REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO DEBE SOBRESEERSE CUANDO LO PROMUEVE QUIEN EJERCIÓ LA PATRIA POTESTAD DURANTE EL JUICIO DE ORIGEN, SI ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL REPRESENTADO ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 515/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ; MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO; OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: ANA MARÍA IBARRA OLGUÍN Y ALEJANDRA SPITALIER PEÑA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226 de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por su naturaleza, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quienes emitieron uno de los criterios en contradicción.
TERCERO.-Con el objetivo de resolver el presente asunto se determinará, en primer lugar, si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito resolvió, el 11 de octubre 2012, el amparo directo 82/2012. Los antecedentes del caso se resumen en los siguientes puntos:
1. El 18 de marzo de 2004 **********, por sí y en representación de sus menores hijos ********** y **********, de apellidos **********, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la modificación de la pensión de viudez y de orfandad derivada del deceso de **********, quien trabajó para dicho instituto como médico no familiar. Asimismo, reclamó el pago y cumplimiento de la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, así como el pago del seguro de vida al que refiere el artículo 152 del referido pacto colectivo.
2. El 20 de octubre de 2011, la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco resolvió condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de seguro de vida por fallecimiento del operario y absolverlo de las restantes prestaciones.
3. Cabe aclarar que ********** alcanzó la mayoría de edad durante la tramitación del juicio laboral y **********, por su parte la alcanzó después de que se dictó el laudo antes referido. En consecuencia, ambos eran mayores de edad cuando se promovió el amparo en su representación.
4. Contra el laudo antes mencionado, **********, por su propio derecho y en representación de sus hijos, promovió juicio de amparo directo.
5. El 20 de enero de 2012, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a quien tocó conocer del asunto, admitió la demanda de garantías sin prevenir ni hacer ninguna consideración respecto a la legitimación de la madre para promover amparo en nombre de sus hijos. Posteriormente, el asunto fue enviado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Al resolver dicho amparo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito reconoció que la madre tenía legitimación para promover amparo en representación de sus hijos mayores de edad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- Una interpretación conforme dentro del control de convencionalidad ex officio que se debe hacer sobre el derecho fundamental y humano de acceso efectivo a la justicia, así como de acuerdo al principio pro actione, permiten considerar que en el caso debe privilegiarse el acceso real, sencillo, efectivo y rápido a la acción de amparo, respecto de quien fue representado en el juicio de origen como menor de edad y que durante la secuela adquirió la mayoría de edad, de acuerdo a las pautas siguientes:
a) Que en el juicio del que deriva el acto reclamado, el progenitor hubiere deducido la representación que por ley tiene asignada para la defensa de su hijo o hija menor de edad, es decir, en pro del interés superior del entonces infante.
b) Una vez adquirida la mayoría de edad durante la secuela del procedimiento natural, que no existan actos en virtud de los cuales, el ahora mayor hubiera asumido su defensa.
c) Que el órgano que conoce del procedimiento no hubiere dictado medidas para hacer del conocimiento de las partes la cesación de la representación legal del progenitor.
d) Que a la fecha de promoción del amparo no hubieren dejado de operar las situaciones anteriores ni exista algún acto que desconozca la apariencia de representación legal referida, acudiendo el progenitor a favor de la esfera jurídica de quien venía representando en ejercicio de la patria potestad.
- Lo anterior es así, porque las normas que inciden sobre la posibilidad de acceder al amparo deben analizarse con sentido generoso y no rigorista, eliminando toda clase de tecnicismos que dificulten el acceso, pues la interpretación del Máximo Tribunal del País ha sido tendente a facilitar a los gobernados un pleno acceso al juicio de amparo, evitando obstaculizar su ejercicio o vedarlo innecesariamente.
- Esto es, para dar cabida a un acceso real a la justicia constitucional, no podría ser inatendible del todo la circunstancia de que se hubiere mantenido intangible esa representación legal del menor durante el procedimiento, a pesar de haber cesado en virtud de la referida mayoría sobrevenida.
