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Modo: Corpus Pro

ALERTA MIGRATORIA SOBRE MENORES. REQUISITOS PARA SU DECISIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA CAUTELAR. ALERTA MIGRATORIA. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 374/2019. · Registro digital (IUS): 29879
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-06-25
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Pág.4975.

AMPARO EN REVISIÓN 374/2019. 15 DE MAYO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. PONENTE: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: CYNTHIA HERNÁNDEZ GÁMEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de los agravios formulados en la revisión principal.

Por cuestión de método se procede, en primer orden, al examen de los agravios expuestos en la revisión principal.

Precisión inicial.

En el toca que corresponde a este asunto se tramitaron dos recursos de revisión, uno de **********, por sí y en representación de sus menores hijas, y otro de dichas menores, a través de su representante especial.

Este tribunal estima conveniente resolver los dos recursos en este mismo apartado, porque en ambos concurre la argumentación sustancial de que las impugnantes se encuentran, por una u otra razón específica, en un supuesto de excepción al principio de definitividad regulado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y ese agravio formulado como argumento común en los recursos conducirá a la revocación de la resolución recurrida, según se anticipa desde ahora.

I. Causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

En la resolución impugnada, el Juez de Distrito rechazó que la quejosa tenga la calidad de persona extraña, porque advirtió que **********, es parte en el juicio de divorcio de origen y contestó la demanda, por lo que se encontró en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, los cuales le permiten ejercer plenamente su derecho de defensa.

Sobre esa base, el Juez de Distrito estimó que la peticionaria del amparo se encontró legitimada para promover el recurso de apelación previsto en los artículos 688, 689, 691, 696, 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en esta ciudad, para combatir el acto reclamado, previamente a la promoción del juicio de amparo, en la medida en que tuvo conocimiento del juicio natural, lo cual actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sobre la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

En los agravios, la argumentación de las recurrentes se centra en afirmar que en el caso se actualiza una causa de excepción al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Este tribunal estima que les asiste la razón, aunque por distintas razones a las propuestas en los motivos de inconformidad.

Para la intelección completa de las consideraciones que permiten arribar a tal conclusión, se estima necesario destacar los antecedentes relevantes del caso planteado, que se desprenden de las constancias de autos, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o.

Datos relevantes.

En principio conviene destacar que a pesar de que inicialmente **********, por sí y en representación de sus menores hijas, promovió juicio de amparo en contra de los actos emitidos por el Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, en sendos juicios de divorcio 682/2019 y 820/2019, seguidos por **********, tendentes a impedir el derecho de libre tránsito de la madre o de las hijas, para poder salir o ingresar al país, sin limitación alguna, así como la ejecución de esos actos, lo cierto es que durante el proceso de amparo se sobreseyó en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional, respecto de los actos emitidos en el juicio de divorcio 682/2019, por producirse en ese proceso natural el desistimiento de la instancia, de manera que los actos reclamados en el juicio de amparo materia de este recurso sólo versan sobre el juicio de divorcio 820/2019.

Ahora bien, en cuanto a los datos procesales de ese expediente 820/2019, se destaca lo siguiente:

El nueve de mayo de dos mil diecinueve, **********, demandó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con **********, de nacionalidad **********.

En la demanda se narró que durante el matrimonio las partes procrearon a las menores ********** y **********, nacidas el dieciocho de julio de dos mil cinco y quince de julio de dos mil nueve, respectivamente, quienes además de la nacionalidad mexicana, también tienen la **********, al igual que la madre.

En el mismo escrito, el actor solicitó que ante el "temor fundado", según se narró, de que la madre lleve a las menores a vivir a **********, sin autorización del padre de éstas, se decretara como medida urgente girar oficios a las autoridades correspondientes, para informarles que sus hijas no deben salir del territorio mexicano, sin autorización de ambos progenitores, de manera que se ordenara a todos los puertos, aeropuertos y garitas fronterizas del país, prohibir la salida del país a las niñas, en el supuesto referido.

El dieciséis de mayo siguiente, el Juez familiar requirió al promovente para que aclarara una parte del convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio, anexo a la demanda, en el tema de alimentos.

