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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA. AL TRAMITAR LA DEMANDA DEBE DISTINGUIRSE LA LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA. ES INNECESARIO IDENTIFICAR NOMINALMENTE A LA PERSONA AGRAVIADA PARA TRAMITAR LA DEMANDA. INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS. ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DESIGNAR REPRESENTANTES ESPECIALES DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA PARA GARANTIZAR SU PROTECCIÓN PROCESAL. INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO EN INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS. PUEDE IMPLICAR UN ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y ACTOS DE TORTURA.

Tipo de asunto: QUEJA 7/2023. · Registro digital (IUS): 33469
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-15
Promovente: MARÍA SIRVENT BRAVO AHUJA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.641.

QUEJA 7/2023. MARÍA SIRVENT BRAVO AHUJA. 21 DE FEBRERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN MANIFESTARON QUE FORMULARÁN VOTO CONCURRENTE. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de queja 7/2023, interpuesto por María Sirvent Bravo Ahuja, contra el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el que desechó de plano la demanda de amparo registrada con el número 61/2023.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo. El veinte de enero de dos mil veintitrés, María Sirvent Bravo Ahuja, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en nombre de “las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial que permanecen internadas en forma involuntaria dentro del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan”, en contra de las autoridades y actos siguientes:

1) El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades

a. La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2015.

2) El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades

a. La suscripción, expedición y emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2015.

3) Del Secretario de Salud

a. La omisión de tomar medidas inmediatas y efectivas para ordenar la desinstitucionalización de las personas con discapacidad que todavía se encuentran privadas de la libertad en razón del internamiento involuntario.

b. La omisión de observar las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben que las personas con discapacidad sean sujetas a prácticas que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes, como el aislamiento y la contención coercitiva.

c. La omisión de recopilar datos estadísticos y de investigación sobre la discriminación y vulnerabilidad interseccional que padecen las personas con discapacidad intelectual o psicosocial internadas en centros de salud mental, en transgresión al artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

d. La aplicación de la “Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica”; con todas sus consecuencias y efectos.

4) Del Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

a. La omisión de recopilar datos estadísticos y de investigación sobre discriminación y vulnerabilidad interseccional que padecen las personas con discapacidad intelectual o psicosocial internadas en centros de salud mental, en transgresión al artículo 31 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad.

5) De la institución pública del Sistema Nacional de Salud Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan

a. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento

b. La preservación de un modelo psiquiátrico asilar, violatorio de los derechos humanos de personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial.

c. La aplicación de la “Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica”, en detrimento de las personas con discapacidad, con todos sus efectos y consecuencias.

2. La promovente expuso los siguientes hechos relevantes como antecedentes de los actos reclamados:

1. El 21 de junio de 1968 fue inaugurado el entonces llamado “Hospital Campestre Dr. Adolfo M. Nieto S.S.A.”, ubicado en el Estado de México, como una de las seis unidades psiquiátricas que sustituyeron al antiguo Manicomio General de la Castañeda.

2. Desde entonces, su función primordial fue la atención terapéutica (psiquiátrica) de personas usuarias de servicios de salud mental del sexo femenino, de edades comprendidas entre los 16 y 60 años. Tras su inauguración, la institución contaba con una capacidad para 524 camas.

[...]

3. El 30 de octubre de 2013 se publicó el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana. En él, constan los datos sobre el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto que a continuación se citan:

a. Los casos de ingreso involuntario de pacientes no se notifican al Ministerio Público como lo ordena la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, numeral 4.4.2.

b. Los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados por ingreso involuntario no contienen información en la que conste si, una vez que la condición mental del paciente lo permite, se hace de su conocimiento el tipo de internamiento con la finalidad de que se otorgue el consentimiento para que su estancia sea voluntaria.

c. Los pacientes que ingresan de forma involuntaria son especialmente vulnerables a toda clase de abusos, debido a que no tienen conciencia de sus actos o no pueden manifestar voluntariamente su aceptación.

d. Se registran deficiencias en la integración de los expedientes clínicos relacionadas con la falta de constancias de consentimiento informado en los casos de ingreso involuntario, del registro del tipo de ingreso, la indicación del psiquiatra o las valoraciones del internista y del anestesiólogo cuando se aplica la terapia electroconvulsiva. Esas deficiencias evidencian el incumplimiento con lo previsto en la NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico, numeral 5.1.

