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Modo: Corpus Pro

PERSPECTIVA DE GÉNERO. EN CASOS DE MUJERES ACUSADAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, LAS AUTORIDADES DEBEN APLICAR ESA METODOLOGÍA A FIN DE ATENDER Y DETERMINAR VULNERABILIDADES QUE LAS LLEVARON A SU COMISIÓN EN CADA CASO ESPECÍFICO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3060/2024. · Registro digital (IUS): 33516
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.1063.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3060/2024. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: ********** fue declarada penalmente responsable de cometer el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de **********, por lo que se le impuso pena privativa de libertad de 55 años de prisión, multa de 4500 (UMAS), entre otras sanciones. Determinación que apeló y que fue confirmada en segunda instancia.

En desacuerdo, ********** promovió demanda de amparo directo, en la cual argumentó que, tanto en primera como en segunda instancia, no se realizó un examen exhaustivo y con perspectiva de género en el que se respetara la presunción de inocencia en su vertiente de regla probatoria.

Por su parte, el Órgano Colegiado declaró infundados sus planteamientos; y, si bien, retomó la doctrina constitucional emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género; no obstante, señaló que de los medios de prueba desahogados en la audiencia de juicio oral, no se advirtieron circunstancias específicas que pudieran revelar que al momento de la comisión del hecho delictivo que se atribuyó a la quejosa, ésta se encontrara en una situación de desventaja o vulnerabilidad por razón de género. Por tanto, estimó que no existía indicio alguno, que diera lugar a que el Tribunal de Alzada responsable aplicara los criterios para juzgar con perspectiva de género en la valoración de las pruebas.

Aun inconforme, la quejosa interpuso el recurso de revisión en el que se actúa.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3060/2024, interpuesto por **********, por propio derecho, en contra de la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil veinticuatro, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo directo **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe resolver consiste en determinar si: ¿La determinación del Tribunal Colegiado del conocimiento se ajustó a la doctrina y parámetros establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la obligación de juzgar con perspectiva de género?

RESULTANDOS:

Antecedentes(1)

1. Para una mejor comprensión del asunto, se traen a colación algunos de los hechos que preceden a esta secuela procesal:

2. Como hechos materia de la acusación, se advierte en esencia que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, **********, caminaba sobre la calle **********, cuando fue interceptado por tres sujetos quienes haciendo uso de violencia física y verbal, lo obligaron a subirse en el asiento de atrás de una camioneta ********** y lo llevaron a la calle **********, en donde fue echado sobre una cama de tablas, vendado de los ojos, atado de la pierna con un lazo hacia una vigueta del techo, golpeado por tres sujetos del sexo masculino, en tanto que una mujer le daba papel y agua para poder vivir.

3. Posteriormente, uno de los activos se comunicó al teléfono del padre del pasivo, para pedir un rescate para la liberación de su hijo, quien atendió las llamadas y siguió instrucciones para llegar al lugar en donde dejar el rescate, dando un primer pago sin lograr que liberaran a su hijo; por lo anterior, un asesor en control y manejo de crisis en casos de secuestro tuvo que intervenir para ayudarlo, implementando un operativo para detener a quien acudiera a recoger un segundo pago del rescate.

4. Así, el trece de septiembre de dos mil dieciséis, los policías ministeriales llegaron aproximadamente a las diecinueve horas al parque **********, se ubicaron de tal manera que no pudieran ser vistos y esperaron a que llegara el papá del agraviado a dejar el dinero en una bolsa negra.

5. Una vez que llegó éste, se sentó en una banca del parque y esperó por aproximadamente una hora, al cabo de la cual llegaron dos personas, una del sexo masculino en compañía de otra del sexo femenino, quienes se sentaron junto a él.

6. Así, el padre de la víctima le entregó a la persona de sexo masculino un morral de lona color negro en cuyo interior contenía una bolsa con dinero en efectivo para pagar el rescate de su hijo. Una vez que recibió el morral con dinero, se lo colgó en su hombro izquierdo, levantándose enseguida ambas personas y continuaron su camino; sin embargo, fueron interceptados por policías ministeriales, quienes les dijeron que quedaban detenidos por intervenir en un secuestro; como el sujeto masculino opuso resistencia tuvo que ser sometido, y se le preguntó que dónde tenían a la víctima privada de su libertad, informando los datos del lugar, por lo que los policías ministeriales acudieron al lugar y liberaron al pasivo, quien era custodiado por otras dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, siendo detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

7. CAUSA PENAL **********. Por los hechos anteriores y seguido el trámite procesal correspondiente, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de Puebla, Puebla, dictó sentencia condenatoria en contra de ********** y otros, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de **********.(2)

8. TOCA PENAL **********. En contra de dicha determinación, **********, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.

