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Modo: Corpus Pro

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2076/2012. · Registro digital (IUS): 24132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 313.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2076/2012. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALEJANDRO GARCÍA NÚÑEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número **********, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve; por ser innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno para su resolución.

SEGUNDO. Oportunidad. El escrito mediante el que se interpone este recurso se presentó oportunamente.

La sentencia recurrida se notificó al quejoso, por medio de lista, el miércoles trece de junio de dos mil doce y surtió efectos dicha notificación el jueves catorce siguiente, por lo que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del viernes quince de junio de dos mil doce al jueves veintiocho «de junio» de dos mil doce, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil doce, por ser sábados y domingos y, por ende, inhábiles, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esas condiciones, si el recurso de revisión se interpuso el miércoles veintisiete de junio de dos mil doce (según se desprende del sello fechador que aparece estampado en el mismo), es claro que se interpuso en tiempo.

TERCERO. Procedencia. El presente recurso de revisión es procedente, atento a las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, constitucional; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión en contra de resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados, es necesario que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y la sentencia contenga alguno de esos pronunciamientos, o se hubiera omitido su estudio, previa presentación oportuna del recurso; y, en segundo lugar, que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 64/2001,(1) de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

Establecido lo anterior, debe señalarse que el recurso de mérito sí cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que se interpuso oportunamente; además, en el presente asunto se planteó la interpretación del artículo 4o. constitucional, en torno al interés superior del niño y sus efectos frente a los derechos procesales de las partes.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso. Se estima conveniente, a fin de establecer un marco de referencia y dar una mejor comprensión a esta resolución, relatar los antecedentes del acto reclamado, realizar una síntesis de los conceptos de violación que se hicieron valer en su contra, de las consideraciones de la sentencia de amparo y de los agravios expresados.

I. Antecedentes

Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil diez, ante el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México **********, por su propio derecho y en representación de su menor hija **********, en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar demandó de **********, las siguientes prestaciones:

"A) El reconocimiento de la paternidad de mi menor hija **********, basándome para ello en lo establecido por el artículo 4.162 del Código Civil vigente en el Estado de México. B) Decretar la guarda y custodia provisional y en su momento procesal oportuno la definitiva de mi menor hija **********, a favor de la suscrita. C) Como consecuencia del reconocimiento de la paternidad del demandado respecto de nuestra menor hija, el pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de nuestra menor hija de nombre **********, misma que deberá ser fijada una vez dictada la sentencia definitiva que se proceda a realizar el descuento ordenado por su señoría. D) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio, toda vez que el que da origen al mismo lo es el demandado, al no querer reconocer a nuestra menor hija."

El Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por acuerdo de veintidós de abril de dos mil diez, admitió la demanda, la registró con el número **********, y ordenó emplazar al demandado.

El nueve de agosto de dos mil diez, el enjuiciado **********, dio contestación donde negó la procedencia de las prestaciones que le fueron reclamadas de la siguiente forma:

"A) Por lo que respecta a la enunciada en el inciso A), niego que le asista razón y carece de toda acción y derecho algún que le sirva de fundamento para exigirla, en virtud de no tener sustento alguno para acreditarla, toda vez que el suscrito no es el padre de su menor hija. B) Por lo que respecta a la enunciada con el inciso B) me abstengo de pronunciarme en relación a la misma, ya que al no guardar relación alguna con la actora y su menor hija, no me compete manifestarme en lo que hace a dicha prestación y en virtud de lo demás manifestado en el inciso anterior. C) Por lo que respecta a la prestación marcada bajo el inciso C), niego que le asista razón y carece de toda acción y derecho para exigirla, en virtud de lo manifestado en los incisos anteriores. D) Por lo que respecta a la prestación marcada bajo el inciso D), la misma corre la suerte del juicio principal, por lo que me abstengo de pronunciarme al respecto."

La actora ofreció como pruebas, la confesión, la documental pública, la testimonial, la pericial en genética y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las que le fueron admitidas en su totalidad y desahogadas con excepción de la pericial en genética, ante la negativa del demandado de presentarse a dicho desahogo.

