DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. EL JUEZ DEBERÁ DARLO POR TERMINADO UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA O ACUSACIÓN RESPECTIVA, Y SIN MAYOR MOTIVACIÓN QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS NORMATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SI ADVIERTE QUE SE AFECTA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materia civil y familiar, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. a) Con fecha quince de julio de dos mil nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito pronunció sentencia en el recurso de revisión 158/2009 de su índice, en la que confirmó la sentencia recurrida, en la cual el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado por la parte quejosa.
En el amparo indirecto el acto reclamado consistió en la falta de emplazamiento en los autos del juicio especial hipotecario 885/05 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz.
El Tribunal Colegiado consideró ineficaces los agravios que controvirtieron la legalidad de la diligencia de emplazamiento que realizó la secretaria del Juzgado Municipal de Fortín, Veracruz, a las demandadas *********** y ***********, puesto que después de realizar un análisis de las constancias del sumario concluyó que la diligencia de emplazamiento relativa al reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria base de la acción en el juicio natural, cumplió con las formalidades que disponen las leyes procesales.
Lo anterior, porque en términos de lo dispuesto en los artículos 75, 76, 81 y 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al señalar el actor un domicilio en donde se debe llevar a cabo el emplazamiento al demandado, el funcionario judicial encargado de realizar la diligencia tiene la ineludible obligación de constituirse exactamente en el lugar indicado y, previo cercioramiento de que se encuentra en éste y que el interesado vive en el mismo, debe realizar la notificación de mérito, todo lo cual tiene que asentar y circunstanciar debidamente en el acta que levante para tal efecto, a fin de dar certeza plena de que efectivamente se constituyó en el domicilio correcto, que en éste buscó a la persona con quien debía entenderla, la cual ahí vive y que, al no encontrarla, se vio en la necesidad de entender el emplazamiento con una diversa persona que ahí se encontraba; formalidades de la notificación aludida que consideró indispensable atender por parte del notificador.
b) Por otra parte, el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con fechas trece de diciembre de dos mil siete, trece de enero de dos mil diez y veinticuatro de junio de dos mil nueve, respectivamente, pronunció sentencias en las revisiones números 478/2007, 410/2009 y 153/2009, por lo que, a fin de evitar repeticiones innecesarias, únicamente se transcribirá el criterio sustentado en esta última.
El citado órgano colegiado, al resolver el recurso de revisión 153/2009 el veinticuatro de junio de dos mil nueve, conoció del caso siguiente: también ante la justicia local del Estado de Veracruz y con base en los artículos 158 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, el ahora quejoso promovió diligencias de jurisdicción voluntaria respecto del depósito de su hija de cuatro años de edad, en razón de que presentaría demanda de divorcio en contra de su esposa y madre de la menor, con quien ésta vivía, por lo que solicitó que el depósito se decretara a favor de la abuela paterna.
El Juez que conoció de la promoción la admitió a trámite y, en su oportunidad, decretó el depósito de la niña en los términos solicitados, bajo el apercibimiento de que la medida sería levantada y las cosas se devolverían a su estadio anterior si no acreditaba la presentación de denuncia, querella o demanda contra la madre en el término de diez días a que se refiere el artículo 163 del código adjetivo civil del Estado de Veracruz.
Ante la falta de cumplimiento de la carga impuesta, el Juez ordenó levantar el depósito, con base en los artículos 163, 165 y 167 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en la medida de que habían transcurrido más de diez días hábiles desde la fecha del depósito, sin que el peticionario hubiera acreditado haber presentado demanda o acusación en contra de la esposa y madre, ni escrito mediante el cual justificara por qué no había podido formular querellas. Así, el Juez levantó el depósito y ordenó que las cosas se restituyeran al estado en que se encontraban antes de que se hubiera decretado la medida, lo que implicaba que la menor fuera restituida a la madre.
En su motivación, el Juez natural consideró, además, que conforme al artículo 156, fracción IV, del Código Civil para el Estado de Veracruz, los niños menores de siete años debían quedar al amparo de la madre.
Esta resolución quedó firme y, en su contra, el padre promovió juicio de amparo indirecto.
El Juez de Distrito concedió el amparo, sobre las bases de que debía hacerse una motivación reforzada para levantar el depósito sin que sólo bastara que se actualizara el supuesto normativo del artículo 163 de la ley procesal civil veracruzana, sino que debía estarse al interés superior del niño, en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En contra de esta determinación, la tercero perjudicada (madre de la menor y esposa del quejoso) interpuso revisión.
El referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que conoció del recurso, lo estimó fundado y revocó la sentencia del Juez de Distrito.
El tribunal consideró que la obligación de levantar el depósito, contenida en el artículo 163 se actualizaba sin necesidad de razonamiento reforzado alguno, con la sola concurrencia del transcurso de los diez días y la falta de acreditamiento de haber presentado la denuncia o demanda contra el cónyuge precisamente en ese lapso; además, sostuvo que en el caso concreto, el Juez responsable sí había motivado la tutela del interés superior del niño, al invocar el precepto que dispone que los niños menores de siete años, preferentemente, deben quedar al cuidado de su madre, lo cual realizó de la siguiente forma:
"SEXTO. Son esencialmente fundados los agravios expuestos por la recurrente y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
"En efecto, asiste razón a la agraviada en cuanto afirma que la sentencia que se revisa es violatoria de los artículos 77 y 80 de la Ley de Amparo, al no haberse emitido conforme a una debida valoración de las pruebas que obran en el juicio de amparo indirecto, toda vez que con el actuar del Juez Federal, se infringió el precepto 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual señala que dentro de los diez días siguientes deberá acreditarse en las diligencias haber presentado demanda o acusación en contra del otro cónyuge, prevención que no se cumplió por los quejosos, y por ello, lo determinado por el Juez responsable se encuentra ajustado a derecho; que en esa condiciones, era innecesario que se realizara por parte de éste una motivación exhaustiva para la revocación de la medida cautelar dejada sin efecto, máxime que para la aplicación de la norma secundaria basta que no se dé la hipótesis que contempla, por ello no se necesitaba un análisis adicional de las causas y razones que provocaron el depósito, porque si bien los promoventes del amparo argumentaron una serie de hechos para obtenerlo, en términos del dispositivo acotado, debieron regir su proceder de acuerdo al procedimiento establecido para darle al gobernado certeza y seguridad jurídica, conforme a la tesis de rubro: ‘DEPÓSITO DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL, VIGENCIA DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’
"En principio, es conveniente reseñar por su importancia, las constancias que obran en el juicio constitucional, siendo éstas las siguientes:
"a) Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil ocho, ***********, promovió diligencias de depósito judicial respecto de su menor hija ***********, a favor de su progenitora *********** (fojas 55 a 57).
"b) En veintisiete de agosto de dos mil ocho, admitió dichas diligencias y ordenó se llevara a cabo el cercioramiento de la necesidad de la medida, en términos del artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con ello estar en condiciones de decretar o no, el depósito solicitado (foja 60).
"c) Por resolución de ocho de septiembre de dos mil ocho, el Juez responsable determinó decretar el depósito de *********** en el domicilio de su abuela ***********, al resultar procedente la medida solicitada, con la condición a que se refiere el numeral 163 del código adjetivo civil, para que ***********, justificara en actuaciones haber presentado la demanda, acusación o querella respectiva en contra de la señora ***********, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así dentro de dicho término se ordenará levantar dicha medida provisional, volviéndose las cosas al estado anterior que guardaban (fojas 67 y 69).
"d) El tres de octubre de dos mil ocho, la secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia certificó que después de revisar el libro cronológico que se lleva en ese juzgado, no encontró escrito alguno por el actor de la medida cautelar mediante el cual haya promovido juicio civil alguno dentro del término concedido, conforme al artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles (foja 75).
"e) Con motivo de esa certificación, se emitió el proveído de ocho de octubre de dos mil ocho, en el que se dejó sin efecto alguno el depósito judicial decretado a favor de ***********, como depositaria judicial de ***********, ordenándose la notificación del levantamiento de la medida.
"f) Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso reclamación contra el acuerdo de ocho de octubre de dos mil ocho, por el cual se dejó sin efecto el depósito de la menor de que se trata (fojas 83 a 88).
"g) El veintisiete de octubre de dos mil ocho, se admitió la reclamación interpuesta contra el levantamiento del depósito judicial de ***********, dándose vista a la parte contraria, por el término de tres días, vista que se tuvo por desahogada el catorce de noviembre de dos mil ocho, turnándose los autos para resolución (fojas 78 y 109).
