ABANDONO DE UN MENOR POR SUS PADRES O ABUELOS POR UN LAPSO MAYOR A TRES MESES. NO SE CONFIGURA POR EL SIMPLE HECHO DE DEJARLO ENCARGADO CON ALGUNA PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 486/2011. 12 DE ENERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación son fundados pero inoperantes, en una parte, e infundados en otra, aun suplidos en sus deficiencias, de conformidad con la fracción V, del artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo.
En el caso se controvierten la patria potestad y adopción de la menor de edad **********, de manera que cualquiera que sea el sentido de este fallo, es patente la incidencia que ello tendrá en los derechos de esa niña, por lo que procede analizar la controversia a la luz de la suplencia de la queja.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 175053, publicada en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."
En principio, es cierto que la Sala responsable analizó una causal de pérdida de la patria potestad diferente a la hecha valer en la demanda respectiva.
En efecto, del proemio y capítulo de hechos narrados en la demanda de pérdida de patria potestad ejercida por la parte quejosa -transcritos en el considerando anterior, a fojas 82 a 93 de esta ejecutoria-, se colige que la acción se fundó en el artículo 628, fracción IV, inciso b), del Código Civil para el Estado de Puebla, esto es, en la causal consistente en el abandono por más de tres meses si el sujeto a patria potestad quedó al cuidado de alguna persona.
Sin embargo, la Sala responsable estudió, en primer lugar, la diversa causa de pérdida de la patria potestad contemplada en el diverso inciso c) del numeral mencionado, relativa al abandono por más de un día sin que el sujeto a patria potestad quede bajo el cuidado de alguna persona y el abandono sea intencional; y al respecto, el tribunal de apelación concluyó que no se demostró la acción ejercida.
Posteriormente, la autoridad responsable analizó la causa efectivamente hecha valer por los hoy quejosos, sosteniendo que su actualización tampoco quedó acreditada, por las razones que más adelante se examinarán.
Así las cosas, es cierto que el tribunal de alzada estudió la acción de pérdida de la patria potestad, a la luz de una causal no invocada por los actores; no obstante, también analizó la causal que sí fue planteada e igualmente la desestimó, de manera que el proceder de la Sala responsable, por sí solo, no irroga perjuicios a los quejosos; por el contrario, al examinar las dos causas de pérdida de la patria potestad previstas en el Código Civil local, relacionadas con el abandono, la autoridad actuó con exhaustividad en función de los hechos narrados y el material probatorio que consta en autos, lo que redunda en favor de la menor de edad cuya patria potestad se disputa.
Por su importancia, cabe citar la tesis aislada 1a. XVI/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 162797, publicada en la página 616, Tomo XXXIII, febrero de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. DE ACUERDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO DEBE VALORARSE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN AUTOS. De acuerdo al interés superior del niño, en los procedimientos que directa o indirectamente trascienden los derechos de los menores, el Juez debe decidir atendiendo al mayor beneficio del menor por lo que debe valorar todos los elementos probatorios que tenga a su alcance. En tal sentido, aun cuando en la demanda de guarda y custodia se omitan plantear hechos que podrían resultar perjudiciales para los menores, tal omisión no limita al juzgador a valorar el material probatorio en autos que pudiera corroborar tal situación."
Ahora bien, como lo afirman los quejosos, al estudiar la causa relativa al abandono por más de tres meses, el tribunal de alzada sostuvo que no se justificaba porque cuando menos desde el veinte de noviembre de dos mil siete, la demandada se puso en contacto con ********** con el propósito de recuperar a su hija, de manera que si el supuesto abandono aconteció el veintiocho de septiembre de ese año, era inconcuso que no habían transcurrido los tres meses a los que alude la ley.
En contra de lo anterior, los quejosos manifiestan que para realizar esa afirmación, la autoridad responsable se basó en las grabaciones telefónicas presentadas como prueba por su contraria, las cuales carecen de valor probatorio, al tenor de los criterios jurisprudenciales que invocan en la demanda de amparo, aunado a que su eficacia es limitada, toda vez que en dichas grabaciones no aparece la voz de la demandada principal, sino supuestamente la de su abogado; y que en todo caso, la probanza sólo acredita que una persona que se ostentó como abogado llamó a alguien, no a alguno de los actores.
