COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción II, 227, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre dos Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización, en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
Al respecto, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan competentes para conocer de contradicciones de tesis sostenidas entre los Plenos de Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad.
En ese tenor, de los autos que integran el expediente que nos ocupa, se constata que los asuntos de los cuales deriva la contradicción de tesis que se analiza, son la queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el conflicto competencial ********** del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del referido circuito Judicial.
Consecuentemente, al tratarse de una posible contradicción de tesis derivada de los criterios jurídicos sustentados por dos Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta ser competente para resolver del asunto que nos ocupa.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.(1)
TERCERO.-Criterios en contradicción. Las consideraciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
A) Determinación emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja ********** de su índice.
En principio, a manera de antecedente, debe mencionarse que ********** fue designado por ********** como defensor para su asistencia legal dentro de una averiguación previa que se instruyó en su contra.
Desde su designación en la indagatoria, ********** advirtió una serie de irregularidades cometidas en el trámite de la misma por parte de **********, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa a la que correspondió la integración de la averiguación previa.
En consecuencia de esas irregularidades, el dieciséis de abril de dos mil quince, ********** presentó una queja ante el visitador general de la Procuraduría General de la República, la cual quedó registrada con el número de expediente de investigación ********** y, posteriormente, mediante escrito de cinco de octubre de ese mismo año, compareció para ampliar la queja en contra del referido agente del Ministerio Público, precisando hechos y circunstancias de los comportamientos ilícitos atribuidos; entre los cuales advirtió que se dio trámite a la denuncia presentada contra su representado a pesar de que se formuló la misma por medio de un apoderado de persona física; que no tuvo por hecha la designación de defensor del indiciado; el haber recabado pruebas de manera ilícita y que las firmas atribuidas al servidor público eran notoriamente diferentes entre sí. En respuesta a la queja en comento, el veinte de octubre de dos mil quince se emitió un acuerdo mediante el cual se determinó la improcedencia de la misma.
En contra de dicho acuerdo, ********** promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien lo registró bajo el número ********** y, previos trámites correspondientes, acordó desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, toda vez que el promovente carecía de interés jurídico para reclamar en la vía de control constitucional el acuerdo de improcedencia, por lo que hace a la probable responsabilidad administrativa atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, dictado en el expediente de investigación.
En la referida demanda de amparo se señaló como acto reclamado el acuerdo de improcedencia de veinte de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente de investigación **********, relativo a la probable responsabilidad penal y/o administrativa atribuible al servidor público **********, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, así como la autorización del citado acuerdo. Dichos actos se le atribuyeron por igual al visitador general, director de área adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría y al agente del Ministerio Público de la Federación visitador adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría, todos dependientes de la Procuraduría General de la República.
En contra del acuerdo mediante el cual el Juez de Distrito determinó desechar la demanda por notoriamente improcedente, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien mediante sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis resolvió que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal carecía de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda interpuesta, por lo que no estaba en aptitud legal de pronunciarse en torno a la procedencia del juicio.
Lo anterior en virtud de que no se cumplía el presupuesto procesal necesario que le da atribuciones para actuar, ya que tanto por la naturaleza del acto reclamado, como por la de las autoridades señaladas como responsables, correspondía conocer del asunto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.
El órgano colegiado de referencia arribó a dicha conclusión, al considerar que el acto reclamado derivó de un expediente de investigación, el cual se formó con base en la queja promovida por **********, para denunciar las posibles irregularidades cometidas por **********, en su actuación como agente del Ministerio Público de la Federación en la integración de una averiguación previa.
Por tanto, estimó que el expediente de investigación que se formó, no tiene la cualidad de considerarse del orden penal, toda vez que su finalidad no corresponde a que la autoridad se avoque a la investigación y persecución de delitos, ni afecta la libertad del servidor público denunciado, sino que su objetivo tiende a verificar que el citado funcionario del Estado se haya apegado, en el desempeño de sus funciones, a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen la actuación de todo servidor público, en términos de las directrices que derivan de la Constitución General y las leyes sobre responsabilidad administrativa.
En ese sentido, el Tribunal Colegiado hizo referencia al régimen de responsabilidades administrativas y sanciones que fijan los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el caso concreto de la Procuraduría General de la República, su ley orgánica, el reglamento respectivo y el Acuerdo A/100/03; documentos de los cuales se desprenden las causas de responsabilidad y obligaciones a que están sujetos los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como las sanciones y trámite que rigen los procedimientos relativos.
