Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA VERDAD Y DERECHO A UNA RESPUESTA JUDICIAL EFECTIVA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. SU CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL USO DE LENGUAJE BASADO EN ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD, AFECTA EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR LOS MÚLTIPLES FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA CUANDO SE ALEGUE QUE LA MUERTE DE UNA MUJER FUE DE FORMA VIOLENTA. SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LOS ILÍCITOS EN LOS QUE PUEDEN IDENTIFICARSE SESGOS DE GÉNERO EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SU ROL COMO PARTE DEL DERECHO A UNA RESPUESTA JUDICIAL EFECTIVA PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1419/2023. · Registro digital (IUS): 32468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-31
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo II, Pág.1635.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1419/2023. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La víctima indirecta y quejosa, **********, interpuso recurso de revisión en contra de la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado del Conocimiento a su solicitud de que se juzgara el homicidio de su hija ********** con perspectiva de género.

El Tribunal recurrido estimó que en el caso en concreto no se configuran elementos para que se le juzgara bajo esta metodología, ya que, de las características personales de **********, se desprende que ella no se encontraba en un estado de vulnerabilidad frente a **********. Lo anterior, con base en los artículos 1 y 4 constitucionales; los artículos 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); los artículos 1, 2, apartados b, c y d, 3, 5, apartado a, y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la jurisprudencia emanada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1419/2023, interpuesto por la quejosa **********, en contra de la sentencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el juicio de amparo directo ********** (relacionado con el amparo directo **********).

Así, el problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar: si la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado sobre el deber constitucional de juzgar con perspectiva de género fue acorde con los estándares internacionales, constitucionales, y la jurisprudencia emanada por este Alto Tribunal.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Para una mejor comprensión del asunto, se trae a colación un resumen de las circunstancias fácticas que preceden a esta secuela procesal:

2. Hechos. De las constancias de autos se desprende que **********, fue detenido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el delito de homicidio cometido en agravio de **********, quien al momento de cometerse el mismo, contaba con diecinueve años de edad, era estudiante y a su vez, prestaba servicio social en el Congreso del Estado de Chiapas.

3. CAUSA PENAL **********. Mediante auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Uno de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá (sic),(2) con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dictó auto de apertura a juicio en contra de **********, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 160, con relación a los numerales 10, 14, fracción I, 15, párrafo segundo, y 19, fracción II, agravado en el precepto 71 bis, del Código Penal Vigente en el Estado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **********; por los siguiente hechos que fueron objeto de la acusación por parte del Ministerio Público:

"El día martes 03 de julio de 2018, ... Ante ello el acusado manifiesta una apariencia de cansancio, y le dice ********** que fueran a su casa a descansar sin consultarle a la víctima; por lo que en ese momento se dirigen al domicilio el hoy acusado el cual se ubica en calle ********** colonia **********; al cual llegan aproximadamente 01:00 horas del día 04 de julio del 2018, estacionando la camioneta que conducía el acusado a un costado de su casa, en ese momento por el estado de ebriedad en la que se encontraba la hoy extinta, la carga y la lleva al interior de su domicilio en donde la acostó en un colchón que se encontraba a un costado de la puerta principal en donde también se acostó **********, posteriormente cuando serían aproximadamente entre las 01:30 y 02:00 horas del mismo día ********** y ********** discutían, dejan a ********** a su domicilio, debido a que el acusado se negaba a dejarla a su casa; por lo que al regresar a donde ella se encontraba acostada, ya no estaba, al tratar de huir de su victimario ya con la blusa y ropa interior colocada de manera invertida e inusual, en ese momento el acusado conduce inmediatamente la camioneta, en compañía de la C. **********, quien se subió en el asiento del copiloto, y al ponerlo en marcha aceleró a gran velocidad por lo que a diez metros aproximadamente de su domicilio, frena el vehículo, a petición de **********, debido a que había olvidado su bolso en el interior del domicilio de **********, por lo que en ese lapso, tuvo tiempo suficiente para ubicar a su víctima que se encontraba a poca distancia de donde él se encontraba, además que tuvo la visibilidad suficiente en la posición en la que quedó dicha camioneta, poco después vuelve ascender ********** a la unidad y ********** ya fijando su blanco, acelera a gran velocidad sobre la calle Central entre las calles ********** y ********** sur de la colonia **********, de **********, con dirección al Libramiento Sur en donde embistió a la pasiva **********, con la comodidad primeramente pasándole la llanta delantera derecha sobre su abdomen a la altura de la región epigastrio y nasogástrico, compatibles con la figura que presenta la llanta delantera derecha del vehículo, causando con ello la correspondencia entre el piso y las lesiones que tiene la víctima hasta ser alcanzada por la llanta trasera izquierda, teniendo correspondencia con la figura del neumático del vehículo ..."