9. JUICIO DE AMPARO DIRECTO **********. Inconforme, ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en sesión ordinaria virtual de siete de marzo de dos mil veinticuatro, dictó resolución en la que concedió el amparo, para los efectos siguientes:

“En consecuencia, al resultar en una parte infundados y, en otra, fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el tribunal responsable:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, solo en relación con la aquí quejosa; y

2. En su lugar, dicte otra en la que reitere el acreditamiento del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la responsabilidad penal de **********, en su comisión y la judicialización de la pena.

3. Por otra parte, al realizar el estudio de la resolución apelada y los agravios de la apelante aquí quejosa, en relación con la forma de su intervención en la comisión del antijurídico, los parámetros para la individualización de la pena, la amonestación, la suspensión de derechos civiles y políticos, y lo resuelto en relación con la condena al pago de la reparación del daño, así como todos los aspectos sustantivos no previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, deberá aplicar el Código Penal Federal.

4. De igual manera, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria realice un correcto estudio de la individualización de la pena, prescindiendo de invocar las circunstancias peculiares de la quejosa, realice una nueva individualización de la pena fijando el grado de culpabilidad mínimo, al no existir algún factor que le perjudique e imponga las penas corporal y pecuniaria mínimas por el delito de secuestro agravado.

Concesión de amparo que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, por no reclamárseles vicios propios en dicha ejecución, sino a consecuencia de la sentencia reclamada.

Siendo apoyo de lo expresado, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 88, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la anterior integración; publicada en la página 70 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de título y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de ésta.”.

10. RECURSO DE REVISIÓN 3060/2024: Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, **********, interpuso recurso de revisión.(3)

11. ADMISIÓN Y TURNO. Mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite el presente recurso de revisión y ordenó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

12. AVOCAMIENTO. Mediante acuerdo dictado el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ponente en el presente asunto, ordenó avocarse al conocimiento del recurso de revisión y envió los autos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDOS:

13. PRIMERO. Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas (modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés).

14. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala de este Alto Tribunal y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

15. SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente,(4) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, en atención a lo siguiente:

• La sentencia recurrida de siete de marzo de dos mil veinticuatro, fue notificada a la quejosa por medio de lista, el diecinueve de marzo siguiente.

• Dicha notificación surtió sus efectos, al día hábil siguiente, esto es, el veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

• De esta forma, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de marzo al nueve de abril de dos mil veinticuatro, descontándose de dicho plazo los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, seis y siete de abril, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, así como veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo, de conformidad con la circular 7/2024 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal(5).

• Por tanto, si el recurso fue interpuesto el cuatro de abril del presente año, resulta oportuna su presentación.

16. TERCERO. Legitimación. El recurso fue interpuesto por **********, parte legitimada para interponer el recurso de revisión, pues en el juicio de amparo directo se le tuvo por reconocida la calidad de quejosa.

17. CUARTO. Elementos necesarios para resolver el asunto. A fin de verificar la procedencia y, de ser el caso, estar en condiciones de resolver adecuadamente el problema planteado en el presente recurso de revisión, es necesario reseñar los conceptos de violación que en su momento se expresaron, las consideraciones de la sentencia recurrida, así como los agravios hechos valer por la quejosa, ahora recurrente:

18. Conceptos de violación. En su demanda de amparo, se argumentó, en esencia, lo siguiente:

• No existe prueba directa que acredite el delito atribuido, ni la responsabilidad penal en grado pleno de la suscrita.

Las pruebas testimoniales sobre las que se señaló se acreditó la tipicidad y responsabilidad de la suscrita, constituyen solo indicios de los que no se advierte la acreditación de los elementos del tipo penal atribuido, ni la responsabilidad penal.

Del testimonio rendido por los policías y de la información producida en el debate, no se acredita a cabalidad la existencia del elemento material al que ellos denominan la maleta que contenía el rescate, toda vez que no fue incorporado a juicio; elemento sine quanon para acreditar la existencia del tipo y la conducta atribuida.

Por tanto, existe ausencia de tipicidad por falta de uno de los elementos del delito, consistente en la existencia del rescate que dicen fue cobrado por la persona a la que manifiestan se acompañó, pues no basta con decir que hay una maleta negra, que en su interior, contiene el dinero, ni tampoco que se tomaron fotografías del dinero, por lo que al analizar el testimonio y los medios de prueba desfilados en audiencia de debate, ninguna de las pruebas se hizo consistir en el numerario cobrado.