Los asertos sintetizados anteriormente son infundados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ha sostenido que aquéllas que se llevan a cabo sin previa autorización judicial constituyen un ilícito constitucional y, por ende, no deben admitirse como prueba en juicios civiles.
Sin embargo, al resolver el amparo directo en revisión **********, la Primera Sala del Máximo Tribunal también sentó el criterio de que este principio constitucional es aplicable en aquellos casos en que la comunicación privada es revelada por un tercero ajeno a la comunicación, pero no cuando es exhibida por uno de los que en ella intervinieron.
Para mejor comprensión, es menester transcribir la parte conducente de dicha ejecutoria, que es del siguiente tenor: "... Una vez establecido este marco de referencia, habrá que explorar si la interpretación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito es acorde con el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en los párrafos decimosegundo y decimotercero del artículo 16 de la Constitución. A fin de lograr lo anterior, es necesario determinar -en primer término- qué tipo de comunicaciones se encuentran protegidas por este derecho fundamental, ya que en el caso concreto la controversia versa específicamente sobre un gran número de correos electrónicos entablados entre la recurrente y un tercero. Asimismo, habrá que dotar de contenido a este derecho fundamental a fin de conocer si se respetaron sus límites materiales. El derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas aparece consagrado en los párrafos decimosegundo y decimotercero del artículo 16 constitucional. Así, a la letra se señala: (lo transcribe). La comprensión del régimen constitucional de este derecho nos obliga a distinguir sus elementos configuradores: A pesar de ser una manifestación más de aquellos derechos que preservan al individuo de un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros -como sucede con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o la protección de datos personales-, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas posee una autonomía propia reconocida por la Constitución. En cuanto a su objeto, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como una garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con independencia de su contenido. En este sentido, no se necesita en modo alguno analizar el contenido de la comunicación o de sus circunstancias, para determinar su protección por el derecho fundamental. Este elemento distingue claramente al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de otros derechos fundamentales, como es el de la intimidad. En este último caso, para considerar que se ha consumado su violación, resulta absolutamente necesario acudir al contenido de aquello de lo que se predica su pertenencia al ámbito íntimo o privado. En definitiva, lo que se encuentra prohibido por el párrafo decimosegundo del artículo 16 de la Constitución es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. La violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra -sin el consentimiento de los interlocutores-, una comunicación ajena, con independencia de que, con posterioridad, se difunda el contenido de la conversación interceptada. Respecto a esta última cuestión, esta Primera Sala considera conveniente enfatizar en que la reserva de las comunicaciones se impone sólo frente a terceros, de tal forma que el levantamiento del secreto por uno de los participantes en la comunicación no se considera una violación a este derecho fundamental. Lo anterior no resulta óbice para que, en su caso, se configure una violación al derecho a la intimidad dependiendo, como se señaló anteriormente, del contenido concreto de la conversación divulgada ..."
La ejecutoria de referencia dio origen a la tesis aislada 1a. CLIV/2011, con registro IUS 161337, consultable en la página 220, Tomo XXXIV, agosto de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN. La reserva de las comunicaciones, prevista en el artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone sólo frente a terceros ajenos a la comunicación. De tal forma que el levantamiento del secreto por uno de los participantes en la comunicación no se considera una violación a este derecho fundamental. Lo anterior no resulta óbice para que, en su caso, se configure una violación al derecho a la intimidad dependiendo del contenido concreto de la conversación divulgada."
Las transcripciones anteriores evidencian que, efectivamente, las comunicaciones privadas se encuentran protegidas constitucionalmente y, por tanto, son inadmisibles como prueba en un juicio civil, siempre y cuando el levantamiento del secreto se realice por un tercero ajeno a la comunicación, pero no cuando esto se lleve a cabo por uno de los participantes.