4. Primera instancia. Del asunto correspondió conocer al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Uno de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia oral de deliberación y fallo, en la que el juez natural dictó sentencia definitiva en sentido de considerar penalmente responsable a ********** por la comisión del delito de homicidio. Por lo que, el juzgador le impuso la pena mínima de ocho años de prisión; lo condenó al pago de la reparación del daño y a la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

5. Primera Apelación. Inconformes, la madre de la víctima directa, **********, la Fiscal del Ministerio Público y el sentenciado, interpusieron recursos de apelación, que fueron radicados en el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Órgano que mediante sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ordenó declarar nula la resolución impugnada y reponer el procedimiento, para que el órgano de investigación justificara la inasistencia de la perita ********** y el testigo **********, en la audiencia de juicio oral e indicó que de ser justificada aquél debía ordenar el desahogo de dichas probanzas mismas que se analizarían en el fallo; de lo contrario, procedería con libertad de jurisdicción a emitir la resolución respectiva.

6. En el entendido que, dicha reposición del procedimiento no se verificaría ante distinto órgano jurisdiccional, al no haberse ordenado la nulidad de pruebas ya desahogadas; por lo que, en respeto al principio de inmediación, el Juez de juicio oral que estuvo presente en el verificativo de tales medios de convicción, es quien debe valorar también aquellas que se puedan celebrar, siempre que se haya verificado el motivo de la incomparecencia.

7. Cumplimiento. El Juez de Enjuiciamiento del conocimiento, en auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó suspender la audiencia de debate. El diez de septiembre siguiente, celebró aquélla, otorgándole a la Fiscalía el plazo de veinticuatro horas, para justificar la inasistencia de los testigos citados. El veinte de septiembre del mismo año, en una nueva audiencia, la representación social se desistió de la testimonial de **********; respecto de la perita **********, el Juez determinó que debido a que la Fiscalía no justificó dentro del plazo otorgado, la incomparecencia de dicha ateste, tuvo por desistida a la oferente de tal probanza.

8. Recurso de revocación. En contra de la determinación anterior, la Fiscal del Ministerio Público interpuso recurso de revocación, pero este se desechó por notoriamente improcedente, por tanto, se continuó la audiencia el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

9. Sentencia definitiva **********. En audiencia de deliberación y fallo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el juez de enjuiciamiento dictó sentencia definitiva reiterando la responsabilidad penal del **********, por la comisión del delito de homicidio previsto y sancionado por el artículo 160, en relación a los numerales 10, 14 párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafos primero y segundo y 19 fracción II, del Código Penal para el Estado de Chiapas; además reiteró la pena mínima de ocho años de prisión; así como el pago de la reparación del daño y la suspensión de los derechos políticos y civiles.

10. Segundo recurso de apelación. Inconformes, la Fiscal del Ministerio Público, la víctima indirecta y el sentenciado interpusieron recurso de apelación, del cual conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. En sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió modificar la sentencia recurrida, solo por la individualización de la pena. Estimó imponer once años de prisión, al considerar que, de acuerdo con las particularidades del caso, su grado de culpabilidad se encontraba entre la mínima y la media, la cual debía computarse a partir de su detención ocurrida el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta.

11. Amparo directo **********. En contra de esa decisión, la víctima indirecta **********, por su propio derecho promovió juicio de amparo directo, en contra de la autoridad y del acto siguientes:

Ver autoridad y actos

12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, negó el amparo solicitado.

13. Recurso de revisión. En contra de lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común, del Segundo Tribunal de Amparo, quien, el veintisiete de febrero siguiente, lo remitió vía MINTERSCJN a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió y admitió a trámite el recurso de revisión. Ello, porque estimó que en el caso se reunía una cuestión propia de constitucionalidad, pues el Tribunal Colegiado del conocimiento, interpretó los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal; 2, 6 y 7, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 16 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer, cuestión que permitiría analizar, si en la controversia alegada se suscitó una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impidiera la impartición de justicia de forma completa e igualitaria, o ameritara un método o mecanismo destinado a remediar un efecto discriminatorio, lo que revestía un interés excepcional.