De ahí que las declaraciones de los elementos de la policía ministerial deben tener valor de presunción, que debe ser robustecido por el restante material probatorio, ya que por sí mismo, no pueden generar un alto grado de confirmación a las hipótesis fácticas que pretendan respaldar.

• No se valoraron ni se analizaron en su justa dimensión las pruebas consistentes en los testimonios de los Agentes Ministeriales de los que se advierte que se encuentran alejados del principio de legalidad y que su actuación produce la nulidad de estas.

Del testimonio rendido por los elementos de la Policía Ministerial, ni el asesor, ni los operativos, fueron contundentes en señalar que su actuación era guiada por el Agente del Ministerio Público que conoció de la denuncia presentada, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.

En ese sentido, del material probatorio desahogado en juicio, no se advierte que exista un oficio que los dotara de facultad para realizar su actuación en la forma que lo hicieron.

Además, del testimonio de la policía aprehensora ********** se advierte que no le consta que se haya realizado la entrega de dinero, razón por la que no se advierte la hipótesis de flagrancia.

Asimismo, existen diversas contradicciones entre el dicho del denunciante y el rendido por los elementos ministeriales, lo que evidencia que no se actualizó la hipótesis de flagrancia, toda vez que los elementos de la policía ministerial actuaron sin la conducción y dirección del Ministerio Público, como lo estipula el artículo 21 constitucional, por lo que resultan nulas las pruebas obtenidas, específicamente las actuaciones de la Policía Ministerial, al quebrantar el principio de legalidad.

• Ni en el juicio oral, ni en el toca de apelación se realizó un examen exhaustivo y con perspectiva de género en el que se respetara la presunción de inocencia en su vertiente de regla probatoria.

Contrario a lo afirmado por la Sala responsable, la suscrita bajo una perspectiva de género no debe demostrar su afirmación, en el sentido de que fue citada por el co-sentenciado para la compra de medicamentos por encontrarse embarazada y haber tenido una amenaza de aborto como así lo pretenden aseverar al señalar que la defensa no aportó prueba alguna tendiente a acreditar su dicho.

Por ello, tanto el Juez de origen, como la autoridad responsable, al analizar el recurso propuesto, debió hacerlo a la luz de la perspectiva de género. Es decir, analizar la totalidad de la información extraída en el debate y determinar si existió o no, un sometimiento, o posicionado bajo el rol de mujer, y en calidad de mujer embarazada.

Del dicho de los elementos de la policía ministerial al ser interrogados y contrainterrogados señalaron que en todo momento una persona del sexo femenino acompañó a un masculino, que se posicionó a su lado; sin embargo, se debió analizar si ese acompañamiento pudo ser por una sumisión, sometimiento, y/o por el rol de mujer, pues inclusive el policía de nombre **********, señala que vio como el masculino, la tomó del brazo y la jaló para retirarla de ahí. Lo que además se corrobora con el dicho de **********, que señala que es el masculino quien jala a su pareja y empiezan a caminar, hacia la banqueta.

Por tanto, debió analizarse desde una perspectiva de género, pues sumado al interrogatorio hecho por el Ministerio Público y la defensa, realizado al médico **********, corroboró que la suscrita al momento de su detención se encontraba embarazada.

Tales tópicos, extraídos del debate, bajo la perspectiva de género, situada a la luz de la presunción de inocencia, contrario a lo afirmado por las responsables, sí hacen creíble el dicho de la suscrita en el sentido de que fue citada por su pareja para que le diera dinero para las medicinas, por lo que obligar a demostrarlo, como lo pretende la Sala y el Tribunal de Enjuiciamiento, es violentar la Presunción de Inocencia contenida en el artículo 20 constitucional.

Maxime si del dicho del denunciante y de las grabaciones vertidas en el Debate, se advierte que era un masculino quien pedía el supuesto dinero del rescate.