Ante la aclaración formulada por el demandante, el veintiocho de mayo posterior se admitió la demanda y se ordenó practicar el emplazamiento a **********, para que diera contestación en el plazo de quince días.

El seis de junio siguiente, el actor solicitó la regularización del procedimiento, a fin de que el Juez natural se pronunciara en relación con las medidas cautelares solicitadas en la demanda.

En respuesta, el doce de junio de dos mil diecinueve, el Juez proveyó sobre las medidas provisionales solicitadas y, para tal efecto, ordenó girar oficio a la embajada de ********** en México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de México y al Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sic), para comunicarles que las menores tienen impedimento para salir del país sin autorización y consentimiento expreso de ambos progenitores.

El contenido de ese auto es el siguiente:

"Ciudad de México, a doce de junio de dos mil diecinueve.

"Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y copia simple que acompaña **********, a quien se le tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos conducentes y en relación con las mismas, las que gozan de valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 327, fracción VIII y 403 del código procesal civil, de cuyo contenido se advierte que en el acuerdo dictado el veintiocho de mayo del presente año se omitió realizar pronunciamiento sobre las medidas provisionales solicitadas por ********** (sic) en su escrito inicial, por tanto, como lo solicita y con fundamento en los artículos 55, 81, 84 y 272 G del código procesal civil respecto a los numerales I y II de las medidas provisionales, se ordena girar oficio a la embajada de ********** en México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de México y al Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sic), a fin de hacer de su conocimiento que las menores ********** y **********, de apellidos ********** (sic), no podrán salir del país sin la autorización y consentimiento expreso de ambos progenitores, esto es ********** (sic) y ********** (sic) **********, lo que se hace de su conocimiento para los efectos conducentes. En relación con lo manifestado en el numeral III, se manda dar vista por el término de tres días a ********** (sic) **********, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese personalmente a **********. Notifíquese."

El catorce de junio, el actuario judicial intentó practicar el emplazamiento referido, con la comunicación, además, del auto de doce de junio, sin poder hacerlo, porque al constituirse en el lugar buscado, nadie atendió su llamado. Con lo anterior, el veinte de junio, el Juez ordenó dar vista al promovente.

El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, **********, presentó escrito en donde expuso que el Instituto Nacional de Migración dependiente (sic) de la Secretaría de Gobernación y precisó los nombres de las menores.

El veintiuno de junio siguiente, el Juez familiar reservó pronunciarse respecto de ese escrito, hasta que se lograra el emplazamiento de **********.

En cumplimiento a la vista dada al actor, el demandante reiteró, el veinticinco de junio, que el domicilio proporcionado inicialmente para la práctica del emplazamiento referido es el correcto.

El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, **********, compareció al juzgado, en los siguientes términos:

"820/2019

"En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con veintiséis minutos del día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, comparece en el local de este Juzgado Quinto Familiar de la Ciudad de México, ante el secretario de Acuerdos, licenciado **********, la C. **********, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector **********, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se da fe tener a la vista y se devuelve a la interesada, dejando copia simple de la misma para constancia, quien manifiesta: Que en este acto se notifica personalmente del juicio de divorcio incausado, hecho valer en su contra por **********, mismo que fue admitido mediante proveído de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, y de que se le concedió a la parte demandada el término de quince días para que manifieste su conformidad con la propuesta de convenio realizada por el promovente o, en su defecto, para que presente su contrapropuesta con los requisitos establecidos en la ley. Recibiendo en este acto copias simples debidamente selladas, cotejadas y rubricadas del escrito inicial, propuesta de convenio y sus anexos, constantes en ochenta fojas útiles; asimismo, recibe copia simple del auto admisorio arriba citado, firmando de conformidad al calce y al margen de la presente comparecencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Concluyendo la presente, siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del día de la fecha, firmando la compareciente en unión del secretario de Acuerdos, licenciado **********. Doy fe."

El veintisiete de junio, dicha parte presentó escrito en donde autorizó a distintas personas para su defensa jurídica, lo que se acordó de conformidad.