- Si el trato que tuvo el infante o adolescente ante la responsable, fue mediante la participación del progenitor que le representaba y así prevaleció durante el procedimiento jurisdiccional común, previo a la emisión del acto reclamado, no obstante haber cumplido dieciocho años, esa apariencia jurídica procesal y forma de representación debe hacerse extensiva al juicio de amparo, porque fue el trato dado por la propia responsable.
- Esta interpretación es conforme al derecho a un recurso efectivo reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el principio pro actione, en el sentido de que aun bajo la duda de si debiera negarse eficacia a la representación legal que venía ejerciendo el progenitor, cuando el menor adquirió su mayoría, finalmente habría de imperar aquella interpretación que mejor garantizara la esfera del quejoso.
- Tampoco puede desatenderse que ha sido reconocida la posibilidad de que surtan efectos jurídicos los actos desplegados por un representante, aun cuando se traspasa los límites del poder conferido, convalidándose la nulidad relativa, mediante la ratificación del mandante o persona en cuyo favor se hizo.
- Puede añadirse que si en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo (entonces vigente), ante la responsable prevaleció la personalidad de la progenitora para actuar en nombre del menor y no quedó insubsistente previo a acudir al amparo, entonces esa legitimación es extensiva al amparo, independientemente de si fue correcta o incorrecta, porque fue la que rigió todo el juicio laboral hasta el dictado del laudo, sin que este órgano colegiado deba cuestionarla para efectos de acceso al amparo.
- Luego, no sería adecuado negar el acceso al amparo en virtud de cuestionar esa representación que no sufrió variación ante la responsable, acorde con el artículo 13 de la Ley de Amparo. En cambio, si el órgano de amparo concluye que debió cesar por la mayoría de edad y esto lo debió atender la Junta, entonces, sería una de las razones para otorgar la protección constitucional, pero no para impedir el acceso efectivo al juicio de protección de derechos fundamentales.
II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió, el 11 de marzo de 2010, el amparo directo 146/2010, cuyos antecedentes se resumen a continuación:
1. El 16 de abril de 2009, **********, por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos ********** y **********, así como en representación de sus hijas mayores ********** y **********, todos de apellido **********, demandó de ********** (i) la disolución del vínculo matrimonial; (ii) la guarda y custodia de sus dos menores hijos; (iii) el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia a su favor y de sus hijos; (iv) la pérdida total de los bienes que conforman la sociedad conyugal en beneficio de la actora y sus hijos; y, (v) el pago de daños y perjuicios.
2. Una vez agotados los trámites procesales, el 24 de septiembre de 2009, se dictó sentencia de primera instancia en la que se resolvió: (i) disolver el vínculo matrimonial; (ii) otorgar la guarda y custodia de los menores a la madre; y, (iii) condenar a **********, al pago de una pensión alimenticia a favor de la madre y sus menores hijos.
3. Inconforme, **********, por su propio derecho, interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió en el sentido de modificar el monto de la pensión alimenticia pero confirmar el fallo en los demás aspectos.
4. ********** adquirió la mayoría de edad el 31 de octubre de 2009, antes de que se emitiera la sentencia de segunda instancia (4 de diciembre de 2009) y se promoviera el juicio de amparo (12 de enero de 2010).
5. Contra dicho fallo **********, por su nombre y en representación de sus hijos ********** y **********, de apellidos **********, promovió juicio de amparo.
6. El 16 de febrero de 2010, el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a quien tocó conocer del asunto, admitió la demanda de garantías sin prevenir ni hacer ninguna consideración respecto a la legitimación de la madre para promover amparo en nombre de sus hijos.
Al resolver dicho amparo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó no reconocerle legitimación a la madre para promover amparo en representación de sus hijos mayores de edad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- De las actuaciones del juicio de origen se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, ********** había cumplido la mayoría de edad, ya que alcanzó dicha edad cuando se encontraba corriendo el término para la interposición del recurso de apelación.
