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DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO NO SÓLO COMPRENDE ORDENAR LAS ACCIONES EFECTIVAS E IDÓNEAS PARA LOCALIZAR Y LIBERAR A LA VÍCTIMA, SINO TAMBIÉN LAS MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS ACTOS QUE AFECTAN TANTO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS COMO LOS DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UN PERJUICIO DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, Y DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ADVIERTE QUE LA VÍCTIMA ES MENOR, LAS MEDIDAS QUE COMPRENDEN EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEBEN DICTARSE ACORDE CON ESA CONDICIÓN, Y EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.

Tipo de asunto: QUEJA 17/2018. · Registro digital (IUS): 27733
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-06
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 2075.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO NO SÓLO COMPRENDE ORDENAR LAS ACCIONES EFECTIVAS E IDÓNEAS PARA LOCALIZAR Y LIBERAR A LA VÍCTIMA, SINO TAMBIÉN LAS MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS ACTOS QUE AFECTAN TANTO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS COMO LOS DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UN PERJUICIO DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, Y DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ADVIERTE QUE LA VÍCTIMA ES MENOR, LAS MEDIDAS QUE COMPRENDEN EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEBEN DICTARSE ACORDE CON ESA CONDICIÓN, Y EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.

QUEJA 17/2018. 31 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. ENCARGADO DEL ENGROSE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: DANIEL MARCELINO NIÑO JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

III.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. El auto impugnado está visible a fojas 13 a 18 del recurso de queja (dictado en el juicio de amparo ***********), que se tiene a la vista y cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del diverso 2o. de la Ley de Amparo.

Por otro lado, es innecesario transcribir los agravios, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual prevé los requisitos formales que deben contener las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, pues no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación.(4)

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que el juzgado de amparo no remitió las constancias de notificación relativas a la interposición de este recurso, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.); sin embargo, dada la materia del asunto y de que están involucrados los derechos de un menor de edad y el acto reclamado versa sobre desaparición forzada de personas -que se estima, es una acto pluriofensivo y un crimen de lesa humanidad- se estima conveniente analizar este recurso, a efecto de no retardar su resolución, con la acotación al juzgado de amparo, que en lo sucesivo debe observar esta prevención.(5)

También no es obstáculo que el autorizado de los promoventes de amparo se haya desistido de este recurso -mediante escrito recibido el veintinueve de enero ante el juzgado recurrido-, dado que, con tal calidad, no tiene facultades para ello, acorde con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por no oponerse a la legislación de amparo actual, resulta aplicable conforme a los artículos sexto transitorio y 217 de la Ley de Amparo.

Tal jurisprudencia es P./J. 195/2008 y registro digital: 168202, de rubro y texto:

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DEL RECURSO DE REVISIÓN.-Aun cuando el artículo 27 de la Ley de Amparo, al disponer que el autorizado en los términos amplios de ese precepto, está facultado para ‘realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante’, está otorgando una diversidad importante de facultades de representación procesal, dentro de ellas no puede considerarse inmersa aquella que permita al autorizado desistirse del recurso de revisión en el juicio de amparo, lo anterior, porque no obstante que en virtud de la reforma a ese precepto se instituyó al autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en un verdadero mandatario judicial, dicho autorizado no puede ir más allá de lo establecido por la regla general contenida en el diverso numeral 14 de la Ley de Amparo, que rige al mandato judicial en materia de amparo, en la que se señala una restricción al mandatario para ejercer actos de desistimiento. Además, tratándose del desistimiento del juicio de amparo y los procedimientos y recursos que de él deriven, es necesario que el órgano judicial constate de manera indubitable que el interesado de manera personal, libre y auténtica desea renunciar a la continuación de una acción intentada en contra de un determinado acto en la instancia constitucional."

