DEPOSITARIO DEL MENOR DE EDAD. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA EL DEPÓSITO Y ORDENA SU RESTITUCIÓN, SALVO QUE SE AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES DEL DEPOSITARIO, POR LO QUE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE TRAMITARSE A FAVOR DEL MENOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN Y CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO. SECRETARIO: BERNARDO HERNÁNDEZ OCHOA.
Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, correspondiente al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.
Visto para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis número 6/2019; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Pleno Especializado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, el trece de noviembre de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al resolver el amparo en revisión 115/2019, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado, de igual Materia y Circuito, al resolver el amparo en revisión 306/2012, que dio origen a la tesis aislada VII.2o.C.35 C (10a.),(1) del contenido siguiente:
"DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO QUE LO EJERCE POR RESOLUCIÓN JUDICIAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EN AMPARO LAS DETERMINACIONES QUE AFECTEN LOS DERECHOS DEL MENOR BAJO SU CUSTODIA. Si en las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están involucrados derechos de menores, esencialmente su habitación, convivencia, protección y cuidado, es inconcuso que la depositaria judicial que ejerce el depósito en virtud de una resolución judicial cautelar, tiene legitimación para promover el amparo, para impugnar las determinaciones que afecten los derechos del menor que tiene bajo su custodia. Razón por la cual debe admitirse la demanda para que con ello se realice un escrutinio estricto de los conceptos de violación, a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor, e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial, en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, cuidando en todo momento que el depositario no introduzca temas ajenos al interés superior del menor; derivado de lo anterior, este tribunal se aparta del criterio sustentado en la tesis de rubro: ‘DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ENTREGA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre 2012, página 2465 (número de registro IUS 2001890)."
SEGUNDO.—Registro del expediente, admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad de Xalapa, estableció cuál era el posible punto de contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes; hecho lo cual, ordenó, entre otros puntos, formar el expediente de contradicción de tesis respectivo, registrándolo con el número 6/2019; admitirlo a trámite; la integración del expediente electrónico respectivo; se solicitara al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito la información electrónica que contuviera la sentencia dictada en el amparo en revisión 306/2012, así como el disco compacto con el archivo digital de esa resolución.
Por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el mencionado Magistrado presidente tuvo por recibido el oficio 138-T de la secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, mediante el cual remitió la copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 306/2012, así como el archivo electrónico de tal documento, e informó que el criterio ahí sustentado se encontraba vigente.
TERCERO.—Inexistencia de contradicción de tesis similar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diverso acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/529/12/2019 del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigido a la Secretaría de Acuerdos de este Pleno, mediante el cual remitió copia del oficio SGA/GVP/921/2019 que le fue enviado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en ese Máximo Tribunal relacionada con el tema a dilucidar en este asunto, en su caso.
CUARTO.—Turno para resolver. En el mencionado auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente de este Pleno Especializado en Materia Civil del Séptimo Circuito tuvo por integrado el asunto y, entre otras cosas, lo turnó al Magistrado José Luis Vázquez Camacho, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que formulara el proyecto de sentencia correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los preceptos 1, 3, 4 y 9 del Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Séptimo Circuito, sobre un tópico que, por su naturaleza, corresponde a la materia civil.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
De conformidad con el anterior dispositivo legal, las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226 de la Ley de Amparo, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o alguno de sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
Luego, si en el caso la denuncia de contradicción la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es dable concluir que tienen legitimación para denunciarla.
TERCERO.—Requisitos para determinar la existencia de una contradicción. Corresponde ahora determinar cuáles son los requisitos necesarios para estimar si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
En ese sentido, cabe decir que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada, para lo que al caso interesa, a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "criterios discrepantes", entendiéndose por "criterio", las argumentaciones lógico-jurídicas adoptadas por el juzgador para justificar su decisión en una controversia.