- Luego, puede establecerse que si a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, dicha persona contaba con capacidad de ejercicio por haber adquirido la mayoría de edad, de conformidad con lo establecido en los artículos 4339 y 4340 del Código Civil para el Estado de México, entonces, resulta incuestionable que, por ese hecho, la representación ejercida por su madre durante el proceso del cual deriva el acto reclamado, no surte efectos en el amparo y, por ende, de estimar que la sentencia le ocasionó perjuicio, el descendiente de la inconforme debió promover por su propio derecho, pues a esa fecha había cesado la representación con que se ostentó su progenitora.
- En consecuencia, no se satisface el requisito previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, cuyo contenido refiere a que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor o por medio de un pariente o persona extraña en los casos permitidos expresamente por la ley, porque, como se ha venido sosteniendo, la progenitora demandó el amparo impetrado con la misma representación derivada del ejercicio de la patria potestad con la cual demandó el juicio de origen, la que, como se ha dicho, cesó a partir de que el hijo de mérito alcanzó la mayoría de edad y por ese hecho adquirió capacidad de ejercicio para intentar el amparo en la forma establecida en el artículo en cita.
- De los razonamientos expuestos por este Tribunal Colegiado emanó la siguiente tesis:
"MENOR DE EDAD. SI UNO DE LOS PROGENITORES SOLICITA EL AMPARO EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO SI ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS AQUÉL ALCANZÓ LA MAYORÍA DE EDAD.-Si en el juicio de origen uno de los progenitores demanda el otorgamiento de alimentos a favor de su hijo menor de edad en ejercicio de la patria potestad que sobre ellos ejerce y durante el procedimiento este último alcanza la mayoría de edad, a través de la cual, conforme a los artículos 4.339 y 4.340 del Código Civil del Estado de México, adquiere capacidad de ejercicio, entonces, no resulta jurídicamente factible que con esa representación se inste el juicio de garantías, dado que a la fecha de presentación de la demanda había cesado dicha facultad a favor de su progenitor. Por tanto, en el supuesto de que el acreedor alimentario mayor de dieciocho años estime que el acto reclamado le ocasiona perjuicio, debe promover el amparo por su propio derecho pues, de lo contrario, amerita decretar el sobreseimiento en éste con fundamento en el artículo 74, fracción III, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., todos de la ley de la materia."(1)
III. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió, el 8 de junio de 1995, el amparo en revisión 183/95, cuyos antecedentes se resumen a continuación:
1. ********** tramitó ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Coahuila, incidente de cancelación de la pensión alimenticia.
2. El Juez de conocimiento, al resolver la cuestión planteada, concluyó que debía cesar la obligación del actor incidental para ministrar pensión alimenticia a sus tres hijas mayores de edad **********, ********** y **********, de apellidos **********, debiendo continuar disfrutando de pensión alimenticia el menor **********.
3. En contra de dicha resolución, la madre ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la resolución recurrida.
4. Cabe aclarar que las tres hijas **********, ********** y **********, de apellidos **********, a quienes afectó el acto reclamado, eran mayores de edad antes de que se iniciara el trámite del incidente de cancelación de la pensión alimenticia.
5. Contra dicha sentencia la madre promovió juicio de amparo, el cual fue sobreseído por el Juez de Distrito, al considerar que no se afectaba el interés jurídico de la quejosa. Contra dicha resolución la ********** interpuso recurso de revisión.
Al resolver dicho amparo en revisión, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama conforme lo establece el artículo 4o. de la Ley de Amparo.
- En este contexto, la interlocutoria reclamada se refiere a la cancelación de la pensión alimenticia de las hijas de la quejosa **********, ********** y **********, de apellidos **********, quienes son mayores de edad y, por tanto, tienen plena capacidad para ejercitar y hacer valer sus derechos.
- Es cierto que la quejosa, en ejercicio de la representación legítima de sus menores hijas, promovió el juicio de alimentos y que dicha representación la legitimaba para intervenir en el proceso a nombre de sus hijos, pero ello fue hasta en tanto existiera la incapacidad natural de las menores representadas, incapacidad que cesó cuando éstas adquirieron la mayor edad.
- En efecto, la representación legítima del menor por quien ejerce sobre él la patria potestad, cesa en forma automática cuando el representado cumple 18 años de edad y adquiere capacidad plena para ejercitar sus derechos, pudiendo disponer libremente de su persona y de sus bienes, por lo que, por disposición expresa de la ley y sin necesidad de declaración judicial alguna, se encuentra legitimado para intervenir con el carácter de parte en el procedimiento judicial iniciado en su nombre por quien ejercía su representación legítima.