A partir de dicho marco normativo, estimó que el acto reclamado constituye un asunto en materia administrativa, que se desvincula totalmente del asunto de que le da origen, es decir, una averiguación previa, toda vez que dicho acto fue resultado del expediente de investigación que se formó para evaluar el desempeño de un funcionario, en su carácter de servidor público. Al respecto, precisó que el expediente de investigación no tiene ninguna trascendencia o efecto jurídico en la averiguación previa, pues no modifica sus actuaciones procesales dentro de la integración de la referida averiguación.
A efecto de robustecer el argumento anterior, el órgano colegiado esgrimió las siguientes consideraciones:
"Pues bien, este Tribunal Colegiado considera que el Juez de Distrito carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo, virtud a lo cual no estaba en aptitud legal de pronunciarse en torno a la procedencia del juicio, al no cumplirse con este presupuesto procesal necesario que le da atribuciones para actuar, ya que tanto por la naturaleza del acto reclamado, como por la de las autoridades señaladas como responsables, es un asunto que corresponde conocer a un Juzgado de Distrito en materia administrativa.
"En efecto, el acto reclamado deriva de un expediente de investigación, el cual se formó con base en la queja promovida por **********, para denunciar las posibles irregularidades cometidas por **********, en su actuación como agente del Ministerio Público de la Federación en la integración de una averiguación previa.
"En tal virtud, el expediente de investigación que se formó con motivo de esa queja no tiene la cualidad de considerarse del orden penal; toda vez que su finalidad no es que la autoridad se avoque a la investigación y persecución de los delitos, ni afecta la libertad del servidor público denunciado, sino que su objetivo tiende a verificar que el citado funcionario del Estado se haya apegado, en el desempeño de sus funciones, a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen la actuación de todo servidor público, en términos de las directrices que derivan de la Constitución Federal y las leyes sobre responsabilidad administrativa.
"Ciertamente, la Ley Fundamental prevé que los servidores públicos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y sanciones que fijen las leyes, conforme a los artículos 109 y 113 (vigentes a la fecha de presentación de la queja).
"Por su parte, en el ámbito de la Procuraduría General de la República, de su ley orgánica, del reglamento respectivo y del Acuerdo Número A/100/03, emitido por el titular de esa dependencia, se advierten las causas de responsabilidad y obligaciones a que están sujetos los agentes del Ministerio Público de la Federación, asimismo, las sanciones por incurrir en las mismas, las autoridades competentes y el trámite que rigen los procedimientos relativos, conforme a los artículos 62, 63, 66, 67 y 72 de la ley, 73, fracción III, del reglamento y puntos vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo segundo, trigésimo tercero, trigésimo quinto, cuadragésimo primero y cuadragésimo cuarto del acuerdo.
"De ese marco legal al que están constreñidos los servidores públicos se pueden obtener las siguientes cuestiones:
"Primero. Se pueden llevar a cabo diversos procedimientos en contra de los servidores públicos para determinar sus responsabilidades, entre ellas, las administrativas.
"Segundo. El procedimiento de responsabilidad administrativa es totalmente autónomo de cualquier otro que se llegue a instaurar contra el servidor público, como lo establece la propia Constitución Federal en su artículo 109, antepenúltimo párrafo.
"Tercero. La finalidad del procedimiento de responsabilidad es determinar si el servidor público incurrió en alguna causa de responsabilidad y, en su caso, imponer alguna sanción administrativa al funcionario del Estado, que ninguna de ellas afecta la libertad por la posible comisión de algún delito, lo cual es congruente con el punto trigésimo del acuerdo antes citado, pues establece que los expedientes de investigación no tendrán el carácter de averiguación previa.
"Cuarto. El procedimiento de responsabilidad se puede iniciar con motivo de una denuncia o queja que puede presentar cualquier persona y se tramitan, para el caso de los agentes del Ministerio Público de la Federación, ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República.
"Quinto. Al presentar una queja por presuntas irregularidades atribuidas al servidor público se forma un expediente de investigación que no tiene el carácter de averiguación previa.
"Sexto. De resultar fundada la queja contra un agente del Ministerio Público de la Federación se le podría sancionar con: amonestación pública o privada, suspensión o remoción.