Ahora bien, el concepto "discrepante" ha de entenderse en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, es decir, que uno se oponga a otro en los aspectos argumentativos, sino que es suficiente que difieran en el argumento adoptado en la solución de un mismo problema jurídico; y la finalidad de las contradicciones de tesis es que, una vez determinado que sí existen criterios discrepantes, se emita la jurisprudencia respectiva que, en el orden jurisdiccional, dé seguridad jurídica sobre el punto materia de la contradicción.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 23/2010(2) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Con base en lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia que más adelante se señala, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejecutar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese.
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
La jurisprudencia a que se alude es la identificada con el número 1a./J. 22/2010,(3) sustentada por la mencionada Primera Sala, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
CUARTO.—Criterios contendientes. Al tenor de las anteriores directrices, se procede al análisis de las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se estiman opositores, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual es menester tener presentes los siguientes antecedentes y consideraciones esenciales que las sustentan.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; que conoció del amparo en revisión 115/2019, en lo conducente señaló:
A) El Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, emitió sentencia el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por ********** y **********, el primero por propio derecho y la segunda en su carácter de depositaria de las menores de identidad reservada, en el sentido de negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados al titular y actuarios del Juzgado ********** de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, consistentes en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente **********, en la que se revocó el depósito decretado, se ordenó restituir a las menores con su abuela materna y se estableció un régimen de convivencia con el abuelo no custodio, y su ejecución.
B) Inconforme con la anterior determinación, los quejosos ********** y **********, el primero por propio derecho y la segunda en su carácter de depositaria de las menores de identidad reservada, interpusieron recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el que se admitió a trámite y radicó bajo el número **********.
C) Mediante sentencia emitida en sesión de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve el indicado Tribunal Colegiado modificó la sentencia recurrida, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y en otra negó la protección federal solicitada; esgrimiendo, para lo que al caso interesa, los argumentos que enseguida se sintetizan:
a) Que respecto de la quejosa, en su carácter de depositaria de las menores de edad involucradas, se advertía de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al carecer de interés jurídico para acudir al juicio constitucional biinstancial.
b) Que de acuerdo con dichos preceptos, la vía de amparo está reservada sólo para quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad; de modo que la noción de perjuicio para que proceda el juicio constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión; siendo esto lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia de la vía de amparo; es decir, que para efectos de que ésta proceda, es requisito indispensable que el acto reclamado lesione de manera real y directa la esfera jurídica de la parte quejosa.
c) Que la demanda de amparo fue promovida por **********, por propio derecho y **********, en su carácter de depositaria de las menores, en contra de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente **********, en la que el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz revocó el depósito decretado, por no acreditarse la necesidad y urgencia de la medida, ordenó restituir a las menores con su abuela materna y se estableció un régimen de convivencias con el abuelo no custodio.
d) Que en tal sentido, el acto reclamado no afectaba la esfera jurídica de la depositaria, quien únicamente es una auxiliar del procedimiento y sólo funge con tal carácter en el juicio; por tanto, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución que ordena la entrega de las menores, pues en lo personal, ese acto no puede afectarle, en tanto que la libera del depósito y cuidado que le fue encomendado por el Juez civil responsable y, por ende, si la resolución impugnada no perjudica a la depositaria; habida cuenta que la mencionada quejosa no tiene la representación de las menores de edad, sino sólo el carácter de depositaria de éstas.
e) Que por ello, la mencionada quejosa carecía de interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto, ya que la revocación del depósito de las menores y su entrega material a su abuela materna, de ninguna manera le provocaba, en lo individual, un perjuicio real y directo en su esfera de derechos; y al ser así, resultaba patente la actualización de la causa de improcedencia indicada; lo que condujo a modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto.
f) Que los argumentos de la quejosa, al desahogar la vista en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, eran ineficaces, porque en ellos expresó que sí tenía interés jurídico para defender los intereses de las menores de edad bajo su cuidado, que se dilucidaban cuestiones respecto a la habitación, cuidado y protección de las menores, específicamente la entrega y cambio de su habitación, lo que implicaba un perjuicio del núcleo y/o ambiente familiar en el que se han desarrollado, y al aceptar el cargo de depositaria, se hizo mención de que ésta debía brindar protección física, psicológica y social a las menores, debiendo recurrir a las autoridades para lograr su objetivo; razón por la que atendiendo a su interés superior, es que acudió a promover el amparo a favor de dichas infantes.