- De los razonamientos expuestos por este Tribunal Colegiado emanó la siguiente tesis:
"MENOR DE EDAD. SU REPRESENTACIÓN CESA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO CUMPLE LA MAYOR EDAD.-Conforme lo disponen los artículos 22 y 23 del Código Civil para el Estado de Coahuila, la capacidad de goce se adquiere al nacer y los menores de edad carecen de capacidad de ejercicio. Por otra parte, de los artículos 412, 413, 414, 424, 425 y 427 del ordenamiento citado, se desprende que quienes ejercen la patria potestad sobre la persona y los bienes de los menores de edad hijos de matrimonio, y tienen su representación legítima, son el padre y la madre, o el abuelo y la abuela paternos, o el abuelo y la abuela maternos. Dicha patria potestad se ejerce sobre los hijos menores no emancipados mientras tanto no alcancen la mayoría de edad que comienza a los dieciocho años, conforme lo establece el artículo 646 del mismo código, edad a partir de la cual pueden disponer libremente de su persona y de sus bienes conforme lo señala el artículo 647 del propio Código Civil. De todo lo anterior se desprende que la representación legítima del menor por quien ejerce sobre él la patria potestad, cesa en forma automática sin necesidad de declaración judicial alguna cuando el representado cumple dieciocho años de edad y adquiere de inmediato por disposición legal su mayoría de edad, y en consecuencia la capacidad plena para ejercitar sus derechos, pudiendo disponer libremente de su persona y de sus bienes."(2)
CUARTO.-En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.(3)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(4)
De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:
Los Tribunales Colegiados arriba señalados analizaron en los diversos amparos sometidos a su consideración, un punto jurídico idéntico, consistente en determinar si procede el juicio de amparo cuando lo promueve quien ejercía la patria potestad en representación de un ahora mayor de edad, pero que durante el trámite del juicio de origen lo representó legalmente cuando éste era menor de edad.
Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito señaló que de una interpretación conforme dentro del control de convencionalidad del derecho al acceso efectivo a la justicia y al principio pro actione, se debe considerar que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Amparo abrogada,(5) si el trato que tuvo el menor ante la responsable fue mediante la participación del progenitor que le representaba y así prevaleció durante el procedimiento jurisdiccional común, previo a la emisión del acto reclamado, no obstante haber cumplido dieciocho años, esa legitimación debe hacerse extensiva al amparo.
Mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sostuvo que, toda vez que la representación legítima cesa en forma automática cuando el representado cumple 18 años de edad, si a la fecha de la presentación de la demanda de garantías el representado era mayor de edad, la representación ejercida por el progenitor durante el proceso de origen no surte efectos en el amparo y, por ende, no se satisface el requisito previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente.
Por lo que, respecto a la misma cuestión jurídica, consistente en determinar si procede el juicio de amparo cuando lo promueve quien ejercía la patria potestad en representación de un ahora mayor de edad, pero que durante el trámite del juicio de origen lo representó legalmente cuando éste era menor de edad, los tribunales contendientes llegaron a soluciones distintas, pues mientras uno determinó que los progenitores tienen legitimación para promover en representación de sus hijos en esos casos; los otros concluyeron que en este caso el juicio de amparo es improcedente.
Con lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados arriba señalados, y que la litis de la misma consiste en determinar: si procede el juicio de amparo cuando lo promueve quien ejercía la patria potestad en representación de un ahora mayor de edad, pero que durante el trámite del juicio de origen lo representó legalmente en su carácter de menor de edad.
No obstante, debe excluirse de la presente contradicción de tesis al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, toda vez que aunque dicho tribunal llegó a la misma conclusión que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, esta es, que el juicio de amparo debe sobreseerse, tal órgano colegiado partió de premisas fácticas distintas, pues a quienes afectó el acto reclamado, ya eran mayores de edad antes de que se iniciara el proceso ordinario que posteriormente dio lugar al juicio de amparo. Como se verá en la resolución del presente asunto, es de la mayor importancia el hecho de que quien presentó la demanda de amparo, tenía la patria potestad del quejoso durante el juicio de origen.