Aunado a lo anterior, dado que ya se localizó al menor de edad, corresponde a éste ratificar la demanda de amparo, o bien, desistirse de esta pretensión, conforme a los artículos 8 y 15 de la Ley de Amparo.(6)

IV.-Estudio. Uno de los agravios es fundado y suficiente para modificar el auto impugnado, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo(7) -dado que los promoventes manifestaron que el amparo lo solicitan en nombre y a favor de su hijo menor de edad y, además, por el acto que reclaman de desaparición forzada, dicho infante tiene la calidad de víctima-, por tanto, al reasumir jurisdicción este tribunal, conforme al artículo 103 de la citada ley, procede adicionar a las medidas determinadas por el juzgado de amparo respecto a tal medida cautelar, diversas que aquí se precisarán conforme a lo que se señalará.

En el auto impugnado se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de la desaparición forzada de personas reclamada, esencialmente, para los efectos siguientes:

1. El cese de inmediato de la desaparición forzada de personas, así como cualquier otro acto de los contemplados en los artículos 22 de la Constitución y 15 de la Ley de Amparo, del que esté siendo objeto el directo quejoso.

2. Girar oficios a diversas dependencias -que ahí indica- para que se avoquen a la búsqueda, localización y liberación de la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el invocado numeral 15.

3. En caso de localizar al quejoso, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, y el actuario judicial debía dar fe del estado físico que presentara tal peticionario de amparo.

4. Además, requerir al peticionario de amparo para que en el acto de la notificación, manifestara si ha sido objeto de los actos que aduce en su demanda.

Contra lo anterior, expone el recurrente:

• "...En concordancia con los principios de congruencia, exhaustividad y completitud de las resoluciones en el juicio de amparo, conforme a los numerales 15 y 126 de la materia (sic), así como conforme a los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Juzgado de Distrito en cuestión debe adoptar medidas efectivas e idóneas, bajo la más estricta y debida diligencia, que garanticen la máxima protección de la víctima, respetando en todo momento el interés superior de la niñez y la participación de la familia y no únicamente limitarse a pedir información parcial y de forma limitada a autoridades de la Ciudad de México. En este caso, los efectos limitados de la concesión de la suspensión de plano no observan los estándares y obligaciones a cargo de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos en casos que impliquen violaciones graves en relación a la desaparición y desconocimiento del paradero de una persona. En consecuencia, no analizó de forma integral la demanda y no se proveyó exhaustivamente sobre lo solicitada (sic) en los alcances y efectos de la suspensión de plano."

Tiene razón el recurrente, dado que la suspensión de oficio y de plano, tratándose del caso particular, específicamente cuando se reclama la desaparición forzada comprende, además de las acciones efectivas e idóneas para localizar a la víctima, también aquellas medidas que deben adoptarse una vez que se le localice, ya sea con vida o no, la probable persona que fue objeto de tal acto y las demás que deben adoptarse con las víctimas indirectas con motivo del acto reclamado -en el caso, los padres del menor, los que, incluso, promovieron la acción de amparo a favor de su hijo-.

Lo anterior se sustenta en lo señalado en el artículo 126 de la Ley de Amparo, donde se indica que procede la suspensión de oficio y de plano, entre otros casos, tratándose del acto de desaparición forzada de personas, sin que limite los efectos de dicha medida cautelar a acciones relacionadas exclusivamente con la localización del quejoso, pues al respecto dispone -se destaca con negrita y subrayado lo conducente-:

"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."

Tampoco se advierte tal limitación -consistente en que la suspensión de oficio y de plano sólo comprende acciones para localizar al quejoso- del contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues expresamente dispone -se destaca con negrita y subrayado-:

"Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

"En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado."

"Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.

"Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos.

"Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.

"Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el Juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona."

En efecto, en dicho numeral -en sus párrafos segundo y último-, expresamente se dispone que cuando la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso y por las circunstancias del caso, se observe como acto reclamado la desaparición forzada o la posible comisión de ese ilícito, como en el caso particular acontece -dado el relato de la demanda bajo protesta de decir verdad-, el juzgador de amparo:

1) Dará trámite al amparo en el plazo de veinticuatro horas;

2) Dictará la suspensión de los actos reclamados; y,

3) Requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima.

