COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN UN JUICIO EN EL QUE UNA DE LAS PARTES ES UNA PERSONA MENOR DE EDAD. CUANDO SU APLICACIÓN IMPLIQUE UN MENOSCABO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A LAS REGLAS GENERALES SOBRE LA COMPETENCIA. REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. SU DESIGNACIÓN DENTRO DE UN JUICIO NO INVALIDA LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD POR QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD, A MENOS DE QUE SEAN EVIDENTEMENTE CONTRARIAS A LOS INTERESES DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7845/2018. 19 DE ENERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE Y ALFONSO ALEXANDER LÓPEZ MORENO
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7845/2018, interpuesto por ********** contra la sentencia dictada en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si fue correcta la decisión del Tribunal Colegiado en cuanto a que la jueza familiar en el juicio de origen es incompetente para continuar con la tramitación del juicio de reconocimiento de paternidad.
I. ANTECEDENTES
1. Los antecedentes son narrados con base en la información obtenida de la sentencia del juicio de amparo directo **********, dictada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, así como de lo manifestado en las diversas constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Tribunal Colegiado del conocimiento.
2. ********** (de nacionalidad argentina) y ********** (de nacionalidad mexicana) se conocieron entre febrero y marzo de dos mil catorce, en la Ciudad de México. Aproximadamente un mes después, comenzaron una relación sentimental, para lo cual ella viajó a Mérida, Yucatán (lugar de residencia del señor **********).
3. Poco después se enteraron de que la señora ********** estaba embarazada y permanecieron viviendo juntos en la casa que el señor ********** tenía en esa ciudad. Luego, ella viajó a Buenos Aires, Argentina, para visitar a sus papás y se quedó en aquel país para tener a su hija en compañía de su familia. Posteriormente, a fin de presenciar el nacimiento de su hija, el catorce de diciembre de dos mil catorce, él la alcanzó en aquella ciudad.
4. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, nació la niña en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pocos días después, el señor ********** regresó a México y la señora ********** permaneció en aquel país junto con su hija.
5. El nueve de febrero de dos mil quince, la señora ********** acudió ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y llevó a cabo el registro civil de la menor de edad.(1) En el acta de nacimiento no se reconoció algún vínculo filial paterno.(2)
6. El veinte de febrero de dos mil quince, la señora ********** y su hija regresaron a la ciudad de Mérida, Yucatán, por ser la residencia habitual del señor ********** y, en esa fecha, volvieron a vivir juntos en la casa que él tenía ubicada en dicha entidad. No obstante, derivado de los episodios de violencia familiar y de género, física, psicológica y económica–patrimonial que la señora ********** manifestó padecer por parte del señor **********, ella y la niña se mudaron a otra casa que les fue proporcionada por este último en esa misma ciudad.(3)
7. Juicio ordinario oral familiar **********. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el señor ********** demandó de la señora **********, en la vía ordinaria oral familiar, el reconocimiento de paternidad de la menor de edad y, como medida provisional, pidió que se apercibiera a la señora ********** para que se abstuviera de salir del territorio mexicano con la niña.(4)
8. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Jueza Primera de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, admitió y registró la demanda, ordenó emplazar a la señora ********** y la previno para que no se ausentara del lugar en que se llevaba el juicio.
9. El cinco de junio de dos mil quince, la señora ********** contestó a la demanda y se allanó a la prestación consistente en el reconocimiento de paternidad. Manifestó que el señor ********** es el padre biológico de su hija y su conformidad con el desahogo de la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN).
10. El doce de junio siguiente, la señora ********** presentó un segundo escrito de contestación de la demanda,(5) por su propio derecho y en representación de su hija, en el que:
• Revocó a los abogados autorizados y el domicilio señalado en el primer escrito y pidió expresamente que éste no se le tuviera por presentado, porque el actor ejerció coacción en su contra para obtener la firma. En consecuencia, señaló nuevos autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones en esa ciudad.
