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Modo: Corpus Pro

DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 188/2021. · Registro digital (IUS): 30333
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-21
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 2813.

AMPARO EN REVISIÓN 188/2021. 21 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: GUSTAVO JESÚS SALDAÑA CÓRDOVA.

CONSIDERANDO:

1. CUARTO.—Los agravios son fundados suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que se encuentran involucrados derechos de menores de edad, acorde con las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.

2. Tales argumentos invocados en este medio de impugnación consisten, en síntesis, en lo siguiente:

a) El acto reclamado adolece de fundamentación y motivación, y transgrede el debido proceso, ya que se quiere privar a la inconforme de la custodia que ejerce sobre sus menores hijos sin juicio previo, se impide que acceda a los medios de defensa establecidos y se niega el acceso a una impartición de justicia pronta y expedita, pues conforme al artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles local, cualquier reclamación se puede interponer contra cualquier medida adoptada; además, no se otorga garantía de audiencia, al no tenerse por interpuesto el recurso de reclamación.

La autoridad responsable dio curso al depósito de menores y determinó llevar a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, fijando fecha de audiencia para presentar a los niños, sin que existan motivos suficientes dado que ya fueron escuchados en tal diligencia; de ahí que se violenten sus derechos humanos, al no estar fundada y motivada la fijación de la audiencia, no obstante, se debe velar por el interés superior de los niños.

b) Son inaplicables los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado se encuentra dentro del término de quince días, pues la recurrente conoció del mismo hasta que le fue notificado personalmente el once de enero de dos mil veintiuno; de ahí que no encuadre en la hipótesis del artículo 17 en cita, por lo que no se da la respectiva causal de improcedencia.

c) No se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no aplica el principio de definitividad, y se violan los derechos humanos de la parte quejosa tutelados en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución General, sin que sean aplicables los numerales 509, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles local, porque el expediente **********, se trata de un asunto de depósito o guarda de persona, por tanto, es un acto de imposible reparación dentro de la jurisdicción voluntaria.

Además, se encuentran involucrados derechos de menores de edad, por lo que se transgrede lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Carta Magna, en relación con los numerales 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

d) Se refuta el argumento del Juez Federal en el sentido de que no se alega riesgo para los menores, porque en la demanda de amparo se expusieron motivos relativos a que en el expediente ********** las partes celebraron un convenio para dar por terminada esa controversia, en el que se advierte que la guarda y custodia quedó a cargo de la quejosa. No obstante, el tres de enero del año en curso, el padre de los niños pasó por ellos, sin que a la fecha los devolviera, por lo que su retención fue ilegal y afecta la estabilidad de los infantes.

3. Tales planteamientos son fundados y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado en la resolución impugnada, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, al estar involucrados derechos de menores de edad.

4. En relación con la procedencia de la institución de suplencia de la queja, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y rubro son:

"Registro digital: 175053

"Instancia: Primera Sala

"Novena Época

"Materia: civil

"Tesis: 1a./J. 191/2005

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

"Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."

5. Ahora bien, en primer término, conviene precisar que los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto que se analiza son los siguientes:

I. El auto de diez de diciembre de dos mil veinte pronunciado en el expediente **********, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el que fijó el dieciocho de febrero de dos mil veinte (sic), para que comparecieran las partes junto con los menores, con la finalidad de conocer mayores elementos de convicción para dictar la providencia de depósito de personas.

II. El proveído emitido el veintisiete de enero de dos mil veintiuno por el Juez responsable, en el cual determinó reservar hasta el momento procesal oportuno, el recurso de reclamación que interpuso la parte quejosa contra la resolución que decretó el depósito de persona, en virtud de que hasta ese momento, aún no se había dictado determinación que fijara tal depósito.

6. En relación con el primer acto reclamado, la Juez Federal del conocimiento actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues estimó que el lapso de quince días para que la parte quejosa promoviera el juicio de amparo transcurrió del trece de enero al dos de febrero del año en curso, por lo que si la demanda constitucional se presentó el quince de febrero de dos mil veintiuno, resultaba extemporánea su presentación.

7. No obstante, debe levantarse el sobreseimiento respecto de ese acto, pues este Tribunal Colegiado de Circuito advierte en suplencia de la deficiencia de la queja, que el cómputo realizado por parte de la Juez de amparo transgrede los derechos fundamentales de los impetrantes.