El veintiocho de junio se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigido a la embajada de **********, donde se informó que las menores no podrán salir del país sin autorización y consentimiento expreso de ambos progenitores. El tres de julio siguiente, ese oficio se tuvo por recibido.

El veintisiete de junio, **********, por sí y en representación de sus menores hijas contestó la demanda, en donde manifestó tener programado un viaje, al que inicialmente también iba a acudir el actor, del seis al trece de julio de dos mil diecinueve, a Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, y del trece de julio al ocho de agosto siguiente a **********, para lograr la convivencia entre ellas y los abuelos maternos. En el mismo escrito solicitó requerir al padre de las niñas, para que autorizara el viaje referido.

El tres de julio siguiente, el juzgador familiar ordenó dar vista al actor con la solicitud de la parte demandada.

Las anteriores son las constancias de autos con las que se cuenta al momento de resolver los recursos de revisión.

II. Excepción al principio de definitividad.

La causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito derivó de la aplicación del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice que el juicio de amparo será improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Esa causa de improcedencia se refiere a un principio rector del amparo, conocido técnicamente como definitividad, en los supuestos en los que el acto reclamado provenga de órganos judiciales, que supone no iniciar la intervención de la protección federal, mediante el juicio constitucional, como remedio de carácter excepcional, cuando existe un medio de impugnación ordinario y eficaz, que haga posible la reparación del perjuicio causado por el acto reclamado, mediante su modificación, revocación o anulación.

Este principio encuentra sustento en la base fundamental de que si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario constitucional para la defensa de los derechos.

No obstante lo anterior, el precepto prevé supuestos de excepción al principio, que son los siguientes:

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.

e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

En el caso planteado se estima actualizado un supuesto de excepción al principio de definitividad, tal como lo refieren las recurrentes, pues el acto reclamado impone una medida cautelar restrictiva de la libertad personal de las menores a que se refiere el inciso b) enunciado, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Es así, porque en el auto reclamado, de doce de junio de dos mil diecinueve, se contiene una orden expresa de girar oficio a distintas autoridades (embajada **********, Comandancia General del Aeropuerto Internacional de México e Instituto Nacional de Migración) para poner en conocimiento de éstas, la adopción de una medida cautelar consistente en que las menores "no podrán salir del país sin autorización y consentimiento expreso de ambos progenitores", y como puede advertirse del contenido del acto reclamado, emitido en el contexto de los datos relevantes narrados en el apartado que antecede, ese mandamiento cautelar se trata de la imposición de una medida extraordinaria y restrictiva de la libertad personal de las niñas, más específicamente, en su derecho a entrar y salir libremente del país tutelado en los artículos 11 constitucional y 22, numerales 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante lo anterior es innecesario el estudio de los motivos de inconformidad restantes, en virtud de que al haberse determinado que en el caso se surte un supuesto de excepción a la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, la cual soslayó dicha autoridad de amparo, a pesar de tener el deber de advertirla, incluso, oficiosamente, esa circunstancia es suficiente para revocar la resolución impugnada, toda vez que este tribunal no advierte la actualización de distinta causa de improcedencia, ni se surte la invocada por el adherente, según se estudia a continuación.

OCTAVO.—Estudio de los agravios del adherente.

Éstos se estudian en sendos apartados, identificados según el tema principal que abordan.

I. Inexistencia de los actos reclamados.

En la revisión adhesiva, el adherente plantea la actualización de distinta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo a la invocada por el Juez de Distrito, la cual previamente quedó desestimada, por surtirse un supuesto de excepción al principio de definitividad.

En efecto, en concepto del adherente, el juicio de amparo debe sobreseerse, con sustento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado, toda vez que en las constancias de autos se advierte que la parte quejosa se apersonó al proceso natural a defender sus intereses y a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos por la ley.

No le asiste la razón.

En términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.

Esa hipótesis de derecho no se surte en el caso planteado, porque la existencia del acto reclamado quedó plenamente demostrada en las constancias de autos aportadas por el Juez responsable, en donde se advierte claramente que el doce de junio de dos mil diecinueve se emitió la medida cautelar reclamada.