15. TERCERO.—Avocamiento. El Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, ordenó avocarse al conocimiento del asunto.

II. COMPETENCIA

16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Puntos Primero y Tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas.

17. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta la Primera Sala.

III. OPORTUNIDAD

18. Del análisis de las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada a la parte quejosa mediante lista de nueve de febrero de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, esto es el diez de febrero del año en cita. El plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión transcurrió del trece al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, descontándose los días dieciocho y diecinueve del mismo mes y año, por ser sábado y domingo e inhábil conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

19. En ese sentido, si el recurso de revisión se interpuso el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

20. La recurrente ********** se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues combate una sentencia de amparo que le fue adversa, y en la que tuvo el carácter de quejosa.

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER EL ASUNTO

21. Esta Primera Sala referirá a los conceptos de violación y agravios hechos valer por la recurrente, así como la argumentación referida por el Tribunal Colegiado.

A. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PARA EL AMPARO DIRECTO **********

22. En su demanda de amparo la quejosa argumentó, en esencia, lo siguiente:

• El acto reclamado violenta sus derechos humanos a la seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la justicia y a conocer la verdad; conforme al artículo 16 de la Carta Magna, en relación con los numerales 68, 458 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de la lectura de la sentencia de apelación, es clara la falta de motivación y fundamentación.

• La falta de contestación al debate que se hizo al Juzgado de Enjuiciamiento sobre que no permitió que se desahogara la prueba antropológica por parte de la perita experta, cuando era de vital importancia para acreditar los elementos subjetivos en los hechos por razones de género, de la muerte de su hija y así tuviera posibilidad que se reclasificara el delito de homicidio por feminicidio, lo cual la deja en estado de indefensión, puesto que el Tribunal responsable solo está justificando el mal proceder del ad quem.

• La quejosa refirió a que el asunto se debe juzgar con perspectiva de género, ya que de los elementos del caso se desprenden elementos de vulnerabilidad como el género, edad y estado de inconsciencia más el contexto de los hechos. La falta de esta perspectiva, por parte del tribunal responsable, impidió la reclasificación del delito de homicidio por feminicidio.

• Expone que el juzgar con perspectiva de género, permite transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho y actuar de una manera global sobre el conflicto jurídico; sobre las personas, los hechos y la norma jurídica, aplicando una visión crítica de la realidad; siendo un método crítico de conocimiento de la norma jurídica, tanto sustantiva como procesal, así como de expresión en las resoluciones, desvinculado de estereotipos y roles discriminatorios universales, que evita contribuir a su perpetuación.

• Refiere que el delito de feminicidio es una forma que permite observar la relación entre la muerte violenta de una mujer y los factores estrictamente relacionados con violencia de género; en la especie se actualiza la hipótesis del antepenúltimo párrafo del artículo 164 bis de Código Penal estatal. Citó la tesis de esta Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."

• Con base en la Ley General de Víctimas –así como la estatal–, la Constitución, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos se puede comprender que el debido proceso es inherente e irrenunciable –tanto a los imputados como a las víctimas "directa o indirecta"– y su ejercicio legitima todo el proceso penal; por tanto, actuar de forma contraria implicaría que los objetivos perseguidos por el mismo, frustre la efectiva defensa de las víctimas.

• Además, no se le deja en posibilidad real de ejercer esos derechos durante la contienda procesal en condiciones de igualdad o de justicia; cuando el objetivo de la Ley General de Víctimas para el Estado de Chiapas es garantizar los procedimientos, mecanismos e instituciones para su plena efectividad en el Estado, cuya finalidad es el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

• De modo que, si la víctima, compite sin contar con medios efectivos de defensa o se le impide desahogar en audiencia de juicio oral aquellos medios de prueba legalmente admitidos en el auto de apertura a juicio, su contraparte gozará de una ventaja injustificada, lo cual no sería compatible con el derecho penal que permite obtener una verdad ceñida a los límites de razonabilidad en términos del artículo 20, Apartado "C" de la Constitución Federal.