8. Así se sostiene, pues de las constancias que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) habilitadas para consulta de este Tribunal Colegiado, se desprende que el auto de diez de diciembre de dos mil veinte se notificó a la parte quejosa el once de enero de dos mil veintiuno, por lo que surtió sus efectos al día siguiente, por tanto, el lapso de quince días para promover su demanda de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, transcurrió del trece de enero al dieciséis de febrero del año en curso.

9. En esas condiciones, si la demanda constitucional se presentó el quince de febrero de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, debe estimarse que se presentó de manera oportuna.

10. Lo anterior, sin tomarse en consideración para efectos del aludido cómputo los siguientes días inhábiles:

11. Días inhábiles para las autoridades del Poder Judicial de la Federación: uno y cinco de febrero del año que transcurre.

12. Sábados y domingos: dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y, treinta y uno de enero, así como seis, siete, trece y catorce de febrero de dos mil veintiuno.

13. Días inhábiles para la autoridad responsable: catorce, quince, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como uno, dos, doce y quince de febrero dado que fueron declarados como días inhábiles para la autoridad responsable según se advierte, respectivamente, de las circulares número 2, 3, 5 y del comunicado de veinte de enero del año en curso, emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.

14. En el entendido de que en el mencionado cómputo se descontaron aquellos días en que se suspendieron las labores de la autoridad responsable, dado que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, ha sostenido que se debe proceder en esos términos, tomándose en consideración que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad, tal como se advierte de la siguiente tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria para este órgano constitucional, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"Registro digital: 2016279

"Instancia: Segunda Sala

"Décima Época

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 9/2018 (10a.)

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

"Libro 51, Tomo I, febrero de 2018, página 673

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez –de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley– requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores."

15. En ese orden de ideas, no se estima conforme a derecho el sobreseimiento decretado respecto del aludido acto reclamado, dado que la demanda de amparo se presentó de manera oportuna de conformidad; de ahí que contrario a lo concluido en el fallo materia de la revisión, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo.

16. Por su parte, debe levantarse el sobreseimiento que se decretó en relación con el segundo acto reclamado, consistente en el auto pronunciado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno por el Juez responsable, en el cual determinó reservar hasta el momento procesal oportuno, el recurso de reclamación que interpuso la parte quejosa contra la resolución que decretó el depósito de persona, en virtud de que hasta ese momento, aún no se había dictado determinación que fijara tal depósito.

17. Así se considera, pues la Juez de Distrito actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al estimar que la parte quejosa debió combatirlo antes de acudir al juicio constitucional a través del recurso de apelación previsto en los artículos 509, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que, a su parecer, se inobservó el principio de definitividad que rige en materia de amparo.

18. Tal postura no la comparte este Tribunal Colegiado de Circuito pues, contrariamente a lo señalado por la Juez de Distrito, la parte impetrante no se encontraba obligada a agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 509, 516 y 517 del Código Civil para el Estado de Veracruz de manera previa a instaurar el juicio de amparo indirecto, en virtud de que el acto reclamado se emitió en el acto prejudicial **********, por ende, constituye un acto fuera de juicio.

19. Pero sobre todo, porque el recurso de reclamación se interpuso en contra del depósito que de facto otorgó la autoridad responsable al progenitor que promovió en ese acto prejudicial, pues si bien es cierto que no emitió una resolución donde jurídicamente declarara procedente el depósito, ya que estimó necesaria la práctica de diligencias para proveer sobre ello, lo cierto es que materialmente y de hecho el depósito de persona quedó en el padre, quien solicitó esa medida urgente como acto previo a instaurar un juicio contra la madre; de ahí que al tratarse de un depósito de hecho, emitido en esos actos prejudiciales, proceda en su contra el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y no la apelación como lo estimó la Juez de Distrito.

20. Así, los inconformes no tenían que agotar ningún medio ordinario de defensa de manera previa a instaurar el juicio constitucional, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que no se inobservó el principio de definitividad que prevalece en materia de amparo.

21. Así, ante lo fundado de los agravios, y dado que en el recurso de revisión no existe la figura de reenvío, este tribunal constitucional analizará el acto reclamado, conforme a su competencia originaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.

Por tanto, este Tribunal Colegiado de Circuito procede a analizar los conceptos de violación, cuyo estudio no abordó la Juez Federal dadas las razones en que se apoyó para sobreseer en el amparo.