• Aclaró que se allanaba única y exclusivamente por lo que hace al reconocimiento de paternidad,(6) sin renuncia de su nacionalidad por razón de lugar de nacimiento, ni de la jurisdicción aplicable por esa calidad jurídica.
• Precisó que fue víctima de violencia intrafamiliar y de género, moral, económica–patrimonial, física y emocional por parte del señor **********. Además, mencionó que este último tenía retenida su documentación oficial para que ni ella ni su hija pudieran salir del país.
11. En ese escrito, la señora ********** contrademandó al señor **********,(7) y solicitó que el asunto se resolviera con perspectiva de género, para que:
• Se le otorgara la patria potestad, guarda y custodia de la niña, debido a los diversos tipos de violencia que ejercía el señor ********** en su perjuicio.
• Solicitó se determinara un régimen de visitas y convivencias, previa valoración psicológica del demandado y de tratamiento de adicciones que lo declarara libre del consumo de alcohol y/o cualquier otra sustancia psicoactiva, así como una declaración que avalara su capacidad para ejercer una convivencia libre de violencia con su hija.
• Se estableciera una pensión alimenticia tanto a su favor, como para la niña.
• Se autorizara el libre tránsito de la menor de edad, se notificara al Consulado General de la República Argentina del juicio y se dictara una orden de protección a su favor, para determinar que su domicilio y el de su hija sería el mismo en el que estuvo en concubinato con el señor **********, y se le prohibiera acercarse a ellas.
12. El nueve de septiembre de dos mil quince, la jueza familiar tuvo por contestada la demanda respecto al primer escrito y por extemporáneo el segundo de ellos.(8) En consecuencia, desechó la reconvención. No obstante, atendió las manifestaciones de la señora ********** y la citó en las instalaciones del juzgado.
13. El siete de octubre de dos mil quince, las partes presentaron una propuesta de convenio que incluía la fijación de una pensión alimenticia, el establecimiento de la guarda y custodia, así como un régimen de convivencias entre la menor de edad y su papá.(9)
14. Un par de semanas más tarde, el veinte de octubre siguiente, la señora ********** presentó un documento escrito a mano ante el juzgado familiar, por medio del cual solicitó se le fijara nueva fecha para llevar a cabo la entrevista que se le haría en relación con las afirmaciones que hizo respecto a ser víctima de violencia familiar y de género.(10)
15. El primero de diciembre de dos mil quince, el señor ********** informó a la jueza familiar que, aparentemente, la señora ********** se había ausentado del país y solicitó girar oficios al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para evitar que la niña saliera de territorio mexicano.(11) Por acuerdo de esta misma fecha, la jueza familiar citó nuevamente a las partes para que comparecieran al juzgado y ordenó girar los oficios solicitados. El siete de diciembre siguiente, la jueza certificó que la señora ********** no se presentó en el juzgado y que la orden de comparecencia no le fue notificada personalmente.(12)
16. El tres de diciembre de dos mil quince, se presentó un escrito ante el juzgado familiar en el que la señora ********** desistió del convenio celebrado entre ambas partes.(13)
17. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil quince, la jueza dio vista al señor ********** con el desistimiento presentado y, en atención a su solicitud, extendió la prohibición de salida del país respecto a la niña y ordenó girar nuevos oficios a diversas autoridades.