Por su parte, el demandado ofreció como medios de convicción, la confesión, la testimonial y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, los que se admitieron y desahogaron en su totalidad.

Agotadas las fases procesales del juicio natural, los autos quedaron en estado de resolución, por lo que el uno de marzo de dos mil once, la Juez de primer grado dictó sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido legalmente tramitada la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, en la que la actora **********, acreditó los extremos de sus pretensiones y el demandado **********, no justificó sus excepciones y defensas, consecuentemente; SEGUNDO. Por los motivos expresados en la parte considerativa de esta resolución, se declara que la menor **********, es hija biológica de **********. TERCERO. Se ordena girar oficio a través de exhorto al oficial del Registro Civil número dos de Metepec, Estado de México, para que proceda asentar en el acta de nacimiento de **********, la cual fue registrada el día quince de mayo del año dos mil, en el libro tres, bajo el número de acta cuatrocientos cincuenta y ocho, los datos de su progenitor **********, relativos al sustantivo propio, y apellidos paterno y materno, nacionalidad, edad y domicilio, anotándose como nombre del padre de la menor **********, el de **********. CUARTO. Se concede la guarda y custodia definitiva de la menor **********, a favor de su progenitora **********. QUINTO. Para satisfacer las necesidades alimentarias de la menor **********, se deberá girar oficio al representante legal y/o jefe de departamento de recursos humanos de la empresa denominada **********, a efecto que se realice el descuento del ********** del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene **********, y la cantidad líquida resultante le sea entregada a su acreedora alimentaria por medio de la señora **********, los días acostumbrados de pago, previo acuse de recibo; y para el caso de separación de su fuente laboral, deberá entregar a su acreedora alimentaria el equivalente a ********** vigente en esta zona económica, y la cantidad líquida resultante deberá depositarla los tres primeros días de cada mes en este H. Juzgado. SEXTO. No se hace condena en costas en la presente instancia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5.3 y 5.13 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, se ordena la publicación de la presente resolución y se tienen por notificadas las partes en el acto de la diligencia."

Inconforme con la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, correspondiéndole al toca relativo el número **********, el cual se resolvió mediante sentencia de cinco de abril de dos mil once, en los siguientes términos: "PRIMERO. Al margen de los agravios que hizo valer el señor **********, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de marzo del año dos mil once, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente número **********, relativo al juicio controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre reconocimiento de paternidad, promovido por la señora **********, en contra del señor **********, se suple la deficiencia de la queja a favor de la menor **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 2.140 de la ley adjetiva civil; y en consecuencia. SEGUNDO. Se revoca el fallo apelado y se ordena al Juez de primera instancia a la reposición del procedimiento en los términos y para los efectos preciados en la parte considerativa de este fallo. TERCERO. No se hace especial condenación en costas en ambas instancias por no estar el caso en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. CUARTO. Notifíquese personalmente. ..."

En desacuerdo con lo anterior, el demandado promovió juicio de amparo indirecto del cual tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, registrándolo con el número **********, y por sentencia de nueve de agosto de dos mil once, resolvió negar el amparo.

Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándose con el número **********, y por ejecutoria de dieciocho de octubre del mismo año, se revocó por mayoría de votos la resolución del Juez Federal y se concedió el amparo para que la Sala responsable prescindiera de considerar que de oficio debía desahogarse la pericial en genética, y luego se pronunciara, en la medida de su alcance, sobre los agravios que expuso ante ella el ahí recurrente, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho fuese procedente.

En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo la Sala responsable dictó una nueva sentencia el siete de noviembre de dos mil once, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declaran inoperantes los agravios que hizo valer el señor **********, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de marzo del año dos mil once, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente ********** relativo al juicio controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre reconocimiento de paternidad, promovido por la señora **********, en contra del señor **********, en consecuencia. SEGUNDO. Se confirma el fallo apelado y al que se ha hecho referencia en el resolutivo inmediato anterior. TERCERO. No se hace especial condenación en costas en ambas instancias por no estar el acaso en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. CUARTO. Notifíquese personalmente."

