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Modo: Corpus Pro

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 504/2014. · Registro digital (IUS): 26690
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-10-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Pág. 372.

AMPARO EN REVISIÓN 504/2014. 4 DE FEBRERO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.

III. COMPETENCIA

28. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso (sic), de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reconoció interés jurídico a los familiares en cuarto grado colateral de una menor para ser llamados en el juicio de pérdida de la patria potestad, lo que se estimó un tema de importancia y trascendencia que dio lugar a que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciera la facultad de atracción respectiva. Aunado a ello, al tratarse de la materia civil, corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

IV. OPORTUNIDAD

29. En razón de que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, realizó el cómputo sobre la oportunidad del recurso y concluyó que fue interpuesto en tiempo, resulta innecesario pronunciarse al efecto, de manera que es viable proceder al examen constitucional en la presente revisión.

V. PROCEDENCIA

30. El recurso de revisión es procedente, en términos del artículo 83 de la Ley de Amparo, en virtud de que se hace valer en contra de la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Cuernavaca, Morelos, en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto **********, respecto del cual se resolvió ejercer la facultad de atracción. De este modo, se surten los extremos del punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, del citado Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

31. Elementos necesarios para resolver el asunto. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios.

32. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, los quejosos adujeron la violación a los derechos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por las razones que a continuación se sintetizan:

32.1. En su único concepto de violación, los quejosos argumentaron que el Juez de lo Familiar, vulneró su garantía de audiencia, ya que omitió llamarles a intervenir en el juicio de pérdida de patria potestad número **********, promovido por **********, institución de asistencia privada.

32.2. Los quejosos señalaron que lo anterior sucedió aun cuando de las constancias contenidas en el expediente de dicho juicio se advertía que ********** y ********** tenían un interés directamente involucrado en la litis, puesto que se evidenciaba: i) que los quejosos cuidaron de la menor de edad a petición de su madre y estuvieron al tanto de ella durante su estancia en la casa hogar **********; ii) que no abandonaron a la menor de edad en la casa hogar, sino que solicitaron su ayuda para cuidarla, toda vez que por razones de trabajo estarían fuera de la Ciudad de México por un periodo de tres meses y no contaban con documento alguno que acreditara la legal guarda y custodia de la menor de edad; iii) que se presentaron voluntariamente ante la autoridad ministerial encargada de la investigación relacionada con la situación de abandono de la menor de edad y demostraron mediante pruebas plenas (actas de nacimiento y matrimonio), el vínculo sanguíneo que los une con su sobrina-nieta **********, manifestando su interés en cuidarla y atenderla; y, iv) que fueron engañados por la dirección de la casa hogar, puesto que ahí se les dijo que a su regreso del viaje se les entregaría a la menor de edad.

32.3. A su parecer, los quejosos tenían un interés en el juicio de pérdida de la patria potestad y en la guarda y custodia de la menor de edad, por lo que el Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Federal, estaba obligado a llamarlos al juicio. En este sentido -manifestaron- tal omisión del juzgador vulneró su garantía de audiencia y los dejó en completo estado de indefensión, negándoles la oportunidad de acudir a juicio a efecto de demostrar que ellos sí eran familiares viables para cuidar de la menor.

32.4. Los quejosos expresaron que tenían temor fundado de que la tercero interesada hubiera dado en adopción a su sobrina-nieta a personas desconocidas y que les generaba suspicacia que en un lapso tan corto como es la fecha en que fue concedida la guarda y custodia de la niña a la institución de asistencia privada, ya se hubiera dado en adopción a la niña.

32.5. Según los quejosos, una vez acreditado el abandono de la menor ********** por parte de su madre biológica, la consecuente pérdida de la patria potestad ejercida por ésta y ante la falta de otros familiares idóneos para cuidar a la niña, lo adecuado era otorgar a los quejosos su guarda y custodia, dada su calidad de tíos abuelos. Al respecto, hicieron referencia del artículo 483, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal para apoyar su dicho en el sentido de que, a falta de la madre y de la abuela, les correspondería a los quejosos ejercer la tutela de la menor.