"h) Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, resolvió la reclamación planteada, declarándose improcedente, misma que constituye el acto reclamado, y que en lo que interesa dice: ... sin embargo, acuden el promovente y depositaria judicial señores *********** y ***********, en su escrito presentado el trece del mismo mes de octubre interponiendo su reclamación en contra del auto del ocho de este mismo mes, fundando su reclamación en lo previsto por los artículos 162, 163 y 168 del Código de Procedimientos Civiles, solicitando la revocación de determinación del levantamiento del depósito y como consecuencia de ello el decretamiento de la existencia de ese acto judicial a favor de la reclamante ***********, argumentando en sus hechos, que el diecinueve de septiembre del presente año fue presentada la demanda principal de alimentos, custodia provisional y definitiva, así como el divorcio necesario ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Primera Instancia local, hecho que efectivamente acreditó con la copia certificada del expediente 1972/2008/1, sin embargo, se considera que si bien fue acreditada tal circunstancia de la presentación de demanda ante un juzgado diverso a éste, también lo es que era obligación del promovente acreditar en esta pieza de autos la radicación de esa acción principal, dentro del término de los diez días tal y como así se le previno, dando cumplimiento con lo que establece el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles; al no haberlo hecho así, es claro que se incumplió con dicho precepto legal y sobre todo con la prevención contenida en la resolución de ocho de septiembre del año en curso, aunado a todo esto, la depositada en autos cuenta a la fecha con cuatro años cumplidos y que por su corta edad debe permanecer al lado de su señora madre, como así lo establece el artículo 156, fracción VI, del Código Civil, que refiere que los niños menores de siete años deben permanecer preferentemente con su señora madre, salvo prueba en contrario, consecuentemente, tenemos que la reclamación planteada es improcedente y por ello se levanta el depósito decretado por resolución de ocho de septiembre del año dos mil ocho, confirmando así el auto reclamado del ocho de octubre próximo anterior, debiendo estarse las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes del depósito de que se trata, esto sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la custodia de la menor, considerándose hasta este momento su interés superior, tal y como lo refiere el artículo 345 del Código Civil, así también atendiendo a lo establecido por los artículos 158, 161 y 162 del Código de Procedimientos Civiles, que entre otros menciona, que cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere el capítulo de depósito o guarda de personas como acto prejudicial, se resolverá con un solo escrito sin ulterior recurso, siendo que en el caso concreto se ha escuchado a las partes por igual, de acuerdo a su reclamación y contestación a la misma; consecuentemente, se deja sin efecto el nombramiento de depositaria judicial decretado en la persona de la reclamante *********** (fojas 118 y 119).
"Por su parte, el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dice: En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge al otro, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda o acusación. La declaratoria respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges y al depositario. De dicho precepto se advierte, que si se deja de presentar la demanda dentro del término allí estipulado, la medida cautelar quedará sin efectos, lo que ocurrió en la especie, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito estima, opuesto a lo considerado por el Juez Federal, que en el caso debió negarse el amparo solicitado por los quejosos, toda vez que con independencia de que haya o no presentado la demanda en contra de su cónyuge ***********, dentro del término contemplado en el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo cierto es que dejó de hacérselo saber al Juez del conocimiento dentro de ese término, tan es así, que con fecha tres de octubre de dos mil ocho, la secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, certificó que no se encontró escrito alguno de ***********, mediante el cual promoviera juicio alguno en el término de ley a que se refiere la citada norma, lo que trajo como consecuencia, precisamente que se haya dejado sin efecto el depósito judicial decretado a favor de ***********. Luego entonces, si quedó demostrado en autos que no se dio cumplimiento a la norma procesal en comento, que fue precisamente el fundamento de la resolución que decretó el depósito a favor de la nombrada ***********, con la prevención al promovente ***********, para que en el aludido término, justificara en las actuaciones del expediente 1788/2008, haber presentado la demanda o acusación respectiva en contra de su cónyuge, lo que como ya se dijo, no ocurrió en la especie, por tanto, es evidente que a nada práctico se llegaría con la concesión del amparo decretado por el Juez de Distrito, porque a fin de cuentas se llevó a cabo por el juzgador natural el levantamiento de la medida y la restitución de las cosas a su estado anterior, con motivo del incumplimiento por parte de los ahora quejosos en acreditar la presentación de la demanda o acusación dentro del término legal contenido en el dispositivo 163 transcrito líneas atrás.