Nótese que en dicho numeral no se indica que la suspensión comprenda únicamente los requerimientos a las autoridades de toda la información para la localización y liberación de la probable víctima, sino que esta última acción es separada por la conjunción "y", de tal manera que la suspensión de oficio y de plano es una medida independiente de aquélla.

Corrobora lo expuesto, el tercer párrafo de dicho artículo, en el que se indica: "...Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo..." pero ello presupone implícitamente, que el directamente quejoso está en condiciones, tanto físicas como psíquicas, para manifestar tal voluntad, de tal manera que, como en el caso de las personas que reclaman incomunicación, debe proveerse la atención médica que requiera si se advierte algún deterioro en su salud a efecto de llevar a cabo tal diligencia, lo que se ordena desde la suspensión de plano decretada -cabe señalar que en el auto recurrido se dispuso una medida sobre este rubro, pero es insuficiente para el caso particular, pues se ordenó al actuario judicial que diera fe del estado físico que presentara el quejoso para el caso de que fuese localizado y se le requiriera si era su deseo ratificar la demanda promovida a su favor; sin embargo, por la naturaleza del acto reclamado -pues la desaparición forzada de personas se considera un crimen de lesa humanidad y afecta diversos derechos humanos (es pluriofensivo)-;(8) además de lo anterior, también debió ordenarse que de ser localizado, de forma inmediata debía darse intervención a un profesional de la salud (que el Estado proporcionara, dado la obligación de proteger los derechos fundamentales en términos del artículo 1o. constitucional) para que certificara el estado del quejoso -incluso, por ser menor, el profesional de la salud debe tener tal especialización- y determinara si estaba en condiciones de efectuar tal diligencia.

Esta interpretación es acorde con las disposiciones convencionales en materia de desaparición forzada de personas, a las que estamos obligados por disposición del artículo 1o. de la Constitución Federal -dado que los derechos humanos contenidos o regulados en tales disposiciones forman parte de las normas constitucionales que deben observarse, aunado a la obligación de respetar y proteger tales derechos-.

Es así, pues en diversos artículos de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que ratificó el Estado Mexicano el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se establece una serie de obligaciones al Estado Mexicano, que dan pauta para establecer las medidas que deben comprenderse en la suspensión solicitada -como una forma de que cesen de inmediato los actos que ocasionan la desaparición forzada de personas- y que en el auto recurrido no se incluyeron, concretamente:

1) En el artículo 21 del citado ordenamiento convencional, se indica que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en el momento en que sean liberadas.

Tal numeral dispone:

"Artículo 21

"Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos a las personas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar sujetas en virtud de la legislación nacional."

2) Observar el interés superior de la niñez, como directriz de las medidas que deben adoptarse en los casos en que los niños sean sometidos a desaparición forzada de personas -como en el caso particular, se indica por los promoventes de amparo, en la demanda, en sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, de que su hijo tiene diecisiete años y no ha sido localizado después de una detención efectuada por personal policiaco de esta ciudad-; tal premisa se indica en el artículo 25, numeral 5, de la citada convención, al disponer:

"Artículo 25

"1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

"a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;

"...

"5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez."

En la inteligencia de que el interés superior del niño, obliga que la aplicación de las normas -en el caso, las relativas a la suspensión solicitada a favor de un menor- se realice bajo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad, de tal forma que se armonice, para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012592, de título, subtítulo y texto:

"INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento."

Asimismo, recuérdese que las autoridades -administrativas y jurisdiccionales-, en las decisiones que adopten para las condiciones de vida y protección de los niños y adolescentes, deben estar en función de tal axioma y guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que tal aspecto es primordial y requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas, y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate, conforme lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLI/2016 (10a.), registro digital: 2013385, de título, subtítulo y texto:

"DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el ‘interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes’; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, ‘se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales’. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe ‘en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño’, lo que significa que, en ‘cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá’, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."