22. QUINTO.—Los conceptos de violación son fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 76, fracción II, de la Ley de Amparo, al estar involucrados derechos de menores, acorde a las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.

23. Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:

a) La responsable dio curso al depósito de menores solicitado, llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y fijó una audiencia para el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que se presentara a los niños involucrados, no obstante se transgreden sus derechos humanos dado que ordenó presentarlos ante el juzgado sin motivos suficientes pese a que ya fueron escuchados en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y, además, soslayó decretar el respectivo depósito.

b) Se soslayaron las prerrogativas de la Constitución General al no tenerse por interpuesto el recurso de reclamación contra el acto prejudicial de depósito y guarda de menores, aun cuando la quejosa tiene establecida la guarda y custodia, aunado a que adolece de motivación y fundamentación, porque en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se le negó la garantía de audiencia al impedirse que accediera a los medios de defensa establecidos en ley, por tanto, se limitó el acceso a la impartición de justicia.

24. Son fundados los conceptos de violación sintetizados bajo el inciso a), suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 76, fracción II, de la Ley de Amparo, al estar involucrados derechos de menores.

25. Consecuentemente, se procede al análisis del acto reclamado consistente en el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, pronunciado en el expediente **********, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el que fijó el dieciocho de febrero de dos mil veinte (sic), para que comparecieran las partes junto con los menores, con la finalidad de conocer mayores elementos de convicción para dictar la providencia de depósito de personas.

26. En principio, se estima pertinente dejar establecido que la solicitud de depósito y guarda de menores formulada por el progenitor en el mencionado expediente **********, se instauró como acto prejudicial y así se le dio trámite.

27. Ahora bien, en relación con la solicitud de depósito, el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece lo siguiente:

"Artículo 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El Juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo.

"Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el Juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida."

28. De acuerdo con el numeral anterior, debe entenderse que el legislador veracruzano previó la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial.

29. Por ello, bajo su más estricta responsabilidad, deberá cerciorarse de que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona.

30. En relación con lo anterior, este tribunal de amparo ha sostenido que para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida.

31. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de este tribunal constitucional, que se ve reflejado en la tesis siguiente:

"Registro digital: 2001891

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Décima Época

"Materia: civil

"Tesis: VII.2o.C.9 C (10a.)

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

"Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2465

"Tipo de tesis: aislada

"DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior."

32. Asimismo, conforme al señalado precepto debe entenderse que si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el Juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida.

33. De ahí que el depósito sea una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, debiéndolo concatenar con lo que motivó la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar el peligro en que pueden estar las personas a depositar y los elementos objetivos que tenga en ese momento.

34. El depósito de menores sólo debe decretarse si el juzgador está plenamente convencido, con base en pruebas objetivas, de que la separación es en beneficio de los menores, es decir, que atiende al interés superior del menor, lo que se traduce en que debe cerciorarse de la necesidad y urgencia de la medida.

35. Así, cuando se solicita el depósito de un menor de edad, debe resolverse si procede o no decretarlo, dada la urgencia en la necesidad de la medida.

36. En relación con el depósito solicitado como acto prejudicial, es ilustrativa la tesis aislada pronunciada por este tribunal de amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"Registro digital: 2014043

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Décima Época

"Materia: civil

"Tesis: VII.2o.C.119 C (10a.)

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

"Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2658

"Tipo de tesis: aislada

" De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar, las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento."

37. En el caso, de las constancias electrónicas habilitadas para consulta de este tribunal federal, que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que mediante escrito recibido ante la autoridad responsable el veinte de noviembre de dos mil veinte, el progenitor, ahora tercero interesado, promovió diligencias de depósito o guarda de personas como acto prejudicial, en representación de sus dos menores hijos.

38. En ese escrito, sostuvo medularmente que tenía conocimiento de que la madre descuida a sus menores hijos y que le preocupa la integridad de los niños, pues teme que la pareja de su contraparte los maltrate física y verbalmente, aunado a que se le estaba negando la convivencia al progenitor. A su vez, señaló como domicilio para que se llevara el depósito, el ubicado en **********.

39. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se radicó ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar en Córdoba, Veracruz, como acto prejudicial de depósito y guarda de menores el expediente **********, como medida precautoria se ordenó que se llevara a cabo a la brevedad la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida.