4. El 29 de octubre de 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (“Mecanismo Nacional de Prevención”), órgano adscrito a la CNDH, publicó el “Informe ISP-10/2018”, en el que se registraron los siguientes datos sobre las condiciones y situaciones detectadas en el Hospital referido:

a. El hospital cuenta con una capacidad de 300 usuarias mujeres. La población total para ese año fue de 92 mujeres adultas.

b. Se detectaron cinco factores de riesgo: el aislamiento; las condiciones de las instalaciones; denuncia sobre tratos de tortura o maltrato; equipo médico, medicamentos y programas; personal requerido, y capacitación.

c. El personal no ha recibido capacitación sobre los estándares de examinación establecidos en el Protocolo de Estambul.

d. Cuenta con dos cuartos de aislamiento, a la vista de personal de enfermería, mismos que son utilizados en casos extremos de agitación de las usuarias y hasta que el medicamento administrado surta efecto.

e. No cuenta con área para visita familiar, por lo que ésta se realiza en el jardín, patios y explanadas.

f. El comedor general se encuentra sin funcionar debido a la presencia de grietas y goteras en el techo.

g. Se observó que la mayoría de las camas son de metal con colchonetas y algunas están oxidadas.

h. En general en múltiples áreas se observaron grietas en muros, paredes y techos, así como goteras e instalaciones eléctricas expuestas.

i. Cuenta con tres ambulancias, de las cuales una necesita reparación.

j. Cuenta con un total de cuatro psiquiatras.

5. El 9 de septiembre de 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención publicó el “Informe de Seguimiento IS-10/2018”, en el que se hizo constar que algunas de las recomendaciones fueron atendidas y recoge datos adicionales sobre las condiciones del Hospital.

a. La población al momento de la visita era de un total de 82 personas de sexo femenino.

b. Se constató la existencia de dos cubículos, el primero en la estancia “uno” y el otro en la estancia “dos”; ambos utilizados para la observación de usuarias con manejo médico, debido a comorbilidades asociadas. En caso de que alguna paciente presente agitación psicomotriz, se le traslada a la sala de pacientes en episodio agudo, sin necesidad de aislarla; sin embargo, debido a que la mayor parte de la población son adultas mayores con dificultades para su desplazamiento y que en el caso de que se indique la contención, se llevan a los cubículos sólo para sujeción física, en compañía de las demás usuarias.

c. De las tres ambulancias que había en el 2018, una fue dada de baja y las dos restantes, recibieron mantenimiento y se tomó la decisión de realizar el cambio de una unidad de resguardo por otra mejor.

d. Existe una sala de estar con mesas, sillones y televisión en la estancia para pacientes en episodio agudo, la cual se utiliza para recibir la visita familiar. Se constató que el comedor general se encuentra en funcionamiento, brindando servicio a usuarios y trabajadores.

e. En las cuatro estancias que integran el complejo, se observaron avances en la reparación de camas, que estaban siendo pintadas, con lo que se constató un avance en un 70% de las estancias.

f. Los servidores públicos indicaron que, en el último trimestre de 2018, se realizaron labores de mantenimiento en todas las instalaciones de la unidad hospitalaria (cuatro estancias y dos villas) por parte del área de mantenimiento de la institución.

g. Se incorporó un médicos (sic) psiquiatra en el área de hospitalización, y se está en espera de tres especialistas más. Además, se incorporaron a la planilla de personal 14 trabajadores más durante el año 2019, entre ellos un geriatra, un psicogeriatra, un odontólogo, un médico general, tres camilleros y dos afanadoras, así como personal administrativo.

6. A la fecha, en el Hospital hay mujeres con discapacidad internadas involuntariamente. No hay registro alguno en el que conste su consentimiento informado para permanecer internadas en esa institución.

3. La promovente, en sus conceptos de violación, hizo valer en esencia lo siguiente:

• En el primer concepto de violación manifiesta que las autoridades responsables han sido omisas en ordenar el alta de las personas con discapacidad que siguen recluidas en instituciones psiquiátricas, ello de conformidad con la reforma de dieciséis de mayo de dos mil veintidós que abrogó el internamiento involuntario de la Ley General de Salud.