3) Considerar que en la desaparición forzada de personas, las víctimas no sólo son las personas desaparecidas, sino también todas aquellas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de tal acto. Siendo que éstas tienen el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada de personas, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida; a la reparación (de los daños materiales y morales) y a una indemnización rápida, así como la restitución, la readaptación, la satisfacción -que incluye el restablecimiento de la dignidad y la reputación- y las garantías de no repetición.

Asimismo, tal convención dispone que con independencia de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, también deben adoptarse las medidas relativas tanto de la víctima como de sus allegados (familiares) para su protección social, las cuestiones económicas, el derecho a la familia y los derechos de propiedad.

También se dispone que debe garantizarse el derecho de las víctimas a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas, y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.

Lo anterior está previsto en el artículo 24 de la citada convención, que dispone:

"Artículo 24

"1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘víctima’ la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

"2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

"3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

"4. Los Estados Partes velarán porque su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

"5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:

"a) La restitución;

"b) La readaptación;

"c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;

"d) Las garantías de no repetición.

"6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

"7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas."

Bajo este contexto, se estima que dadas las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, y atendiendo a la integridad de la petición de amparo, como medidas de la suspensión de plano -como parte del cese inmediato de cualquier acción relativa a la desaparición forzada de personas, que incluye garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas-, el juzgado de amparo debió adoptar otras medidas para el caso de que se localizara al menor.

No obstante, como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o. de la Ley de Amparo, y por informes del autorizado de los promoventes del amparo -en su escrito de desistimiento- que indica que a la fecha ya fue localizado dicho menor, no es impedimento para establecer las medidas que debieron decretarse, incluso, antes de que fuese localizado dicho infante.

Acorde con lo anterior, este tribunal estima que tal circunstancia enfatiza la necesidad de establecer tales medidas que deben adoptarse como parte de la suspensión -al margen de que las autoridades señaladas como responsables nieguen el hecho atribuido, lo que denota, al menos conceptualmente, los elementos con los que se ha definido tal acto-.(9)

Entonces, procede modificar el auto recurrido, para establecer medidas adicionales a las señaladas en el auto impugnado, atendiendo a los hechos expuestos, concretamente de que la persona que se dijo desaparecida es menor de edad, también la medida cautelar comprende:

1. Además de que el actuario de fe del estado físico del menor, dar intervención inmediata a la Secretaría de Salud de esta ciudad o de la Federación, para que examinen el estado de salud del quejoso con especialistas para infantes, y de encontrar algún padecimiento, canalizarlo para su atención inmediata, como una forma de garantizar su integridad física y psíquica, el respeto de sus demás derechos -incluso, evitar su revictimización, en el sentido de que el contacto con los aparatos de justicia impliquen trámites no acordes al acto del que se duele en esta instancia-.

2. Se adopten las medidas para que la institución de salud que lo tenga a su cuidado -dado que también se tienen informes de que se encuentra en un nosocomio de esta ciudad en materia de psiquiatría y, por ello, debe girarse oficio a la autoridad de salud de esta localidad para que informe su ubicación- tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física, para ello, también debe girarse oficio a la Policía Federal para que resguarde a dicho menor durante su estancia en tal lugar -ello, en virtud de que la corporación a la que se atribuye el acto, es la policía de esta ciudad-.

3. Dar vista a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, investigue tal hecho y deslinde responsabilidades, con independencia de las acciones legales que hayan emprendido los padres del menor desaparecido. Esto, porque de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Amparo, tal autoridad es la competente para conocer de esos hechos cuando no se localiza a la persona desaparecida, de manera que tal regla de competencia debe aplicarse también cuando aparece la persona, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27733-10f10927/desaparicion-forzada-de-personas-cuando-se-reclama-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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