g) Que ello era así, porque aun cuando de tales argumentos pudiera apreciarse que tiene legitimación para solicitar la protección constitucional cuando se afecten derechos de las menores que tiene bajo su custodia; lo cierto es que la revocación del depósito judicial y la orden de su entrega material a su abuela materna, de ninguna manera provocaba a la depositaria, en lo individual, un perjuicio real y directo en su esfera de derechos, pues únicamente actuó en el juicio como auxiliar del procedimiento, dado que no tenía la representación de las niñas sino sólo el carácter de depositaria de éstas; y,
h) Que no le beneficiaba el criterio de rubro y texto siguientes: "DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO QUE LO EJERCE POR RESOLUCIÓN JUDICIAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EN AMPARO LAS DETERMINACIONES QUE AFECTEN LOS DERECHOS DEL MENOR BAJO SU CUSTODIA.",(4) sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, y que éste no se compartía, puesto que no se ajustaba a lo que dispone el artículo 6o. de la Ley de Amparo, que establece quiénes son las personas que pueden promover el juicio de amparo, sin que en ninguna hipótesis encuadre la figura del depositario, pues éste no tiene la representación de las menores de edad y, por ello, era procedente denunciar la posible contradicción de criterios ante la instancia correspondiente.
En tal sentido, el Primer Tribunal Colegiado a continuación procedió a abordar los agravios planteados por el diverso quejoso, por propio derecho; y determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo promovido por la quejosa, en su carácter de depositaria de las menores, y negar el amparo que solicitó el mencionado quejoso.
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, conoció del amparo en revisión 306/2012; en lo que es materia de la presente contradicción, señaló:
A) El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, ambos con sede en esta ciudad de Xalapa, emitió sentencia el siete de junio de dos mil doce, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por ********** y **********, el primero en su calidad de padre de los menores de identidad reservada, y la segunda como depositaria judicial y abuela de los citados niños, en el sentido de conceder el amparo solicitado respecto de los actos reclamados del Juzgado ********** de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, como ordenadora, y el "comisionado", como autoridad ejecutora, consistentes en la resolución de seis de marzo de dos mil doce, emitida en el expediente número **********, en la que se revocó el depósito judicial, ordenó que las cosas se restituyeran al estado que guardaban antes de la medida, esto es, se reintegraran los menores de edad al lado de su madre; y su ejecución.
B) Inconforme con dicha concesión de amparo, la tercera interesada **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión del que, por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el cual se admitió a trámite y se radicó bajo el número **********.
C) Mediante sentencia emitida en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil doce, el indicado Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado, esgrimiendo, para lo que al caso interesa, los argumentos que enseguida se reseñan:
a) Que en relación con los agravios sobre la procedencia del juicio de amparo, pues la recurrente planteó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013), relacionada con la falta de interés jurídico, pues adujo la falta de legitimación respecto a la abuela paterna ********** (en su carácter de depositaria de los menores), el Tribunal Colegiado señaló que tal agravio no tenía sustento legal, porque si en las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están involucrados derechos de menores, esencialmente su habitación, convivencia, protección y cuidado, es inconcuso que la depositaria que ejerce el depósito judicial, en virtud de una resolución cautelar, cuenta con legitimación para acudir al amparo derivado de esa comisión para impugnar las determinaciones que afecten los derechos del niño que tiene bajo su custodia; como en el caso lo es la resolución del recurso de reclamación contra el depósito de menores, que fue declarado procedente y levantó la medida.
b) Que por esa razón debía admitirse la demanda para con ello realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor de edad e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial, en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo (vigente en 2012), cuidando en todo momento que el depositario no introduzca temas ajenos al supremo interés del menor.
c) Que era aplicable, en lo conducente, el criterio 1a./J. 102/2012 (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 16, Tomo I, enero de 2013, página 617, con número de registro digital: 2002572, de rubro: "MENORES DE EDAD. CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO DE SU GUARDA Y CUSTODIA (ESTUDIO CORRESPONDIENTE ANTERIOR A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES AL JUICIO DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011).", y con base en ello, el Tribunal Colegiado se apartaba del criterio VII.2o.C.18 C (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2465, con número de registro digital: 2001890, que había venido sustentando bajo el título (sic): "DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ENTREGA."