En desacuerdo con lo anterior, el demandado promovió juicio de garantías del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito correspondiéndole el número **********, y por sentencia de siete de febrero de dos mil doce, se le concedió el amparo formalmente al quejoso, pero materialmente y jurídicamente a la menor **********, para el efecto de que el tribunal de apelación dejara insubsistente la sentencia reclamada, y emitiera otra en la que reiterara las consideraciones por las cuales había confirmado la sentencia de primer grado, y sólo se pronunciara respecto de la conveniencia de fijar o no un régimen de convivencias y visitas entre la niña y su padre, todo ello conforme a derecho resultare, con libertad de jurisdicción, de acuerdo con la litis inicial y de alzada, y todas las pruebas aportadas y allegadas legalmente al juicio natural.

La Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil once, y dictó otra el nueve de marzo de dos mil doce, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declaran inoperantes los agravios que hizo valer el señor **********, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de marzo del año dos mil once, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente número ********** relativo al juicio controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre reconocimiento de paternidad, promovido por la señora **********, en contra del señor **********; sin embargo, en suplencia de la queja, atendiendo al interés superior de la menor, se modifica el punto resolutivo cuarto de la sentencia motivo de estudio para quedar en los siguientes términos: ‘CUARTO. Se concede la guarda y custodia definitiva de la menor **********, a favor de su progenitora señora **********, y en consecuencia se determina la convivencia paterno filial en los siguientes términos: Durante los primeros seis meses contados a partir de que cause estado este fallo, se autoriza al señor **********, a convivir con su menor hija en el centro de convivencia alterno ubicado en las instalaciones de la sede alterna del Centro de Convivencia Familiar en Toluca, con domicilio en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Poder Judicial del Estado de México, que se ubica en calzada San Mateo, sin número en San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México; el sábado de cada quince días en un horario comprendido de las diez a las quince horas, con el objeto de que exista una identificación plena entre la menor y su progenitor, ya que durante más de once años no ha existido un acercamiento entre el mencionado señor **********, y su hija, y es conveniente que de manera paulatina se estrechen lazos de padre e hija, por tanto, se previene a la señora **********, para que presente a la menor en ese lugar a fin de que tenga lugar la convivencia decretada; y una vez transcurrido dicho plazo se le autoriza al referido progenitor a convivir con su hija de manera alternada los fines de semana de cada quince días en un horario de las diez de la mañana del día sábado a las dieciocho horas del día domingo, pudiendo sustraer a la menor del domicilio que habite con su señora madre y reintegrarla al mismo a la conclusión de la convivencia, por lo que prevéngase a la señora **********, a fin de que permita la convivencia con el apercibimiento que de no permitir la misma se le aplicarán las medidas de apremio que se contienen en la ley, asimismo prevéngase al señor **********, para que a la conclusión de la convivencia reintegre a la menor al domicilio que habite con su progenitora, con el apercibimiento que de no reintegrarla se le aplicarán las medidas de apremio señaladas en la ley; así también se autoriza al referido apelante a convivir con su menor hija en su cumpleaños, así como el día del padre, y en cuanto al día del niño y en el cumpleaños de la menor, navidad y año nuevo, se le autoriza a convivir con la infante de manera alternada, correspondiéndole el primer año a la progenitora, el año siguiente con su padre y así sucesivamente, además en los periodos vacacionales se autoriza al mencionado señor **********, a convivir con su hija en el cincuenta por ciento de cada periodo, en la inteligencia de que el primer periodo con su madre, el segundo con su progenitor, y así sucesivamente.’. .... TERCERO. No se hace especial condenación en costas en ambas instancias por no estar el caso en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. CUARTO. Notifíquese personalmente. ..."

En contra de la anterior resolución ********** promovió demanda de amparo, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual la registró bajo el número **********; y sesión de cinco de junio de dos mil doce determinó negar el amparo y protección solicitados.

Dicha sentencia constituye la materia de la presente revisión.

II. Conceptos de violación: El quejoso **********, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, hizo valer los siguientes argumentos:(2)

Plantea una violación procesal la que hace consistir en que no resultó apegado a derecho que el Juez natural admitiera la pericial en genética que ofreció la ahora tercera perjudicada, porque ésta, dice, no señaló los hechos que pretendía probar con ese medio de convicción, en términos de lo que establece el artículo 5.32 del código adjetivo civil para la entidad.