• De esa manera refiere que, hasta la fecha, diversas quejosas continúan privadas de la libertad debido a que fueron internadas sin su consentimiento, bajo consideraciones arbitrarias y estigmatizantes, relativas a que podrían presentar un “peligro” para los demás o para sí mismas. Incluso menciona que desde la aprehensión de las quejosas han transcurrido varios meses hasta años.

• Alega que las quejosas y personas en situación análoga a la suya tienen derecho a que se dé por terminado el internamiento de manera inmediata y que se les brinden otras opciones de tratamiento que ellas puedan elegir.

• En el segundo concepto de violación explica que la NOM-025-SSA2-2014 es contraria a la Ley General de Salud, al incumplir con los estándares de atención a salud mental pues conserva el régimen normativo de internamientos involuntarios, el cual faculta a las autoridades sanitarias a privar de la libertad a las personas con discapacidad e imponerles un tratamiento psiquiátrico no consentido.

• En el tercer concepto de violación explica que derivado de los internamientos involuntarios se mantienen actualmente privadas de la libertad a personas, lo que representa una violación a los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal por superar los plazos máximos de una detención establecidos al permitir que la NOM-025 establezca un periodo de hasta quince días hábiles para que se determine la pertinencia o no de mantener a la persona privada de su libertad.

• En el cuarto concepto de violación insiste en que cualquier limitación a la libertad persona debe ser excepcional y razonable, por lo que la autoridad debe evitar cualquier acto arbitrario, injustificado y desproporcionado que atente contra ésta.

• Insiste en que actualmente una gran cantidad de personas con discapacidad se encuentran internadas involuntariamente, pues la NOM-025 posibilita la privación de su libertad equiparándola a una detención arbitraria.

• En el quinto concepto de violación explica que, de conformidad con el artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud, existen dos supuestos de procedencia excepcionales para intervenir a una persona sin su consentimiento que operan bajo situaciones de emergencia, es decir, cuando la vida de la persona y su integridad física estén expuestas a un riesgo inminente y a un daño irreversible.

• De esa manera, señala que existen personas con discapacidad que llevan meses o años privadas de la libertad en contra de su voluntad y sin un documento del que se desprenda su consentimiento informado. Por ello, solicita su liberación inmediata.

• En el sexto concepto de violación describe que el internamiento involuntario inflige en las personas con discapacidad sufrimientos graves. Cita el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su misión en México, de dos mil catorce, en el que enfatiza que “existen malas condiciones en centros psiquiátricos” y que “hay personas con serias discapacidades (...) que han permanecido allí, algunas por más de 20 años, en condiciones insalubres, de abandono y con escasas probabilidades de rehabilitación”.

• En el séptimo concepto de violación alude que es discriminatorio y violatorio al derecho a la igualdad el internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas contra personas con discapacidad. Ello, en tanto que no cumple con una finalidad constitucionalmente imperiosa, al no existir un vínculo entre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la privación de la libertad por tiempo indefinido; no resulta idónea, al no existir una correlación entre el medio y el supuesto fin; y, porque existen otras medidas menos restrictivas para proteger a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás.

• En el octavo concepto de violación indica que los internamientos involuntarios constituyen un procedimiento que excluye a las quejosas de su comunidad, se les priva de la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para decidir el modo y término de su tratamiento.

• En el noveno concepto de violación indica que el internamiento involuntario es un proceso que involucra la privación arbitraria de la libertad de las personas con discapacidad y que en éste debería confluir, de manera reforzada, una serie de garantías necesarias para asegurar un debido proceso.

• En el décimo concepto de violación menciona que el Estado mexicano y, en específico, las autoridades responsables han sido negligentes en recopilar información sensible a las diversas vulnerabilidades de las personas con discapacidad internadas involuntariamente para la elaboración e implementación de políticas públicas.

4. Registro y desechamiento. Por cuestión de turno, de la demanda conoció el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el cual por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés ordenó su registro bajo el número 61/2023 y la desechó de plano, al estimar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Federal.

5. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, la promovente interpuso recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México; cuyo Presidente, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, lo registró con el número 41/2023 y lo admitió a trámite.

6. Solicitud de ejercicio de facultad de atracción. Al conocer de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 98/2023, en sesión privada celebrada el doce de abril de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción para resolver el citado recurso de queja.

7. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el recurso de queja bajo el expediente 7/2023; asimismo, ordenó que el asunto se turnara a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y que se enviaran los autos a esta Segunda Sala para su radicación.

8. Avocamiento. En proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento del asunto y la remisión de los autos a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

I. COMPETENCIA

9. Esta Segunda Sala es competente para resolver el presente recurso de queja, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos Primero, Segundo y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, ya que se interpuso contra el auto emitido por un Juez de Distrito en el que desechó de plano la demanda de amparo indirecto, respecto del cual esta Suprema Corte resolvió ejercer su facultad de atracción, y es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD

11. El recurso de queja fue presentado de manera oportuna.

12. En efecto, de los autos se advierte que el Juzgado de Distrito del conocimiento tuvo por hecha la notificación por vía electrónica del acuerdo recurrido a María Sirvent Bravo Ahuja el treinta de enero de dos mil veintitrés, al haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, notificación que surtió efectos el mismo día en términos del artículo 31, fracción II, de dicho ordenamiento.

13. Por lo tanto, el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo transcurrió del treinta y uno de enero al siete de febrero de dos mil veintitrés, debiéndose descontar los días cuatro y cinco de febrero, por haber sido sábado y domingo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el seis de febrero, por ser día inhábil en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si el recurso de queja interpuesto por la promovente se presentó el dos de febrero de dos mil veintitrés, resulta que ello aconteció oportunamente.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. LEGITIMACIÓN

15. El medio de impugnación fue presentado por parte legitimada para ello.

16. El recurso de queja fue interpuesto por Andrés Aguinaco Gómez Mont, en calidad de autorizado en términos amplios del 12 de la Ley de Amparo, personalidad que le fue reconocida en el auto que por esta vía se combate.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ESTUDIO

18. El Juez de Distrito determinó desechar la demanda por considerar que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución –falta de interés– con base en las siguientes razones:

• No se trata de un caso urgente de los contemplados en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, en tanto que los actos reclamados por la promovente no se refieren a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, respecto de una persona en específico.

• El juicio de amparo se rige por el principio de instancia agraviada, por lo que se exige que el particular afectado por el acto de autoridad sea quien presente la demanda en calidad de promovente.

• El juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen un agravio actual y real en la esfera de derechos de la parte quejosa, ya sea de manera directa (interés jurídico) o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo).

• En la demanda se señaló como acto reclamado la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil quince, y la promovente refirió que las quejosas son “las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial que permanecen internadas de forma involuntaria dentro del Hospital Psiquiátrico “Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan”; por lo que no se advierte que la promovente instara la demanda por propio derecho o en representación de alguna persona específica, a efecto de tener certeza sobre a quién le recae el agravio en su esfera de derechos.

• La promovente no forma parte de las personas que se encuentran internadas de forma involuntaria en el hospital, de manera que los actos reclamados no pueden irrogarle algún perjuicio real y actual.

• Aunque la promovente haya presentado la demanda en su calidad de solicitante en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, no se advierte que los actos que señala como reclamados recaigan sobre una persona en especial que se encuentre vulnerable o en peligro latente ante alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y, por ende, no existe excepción alguna para promover el juicio en favor de las quejosas.

• Aunado a ello, no se desprende que a la promovente le recaiga el carácter de defensora de alguna de las personas quejosas que señala de manera genérica, o bien, cuente con la representación correspondiente sobre alguna persona con discapacidad psíquica interna en una institución psiquiátrica que avale su personalidad para promover la instancia constitucional.

19. En contra de lo anterior, la parte recurrente, en vía de agravios, hace valer, en esencia, lo siguiente:

• En el primer agravio alega que el Juez de Distrito realizó una indebida interpretación del artículo 15 de la Ley de Amparo, al determinar que el internamiento involuntario de distintas personas con discapacidad dentro del “Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan” no constituye una privación a la libertad personal o alguna violación a derechos humanos a que hace referencia el artículo 22 constitucional, pues deja de lado que dicha acción sí es susceptible de ser considerada como una privación ilegal de la libertad en términos de lo establecido en la ley de la materia.