32.6. No obstante -esgrimieron-, fue hasta el veinticuatro de junio de dos mil trece que los quejosos se enteraron que el veintiséis de septiembre de dos mil once se había otorgado el cuidado de la menor de edad a una casa hogar, mediante un juicio familiar desarrollado a sus espaldas.

32.7. Finalmente, los quejosos expusieron que el Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Federal, pasó por alto los principios de legalidad y garantía jurídicas contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que omitió exponer las razones, motivos y circunstancias especiales por las cuales determinó que no debían ser llamados a intervenir en el juicio de pérdida de la patria potestad, a pesar de su calidad de familiares de la menor y su consecuente interés involucrado en la litis.

33. Sentencia de amparo. El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, concedió el amparo bajo las consideraciones medulares siguientes:

33.1. A juicio del Juez de Distrito, la patria potestad es un estado jurídico, constituido por el conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas -en primer término- al padre y a la madre respecto de la persona y patrimonio de los hijos menores.

33.2. El Juez de Distrito señaló que, más allá de la relación entre padre e hijos a la que alude la patria potestad, es posible señalar la existencia de tres posiciones diversas en torno a ella: i) titularidad: posición que en la legislación estatal reside en el padre y la madre del hijo menor; ii) potencialidad: es el derecho potencial que conservan los abuelos y familiares ampliados contemplados en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal que no han perdido previamente la patria potestad; y, c) (sic) el ejercicio consistente en el poder de decisión, a través de la conducción de hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga efectiva y produzca sus fines.

33.3. En este orden de ideas, el Juez de amparo concluyó que era a los quejosos, en su calidad de familiares ampliados, a quienes, en principio, les correspondería ejercer los derechos y obligaciones propios de la patria potestad, una vez decretada la pérdida de ésta respecto de los padres o abuelos, y no a una casa hogar. No obstante -señaló el Juez de Distrito-, la autoridad responsable condenó a la madre y a la abuela materna de la menor a la pérdida de la patria potestad sobre la niña y decretó la tutela, guarda y custodia de la infante en favor de la parte actora, sin que previamente los hubiera escuchado.

33.4. Lo anterior, a consideración del Juez de Distrito, constituyó una transgresión al derecho fundamental de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se cumplió adecuadamente con las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: i) la notificación del inicio del procedimiento; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, iii) la oportunidad de alegar; y, iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada como parte de esa formalidad.

33.5. Esta violación generó -adicionó el Juez de amparo- a la par, la transgresión al derecho fundamental al desarrollo y bienestar integral del niño que tutela la Constitución Federal, así como los tratados internacionales, que comprende, entre otros, el derecho a preservar las relaciones familiares, lo que implica el derecho a permanecer en un medio familiar.

33.6. Aunado a lo anterior, el Juez de Distrito determinó que el acto reclamado violentó los derechos de la menor involucrada, toda vez que el Juez de lo familiar decretó indebidamente la pérdida de la patria potestad de la abuela materna de forma simultánea a la madre. Al respecto, el Juez de Distrito señaló que si bien el juicio de pérdida de la patria potestad, tiene la finalidad de que en un solo acto jurídico, se defina la situación legal de un menor de edad en relación con todas y cada una de las personas que potencialmente puedan ejercer la patria potestad, esto no implica que el Juez pueda declarar válidamente la pérdida de la "potencial patria potestad" respecto de una persona que nunca la ha ejercido, como lo es la abuela materna de la menor de edad.

33.7. Según el Juez de Distrito, la sentencia que finaliza el procedimiento previsto en el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, si bien debe declarar la pérdida de la patria potestad de la madre y/o el padre y, a partir de ello y en el mismo acto jurídico, tomando en cuenta las circunstancias del caso, determinar cuál de los familiares ampliados es la persona apta para ejercerla a partir de ese momento; o en caso de que, atendiendo al interés superior del menor, concluyera que ninguna de las personas potenciales fuera apta para ello, declarar la tutela a favor de la institución de beneficencia social a efecto de que esta última pudiera iniciar el procedimiento de adopción, lo cierto es que no puede concluir con la declaración de pérdida simultánea de la patria potestad de padres y abuelos.