En la especie, las conversaciones se atribuyen al licenciado ********** -abogado patrono de la demandada **********-, y a la actora **********, por lo que no puede estimarse que fueron dadas a conocer por un tercero ajeno a la controversia y que, por ello, fueran inadmisibles por transgredir la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Y si bien es cierto que el referido profesionista no es parte formal en los juicios de origen, también lo es que está legitimado en el proceso, por ser abogado de la demandada, contratado con el objetivo de recuperar la guarda y custodia de su hija.
Aunado a ello, en la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el cuatro de septiembre de dos mil ocho (fojas 632 a 651 del tomo I de primera instancia), la actora manifestó que: "... objeto la grabación, en virtud de que fueron dos conversaciones en diferentes fechas y que han sido editadas en una sola presentación, ya que perfectamente se oyen cortes y falta un tramo de una de las conversaciones que sostuvo con **********, además, falta una parte que obviamente fue cortada ...", esto es, reconoció su participación en las conversaciones telefónicas grabadas, tan es así que alegó que faltaba una parte de ellas; en la misma diligencia el licenciado ********** reconoció como suya la voz masculina que se escucha en las referidas grabaciones.
De tal suerte, las cintas magnetofónicas que contienen las grabaciones telefónicas sí eran admisibles como prueba en el juicio de origen, y, contrario a lo aseverado por los quejosos, sí demuestran las conversaciones sostenidas entre la actora ********** y el abogado patrono de la demandada, **********, pues ambos reconocieron expresamente haberlas entablado.
Cabe destacar, que de conformidad los artículos 240, fracción II, 265, 266, 268 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, las cintas magnetofónicas exhibidas en el juicio natural tienen el carácter de pruebas documentales que, al no provenir de un funcionario o depositario de la fe pública, son de naturaleza privada y que, al haberse reconocido ante la presencia judicial, gozan de pleno valor probatorio.
Dichos preceptos legales establecen:
"Artículo 240. La ley reconoce como medios de prueba: ... II. Los documentos públicos y privados, en cuya categoría se comprenden: Las fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos y en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, por la técnica y el arte."
"Artículo 265. Son documentos, los elementos que por su naturaleza objetiva, consignan en sí mismos la memoria de un hecho, acto o acontecimiento mediante el empleo de un lenguaje escrito, de una imagen, o de un sonido. Por su origen, los documentos son públicos o privados."
"Artículo 266. Los documentos públicos son aquellos autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, con las solemnidades y formalidades prescritas por la ley."
"Artículo 268. Son documentos privados por exclusión los que no están comprendidos en el artículo anterior."
"Artículo 325. Los hechos propios y ajenos afirmados por cualquiera de las partes ante la presencia judicial en actuación o en algún escrito, producen pleno valor probatorio en su contra sin necesidad de petición al respecto y contra ellos no se podrá rendir prueba alguna."
Cabe agregar que con independencia del valor probatorio de las cintas magnetofónicas, de la copia certificada de la averiguación previa **********, de veintinueve de noviembre de dos mil siete, se advierte que ********** ocurrió ante la agencia del Ministerio Público Sur, ********** mesa de trámite vespertino, a fin de que se requiriera a ********** que le entregara a su menor hija.
La indagatoria de referencia culminó con la resolución de veinticinco de enero de dos mil ocho (fojas 574 y 575 del tomo I de primera instancia), en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal, básicamente porque: "... se desprende la existencia de un acuerdo de voluntades para que la C. ********** estuviera a cargo de la menor hasta que se realizaran los trámites de adopción correspondientes por parte de la C. **********, sin embargo en caso de que la C. ********** haya cambiado de parecer en su decisión inicial de entregar la menor, así como estar en contra del procedimiento de adopción por parte de la C. **********, existen medios legales por los cuales debe hacer valer sus derechos, por lo que esta representación social con el fin de no retardar los medios legales procedentes para dicho fin de la agraviada y toda vez que, como se ha mencionado en líneas anteriores, no existe elemento material descriptivo de cuerpo de delito alguno señalado en el Código de Defensa Social para nuestro Estado, cabe señalar que se trata de una situación meramente civil, y no de orden penal. Por tal motivo, los hechos que se pusieron del conocimiento de esta autoridad resultan ser atípicos, por lo que consecuentemente se ordena determinar el no ejercicio de la acción penal, persecutoria de la constancia de hechos en que se actúa por atipicidad, y en consecuencia su archivo definitivo ..."