18. El veintidós de enero de dos mil dieciséis se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar, a la que acudieron el señor ********** y los apoderados legales de la señora **********.(14) Debido a que no se logró ningún arreglo, la jueza suspendió la audiencia y ordenó comunicar a la embajada de Argentina el procedimiento judicial que se llevaba en contra de la señora **********, relacionado con la menor de edad.(15)
19. Nombramiento del tutor. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis,(16) la jueza familiar citó a las partes para que comparecieran a la continuación de la audiencia preliminar. Previno a la señora **********, a fin de que designara una persona con capacidad legal para que desempeñara el cargo de tutor especial de la menor de edad.(17) En esta fecha, la niña ya llevaba aproximadamente cinco meses viviendo en Argentina y el tutor le fue nombrado precisamente con la finalidad de que sus intereses fueran debidamente representados.(18)
20. En escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la señora **********, por conducto de su apoderado, desahogó la prevención y señaló al licenciado en derecho **********, para que desempeñara el cargo de tutor especial.(19)
21. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis se llevó a cabo la continuación de la audiencia preliminar. En ésta, el tutor especial aceptó y protestó su cargo. Asimismo, la jueza familiar le corrió traslado con el escrito de demanda inicial y le otorgó cinco días para que diera contestación.(20)
22. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis,(21) **********, en su carácter de tutor especial de la menor de edad, contestó la demanda e hizo valer la excepción de incompetencia por razón de territorio, esencialmente, bajo el argumento de que la menor de edad ya vivía con su mamá en Buenos Aires, Argentina, por lo que según lo dispuesto en el artículo 35, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán,(22) su domicilio era en aquella ciudad.
23. El veinticuatro de junio siguiente, la jueza familiar tuvo por contestada la demanda presentada por el tutor especial, en representación de la menor de edad, por ofrecidas las pruebas aportadas y ordenó dar vista al señor ********** de su contenido.(23) Finalmente, citó a las partes para dar continuación a la audiencia.(24)
24. En la audiencia preliminar de primero de agosto de dos mil dieciséis, la jueza de primera instancia dictó resolución interlocutoria en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por razón de territorio y se declaró legalmente competente para seguir conociendo del juicio.(25)
25. Al resolver la excepción, la jueza, en esencia, determinó que, al momento de promover el juicio de reconocimiento de paternidad, ambas partes habitaban en la ciudad de Mérida y si bien el tutor especial, al dar contestación a la demanda, manifestó que la niña ya radicaba en Argentina, con la acción principal se protegía su derecho a conocer su identidad, nombre y nacionalidad, así como los alimentos y la convivencia con su progenitor.
26. Recurso de apelación **********. En contra de la resolución interlocutoria que declaró improcedente la excepción de incompetencia por territorio, el tutor especial, **********, interpuso recurso de apelación.(26)
27. Primera sentencia de apelación. El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán dictó sentencia en la que acogió la inconformidad planteada.
28. Al respecto, la sala responsable consideró que la jueza familiar incumplió con el inciso b) del artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pues tenía que avisar inmediatamente a la oficina consular competente la designación del tutor especial de la niña, porque hasta ese momento la menor no había sido representada en el juicio, razón por la cual no se puede considerar que la menor se sometió tácitamente hasta que su representante contestó la demanda, por lo que este estuvo en tiempo al interponer la excepción de incompetencia, con independencia de que la madre ejerciera la patria potestad y fuera la representante legítima de la niña, porque no la representaba. Máxime que la resolución debe emitirse en conformidad al interés superior de la infancia y, en el caso, para el momento en que el representante compareció al juicio, la niña ya vivía en Buenos Aires, Argentina.
29. Por lo tanto, el tribunal de apelación ordenó dejar insubsistente la audiencia preliminar de primero de agosto de dos mil dieciséis, así como la resolución interlocutoria de esa fecha, y reponer el procedimiento (toda vez que la excepción de incompetencia debe resolverse en la audiencia preliminar) para que nuevamente se resolviera la excepción de incompetencia en los términos expresados.