"Séptimo. El expediente de investigación puede concluir por incompetencia, improcedencia, o bien, con dar vista a la autoridad competente.
"A partir de lo anterior se puede concluir que el acto reclamado constituye un asunto en materia administrativa y se desvincula totalmente del asunto que le da origen, en este caso, una averiguación previa; toda vez, que aquél es el resultado del expediente de investigación que se inició para evaluar el desempeño del funcionario como empleado del Estado, en su carácter de servidor público y ninguna trascendencia o efecto jurídico tiene esa decisión en la averiguación previa que está a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación, pues no modifica sus actuaciones procesales en esa averiguación previa, lo que significa que a pesar de que el origen de la posible actuación irregular que se atribuye al funcionario público sea una indagatoria penal, tal cuestión en modo alguno implica que la naturaleza penal de la actuación procesal del funcionario público convierta al acto aquí reclamado -derivado de un expediente de investigación por una posible responsabilidad administrativa- a un acto de naturaleza penal."
En tales condiciones, y con apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.",(2) procedió a revocar el auto impugnado, ordenar al Juez de Distrito que se declare incompetente e instruirlo para que remitiera el asunto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo.
B) Determinación emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** de su índice.
El día veintitrés de octubre de dos mil doce, **********, apoderado legal de ********** presentó una denuncia en contra de **********, ********** y/o quienes resultaren responsables, por la probable comisión de los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa.
En razón de esa denuncia, se formó y registró la averiguación previa número **********, de la cual correspondió conocer al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin detenido C5, Agencia de Investigación C de la Fiscalía Central de Investigación.
Dentro de la integración de la referida averiguación previa, el agente del Ministerio Público solicitó la intervención pericial en materia de contabilidad a efecto de determinar los siguientes montos:
"Oficio **********.-Problema planteado.-‘A cuánto asciende el monto total de las comisiones que pagó la empresa agraviada a ********** por concepto de la comisión de la póliza número **********, expedida a nombre de **********’, con vigencia del 18/09/2011 al 18/09/2012, al indiciado **********; debiendo considerar los estados de cuenta, que obra a fojas 427 y 428 de la primordial de la averiguación previa al rubro citada.-De páginas 423 a 428 copias certificadas por el CP. **********."
Los responsables designados para la realización de dicho peritaje fueron ********** y **********, peritos contables adscritos a la Unidad de Contadores de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes, dos meses después de haber sido designados para el cumplimiento del peritaje contable, emitieron diverso oficio mediante el cual solicitaron los siguientes documentos:
"Oficio anterior **********.-Solicita.-I. Informe de auditoría suscrito por contador público independiente en el cual se conceptualice, determine y cuantifiquen los hechos penales denunciados, debiendo precisar el periodo de revisión, alcance y procedimientos aplicados, resultado de la revisión a efecto de determinar de manera clara y precisa los hechos penales denunciados.-II. Cédulas analíticas y sumarias en donde se identifiquen clara y precisa, analice, conceptualice, determine y cuantifique las partidas que conforman los hechos denunciados cruzadas con índices de auditoría con su documentación comprobatoria respectiva.-III. La totalidad de la documentación contabilizada y comprobatoria que pruebe los hechos penales denunciados, en su caso debidamente cruzada con índices de auditoría a la contabilidad general del denunciante."