La resolución anterior dio origen a la tesis aislada VII.2o.C.35 C (10a.),(5) de rubro y texto siguientes:
"DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO QUE LO EJERCE POR RESOLUCIÓN JUDICIAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EN AMPARO LAS DETERMINACIONES QUE AFECTEN LOS DERECHOS DEL MENOR BAJO SU CUSTODIA. Si en las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están involucrados derechos de menores, esencialmente su habitación, convivencia, protección y cuidado, es inconcuso que la depositaria judicial que ejerce el depósito en virtud de una resolución judicial cautelar, tiene legitimación para promover el amparo, para impugnar las determinaciones que afecten los derechos del menor que tiene bajo su custodia. Razón por la cual debe admitirse la demanda para que con ello se realice un escrutinio estricto de los conceptos de violación, a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor, e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial, en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, cuidando en todo momento que el depositario no introduzca temas ajenos al interés superior del menor; derivado de lo anterior, este tribunal se aparta del criterio sustentado en la tesis de rubro: ‘DEPÓSITO DE MENORES. EL DEPOSITARIO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ENTREGA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre 2012, página 2465 (número de registro IUS 2001890)."
A continuación, el Tribunal Colegiado procedió a abordar el estudio de los agravios relacionados con el fondo del asunto; y al respecto decidió, en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado por los quejosos.
QUINTO.—Existencia de la contradicción. De la confrontación de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los tribunales contendientes, y siguiendo las pautas previamente reseñadas para establecer la existencia de contradicciones de tesis, se llega a la conclusión de que en la especie se actualizan los requisitos de su existencia, por las razones que a continuación se expondrán.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, los tribunales contendientes al resolver la cuestión litigiosa ante ellos planteada, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a la conclusión que finalmente adoptaron, como lo fue decidir si la persona depositaria de menores de edad tenía, o no, legitimación para promover el juicio de amparo (indirecto) contra la resolución que revoca el depósito y ordena se restituya a los menores a la persona que los tenía antes de que se decretara tal providencia.
Como se advierte, ambos tribunales al fallar los respectivos recursos de revisión, resolvieron la misma cuestión jurídica; pero cada tribunal emitió su correspondiente decisión, y para ello se fundaron en las consideraciones que al efecto estimaron pertinentes.
Ello se desprende de las resoluciones emitidas por tales Tribunales Colegiados, las cuales se detallaron en el considerando cuarto de la presente resolución.
Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito considera que existe la contradicción de criterios denunciada; pues el Primer Tribunal Colegiado determinó: que la depositaria carece de legitimación para promover el juicio de amparo contra la resolución del Juez natural que revoca la orden de depósito y ordena se restituyan a las menores con la persona que las tenía con anterioridad a que se decretara tal providencia, y para ello esencialmente sostuvo (ejercicio interpretativo), que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, pues la quejosa, en su carácter de depositaria, carecía de interés jurídico para reclamar en amparo la revocación del depósito de las menores y su entrega material a quien las tenía (antes de dicha medida cautelar), ya que de ninguna manera provocaba a aquélla, en lo individual, un perjuicio real y directo en su esfera de derechos, dado que ese acto no puede afectarle, porque la liberaba del depósito y cuidado que le fue encomendado por el Juez civil responsable.
Que además, lo argumentado por la quejosa-recurrente en el desahogo de vista con la posible causa de improcedencia que el Tribunal Colegiado advirtió se actualizaba, en cuanto refirió que ella brindó a las menores habitación, cuidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29829-77cb905c/depositario-del-menor-de-edad-carece-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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