30. Juicio de amparo indirecto **********. En contra de tal determinación, el señor ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, quien por sentencia firmada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, sobreseyó en el juicio de amparo, tras considerar que el acto reclamado no afectaba los derechos sustantivos de la parte quejosa sino hasta que efectivamente se dilucidara sobre la excepción de incompetencia planteada.(27)
31. Recurso de revisión **********.(28) Inconforme con esta determinación, el señor ********** interpuso recurso de revisión. El Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, lo admitió a trámite y registró con el número de expediente **********.(29)
32. En auxilio del Tribunal Colegiado del conocimiento,(30) en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región revocó la sentencia reclamada y concedió el amparo al señor **********. En síntesis, determinó que la sala familiar omitió pronunciarse sobre la competencia de la jueza de primera instancia y, ante la falta de reenvío,(31) debió analizar directamente los agravios planteados.
33. En consecuencia, ordenó a la sala responsable dejar insubsistente el fallo reclamado y dictar uno nuevo, en el que analizara el escrito de agravios y, de considerar que se actualizaron omisiones y/o incorrecciones en la resolución de incompetencia, reasumiera competencia para resolver con plenitud de jurisdicción la excepción planteada, a partir de los planteamientos y del material probatorio aportado al expediente.(32)
34. Acto reclamado. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo,(33) la sala familiar dictó una nueva sentencia el doce de enero de dos mil dieciocho. En ésta, revocó la resolución interlocutoria, declaró procedente la excepción de incompetencia por razón de territorio y concluyó que el domicilio real de la niña, desde el momento en que su tutor especial dio contestación a la demanda, ya se ubicaba en Buenos Aires, Argentina.
35. En esencia, la sala familiar formuló las siguientes consideraciones:
• La contestación de demanda presentada por la señora ********** se hizo única y exclusivamente por su propio derecho, no en representación de su hija.
• La menor de edad fue representada en el juicio a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fecha en que el tutor especial aceptó y protestó el cargo. Este último, al contestar la demanda dentro del plazo legal otorgado, interpuso la excepción de incompetencia por territorio, en términos del artículo 35, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, porque su representada radicaba en Argentina desde dos mil quince. En consecuencia, no podía determinarse que se hubiera sometido tácitamente a la competencia de la jueza familiar.
• La niña es representada legalmente por su progenitora, salvo en este procedimiento judicial, porque le fue designado un tutor especial. No obstante, debe considerarse que su domicilio es el del lugar en donde habita junto con su mamá. Además, de conformidad con el artículo 3o. de la Convención Interamericana sobre el Derecho Internacional Privado, el domicilio de las personas incapaces es el de su representante legal.
36. Juicio de amparo indirecto **********. Contra tal determinación, el señor **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto. En audiencia constitucional de treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito.(34)
37. Juicio de amparo directo **********. El Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, aceptó la competencia declinada a su favor, admitió el juicio y ordenó su registro.(35) Por su parte, por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por promovido el amparo adhesivo del tutor especial de la niña.(36)
38. En su demanda de amparo, el señor ********** formuló siete conceptos de violación mediante los cuales hizo valer, en esencia, lo siguiente:
• Primero y segundo. La decisión de la sala responsable se dictó en contravención al derecho de reconocimiento de paternidad de la niña y de su identidad biológica como vehículo de ejercicio para otros derechos. Pasó por alto la importancia del tutor especial en su carácter de representante legal de la menor de edad.
• La sentencia reclamada desatendió el contenido de los artículos: 3, 5, 7 ,8, 12, 16, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3 de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado; 4o. de la Constitución Política del país y 21, 22 y 104 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; puesto que, de su interpretación sistemática y funcional debió entenderse que, en principio, la madre de la menor de edad es su representante legal. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 293 del Código de Familia para el Estado de Yucatán,(37) el único representante legal de la menor de edad es su tutor especial.
• De conformidad con el artículo 3o. de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, el interés superior de la infancia y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 35, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, en que se sustentó la excepción de incompetencia por territorio, debió interpretarse en el sentido que, para efectos de determinar la competencia del juez o jueza familiar que conocerá del juicio, el domicilio de la niña es el mismo designado por el tutor especial en la ciudad de Mérida.