33.8. Finalmente, el Juez de Distrito manifestó que, si bien no inadvertía que la institución tercero interesada, afirmó que la menor ya fue integrada a un nuevo núcleo familiar mediante el procedimiento de adopción plena, ello no se demostraba de las constancias de autos. Sin embargo -precisó el juzgador- aun en el caso de que ello hubiera ocurrido, no constituía un obstáculo para dictar la resolución en el sentido expuesto, ya que la sentencia no contenía una decisión ni generaba que la autoridad responsable resolviera que la patria potestad de la menor debiera otorgarse a persona determinada. Según el Juez de Distrito, el posible conflicto sería materia de la ejecución de la sentencia de primera instancia, la que tendría que resolverse ponderando los derechos de todos los implicados.

34. Agravios. La institución de asistencia privada, por conducto de su apoderada legal, formuló los siguientes motivos de inconformidad, respecto de la sentencia de amparo.

34.1. La recurrente argumenta esencialmente que la interpretación desarrollada por el Juez de Distrito, vulneró los derechos fundamentales contenidos en el artículo 4o. de la Constitución Federal y en los tratados internacionales y, además, estableció un criterio judicial que perjudica a todos los menores de edad que se encuentren en estado de abandono en una institución de asistencia pública o privada.

34.2. A su entender, y de conformidad con las reglas del parentesco establecidas en los artículos 296, 297, 298, 299 y 300 del Código Civil para el Distrito Federal, los tíos-abuelos no se encontraban legitimados para acudir al juicio de pérdida de patria potestad de la menor. De ahí que el Juez de lo Familiar no estuviera obligado a llamarlos al referido juicio y, por tanto, únicamente emplazó a todos aquellos familiares que legalmente estaban facultados para ejercer la patria potestad de la menor involucrada.

De ahí que -manifiesta la recurrente-, la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito, vulnera las garantías del debido proceso y legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de la menor de edad y la institución de asistencia privada.

34.3. Según la recurrente, la sentencia del Juez de Distrito, violenta la institución de la familia y es contraria al interés superior de la menor **********, puesto que atenta a su desarrollo psico-emocional y a su derecho a contar con una familia.

A decir de la recurrente, después de varios años en los cuales la menor de edad estuvo abandonada, las autoridades de la casa hogar la dieron en adopción con la finalidad de que viva y se desarrolle en un núcleo familiar debidamente integrado. No obstante -señala la recurrente-, el Juez de Distrito coloca en un plano de incertidumbre, la integración de la niña en la nueva familia y privilegia indebidamente los derechos de los tíos-abuelos, quienes dejaron voluntariamente a la menor de edad en la casa hogar y tardaron años en solicitar su guarda y custodia.

Al respecto, la recurrente aduce que, de conformidad con la ley, si quienes ejercen la patria potestad abandonan a un menor de edad por más de tres meses, sin causa justificada, se hacen acreedores a la pérdida de dicho derecho, con mayor razón aquellos familiares de ulterior grado que lo exponen en una institución de asistencia privada, sin realizar ningún acto jurídico tendente a recuperarlo por casi cuatro años, no podrían argumentar un verdadero interés en recuperarlo. Máxime que exigir que la institución de asistencia privada, esperara indefinidamente hasta que se presentara un familiar a manifestar interés en el menor, atentaría en contra del desarrollo psico-emocional del niño y su derecho de contar con una familia.

34.4. La recurrente manifiesta que, el Juez de Distrito interpretó de forma extensiva y alejada del interés superior del menor el texto del artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, así como el concepto de familia ampliada, lo cual se traduce en un perjuicio a los derechos fundamentales de los menores en estado de abandono.