Por otro lado, el hecho de que diga el Ministerio Público que en su bolso se encontraron tres billetes de doscientos pesos, y que después se pretenda señalar que estos corresponden a un pago de un primer rescate, no se encuentra robustecido por ningún material probatorio, por el contrario se genera duda sobre su credibilidad, esto es así, ya que del dicho del Policía Ministerial que realiza la inspección de la bolsa, lo hace hasta el día 30 de septiembre de 2016, es decir 14 días después de la supuesta detención de flagrancia, que como se ha analizado, no existe. Además, el Ministerio Público, no logró establecer aún ante la deficiente defensa de la suscrita, la tasación de dicha prueba. Es decir, no se vertió en el debate, si esa bolsa fue embalada como indicio y después mediante que técnica de investigación se obtuvo esa información, máxime que además es un hecho distinto al que le fue atribuido, motivo por el cual, debe tomarse como un hecho aislado, y también como una fabricación de prueba en su contra.

Esto, a la luz del principio de la lógica, que establece que si las cosas fueron como lo señalan, inmediatamente hubiesen revisado mediante técnica de investigación el bolso y encontrado el supuesto dinero, pago del primer rescate, que desde luego no fue apuntado en su contra por el Fiscal en su acusación. Así las cosas, y al no analizarse el fallo combatido bajo la perspectiva de género, que desde luego no otorga una ventaja a la suscrita, sino un análisis bajo el rol de mujer y bajo el tópico de que si es creíble que haya ido a buscar a su pareja por estar embarazada para que le diera dinero.

• El Tribunal no analizó la deficiencia de su defensa técnica, ya que no aportó prueba alguna tendiente a demostrar el dicho de la misma.

• La responsable no funda ni motiva la imposición de una condena, la cual resulta excesiva y violatoria de derechos fundamentales, al rebasar los principios de equidad y seguridad jurídica.

En ese sentido, el solo hecho de señalar que la sentencia fue ajustada a los parámetros necesarios para su dictado, es insuficiente para tener por acreditado tal circunstancia, pues no basta decir que se emite bajo las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, sino que es necesario, establecer qué regla de la lógica o que máxima de experiencia es la que se tomó en cuenta para resolver, pues ello dota de seguridad jurídica a la suscrita.

19. Sentencia de amparo. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito dictó resolución en la que calificó en una parte infundados y, en otra, fundados sus conceptos de violación y, por tanto, otorgó el amparo a la quejosa, bajo las siguientes consideraciones:

• Señaló que carecía de razón el dicho de la quejosa en cuanto que los policías ministeriales actuaron sin la dirección y conducción del Ministerio Público, ya que los agentes ministeriales, refirieron que con motivo de la denuncia realizada por el papá de la víctima, el agente del Ministerio Público del conocimiento, emitió el oficio de investigación **********, para que se investigaran los hechos ocurridos el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, designando como asesor en la negociación del secuestro al agente ministerial **********, para que ayudara a la familia de la víctima en todo lo relacionado a las negociaciones del pago del rescate, quien comunicaba las instrucciones por radio a los demás agentes.

De ahí que consideró que sí existió oficio de investigación, por parte del agente del Ministerio Público para cumplir con lo dispuesto por los artículos 21 constitucional y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin que ello implicase que el Ministerio Público necesariamente tuviera que guiar en todas las actuaciones a los agentes ministeriales a su mando.

Además, advirtió que la investigación por parte del Ministerio Público no fue materia de debate en juicio oral, por lo que no existía otro dato para determinar si la quejosa tenía o no razón en su planteamiento, de ahí que las pruebas recabadas a partir del oficio de investigación resultaban lícitas.

• Calificó de infundado el concepto de violación, en el que la quejosa argumentó que no existe prueba que acredite el delito de secuestro, específicamente el elemento consistente en obtener para sí, o para un tercero, rescate o cualquier otro beneficio.

Lo anterior, toda vez que si bien, el Tribunal de Alzada no se pronunció en la sentencia reclamada, del análisis de la audiencia de juicio oral se advertía que las pruebas desahogadas resultaron suficientes e idóneas para acreditar los elementos del delito de secuestro.

Señaló que de las declaraciones vertidas en audiencia de juicio oral, por el enlace lógico y natural que entre ellas existe, se advirtió que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, el agraviado **********, cuando caminaba sobre la calle **********, fue interceptado por tres sujetos quienes estaban a bordo de una camioneta **********, lo golpearon y lo obligaron a subirse en el asiento de atrás de la camioneta; fue llevado a la calle **********, en donde fue echado sobre una cama de tablas, vendado de los ojos, atado de la pierna derecha con un lazo hacia una vigueta del techo, en donde lo golpearon tres sujetos del sexo masculino, en tanto una mujer le deba papel y agua para poder vivir.