• No debe dejarse de lado, el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, que dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos.

• Cita la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."

• Estima que el derecho de defensa adecuada no solo debe ser entendido a favor del imputado, ya que también la víctima debe tener acceso a él, aun cuando los artículos 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no exigen que ésta tenga un asesor jurídico.

• En el caso, la responsable vulnera la garantía de seguridad jurídica y debido proceso contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, acceso a la justicia y su derecho de defensa; en virtud de que se le deja en estado de indefensión, por impedirle la posibilidad efectiva e igual de defender sus pretensiones y de ofrecer pruebas para apoyar aquellas, pues no solo está comprometida la libertad del imputado sino también están en juego los derechos de la víctima del delito. Citó la tesis de esta Primera Sala, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS."

• Además, los artículos 17 y 20 de la Carta Magna; 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 10 de la Ley General de Víctimas; y, 1o. de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, contemplan el derecho a la igualdad, imparcialidad y a un juicio efectivo. • Se violaron las leyes del procedimiento, conforme al artículo 173, apartado B, fracciones I, V y XVII de la Ley de Amparo, pues el tribunal responsable le privó de la oportunidad de llevar a cabo la testimonial de la perita antropóloga, razón por la que emitió una sentencia con escasa motivación y fundamentación que llevó a modificar la sentencia condenatoria, solo para imponerle al imputado por el delito de homicidio doloso once años de prisión.

• No se respetó su derecho a la tutela judicial efectiva, cuando deben tomarse en cuenta todas las medidas posibles, así como los derechos constitucionales, convencionales y adjetivos al encontrarse en juego los derechos de la víctima del delito, e insiste que en la especie se debe juzgar con perspectiva de género, porque las sentencias desde ese ámbito forman una estrategia de combate a la impunidad, discriminación y desigualdad que envían un mensaje de que las violaciones a derechos humanos se previenen, reconocen y reparan.

B. SENTENCIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

23. En sesión del dos de febrero de dos mil veintitrés, no obstante, el Tribunal de Amparo al haber realizado una interpretación respecto de la perspectiva de género, negó la protección federal solicitada:(3)

MANIFESTACIONES RELATIVAS A QUE DEBE JUZGARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Los argumentos sobre este tópico son infundados. Se destaca que la conducta ilícita perseguida en el proceso penal fue por homicidio doloso. En el delito de feminicidio es en el cual, ciertamente, la muerte violenta de la mujer cobra especial relevancia debido a que, en muchos casos, la pasiva es víctima de violencia de género.(4)

• En este tenor, aun cuando se refirió al entorno de violencia y que por virtud de la edad que tenía la pasiva al momento que perdió la vida para actualizar la figura de feminicidio, debe decirse que tales aspectos, son insuficientes para acceder a la pretensión que atiende a tener por actualizado dicho ilícito. Lo anterior, porque se tiene prohibido adicionar circunstancias, puesto que de hacerse se desbordaría en forma unilateral los límites de la acusación. Además, la reclasificación de delito solo podrá acontecer a petición del órgano acusador, con la connotación de que se dará oportunidad al imputado de manifestar lo que a su derecho convenga.

• En relación a la petición de que se juzgue con perspectiva de género se encuentra contemplado –como el derecho a la debida diligencia para esclarecer situaciones de violencia en contra de la mujer– en los artículos 1 y 4, párrafo primero constitucionales, así como los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer más el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.

• Igualmente, con la jurisprudencia 1a./J.22/2016 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite que la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género pueda resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–.(5)

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación impone la obligación solo para tres casos: I) Aquellos en los que se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género; II) Aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría; y, III) Aquellos en que a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciados basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y sociales.