A juicio de la recurrente, el referido artículo solamente reconoce a los abuelos maternos y paternos (familiares en segundo grado ascendente), como la familia ampliada de un menor de edad y, por tanto, son las únicas personas a las que puede otorgarse la patria potestad. No obstante ello, el Juez de Distrito consideró como potenciales titulares de la patria potestad de un menor de edad, a todo tipo de familiares, bajo el concepto de familia ampliada (bisabuelos, tatarabuelos, tíos, hermanos, medios hermanos, tíos abuelos, tíos bisabuelos, tíos tatarabuelos, primos, etcétera). Lo cual -argumenta la recurrente- resulta contrario al interés superior de un menor de edad abandonado, ya que implica extender de manera indefinida su estado de abandono al hacer prácticamente imposible integrarlo a nueva familia, pues ¿cuántos juicios se deberán agotar para determinar que no existe algún miembro de la familia ampliada que sea apto para cuidar del menor abandonado? Esto -precisó la recurrente-, sin atender a que durante todo ese tiempo el niño tendrá que vivir fuera de un núcleo familiar.

35. Estudio de fondo. A consideración de esta Primera Sala, los argumentos vertidos por la recurrente, resultan esencialmente fundados, ante lo cual es procedente revocar la sentencia combatida a través de la cual se concedió a los quejosos el amparo y Protección de la Justicia Federal.

36. Antes de abordar el estudio, es importante destacar la suplencia de la queja que se debe observar en el presente asunto, ello en atención a que implica la afectación de la esfera jurídica de una menor, lo cual es acorde a la tesis jurisprudencial 1a./J. 191/2005 de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."(29)

37. En orden técnico al estudio de la revisión constitucional, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordará los agravios relativos a la procedencia del juicio de amparo, a fin de determinar si los quejosos son titulares de un derecho susceptible de ser afectado por el acto reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

38. Para ello, se analizará la institución de la patria potestad, a fin de determinar, de conformidad con la legislación civil en el Distrito Federal, quiénes pueden ejercerla. Posteriormente, a la luz del interés superior del menor, se establecerá quiénes deben ser llamados a un juicio de pérdida de la patria potestad, respecto de un menor en situación de desamparo. Lo anterior permitirá dilucidar el problema jurídico que plantea el presente recurso: si a los quejosos, en su carácter de tíos abuelos, les correspondería ejercer los derechos y obligaciones propios de la patria potestad de la menor involucrada, una vez decretada la pérdida de ésta, respecto de los padres o abuelos y, por tanto, tienen interés jurídico en el presente juicio.

Primera cuestión: De conformidad con la legislación civil en el Distrito Federal, ¿quiénes pueden ejercer la patria potestad sobre un menor de edad?

39. Esta Primera Sala se ha referido a la patria potestad como la institución derivada del vínculo paterno-materno filial que relaciona ascendientes con descendientes, en la que por medio de una ficción jurídica se considera que existe un poder concedido a los ascendientes como medio para cumplir con sus deberes respecto a la guarda, custodia, crianza y formación de sus descendientes.(30) En este sentido, la patria potestad implica la delegación de una función social para que sea ejercida por los ascendientes directos y de este modo, cuenten con determinadas facultades o derechos conferidos por la ley con el objeto de cuidar a los menores, cuyos efectos inciden primeramente sobre la persona, en tanto los menores están sometidos al progenitor con motivo de la función protectora y formativa, relativa a la crianza y a la educación, que incluso otorga al progenitor la facultad correctiva de la conducta del menor, siempre que no atente contra la integridad psíquica y física del niño o niña.

40. De igual modo, la patria potestad tiene efectos sobre el patrimonio del menor de edad, en tanto la facultad de esta institución, también otorga al ascendiente el poder para administrar los bienes del niño o niña, potestad que igualmente es limitada, pues el progenitor no puede disponer de dichos bienes, sino sólo administrarlos en búsqueda de su mantenimiento e incremento en beneficio exclusivo del interés del propio menor.