"No obsta al sentido de este fallo, lo considerado por el Juez a quo en cuanto a que el Juez responsable dejó de motivar adecuadamente por qué *********** debe estar con su progenitora, siendo que en las diligencias de depósito promovidas por los peticionarios del amparo, consistieron en que ***********, sostiene una relación con un hombre casado, además de que se encuentra embarazada de esa persona, además, de que tampoco motivó dicha autoridad, por qué no afectaría a la menor de edad el hecho de que su progenitora mantenga una relación con un hombre casado y que se encuentra embarazada de él; toda vez que, por un lado, se considera que aun motivando en forma exhaustiva el Juez del conocimiento la resolución por los motivos que se le dijeron en la sentencia amparadora, lo cierto es que en nada se variaría el sentido del acto reclamado y, por otro, el Juez responsable, en el mismo, tomó en cuenta el interés superior de la menor de edad, tan es así, que sobre el particular sostuvo que al no haberlo hecho así, es claro que se incumplió con dicho precepto legal y sobre todo con la prevención contenida en la resolución de ocho de septiembre del año en curso, aunado a todo esto, la depositada en autos cuenta a la fecha con cuatro años cumplidos y que por su corta edad debe permanecer al lado de su señora madre, como así lo establece el artículo 156, fracción VI, del Código Civil, que refiere que los niños menores de siete años deben permanecer preferentemente con su señora madre, salvo prueba en contrario, consecuentemente, tenemos que la reclamación planteada es improcedente y, por ello, se levanta el depósito decretado por resolución de ocho de septiembre del año dos mil ocho, confirmando así el auto reclamado del ocho de octubre próximo anterior, debiendo estarse las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes del depósito de que se trata, esto sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la custodia de la menor, considerándose hasta este momento su interés superior, tal y como lo refiere el artículo 345 del Código Civil, así también atendiendo lo establecido por los artículos 158, 161 y 162 del Código de Procedimientos Civiles, que entre otros menciona, que cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere el capítulo de depósito o guarda de personas como acto prejudicial, se resolverá con un solo escrito sin ulterior recurso, siendo que en el caso concreto se ha escuchado a las partes por igual, de acuerdo a su reclamación y contestación a la misma; motivando de esa manera por qué su menor hija debe estar al lado de su progenitora."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 528/2008 el veintiséis de febrero de dos mil nueve, se enfrentó a la siguiente problemática: ante la justicia local del Estado de Veracruz y con base en el artículo 158 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, un sujeto promovió diligencias de jurisdicción voluntaria respecto del depósito de su menor hija, en razón de que promovería demanda de divorcio en contra de su esposa y madre de la menor.
El Juez natural admitió a trámite la promoción y, en su oportunidad, decreto el depósito de la niña a favor del propio promovente.
Sin embargo, con posterioridad, el Juez ordenó levantar el depósito, con base en los artículos 163, 165 y 167 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en virtud de que habían transcurrido más de diez días hábiles desde la fecha del depósito, sin que el peticionario hubiera acreditado haber presentado demanda o acusación en contra de la esposa y madre, ni escrito mediante el cual justificara por qué no había podido formular aquéllas. Así, el Juez levantó el depósito y ordenó que las cosas se restituyeran al estado en que se encontraban antes de que hubiera decretado la medida.
En contra de esta determinación, el peticionario del depósito promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue resuelto en sentido adverso a sus intereses.
Las razones que adujo el Juez Federal para desestimar el amparo consistieron en que: 1) no existía constancia de que se hubiera presentado la denuncia o acusación, ni escrito que justificara el porqué ello no se había hecho dentro del término de diez días hábiles a que se refiere el artículo 163 de la ley procesal civil de Veracruz; 2) que la única constancia que existía era sobre la instauración de un juicio de divorcio necesario y de guarda y custodia de la menor, iniciado por el quejoso en contra de la esposa y madre, pero muy posterior a la fecha en que transcurrieron los diez días hábiles; y, 3) que el levantamiento del depósito no tenía como propósito coartar la convivencia entre la menor y el quejoso, ni el derecho de éste para velar por la satisfacción conjunta de las necesidades afectivas y materiales de su hija, sino sólo el de restituir las cosas al estado en que se encontraban.