• Tercero. Resultó incorrecto determinar que el allanamiento de la demandada se hizo únicamente a nombre propio. Se ignoró que al momento de ser emplazada y dar contestación al juicio de origen, la señora ********** actuó como la representante legal de la menor de edad. • Cuarto al séptimo. La decisión de la sala responsable contrarió el artículo 30, inciso A), fracción II constitucional,(38) porque solamente vincula a la menor de edad con la nacionalidad argentina y su domicilio en aquel país. Ignoró que la prueba de ADN sí puede ser desahogada en el extranjero de conformidad con la cooperación entre países y, por ello, desacató la sentencia dictada en el recurso de revisión **********, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
39. Sentencia de amparo directo. En sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que negó el amparo y declaró sin materia el amparo adhesivo. En esencia, determinó que:
• Son infundados los conceptos de violación (del primero al sexto), a través de los cuales se plantea que la sala responsable soslayó la importancia de la figura del tutor especial como único representante legal de la menor de edad.
• En términos de los artículos 291, 292 y 293 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, las personas que ejercen la patria potestad son legítimas representantes de aquellas sobre quienes la ejercen y las deben representar en juicio, salvo aquellos casos en que exista oposición de intereses, en los que se actualiza la excepción relativa a que la persona que se encuentre bajo la patria potestad de alguna de las partes, deberá ser representada en juicio o fuera de él, por un tutor que sea nombrado por quien imparta justicia.
• La hipótesis contemplada en el artículo 293 mencionado, constituye un caso de excepción conforme al cual, la sola existencia de un interés opuesto en relación con la persona representada, amerita la designación de un tutor que la represente en juicio. Antes del nombramiento del tutor especial la menor no fue debidamente representada.
• De conformidad con el artículo 35, fracción VI del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, debe considerarse como juez competente el del domicilio de la niña. Se acreditó que al dar contestación su domicilio ya se ubicaba en Buenos Aires, Argentina.
• Si bien el tutor tiene su domicilio en Mérida, ello no basta para considerar competente a la jueza familiar respecto a la esfera jurídica de la menor de edad. Fue el propio tutor quien interpuso la excepción de incompetencia por territorio, desde que contestó la demanda.
• El acto reclamado no obstaculiza la búsqueda de la identidad biológica de la niña, su derecho a la nacionalidad mexicana, ni desatiende normas internacionales relativas al desahogo de la prueba de ADN, puntualizados en el juicio de amparo **********.
40. Inconforme con la sentencia que negó el amparo, por escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el señor **********, interpuso recurso de revisión.
41. En su escrito, el señor ********** desarrolla una línea argumentativa tendiente a justificar la procedencia del recurso y plantea un único agravio. En síntesis, hace valer lo siguiente:
a) Justificación de procedencia, importancia y trascendencia. La resolución del recurso permitirá emitir criterios novedosos sobre el interés superior de la infancia, en relación con el reconocimiento rápido y expedito de paternidad de una menor de edad, en procuración de su derecho a la identidad biológica, nacionalidad, formación de la personalidad y ejercicio de otros derechos. También implicaría realizar un pronunciamiento sobre la figura del tutor especial, su domicilio y sus alcances como representante legal en el sistema jurídico mexicano, en un plano de constitucionalidad. Además, el Tribunal Colegiado al resolver sobre la representación legal de la menor, interpretó implícitamente los artículos 4o., 16 y 17 constitucionales.
b) La resolución recurrida carece de congruencia interna y externa, fue emitida en contravención a las actuaciones del juicio y no responde todos los planteamientos de constitucionalidad formulados en los conceptos de violación, relativos a los alcances de la representación legal, la tutela especial de la niña y su interés superior.
c) La decisión del Tribunal Colegiado corrobora el injusto alcance que se hizo respecto al papel y figura que desempeña el tutor especial, en relación con quien tiene su representación legal, para los efectos específicos de representar los intereses paternos filiales de la menor de edad, en función de las normas constitucionales y convencionales citadas, con la finalidad de lograr el reconocimiento de su paternidad. Máxime si fue la propia madre de la menor quien pidió el nombramiento de un tutor especial para su hija.
