos aspectos necesario y voluntario),
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25641-f1435066/convivencia-provisional-si-su-solicitud-se-presenta-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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