40. El siete de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida en el domicilio señalado por el progenitor ubicado en **********. El tercero interesado atendió ese llamado señalando, entre otras cosas, que la pareja de la actora ejercía actos de violencia sobre sus hijos dado que éstos así se lo habían dicho, en tanto que la pareja es alcohólica, por lo que sus hijos ya no deseaban vivir con su madre.

41. En esa actuación, entre otras cosas, el menor que en ese entonces dijo tener diez años de edad, refirió que su papá es bueno y la madre no tanto, dado que es muy grosera y que esta última tiene una pareja que cuando toma cambia y le pega, por lo que prefiere vivir con su progenitor. Por su parte, la niña señaló tener seis años de edad y expuso manifestaciones en términos similares a los de su hermano.

42. El diez de diciembre de dos mil veinte, el Juez de instancia expuso que de acuerdo a las manifestaciones del progenitor y de los menores, y dado que se advertía que los niños se encontraban con el padre, para resolver el depósito de los infantes era necesario que fuera escuchada la mamá y, con la finalidad de obtener más elementos de convicción, así resolverse el fondo del depósito, por lo que en términos del artículo 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz fijó audiencia para el dieciocho de febrero siguiente.

43. Tal determinación constituye el acto reclamado.

44. Es importante hacer notar que derivado de los términos en que se emitió dicho acto reclamado, resulta evidente que la autoridad responsable implícitamente decretó el depósito solicitado dado que los infantes quedaron bajo la custodia del progenitor mientras la autoridad responsable fijó una audiencia para que se escuchara a la parte quejosa y, con la finalidad de obtener más elementos de convicción.

45. Bajo ese contexto, este tribunal de amparo advierte que dicho acto reclamado transgredió los derechos humanos de la parte impetrante, dado que el Juez natural omitió advertir personalmente y con datos objetivos, la urgencia como el peligro en la demora que justificara la necesidad de la medida y decretar, en su caso, como era idóneo, en beneficio de los menores de edad, de inmediato el depósito.

46. En efecto, no pasa inadvertido a este tribunal constitucional que el personal actuante no pudo verificar el riesgo alegado, porque el lugar en el que se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, fue distinto a aquel donde se suponía existía el riesgo hacia los menores.

47. Así se considera, toda vez que el personal actuante del juzgado responsable se constituyó en el domicilio señalado por el solicitante de la medida, ubicado en **********, el cual según se desprende del convenio que celebraron las partes el doce de agosto de dos mil veinte, fue señalado como domicilio del ahora tercero interesado.

48. En ese orden de ideas, resulta evidente que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, tomando en cuenta que el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz,(1) prevé que cuando se solicite el depósito o guarda de personas el juzgador acompañado del secretario, debe trasladarse de inmediato al lugar de los hechos.

49. Esto es, aquel lugar donde se desarrolla la vida familiar de la persona objeto del depósito, cerciorarse de que necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona y decretar o no en ese momento el depósito con la urgencia que lo amerita.

50. La autoridad responsable no sólo omitió trasladarse al lugar de los hechos, sino que soslayó decretar el depósito con la urgencia que tal medida ameritaba, precisamente, a efecto de proteger y salvaguardar su interés superior.

51. Lo anterior es así, dado que el depósito de persona fue solicitado mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil veinte, tal petición se radicó bajo el expediente ********** el veintisiete siguiente, la diligencia de cercioramiento de necesidad de la medida se llevó a cabo el siete de diciembre de ese año, mientras que el acto reclamado se emitió hasta el diez de diciembre posterior.

52. Bajo esa óptica, resulta inconcuso que la autoridad responsable omitió advertir personalmente y con datos objetivos, tanto la urgencia como el peligro en la demora que justificara la necesidad de la medida y decretar, en su caso, como era idóneo, en beneficio de los menores de edad, de inmediato el depósito que fue solicitado.

53. Ello es así, pues se trata de una medida urgente dado el riesgo, de tal suerte que la autoridad debió resolver de manera inmediata al llevarse a cabo la diligencia de cercioramiento de necesidad de la medida, de lo contrario, no se cumple con la finalidad del depósito.

54. En esa línea argumentativa, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que la autoridad responsable proceda en los siguiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30333-a8ebf7cc/deposito-o-guarda-de-personas-como-acto-prejudicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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