Ahora bien, si a lo que el adherente se refiere es a que la quejosa tramitó algún recurso ordinario en contra del acto reclamado, esa circunstancia no está demostrada en el proceso constitucional y justamente la falta de impugnación ordinaria dio lugar a que el Juez de Distrito advirtiera la actualización de una causa de improcedencia, la cual ya quedó desestimada; de manera que no existen elementos que permitan tener actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice que el juicio de amparo será improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.

Por otra parte, si el adherente trata de algún modo sustentar la improcedencia del juicio de amparo en la fracción XXI del artículo 61 de la normatividad citada, que dice que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, ese supuesto no se surte por el solo hecho de que la quejosa haya comparecido el veintiséis de junio de dos mil diecinueve al proceso de divorcio y se haya dado por emplazada, toda vez que esa vinculación no produjo la revocación o modificación del acto reclamado, el cual subsiste, según las constancias aportadas por la autoridad de amparo, en el informe con justificación.

II. Legalidad de la sentencia recurrida.

En la segunda parte de los agravios, el adherente afirma que la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento se dictó con total apego a derecho, toda vez que no se actualiza ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, porque la parte quejosa se encuentra vinculada al proceso de origen, de manera que no le asiste el carácter de persona extraña al juicio.

Refiere que no son obstáculo a lo anterior, los principios de interés superior del menor y de

igualdad procesal, los cuales se respetaron a las niñas al asignarse un representante especial, para garantizarles una defensa adecuada. Aduce que esa circunstancia no implica modificar en beneficio de las menores, las causas de improcedencia previstas en la ley, lo cual transgrediría los principios de legalidad y seguridad jurídica y que esas previsiones de improcedencia tampoco pueden desatenderse ante la suplencia de la queja, porque ese beneficio no implica la posibilidad de analizar la procedencia de un recurso en un caso no permitido que, incluso, debe analizarse oficiosamente.

Las alegaciones son inoperantes, porque como se precisó en el considerando séptimo de esta ejecutoria, en el caso quedó demostrada la actualización de un supuesto de excepción al principio de definitividad, que debió ser advertido oficiosamente por la autoridad de amparo y que, además, no guarda relación con el tema de persona extraña a juicio, sino con una medida cautelar restrictiva de la libertad personal.

Por otra parte, resultan igualmente infundados los motivos de inconformidad tendentes a reforzar la legalidad del fallo recurrido, al referir que la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, además de ser acorde con las garantías (sic) de legalidad, audiencia, debido proceso y los principios de congruencia, equidad y exhaustividad procesal.

Es así, porque la ilegalidad de la sentencia impugnada quedó patente y, ante esta circunstancia, procede revocarla y analizar, con plenitud de jurisdicción, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, en términos de lo previsto en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo.

Conforme a lo anterior, enseguida se reproduce el contenido de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo presentada por **********, por sí y en representación de sus menores hijas.

NOVENO.—Conceptos de violación.

"Primero. Violación a lo dispuesto por los artículos 1o., 4o., 11, 14 y 16 constitucionales, así como al artículo 49 de la Ley de Migración y 42, fracción V, del Reglamento de la Ley de Migración, así como al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

"En efecto, el acto reclamado en este juicio de garantías, viola en perjuicio de la quejosa y de mis menores hijas, los preceptos legales citados, así como las garantías (sic) de legalidad, audiencia y debido proceso legal, y los más elementales principios de congruencia, equidad y exhaustividad procesales, consustanciales a toda determinación judicial, en virtud de que de manera completamente ilegal y en perjuicio de los derechos humanos de las hoy quejosas, se pretende limitar su garantía (sic) de audiencia y de libre tránsito, sin justificación alguna y por el simple capricho del tercero interesado, quien en todo momento pretende sobajar y someter al núcleo familiar a lo que éste decida y determine correcto, tal como se demuestra a continuación.