En virtud de lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el licenciado **********, en calidad de autorizado, presentó queja en contra del contador ********** y de la contadora pública **********, responsable de la referida unidad de contadores, a los cuales se les atribuyó la comisión de las irregularidades siguientes:
"1. Se excedieron en sus facultades y cometen irregularidades al solicitar que se precise hechos penales denunciados, se excedieron en sus facultades, al solicitar información y documentación que no tienen relevancia ni idoneidad, para resolver el asunto; al solicitar un informe de auditoría suscrito por contador público independiente en el cual: A. Se conceptualice, determine y cuantifiquen los hechos penales denunciados: B. Se precise: a. el periodo de revisión; b. alcance; y, c. procedimientos aplicados; d. así como, el resultado de la revisión a efecto de determinar de manera clara y precisa los hechos penales denunciados.-2. Se excedieron en sus facultades y cometen irregularidades al hablar de hechos penales denunciados y solicitando peritajes y documentación que no le es idónea, ni es de relevancia para realizar el peritaje solicitado, ya que no tienen que ver con el asunto, solicitando: A. Cédulas analíticas y sumarias en donde se identifiquen clara y precisa, analice, conceptualice, determine y cuantifique, las partidas que conforman los hechos denunciados.-B. Cruzadas con índices de auditoría.-C. Con su documentación comprobatoria respectiva.-3. Se excedieron en sus facultades y comenten irregularidades al solicitar más información que la que es relevante, idónea por estar relacionada con el asunto, al solicitar: A. La totalidad de la documentación contabilizada y comprobatoria que pruebe los hechos penales denunciados.-a. debidamente cruzada.-b. con índices de auditoría a ‘la contabilidad general del denunciante.’.-Lo anterior, apartándose totalmente del pedimento o solicitud del Ministerio Público de la causa, al no tomar en consideración los estados de cuenta certificados, que obran en el expediente, como lo indicó el propio Ministerio Público; donde con la simple lectura de los mismos se observan las disposiciones de dinero que se le dieron al contador público, es decir ‘los montos pagados por la empresa agraviada al hoy indiciado, por concepto de la comisión de la citada póliza.’.-Indudable irregularidad y desacato, cometida por los citados servidores públicos, dado que el Ministerio Público de la causa indicó que se tomaran en consideración los citados estados de cuenta certificados, respecto de los puntos indicados por éste, como son: A. A cuánto asciende el monto total de las comisiones que pagó la empresa agraviada a **********. por concepto de la comisión de la póliza número ********** expedida a nombre de **********, con vigencia del 18/09/2011 al 18/09/2012, al indiciado **********.-B. Debiéndose considerar los estados de cuenta que obran a fojas 427 y 428 de la primordial de la averiguación previa al rubro citada.-C. De las páginas 423 a 428 copias certificadas por el CP. **********."
En respuesta al escrito de queja presentado, el veinte de marzo de dos mil quince **********, agente del Ministerio Público de la Agencia de Supervisión "F", unidad 4, adscrita a la Fiscalía de Supervisión de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, emitió el oficio **********, en el cual se estableció, de manera medular, que no existieron irregularidades por parte de los peritos oficiales en materia de contabilidad que fueron designados en la integración de la averiguación previa **********, toda vez que el informe que rindieron dichos expertos se ajustó a la legalidad y profesionalismo, partiendo de la base de que lo que les fue solicitado para la debida integración de la averiguación previa se encontraba dentro de sus facultades, además de considerar que no obstante que los servicios periciales actúan bajo la autoridad y mando inmediato o directo del Ministerio Público, ello es sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se someten a su consideración y, por ende, en dicho oficio, se desestimaron todas las irregularidades que se les atribuyó en el escrito de queja.
A efecto de un mejor entendimiento, se transcribe el contenido del oficio de respuesta **********, emitido por **********, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Agencia de Supervisión "F", unidad 4, adscrito a la Fiscalía de Supervisión de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:
"... En atención a su escrito de queja de fecha 24 veinticuatro de febrero del año en curso, derivado de la intervención solicitada a servicios periciales, por el Ministerio Público, encargado de la integración de la averiguación previa **********, iniciada por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, cometido en agravio de **********, **********, en contra de los que responden a los nombres de ********** y **********, y contra quien resulte responsable, consultándose la indagatoria en el sistema electrónico SAP, se corrobora que fue iniciada con el oficio 5489 remitido por el fiscal desconcentrado de investigación en Cuauhtémoc, en el que se anexa el escrito de denuncia a nombre del denunciante **********, quien comparece a rendir declaración en fecha 26 de noviembre de 2012 ante el Ministerio Público, en su calidad de representante legal de la agraviada, en donde además formula denuncia o querella por el delito de fraude en grado de tentativa, en contra de los indiciados citados, en fecha 20 veinte de marzo del año en curso se determinó el expediente de queja en los términos siguientes: Una vez impuestos de la consulta en el sistema SAP y contenido de la averiguación previa **********, se desprende que en relación al contenido y narrativa de hechos