Inconforme, el quejoso interpuso revisión. En sus agravios, planteó que la orden de restituir las cosas al estado en que se encontraban, tal cual fue emitida por el Juez responsable, era en el sentido de entregar la niña al tercero perjudicado, siendo que desde antes del depósito la menor ya vivía con él.
Correspondió conocer del recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; en su sentencia, concedió el amparo en suplencia de la queja.
Su argumento consistió en que si bien el artículo 168 mencionado establecía como consecuencia de no promover juicio o presentar acusación dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del depósito, que el Juez lo levantase y ordenara reponer las cosas al estado que guardaban, no menos cierto es que en el caso concreto también cobraban aplicación los artículos 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 157 del Código Civil para la misma entidad federativa, conforme a los cuales, al tomar cualquier decisión que pudiera afectar los derechos de los niños, debía atenderse a su interés superior; que era obligación de los Jueces suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores en las controversias del orden familiar, y que, en tratándose de la guarda y custodia de los hijos, el Juez estaba facultado para allegarse de los medios necesarios para salvaguardar los intereses de éstos y para escuchar a los padres y a sus hijos para resolver en beneficio del interés superior del niño.
En ese orden, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que en el caso concreto no podía levantarse el depósito, aun cuando hubieran transcurrido los diez días hábiles desde su otorgamiento, y ordenar que las cosas volvieran al estado anterior, por la sola omisión de acreditar la formulación de la demanda o la presentación de la denuncia en ese lapso, sino que previamente debía hacerse un razonamiento adicional para establecer si con dicha determinación se afectaba o no el interés superior de la menor.
Las consideraciones que el Tribunal Colegiado sustentó son las siguientes:
"TERCERO. Son fundados los agravios, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo.
"En efecto, toda vez que el acto reclamado involucra pronunciamiento sobre derechos de una menor de edad, respecto de quienes el Alto Tribunal de la Nación ha establecido en jurisprudencia que opera el beneficio aludido, la cual se identifica con el número 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala, emanada de la contradicción de tesis 106/2004-PS, consultable en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro número 175053 en el IUS), de la voz y contenido: ‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.’; y tomando en cuenta como fundamento jurídico positivo, que la Convención sobre los Derechos del Niño, de veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en su parte 1, artículo 3, inciso 1, establece: ‘En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; si bien es cierto que el artículo 163 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado, estipula que en el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge al otro, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda o acusación, también lo es que en términos de la referida Convención sobre los Derechos del Niño, hay que atender al interés superior del niño, por lo que si de autos se desprende que el depósito obedeció a un hecho que afectaba al menor, hay que constatar que ello no vaya a volver a suscitarse por virtud del levantamiento de éste, pues con independencia de que se haya o no interpuesto una demanda o denuncia, ello no trae como resultado que no se deba atender al interés superior de los menores, y no se deban fijar las condiciones en que éste se vea protegido; es el caso, que para este Tribunal Colegiado el acto reclamado no fue debidamente apreciado; pues, el juzgador natural, para resolver como lo hizo, se apoyó en el artículo 210 del código procesal civil de la entidad, que refiere a la presentación de la demanda, dentro del cual destaca en su parte final, la referencia a la materia de derecho familiar, ordenando a los Jueces suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores; invocando también el diverso numeral 157 del Código Civil para el Estado de Veracruz, donde, en lo que interesa, se hace alusión a la custodia y cuidado de los hijos, facultando al juzgador para allegarse de oficio, los elementos necesarios, debiendo escuchar a los progenitores y a los menores, para evitar conductas en su perjuicio, debiendo considerar siempre el interés superior de éstos; concluyendo que, al no haberse ejercitado la acción correspondiente dentro del término de diez días a que alude el numeral 163 del código procesal en cita, levantaba el depósito ordenado, restituyendo las cosas al estado que guardaban con anterioridad, determinando que la menor fuera entregada a su progenitora; sin embargo, esta conclusión, en sí, carece de apoyo demostrativo para determinarlo ipso iure, pues la responsable inadvirtió el espíritu de los preceptos antes referidos para resolver de la manera más adecuada a los intereses de la menor en conflicto.
"La anterior conclusión, porque aun cuando por mandato legal se establece la obligación de levantar la medida; sus efectos deben determinarse po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23298-455b182a/deposito-o-guarda-de-personas-como-acto-prejudicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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