QUINTO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que no debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando lo promueve quien ejercía la patria potestad, sino que debe incorporarse a juicio en su carácter de quejoso al ahora mayor de edad, requiriéndole personalmente que ratifique la demanda de amparo en un término de tres días. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, es preciso mencionar que la patria potestad tiene como principal objeto la protección de los menores no emancipados, su ejercicio corresponde al progenitor, progenitores o padres, respecto de los cuales ha quedado establecida legalmente la filiación y, por tanto, también guarda una función social que se refleja en un interés del Estado.
Es así, que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su parte conducente, lo siguiente:
"Artículo 4o. ...
"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
"Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios."
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece como derechos de las niñas, niños y adolescentes, la atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social, por parte de los Estados, los padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley.(6)
Al respecto, esta Suprema Corte ha sostenido que la patria potestad implica "una correlación de derechos y deberes generada por la relación afectiva existente entre padres e hijos, que se enfocan a la salvaguarda de las necesidades del niño, para su formación y desarrollo integral.".(7) Asimismo, se ha interpretado que dicha figura deriva de la filiación, que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley impone a los ascendientes con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de edad.(8)
En este contexto es que se advierte que el ejercicio de la patria potestad, genera -entre otros aspectos- una consecuencia directa en la tutela de los derechos de defensa del menor, para representarlo en cualquier procedimiento.
Tal facultad a cargo de los que ejercen la patria potestad se encuentra reconocida en la legislación aplicable en los casos de los que emana la presente contradicción: artículos 588 del Código Civil para el Estado de Jalisco,(9) y 4.203 y 4.210 del Código Civil para el Estado de México.(10)
Ahora bien, al terminar el presupuesto fáctico que da lugar a la patria potestad, esto es, la minoría de edad, automáticamente finaliza la necesidad de que otro actué en interés y a nombre del representado. Así, los artículos 597(11) y 4.223(12) de los Códigos Civiles para el Estado de Jalisco y el Estado de México, respectivamente, establecen que la patria potestad termina cuando el tutelado adquiere la mayoría de edad.
En dicho momento, por ministerio de ley y sin necesidad de determinación judicial alguna, al ahora mayor de edad se le considera una persona con plena capacidad de ejercicio, adquiriendo una serie de derechos, pero también de correlativas obligaciones. En ese sentido, en la tesis de rubro: "MENORES.",(13) se señaló que el tribunal debe vigilar el momento en que alcancen la mayoría edad, para que cese la representación de quien por ellos intervenga en el juicio, y se dé a los antes menores la intervención que legalmente les corresponda.
Establecida como premisa la importancia de la institución de la patria potestad en la defensa y protección de los derechos de los niños, así como que ésta termina automáticamente una vez que el tutelado adquiere la mayoría de edad, debe resolverse si dicha situación genera el sobreseimiento del juicio de amparo, cuando quien lo promueve ya no detenta la patria potestad del interesado, pero fungió como su legítimo representante en el juicio de origen.
De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales (Ley de Amparo abrogada, la cual fue la aplicada por los tribunales contendientes) el juicio de amparo puede solamente promoverse:
Artículo 4o. (Ley de Amparo abrogada). "... por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."
Conforme a dicho precepto, únicamente el apoderado o el representante legal puede promover el juicio de amparo en nombre del afectado.
Así, tradicionalmente se había considerado que la demanda de amparo no puede promoverse por una persona que ya no detenta la representación del ahora mayor de edad, por lo que en ese supuesto debía sobreseerse en el juicio de amparo.(14) Tal criterio lo sostuvo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes tesis: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. REPRESENTACIÓN DE MENORES QUE ADQUIERAN LA MAYORÍA DE EDAD ANTES DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.",(15) "PERSONALIDAD EN EL AMPARO (REPRESENTACIÓN
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24893-acd98329/representacion-en-el-juicio-de-amparo-no-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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