41. Al resolver el amparo directo en revisión 348/2012, esta Primera Sala señaló la importante evolución que ha tenido la institución de la patria potestad en los últimos años.(31) Este órgano jurisdiccional hizo hincapié en que en la actualidad el sentido de la misma no se configura como un derecho del progenitor, sino como una función que se les encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de los hijos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor.

42. Por tanto, en aquel asunto se destacó que los órganos judiciales, deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del progenitor sobre los hijos, pues la función que se le encomienda a los padres, debe estar dirigida en todo momento a la protección, educación y formación integral de estos últimos, pues es el interés de los menores el que prevalece en la relación paterno-filial. Lo anterior dio origen a la tesis 1a. LXIII/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS."(32)

43. En la legislación civil en el Distrito Federal, está previsto que los derechos, deberes y obligaciones que integran el ejercicio de la patria potestad, recaen en primera instancia en los ascendientes directos, esto es, el padre o la madre, pues son ellos quienes tienen la obligación, el deber de cuidado, de asistencia y ayuda y, con ellos los derechos esenciales a esas labores, así como a ejercer la patria potestad, a fin de asegurar el bienestar de los hijos.

44. A falta de ambos padres, el ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones que integran la patria potestad, corresponde a los ascendientes en segundo grado, es decir, los abuelos en ambas líneas (materna o paterna). En efecto, de conformidad con el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, faltando los progenitores, ejercerán la patria potestad los ascendientes de segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso:

Código Civil para el Distrito Federal

"Artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.

"A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el Juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso." (énfasis añadido)

45. Lo anterior permite advertir que, para efectos del parentesco consanguíneo, solamente los ascendientes directos y los ascendientes en segundo grado pueden ejercer la patria potestad de un menor de edad. Conclusión de la cual, además, debe advertirse que parte de la premisa incondicional e imprescindible de que el padre y la madre falten por completo, esto es, que sólo podría operar en caso del fallecimiento de uno de los progenitores o ambos, o bien en el caso de abandono del menor y ausencia del progenitor, lo que en consecuencia actualizaría el supuesto de pérdida de la patria potestad del progenitor ausente que debe quedar establecido por sentencia judicial ejecutoriada, así como que no exista ninguna otra persona o ente gubernamental que ostente la tutela de los menores, supuesto en el que el infante queda desamparado y sin auxilio.(33)

46. Motivo por el cual las obligaciones y deberes de cuidado, ayuda y socorro, recaen entonces inmediatamente sobre el ascendiente directo en segundo grado en cualquiera de las líneas, según resulte el más apto. En caso de que existiera otra persona o institución a cargo, si bien el ascendiente directo en segundo grado podría reclamar el ejercicio de la patria potestad sobre el infante descendiente en aras del interés que le asiste por efectos del parentesco, ello sería materia de un proceso jurisdiccional contradictorio, a fin de verificar la conveniencia e idoneidad del ascendiente directo en segundo grado en comparación con la institución de acogida.(34)

47. De conformidad con lo anterior, esta Primera Sala estima que fue incorrecta la interpretación del artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal realizada por el Segundo Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Lo anterior toda vez que, contrariamente a lo aducido por el juzgador federal, los quejosos, en su calidad de tíos abuelos de la menor, no estarían en posibilidad de ejercer los derechos y obligaciones propios de la patria potestad por la razón de haberse decretado su pérdida respecto de padres o abuelos. En otros términos, el ordenamiento jurídico no prevé ni su titularidad ni su potencialidad, respecto del ejercicio de la patria potestad.

48. Lo anterior no significa que los quejosos no pudieran, en su oportunidad, ejercer la tutela legítima o incluso reclamar la guarda y custodia de la menor involucrada mediante un procedimiento jurisdiccional, en el cual se hubiese analizado su idoneidad para hacerse cargo del cuidado de la niña. Es decir, el hecho de que la ley no les confiera a los parientes en cuarto grado colateral la posibilidad de ejercer la patria potestad, no se traduce en su irrelevancia para efectos de determinar las medidas de protección conducentes para un menor sin cuidados parentales.

49. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 y siguientes del Código Civil para el Distrito Federal, los parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado, pueden ejercer la tutela de un menor cuando no haya quien ejerza la patria potestad.(35) Ello implica el cuidado y protección del pupilo y sus bienes, procurando su educación, habitación y bienestar, así como la eficiente administración de su patrimonio. En el caso de la guarda y custodia, también la ley prevé la posibilidad de que sea cedida por sus titulares originarios (quienes ejercen la patria potestad), a fin de que sea otra persona la que se encargue del cuidado inmediato del menor en cuestión, o bien, que sea reclamada judicialmente.(36)

50. Asimismo, debe explicitarse que si acaso los quejosos hubieran acogido a la menor, asumiendo su protección permanente, en lugar de -como sucedió en los hechos- llevarla a una institución privada de asistencia social sin realizar ulterior acción, tendrían dos facultades clave en materia de adopción: el derecho de audiencia y defensa en el procedimiento de adopción e incluso la posibilidad de oponerse a la misma si se materializara su intención en la gestión de trámites administrativos y judiciales, y se reunieran las condiciones de adaptabilidad, como lo dispone el artículo 400 del Código Civil para el Distrito Federal.(37)

51. Ahora bien, lo definitivo es que, respecto de la primera pregunta formulada, en relación con la institución de la patria potestad, la legislación civil en el Distrito Federal es clara al establecer que las personas que pueden ejercerla son los progenitores, y solamente a falta de ellos, los ascendientes de segundo grado, es decir, los abuelos maternos y paternos, en el orden que determine el Juez. Por tanto, son sólo éstos los parientes consanguíneos que podrían ser afectados por la pérdida de la patria potestad del menor, toda vez que sería alguno de ellos a quien, en principio, le correspondería ejercer los derechos y obligaciones derivadas de ésta.

Segunda cuestión: A la luz del interés superior del menor, ¿quiénes deben ser llamados a un juicio de pérdida de patria potestad, respecto de un niño o niña en situación de desamparo?

52. En diversos precedentes, esta Primera Sala ha señalado que la pérdida de la patria potestad no es una determinación que tenga por objeto castigar a los progenitores, sino que la medida pretende defender los intereses del menor en aquellos casos en los que el bienestar del menor se garantiza mejor cuando los padres están separados de sus hijos. A lo anterior resulta aplicable la tesis 1a. XLIX/2013 (10a.), de rubro: ""(38)

53. Así, en la institución de la patria potestad el interés del menor es el único y exclusivo fundamento sobre el cual se ejerce, de ahí que las causas para la pérdida de la patria potestad deben estar dirigidas a satisfacer este principio y buscar en todo momento su garantía. Tiene aplicación la tesis 1a. LXV/2013 (10a.), de rubro: "ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR."(39)

54. Lo anterior es así, porque la decisión de cualquier cuestión familiar, relacionada con el ejercicio de la patria potestad, debe valorar siempre el beneficio del menor como interés prevalente, de modo que cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio de la patria potestad de conformidad a lo que establezcan las leyes en la materia.

55. En esa lógica, la pérdida de la patria potestad es constitucionalmente válida cuando acorde con el interés superior de la infancia, se decreta para resguardar el bienestar y desarrollo de los menores de edad sujetos a ella, como sucede en los casos de niños en situación de desamparo.

56. Esta Primera Sala ha señalado que el Código Civil para el Distrito Federal se refiere al desamparo como una situación de hecho, no a una declaración judicial. Así, el artículo 492, párrafo tercero, de dicho código dice textualmente: "Se considera como situación de desamparo, la que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del incumplimiento o del inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la patria potestad, tutela o custodia de menores, cuando éstos quedan privados de la necesaria asistencia material o moral; ya sea en el carácter de expósitos o abandonados".(40)

57. La ley coloca a los menores en situación de desamparo bajo la tutela de la institución autorizada que los haya acogido y, de conformidad con el título séptimo (De los juicios especiales y de las vías de apremio), capítulo 1 (De la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26690-6be1e56a/privacion-de-la-patria-potestad-su-funcion-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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