Esta copia certificada es un documento público que merece pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 240, fracción II, 265, 266, 267, fracción II y 335 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, y acredita que antes de que transcurrieran tres meses de la entrega de la menor de edad a los quejosos, su madre biológica llevó a cabo ante una autoridad, actos tendentes a recuperarla.
Así las cosas, es cierto que conforme a la litis planteada, la carga probatoria de acreditar que no se actualizó el abandono por más de tres meses correspondió a la demandada; no obstante, en autos está demostrado que la menor ********** nació el veintiocho de septiembre de dos mil siete; que cuando menos desde el veinte de noviembre siguiente, el abogado de la madre biológica se comunicó con la quejosa a fin de recuperar a la menor e, incluso, el veintiocho de los mismos mes y año se levantó la constancia de hechos respectiva ante el Ministerio Público; de forma tal, que es patente que no transcurrieron los tres meses a los que alude el inciso b) de la fracción IV del artículo 628 del Código Civil para esta entidad federativa, como elemento indispensable para que se configure dicha causa de pérdida de la patria potestad.
En abono a lo anterior, debe decirse que este Tribunal Colegiado de circuito ha sostenido el criterio de que para la configuración de la causa de pérdida de la patria potestad en estudio, no sólo se necesita demostrar que un menor fue dejado por sus padres a cargo de alguna otra persona por un lapso mayor a tres meses, sino que también debe probarse que con esa acción se pusieron en peligro su salud, seguridad y moralidad.
Dicho criterio se encuentra plasmado en la tesis aislada VI.2o.C.354 C, con registro IUS 183970, consultable en la página 995, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: " Acorde con lo establecido en la jurisprudencia número 307, sostenida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis número 12/93, visible en la página 207, Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: ‘PATRIA POTESTAD. PÉRDIDA DE LA MISMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE ALIMENTOS.’; y, en lo conducente, en la tesis sustentada por la misma autoridad jurisdiccional, publicada en la página 2627, Tomo LXXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación con el título: ‘PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA.’, debe decidirse que para que se configure el abandono a que se refiere el artículo 628, fracción IV, inciso c), del Código Civil para el Estado de Puebla, no basta con que se acredite que un menor de edad fue dejado por sus padres o abuelos, según sea el caso, con alguna persona, por un lapso mayor a tres meses, sino que es necesario que con esa acción se pongan en peligro su salud, seguridad y moralidad. Por tanto, la connotación jurídica de la causal en comento implica que, independientemente de alejarse físicamente del menor, por el mencionado lapso, el que ejerce la patria potestad sobre él, se desentienda completamente de sus necesidades básicas, no vele por su seguridad y condiciones de vida, se despreocupe de su suerte; eso es abandono. Por el contrario, no lo es encargar a un infante con una persona que se sabe lo cuidará y tiene posibilidades de hacerlo, pero sobre todo, que esa acción no comprometerá ni pondrá en riesgo los valores tutelados por la ley."
En el particular, independientemente del motivo por el que la menor de edad fue dejada a cargo de los quejosos, ya sea para que la cuidaran o para que la adoptaran, del cúmulo probatorio aportado por las partes este Tribunal Colegiado no advierte que esa circunstancia haya puesto en peligro su salud, seguridad o moralidad, pues incluso los propios impetrantes del amparo reconocen que en todo momento le han brindado los cuidados necesarios para su sano desarrollo; de manera que precisamente por estar al cuidado de personas que velaron por preservar esos valores en relación con la menor de edad, es que tampoco puede actualizarse la causa de pérdida de la patria potestad hecha valer por los aquí quejosos, pues para ello se requieren pruebas plenas e indiscutibles que no existen en el caso concreto.