"1. Como podemos ver de los antecedentes antes narrados, el tercero interesado ha iniciado procedimientos judiciales, con la única intención de evitar que las quejosas, por autoritarismo, podamos salir del territorio nacional, con la finalidad de poder convivir con mis padres y abuelos de mis hijas, quienes normalmente convivimos con éstos en época de vacaciones, ya que como se ha mencionado, residen en **********, y las quejosas en la Ciudad de México, siempre velando por el interés superior de las menores, para no ser afectadas en sus compromisos y obligaciones escolares, máxime que la convivencia con la familia paterna es mucho más cotidiana, ya que éstos también viven en esta ciudad, por tanto, no se pueden hacer distinciones entre las familias, ya que el mismo derecho tienen las menores de convivir con la familia paterna, que con la materna.

"2. Es evidente que el tercero interesado pretende disminuir nuestros derechos, por contar con una nacionalidad extranjera independiente a la mexicana, es decir, éste cree que por virtud de que las quejosas contamos con la nacionalidad **********, no tenemos derecho a entrar y salir del territorio nacional, si no es con su consentimiento, lo cual francamente afecta los derechos humanos de la suscrita y de mis representadas, en razón de que el tener una nacionalidad alterna a la mexicana, no advierte un peligro inminente que ponga en riesgo los derechos del tercero interesado.

"3. Mi cónyuge siempre ha amedrentado a la aquí quejosa, por el hecho de tener una nacionalidad ********** independiente de la mexicana, argumentando que tal circunstancia es en perjuicio de mis derechos, ya que él, al tener únicamente la nacionalidad mexicana, en cualquier momento puede restringir que nuestras hijas y la suscrita podamos salir del país sin su consentimiento, sin tomar en consideración que ambos progenitores detentamos la guarda y custodia y patria potestad de nuestras menores hijas ********** y **********, de apellidos **********, por tanto, no le asiste razón al querer limitar nuestros derechos con base en sus creencias y negligencias autoritarias.

"4. El progenitor de mis hijas siempre argumenta, que mi intención es sacar del país sin su consentimiento a las menores, para no regresar, lo cual resulta absurdo, ya que en más de 17 años que llevamos en matrimonio, nunca ha existido dicha intención, y mucho menos en los 13 y 9 años de edad que tienen, respectivamente, nuestras hijas, por tanto, no se podría justificar el argumento del tercero interesado para pretender impedir el libre tránsito a las quejosas, más aún que las menores, en múltiples ocasiones han salido de viaje, incluso, solas con sus abuelos maternos, visitando **********, en **********, Aruba, del Reino de los Países Bajos, Estados Unidos de Norteamérica, cruceros en el Caribe, entre otros.

"5. Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto a su señoría que la quejosa nunca he sido notificada de algún proceso judicial en el que ********** me demande, por tanto, ello quiere decir que cualquier determinación que la responsable haya dictado para limitar el derecho de la suscrita y de mis menores hijas (sic) podamos salir del territorio nacional, no sólo se ha decretado sin la garantía (sic) de audiencia que me corresponde para ser oída y vencida en juicio, sino sin justificarse la necesidad de otorgar una medida de esa índole que claramente afecta los derechos de las quejosas.

"Aunado a lo anterior, sabe (sic) resaltar que si en 13 años nunca se ha tenido un proceso derivado de una posible retención ilegal de las menores, eso quiere decir que no existe una justificación para creer que se debe tomar una medida de esa índole, sin darle vista a la suscrita.

"Al efecto se transcribe el criterio jurisprudencial emitido por nuestros más altos tribunales y que a la letra dice lo siguiente.

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.’(31)

"6. Una medida precautoria que restringe la salida del país a una persona (arraigo), debe estar fundada y motivada por situaciones que justifiquen la misma, y no simplemente debe ser dictada porque una de las partes manifieste que sea necesaria la misma, ya que esto traería como consecuencia el que en un abuso de la buena fe de las autoridades, simplemente una de las partes llegara a manifestar que tiene un temor para restringir los derechos humanos de los hijos, lo cual resulta inapropiado e ilegal, toda vez que antes de emitirse una medida que no está plenamente justificada, se debe escuchar a la otra parte, a menos que el peligro sea inminente y el juzgador tenga que tomar las medidas suficientes para proteger a un menor de edad, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede, ya que mis hijas se en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29879-56a5c60b/alerta-migratoria-sobre-menores-requisitos-para-su-decision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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