Agregó que el Juez primigenio estuvo obligado a prevenir a su contraria a efecto de que ésta indicara qué hechos pretendía probar con la pericial en genética, pero que como ello no se actualizó resultó contrario a derecho que dicha autoridad admitiera la pericial de que se trata, y que no estuvo en posibilidad de impugnar el proveído que admitió tal probanza, porque el auto que admite pruebas no es recurrible, y en la audiencia para el dictado de la sentencia de fondo el juzgador se concretó a dar lectura a la misma en forma resumida.

También aduce que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no obstante que él adujo como agravio que fue indebido que el Juez natural admitiera la pericial en genética que ofreció su contraria, dicha autoridad omitió pronunciarse respecto de ese tema.

Que no resultó apegado a derecho que la Sala responsable fijara un régimen de convivencias entre él y la menor **********, ello porque en el juicio natural no quedó probado que él fuera el padre de la infante y porque si ninguna de las partes demandó esa prestación, el tribunal de alzada se pronuncia respecto de un tema que no fue materia de la litis natural.

III. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos expresados por el tribunal de amparo como soporte para dar contestación a los planteamientos formulados por el quejoso y negar la protección constitucional solicitada, en lo que aquí interesa, son medularmente los siguientes:(3)

Son inoperantes los motivos de disenso, encaminados a combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo **********.

Es así, toda vez que, si en el diverso amparo **********, ya fue analizado lo que ahora aduce el quejoso, entonces, resulta inconcuso que tales argumentos no pueden ser nuevamente estudiados ahora, pues las decisiones antes pronunciadas no pueden ser cuestionadas ni modificadas en atención a la firmeza de la cosa juzgada, y la naturaleza procesal definitiva de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo.

Por otra parte, tampoco tiene el éxito que pretende el quejoso en cuanto esencialmente sostiene que no resultó apegado a derecho que la Sala responsable fijara un régimen de convivencias entre él y la menor **********, ello, dice, porque en el juicio natural no quedó probado que él fuera el padre de la infante y porque si ninguna de las partes demandó esa prestación, el tribunal de alzada se pronuncia respecto de una tema que no fue materia de la litis natural.

Se estima de ese modo pues, como ya quedó precisado, este órgano colegiado concedió la protección constitucional formalmente al hoy quejoso, pero materialmente y jurídicamente a la menor **********, para el efecto de que la Sala responsable reiterara las consideraciones, en virtud de las cuales confirmó la sentencia de primer grado que tuvo por acreditada la acción de paternidad que intentó la aquí tercera perjudicada, y solamente se pronunciara respecto de la conveniencia de fijar o no un régimen de convivencias y visitas entre la niña y el aquí quejoso, y en cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable consideró fijar un régimen de convivencias entre la niña y su progenitor, y ello resulta apegado a derecho.

Lo anterior es así, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversas garantías de orden personal y social a favor de los menores, precisamente, en su artículo 4o. dispone que es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, otorgando facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Asimismo, es de señalarse que nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año.

Con base en esa declaración de principios de los niños, la citada convención enuncian, entre otros, el derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; el derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud.

En orden con lo anterior, el sistema jurídico mexicano adopta el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social.

Derivado de la adopción de la referida convención internacional, se publica en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil en nuestro país la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el del "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben corresponder a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención.

Así, esta nueva ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional procuró desarrollar los lineamientos específicos con el fin de atender a la necesidad de establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la acción concurrente de los Municipios, de los Estados y la Federación, para permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que obligara que las garantías y derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención internacional, buscándose en todo momento alcanzar el objetivo fundamental de esa protección, asegurando la oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en optimas condiciones en todos los aspectos de su vida, planteando como principio central el del "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben responder, en forma prioritaria, a ese interés superior del menor, de modo que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención.

Bajo tales lineamientos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagró en su artículo 4 que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social y que para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 7 a su vez estableció como obligación para las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24132-a5381b71/interes-superior-del-menor-su-concepto-interes-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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