Por su exacta aplicación, cabe citar la tesis aislada emitida por este órgano jurisdiccional, con registro IUS 211675, visible en la página 694, Tomo XIV, julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "PATRIA POTESTAD, PRUEBAS PARA LA PÉRDIDA DE LA. Como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el progenitor, para decretarla en los casos excepcionales previstos en la ley, se requiere de pruebas plenas e indiscutibles, que sin lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de la privación."
No pasa desapercibido ni es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 62/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribirá, en principio, porque se refiere a la causa de pérdida de la patria potestad consistente en el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, no a la de abandono, que es la ejercida en la especie.
Y en segundo lugar, porque dicha jurisprudencia interpreta la fracción IV del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, que contiene una hipótesis normativa distinta de la prevista en el inciso b) de la fracción IV del artículo 628 de la codificación sustantiva civil para esta entidad federativa.
En efecto, el precepto de la legislación de la capital federal establecía: "Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial: ... IV. El incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria inherente a la patria potestad."; el dispositivo legal del Código Civil poblano ya fue transcrito en párrafos precedentes, por lo que resulta innecesaria su reiteración, máxime que la diferencia entre ambas hipótesis normativas es patente ante la simple lectura.
La mencionada jurisprudencia es localizable con el registro IUS 178677, así como en la página 460 del Tomo XXI, abril de 2005 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "PATRIA POTESTAD. PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO ACREDITAR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI EL ESTABLECIMIENTO PREVIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2003). La reforma al artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad el 25 de mayo de 2000, eliminó como causa de pérdida de la patria potestad el que por abandono de los deberes de los padres pueda comprometerse la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, para incluir la hipótesis relativa al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. Ahora bien, si se toma en consideración, por un lado, el principio general de derecho de que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo y, por otro, que la fracción IV del artículo 444 no exige el acreditamiento de que el abandono de los deberes de los padres, concretamente la obligación de dar alimentos, comprometa la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, se concluye que para que proceda decretar la pérdida de la patria potestad por incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria no es necesario acreditar tales circunstancias, pues esta causal se actualiza cuando el deudor alimentario deja de subvencionar de manera injustificada las necesidades alimenticias; además de que tampoco se requiere la exclusiva circunstancia de que ante un Juez se haya ejercido la acción de pago de alimentos contra el obligado y que éste deje de pagar reiteradamente la pensión que de manera provisional o definitiva, por convenio, sentencia o cualquier resolución judicial vinculatoria se haya decretado, ya que la norma citada no establece tales condicionantes, en tanto que no alude al incumplimiento reiterado en la obligación de pago de ‘pensión alimentaria’, sino a la ‘obligación alimentaria inherente a la patria potestad’, la cual encuentra su fundamento en el estado de necesidad de una persona que no puede cubrir por sí misma los gastos necesarios para su subsistencia, la posibilidad de otro sujeto de cubrir esa necesidad y determinado nexo jurídico que los une."
Las consideraciones que anteceden permiten concluir, como lo hizo la Sala responsable, que la acción de pérdida de patria potestad no fue probada por los quejosos.
Partiendo de esta base, el consentimiento de **********, quien por ser madre biológica de la menor, ejerce la patria potestad sobre ella, sí es indispensable para que proceda la adopción, como se verá a continuación.
En efecto, es cierto que como lo aducen los quejosos, los artículos 7 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no exigen el consentimiento de la adopción por parte de quienes ejerzan la patria potestad; empero, el diverso numeral 21 de dicha convención, sí establece el consentimiento de las personas interesadas como requisito para la adopción de un menor de edad; carácter que indudablemente tienen sus padres o quienes ejerzan sobre él la patria potestad.
Los numerales mencionados establecen:
"Artículo 7. 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida."
"Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas."
"Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y: a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23455-b31a90ce/abandono-de-un-menor-por-sus-padres-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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