d) El Tribunal Colegiado interpretó indebidamente el artículo 35, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, dada la determinación del lugar que debe tenerse como domicilio de la menor de edad para efectos de la competencia territorial en que debe seguirse el juicio de reconocimiento de paternidad. La interpretación se hizo en contravención del artículo 3 de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, según el cual el domicilio de la menor de edad corresponde al de su representante legal, esto es, su tutor especial, en transgresión del artículo 4 constitucional y los diversos 3, 5, 8, 12, 16, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
e) La interpretación del órgano jurisdiccional y la decisión de validar la sentencia de incompetencia son contradictorias y contrarias al interés superior de la menor de edad. Con ésta se avala la coexistencia de dos domicilios para efectos de dotar de legitimación procesal a quienes funjan como sus representantes: el domicilio de la progenitora como su representante legal (en Buenos, Aires, Argentina) y el del tutor especial (en Mérida, Yucatán, México).
f) El órgano jurisdiccional omitió pronunciarse sobre la mala fe y el desacato judicial en que incurrió la señora ********** por haber salido del lugar donde se llevaba el juicio, y tampoco resolvió sobre la forma en que debía llevarse la prueba de ADN en relación con la cadena de custodia. Además, la sentencia recurrida es discriminatoria en perjuicio del quejoso, porque permite una doble óptica procesal respecto a los actos que puede llevar a cabo el tutor especial, sin sujeción alguna al acceso a la tutela judicial efectiva, al reconocimiento de paternidad, así como el derecho a la nacionalidad que le asiste a la menor.
g) El órgano jurisdiccional omitió analizar el conflicto competencial desde la perspectiva y respeto del interés superior de la infancia como "norma de procedimiento", según la línea jurisprudencial de la Primera Sala. Principalmente cita la tesis 1a. CCLXIII/2015 de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS QUE INVOLUCREN A MENORES. PARA DIRIMIR TALES CUESTIONES, PRIMERO SE DEBE DE ATENDER A LAS REGLAS PROCESALES APLICABLES, Y SÓLO SI LA APLICACIÓN DE DICHAS REGLAS VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PUEDEN SER MODIFICADAS."(39)
h) La resolución no contiene una interpretación pro persona en beneficio de la niña ni del promovente del juicio de amparo.
42. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, recibió el recurso de revisión y ordenó su remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
43. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite y ordenó el registro del recurso con el número de expediente 7845/2018, su envío a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.(40) Posteriormente, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el expediente fue returnado al Ministro Luis María Aguilar Morales.
44. Requerimiento de constancias para resolver. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención al dictamen formulado por el Ministro ponente, solicitó a las autoridades responsables la remisión de la totalidad de los autos y constancias procesales. Una vez recibidas, ordenó devolver los autos al ministro ponente.
45. Segundo returno. En atención a la adscripción del Ministro Luis María Aguilar Morales a la Segunda Sala, por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el asunto fue returnado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
II. COMPETENCIA
46. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer este recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el diverso 37 del Reglamento Interior de este alto tribunal, en relación con los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo en materia civil por un tribunal colegiado de circuito sin que se considere necesaria la intervención del tribunal en Pleno.
III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD DEL RECURSO
47. El recurso de revisión fue interpuesto por el señor **********, parte quejosa en el juicio de amparo, por lo que se encuentra legitimado para impugnar la sentencia recurrida dado que le puede perjudicar.
48. Asimismo, quien interpuso el recurso de revisión en representación del quejoso tiene su personalidad reconocida, en términos amplios del artículo 12 Ley de Amparo, tal como se advierte del acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
49. El recurso de revisión se presentó dentro del plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida fue notificada al señor **********
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32354-bfb38d7b/competencia-territorial-de-los-juzgados-y-tribunales-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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