• Que lo anterior adquiere relevancia si se considera que en aquellos supuestos donde se involucran a personas con discapacidad en el procedimiento de internamiento involuntario deben confluir, de manera reforzada, una serie de garantías para asegurar un debido proceso que respete sus derechos.

• Agrega que las personas sometidas al procedimiento de internamiento involuntario no son informadas sobre los hechos o propósito del ingreso, mucho menos conocen los derechos que les asisten para defenderse, entre ellos, el que se lleven a cabo los ajustes razonables necesarios para asegurar que puedan comprender cualquier acto en relación con su internamiento, incluso en caso grave.

• En el segundo agravio aduce que el acuerdo de desechamiento viola el artículo 109 de la Ley de Amparo al exigir que las personas con discapacidad internadas involuntariamente sean señaladas nominalmente para que sea procedente la demanda de amparo; cuando la norma refiere que se necesita información mínima para prevenir violaciones graves a derechos humanos, es decir, datos esenciales para que las personas víctimas de alguna transgresión a su esfera jurídica puedan ser rastreadas y protegidas por el Poder Judicial de la Federación.

• En el tercer agravio aduce que el acuerdo de desechamiento realiza una indebida aplicación del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación el diverso 5, además de que transgrede los numerales 6o., 15 y 109 del mismo ordenamiento, que permiten que el juicio de amparo sea promovido por conducto de cualquier persona en nombre del quejoso.

• Refiere que la demanda de amparo puede presentarse por cualquier otra persona en casos excepcionales, como el presente, pues quienes están siendo vulneradas en su esfera jurídica son las mujeres con discapacidad intelectual y/o psicosocial que permanecen internadas de forma involuntaria dentro de dicho Hospital Psiquiátrico y no la promovente.

• En el cuarto agravio aduce que el Juez de Distrito actuó bajo un estándar probatorio incompatible con la naturaleza de los juicios de amparo de extraordinaria afectación a derechos humanos, pues con las pruebas que se adjuntaron no apreció que persona alguna haya sido afectada en su esfera de derechos bajo el artículo 15 de la Ley de Amparo.

• En ese sentido, argumenta que el artículo 109 de la Ley de Amparo prevé reglas procesales diferenciadas para la tramitación de demandas de amparo que reclamen cualquiera de los supuestos comprendidos en el diverso 15 de la citada ley, pues basta con que la promovente exprese bajo protesta de decir verdad el acto reclamado; las autoridades que lo hubieren ordenado, si fuere posible, y ejecutado o lo trate; y, en su caso, el lugar donde se encuentre el quejoso, para que el órgano jurisdiccional proceda a tramitar la demanda. Circunstancia que la promovente considera sí cumplió, por lo que exigirle mayores elementos probatorios sería una carga desproporcionada y, en consecuencia, un obstáculo para accionar una efectiva y oportuna protección judicial frente a la gravedad de los hechos.

• Menciona que sí ofreció pruebas que constituyen indicios sobre la existencia de la privación de la libertad que están sujetas las mujeres con discapacidad internadas en la institución psiquiátrica.

20. Los agravios primero, segundo y tercero son sustancialmente fundados.

21. Para resolver el problema jurídico planteado por la recurrente, debe precisarse que las razones torales por las cuales el Juez de Distrito desechó la demanda fueron porque: 1) la impetrante no forma parte de las personas que se encuentran internadas de forma involuntaria en dicho hospital (falta de interés); 2) no se trata de un caso urgente de los contemplados en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3) la solicitante fue omisa en especificar a las personas en cuyo nombre promovió el juicio.

22. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada es importante precisar que el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé el principio de instancia de parte agraviada en el juicio de amparo, en los términos siguientes:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]

23. Acorde con lo anterior, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, señala:

Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. [...]

24. Sobre ello, es pertinente señalar que en la entonces contradicción de tesis 331/2016, esta Segunda Sala destacó que, conforme a las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33469-f92d3e3b/amparo-indirecto-promovido-en-terminos-del-articulo-15 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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