Que enseguida las dos personas que habían llegado se levantaron y continuaron su camino, sin embargo, fueron interceptados por los policías ministeriales y les dijeron que quedaban detenidos por intervenir en un secuestro, como el sujeto masculino opuso resistencia tuvo que ser sometido, y se le preguntó que dónde tenían a la víctima privada de su libertad, informando los datos del lugar, por lo que los policías ministeriales acudieron al lugar y liberaron al pasivo, quien era custodiado por otras dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, quienes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Que, respecto a las agravantes, quedaron justificadas con las mismas pruebas, de las que se evidencia que la víctima fue privada de su libertad en un camino público, en que fue interceptado por tres sujetos quienes estaban a bordo de una camioneta tipo blazer, lo golpearon y lo obligaron a subirse en el asiento de atrás de la camioneta, evidenciándose que fueron más de dos sujetos y se empleó la violencia física para ello.

Con lo anterior, refirió, quedó de manifiesto que se colmaron los elementos del delito de secuestro, pues se demostró que se privó arbitrariamente de la libertad a una persona, con la finalidad de obtener un rescate; y dicha conducta es agravada porque se ejecutó en camino público, obrando los activos en grupo de dos o más sujetos, y mediante la violencia física y moral.

En ese sentido, calificó de infundado lo argumentado por la quejosa respecto de que no quedó acreditado el delito de secuestro porque no se alcanzó el beneficio o lucro, al no haber sido exhibido el dinero materia del segundo rescate.

Señaló que a pesar de que en la audiencia de juicio oral no se exhibió materialmente las dos cantidades de dinero que pagó el padre para que liberaran a su hijo, lo cierto es que ello no era necesario, porque la existencia del dinero se incorporó a través del testimonio del propio **********, lo que fue corroborado con el testimonio del agente investigador adscrito a la FISDAI, que fue nombrado asesor en el control y manejo de crisis en el delito de secuestro. Aspecto que fue incorporado a través del interrogatorio que se formuló a ambos testigos, sin que fuera controvertido por la acusada o su defensa durante la audiencia.

• Calificó de infundado el concepto de violación en donde la quejosa argumentó que se debió juzgar con perspectiva de género en relación a la valoración de las pruebas, así como a la luz del principio de presunción de inocencia.

Para dar respuesta a lo anterior, retomó la doctrina constitucional emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género. Para ello retomó las consideraciones sostenidas en diversos precedentes (Amparo Directo en Revisión 4811/2015; Amparo Directo en Revisión 3286/2016; Amparo Directo 12/2012; Amparo Directo en Revisión 3286/2016; Amparo Directo en Revisión 724/2021; Amparo Directo en Revisión 2468/2015; Amparo Directo en Revisión 1206/2018; Amparo Directo en Revisión 6181/2016), así como diversos criterios jurisprudenciales respecto a dicha materia y lo establecido en Protocolos y Manuales para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Penal.

Expuesto lo anterior, refirió que de los medios de prueba desahogados en la audiencia de juicio oral no se advirtieron circunstancias específicas que pudieran revelar que al momento de la comisión del hecho delictivo que se atribuyó a la quejosa, se encontrara en una situación de desventaja o vulnerabilidad por razón de género.

Así, refirió que no existió indicio alguno de una posible violencia familiar, económica, psicológica o física, que pudiera impactar en la posible existencia de una causa de justificación o una causa absolutoria, o en su caso, en la individualización de la pena.

Es decir, que en la audiencia de juicio oral no hubo indicios que pudieran revelar que al momento de la comisión de los hechos delictivos, la quejosa, posiblemente, se encontraba en una situación de desventaja y vulnerabilidad por razón de género, como se argumenta por la defensa de la quejosa, que diera lugar a que el Tribunal de Alzada responsable aplicara los criterios para juzgar con perspectiva de género a fin de verificar si la quejosa sufrió violencia familiar, económica, psicológica o física y, por ende, conceder el amparo para reponer el procedimiento en la audiencia de juicio oral, para que el juez de la causa aplique el método de juzgar con perspectiva de género y valorara conforme a ese parámetro las pruebas existentes o, en todo caso, para ordenar las pruebas necesarias para aclarar si al momento de los hechos delictivos la quejosa realmente se encontraba en una situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género.

En ese sentido, señaló que la quejosa solamente declaró que fue citada por el coacusado, con quien sostenía una relación sentimental por ser el padre de su hijo, en el parque **********, porque allí le daría dinero para comprar unas medicinas dado que tenía amenaza de aborto, y fue el motivo por el que se constituyó en el lugar, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33516-51cc089f/perspectiva-de-genero-en-casos-de-mujeres-acusadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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