• Dicho lo anterior, se precisa que no asiste razón a la quejosa al señalar que la controversia debe juzgarse con perspectiva de género [énfasis agregado]; en virtud de que, del análisis de las constancias remitidas ... no se advierte una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género [énfasis original] impida que se imparta justicia de manera completa e igualitaria o bien, que amerite un método o mecanismo destinado a remediar un efecto discriminatorio por razón del sexo al que pertenece la víctima [énfasis agregado].(6)

• ... Si bien, como lo refiere la quejosa, se constata que la víctima es mujer, tal categoría en el contexto en que suscitó el evento delictivo, no patentiza por sí misma, una situación de desigualdad o subordinación motivada por ese hecho [énfasis agregado].(7)

• ... No se desprende que ********** se encontrara en una situación de especial vulnerabilidad, respecto al sentenciado en la medida que [las declaraciones de las personas testigos y la mamá] no refirieron situaciones de maltrato, hostigamiento, violencia física o de índole sexual [énfasis agregado].(8)

• Tampoco aludieron [las personas testigo y mamá] que el citado imputado estuviese en situación de poder con relación a la pasiva derivada de la relación laboral; por el contrario, se destaca que este era su compañero de trabajo, dado que las funciones de mando estaban a cargo de **********; de ahí que, no se observa una relación asimétrica de poder [énfasis agregado].(9)

• Con base en el testimonio del peritaje de **********, la víctima tenía veinte años de edad (sic) ...; por tanto, no era adolescente ...; se desempeñaba como becaria en la campaña política de **********, era estudiante de derecho, lo que significa que sabía leer y escribir [énfasis agregado].(10)

• Lo expuesto, es indicativo de que no se vislumbra una situación de supra-subordinación entre las partes (víctima y victimario); menos alguna forma de discriminación, ni un trato o impacto diferenciado basado en el género, que propiciara violencia, discriminación y/o vulnerabilidad en la víctima, que obstaculiza la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad; de ahí que, ante la carencia de elementos objetivos para demostrar el extremo anotado, no se actualiza la obligación de utilizar el método de perspectiva de género para resolver la controversia [énfasis agregado].(11)

• ... si bien, la obligación del operador de justicia de juzgar con perspectiva de género incide en el deber de impartir justicia sobre el reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se ha situado a las mujeres, a raíz de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como una derivación inevitable de su sexo; lo cierto es, que tal particularidad, como en la especia, no se encuentra presente en cada caso [énfasis original].(12)

• Lo anterior, fundado en la tesis aislada "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN."(13)

Ver manifestaciones con énfasis

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA FALTA DE RESPUESTA A LOS AGRAVIOS PLANTEADOS ANTE LA ALZADA

• La quejosa indicó que el falló vulnera el artículo 16 constitucional en relación con los artículos 68, 458 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales por la falta de fundamentación y motivación. Además, la falta de claridad respecto de lo ordenado para el desahogo de la testimonial experta.

• El Tribunal Colegiado estima que la responsable sí fundó y motivó la decisión, aunque fue de manera inadecuada. Los argumentos, analizados en término del artículo 76 de la Ley de Amparo son fundados, pero inoperantes. Ello, porque si bien le asiste la razón a la quejosa, eso no alcanza para otorgar la protección constitucional., puesto que el tribunal de amparo no tiene permitido sustituir las facultades de apreciación e interpretación de la autoridad responsable para determinar el sentido de la eventual decisión. Entonces, cuando no haya un efecto práctico que beneficie, se debe evitar resolver, por economía procesal, en un sentido que afecte la administración de justicia.

• En relación con el tema del desechamiento de la pericial, no asiste razón a la quejosa, puesto que en el recurso de apelación donde se resolvió este punto, es claro que el plazo no iniciaba a partir de la solicitud efectuada en el desahogo de audiencia. Además, conforme al artículo 91, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige que la parte que esté obligada a presentar sus testigos o peritos tenga que justificar en el momento de la audiencia la imposibilidad que tuvo para presentarlos, sino que ello, deberá realizarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes.

• No existe un problema de semántica, ya que la Fiscalía –como único órgano constitucionalmente facultado– estaba constreñida a justificar la inasistencia en el plazo señalado para que el a quo ordenara el verificativo de tales probanzas –lo cual no hizo–.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON EL ESTADO DE INDEFENSIÓN

• Ahora bien, sobre el tema del estado de indefensión en el que alegó la quejosa. Es infundada la alegación.

• Con base en el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, así como los preceptos 109 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconocen los derechos de las víctimas. Particularmente, el que reciban asesoría en cualquier etapa del procedimiento por parte de una persona asesora jurídica; coadyuvar con el Ministerio Público; intervenir en el juicio e interponer los recursos.

• En ese orden de ideas, en la revisión de constancias remitidas en el informe justificado, se adv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32468-1bbe2885/derecho-a-la-verdad-y-derecho-a-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.