que expone usted, en su escrito de queja, no se advierte que existan irregularidades en su integración, por parte de los servidores públicos contador **********, perito en contabilidad y de la CP. **********, perito en contabilidad, adscritos a la Unidad de Contadores de la Coordinación de Servicios Periciales de la institución, ya que a partir del 07 siete de noviembre de 2012 dos mil doce a las 12:44 doce horas con cuarenta y cuatro minutos en que fue iniciada la indagatoria el personal ministerial, comenzó a practicar diligencias oportunamente, siendo que hasta la fecha de la consulta del SAP, se encuentra en integración, con última fecha de actuación en fecha 17 diecisiete de marzo de 2015 dos mil quince, hasta la foja 143, desprendiéndose de las actuaciones que la integran, que el informe pericial emitido por los C. Peritos contador **********, perito en contabilidad y de la CP. ********** adscritos a la Unidad de Contadores de la Coordinación de Servicios Periciales de la institución, se encuentra ajustado a la legalidad, y profesionalismo sin dejar de señalar que las intervenciones solicitadas a los peritos de la institución a través del coordinador general de servicios periciales, es programada, conforme a las necesidades en cada una de las Coordinaciones Territoriales del Distrito Federal, en que solicitan su intervención, para actuar en cada una de las averiguaciones previas, en que se requiere perito contable, y respecto a que los peritos solicitan: I. Un informe de auditoría, a efecto de determinar de manera clara y precisa los hechos penales denunciados, II. Cédulas analíticas y sumarias, en donde se identifiquen clara y precisa, analice, conceptualice determine y cuantifique las partidas que conforman los hechos denunciados cruzados son índices de auditorio (sic), con su documentación comprobatoria, y III. La totalidad de la documentación contabilizada y comprobatoria que prueba los hechos penales denunciados, en su caso debidamente cruzada con índices de auditoría a la contabilidad general del denunciante, lo que usted considera como improcedente, la solicitud por parte de los peritos referidos, al respecto se informa a usted, que está dentro de sus facultades ya que el Ministerio Público, al requerir de una opinión técnica, con conocimientos especiales, acude a un órgano auxiliar, como son los peritos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 162, 163 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no obstante de que los servicios periciales, actuarán bajo la autoridad y mando inmediato o directo del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su consideración y dictamen, como lo establece el artículo 42 de la ley orgánica de la institución, en correlación con el artículo (sic) 40 y 41 del reglamento de la citada ley, en cuanto a lo que señala el quejoso ********** en su escrito de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2015 en (sic) a foja 5 cinco de su escrito que refiere lo siguiente: A mayor abundamiento, hago del conocimiento como otra irregularidad, que jamás he visto portar identificaciones como auxiliares de la procuraduría, ni al CP. **********, ni a su jefa la CP. **********, responsable de la unidad de contadores, y el primero de los mencionados por lo menos en 5 cinco ocasiones que he ido a buscarlo, no ha estado en sus horas laborables, al respecto es de indicarse que estas situaciones de conducta, no puede emitir ninguna consideración por no contar con elementos de prueba que hagan presumible la realización de estas conductas, luego entonces el quejoso ni persona alguna, tiene que acudir a ver al personal de servicios periciales en su área de oficinas, se desconoce cuál sea el motivo para que usted acuda a pretender entrevistarse con los peritos, cuando a éstos su intervención se les solicita solamente mediante oficio o llamado, por parte del Ministerio Público, sin que los particulares, denunciantes o indiciados, tengan que acudir a entrevistarse con algún perito, por consiguiente, resulta innecesario que el quejoso acuda a corroborar la asistencia o no del personal de servicios periciales, o saber si realizan su trabajo en alguna de las fiscalías desconcentradas o centrales de investigación, además de que se advierte de la consulta de la misma en el sistema electrónico denominado SAP, se desprende que la indagatoria, aún continua en integración ..."
En contra de dicho oficio, mediante escrito de veintidós de abril de dos mil quince, el apoderado legal de **********, promovió juicio de amparo ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno.
De la demanda de amparo correspondió conocer inicialmente por razón de turno al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; mismo que se declaró incompetente para conocer del asunto y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal en turno, por considerar que el acto reclamado de que se dolió la quejosa se encontraba íntimamente relacionado con un procedimiento regulado por normas en materia penal.
El acuerdo mediante el cual dicho órgano colegiado se declaró incompetente para conocer del asunto es del tenor siguiente:
"México, Distrito Federal; veinticuatro de abril de dos mil quince.-Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el escrito signado por **********, en representación de la persona moral **********, contra actos del agente del Ministerio Público ********** de la Agencia de Supervisión ‘F’ Unidad 4.-Regístrese en el libro de gobierno con el número **********.-Ahora bien, tomando en consideración que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente.-A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26853-1abb15d0/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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