OBLIGACIÓN PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE COEXISTIR CON DICHA OBLIGACIÓN, A FIN DE QUE AMBOS DERECHOS SE PROTEJAN, ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8147/2023. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 8147/2023, promovido en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la regularidad constitucional de la sentencia señalada como acto reclamado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)
1. Hechos. El tres de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dos horas con treinta minutos, **********, estaba en su negocio (********** y/o **********) cuando se percató de la presencia de dos menores a través del cancel, pues tenía en exhibición a algunas mascotas; se acercó a abrir para preguntar si querían o necesitaban algo, los menores no dijeron nada y asustados se fueron caminando hacía la orilla de la Avenida **********, Colonia **********, Alcaldía **********, lo que le pareció peligroso, por lo que le pidió al vigilante privado de la calle que "les echara un ojito"; cuando los menores vieron al vigilante, en vez de salirse de la avenida siguieron corriendo por la orilla de ésta y el vigilante los alcanzó para que no estuvieran en peligro. ********** sintió la necesidad de ayudar a los niños, pues estaban solos y es un deber civil, cerró su negocio y llegó en su vehículo a donde estaba el vigilante con los menores, siendo que sobre la avenida hay un hueco o tipo bahía que sirve para el metro, por lo que ahí se estacionó y bajó para tratar de ponerlos a salvo y quitarlos de la avenida; una vez que logró subirlos al coche les preguntó dónde vivían o si sabían algún teléfono para llamar a sus padres; sin embargo, su actitud era de miedo. Así, retiró a los menores de la avenida y regresó a su negocio en donde llamó a una patrulla y, mientras esperaban, les pidió de comer. Cuando los menores empezaron a comer le comentaron que los habían corrido de su casa en **********, que llegaron a la ciudad en camión y que no conocían a nadie ni tenían algún número telefónico, además de que no querían regresar a su casa porque les pegaban. La menor de iniciales ********** estaba rasurada de las cejas y de la cabeza, por lo que le preguntó si estaba enferma, contestándole que la rasuraban para que le dieran más dinero cuando estaba trabajando. La patrulla no llegó, por lo que los subió al coche y en el Ministerio Público no los quisieron recibir, mandándola a la fiscalía de asistencia para menores en la Colonia **********; mientras llegaban al lugar, el menor de iniciales ********** le comentó que le dolía mucho su "pancita" porque tenía golpes al argumentar que su papá le pegaba. Así, ********** los dejó en resguardo de la Fiscalía, la cual abrió la carpeta de investigación correspondiente.
2. Auto de apertura a juicio oral. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se ordenó remitir el diverso auto de apertura del juicio oral contra la ahora quejosa y recurrente ********** y coimputados ********** y **********, ambos de apellidos **********, por el hecho que la ley señala como delito de trata de personas, en su modalidad de mendicidad agravada, cometido en agravio de los menores víctimas de ********** y **********, en el cual, entre otras cosas, se individualizó a las partes, fijó los hechos que serían materia del juicio, se tomó nota de la previsión del hecho señalado como delito propuesto por la Fiscalía; se realizaron correcciones formales, no se llevaron a cabo acuerdos probatorios y se destacó cuáles eran los medios probatorios que se admitieron a las partes.
3. Audiencia de juicio oral. El uno y veintiocho de diciembre de dos mil veinte, veintiséis de febrero, nueve y diez de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia y continuación de la audiencia de juicio oral, presidida por el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, quien hizo constar en cada uno de los días mencionados, la comparecencia de las partes y la individualización de las mismas, Fiscalía, Asesores Jurídicos Públicos, psicólogas, trabajadoras sociales y representantes del DIF para los menores involucrados.
4. El Juez explicó la naturaleza de la audiencia y preguntó si se encontraban presentes y disponibles los órganos de prueba a desahogar en la diligencia, a lo que la Fiscalía dio cuenta de los órganos que se encontraban; posteriormente, la Fiscalía enunció el orden del desfile probatorio; por tanto, se declaró abierto el debate; se dio lectura al hecho materia del juicio, se expusieron los alegatos de apertura por cada una de las partes procesales y se procedió al desahogo de las testimoniales.
5. Alegatos de clausura. En diligencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno, ya desahogado el elenco probatorio, las partes procesales expresaron sus respectivos alegatos de clausura, además, que el Juez les concedió a las partes el ejercicio de réplica y dúplica; luego, otorgó el uso de la voz a las partes.
6. Precisión previa. En este momento se considera pertinente señalar que en el presente asunto la recurrente es **********, madre del menor de iniciales **********, por lo que, con el propósito de facilitar la lectura de la presente sentencia, se precisa la relación de parentesco siguiente:
Ver tabla
7. Sentencia penal. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Diez, en la carpeta judicial TE010/0104/2020, emitió fallo condenatorio en contra de **********, ********** y **********, ambos de apellidos **********, por considerarlos penalmente responsables de la comisión del delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad agravada, previsto en el artículo 24, párrafo primero (al que utilice a una persona para realizar actos de mendicidad), párrafo segundo (se entiende por mendicidad ajena al obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna contra su voluntad, recurriendo a una amenaza grave), párrafo tercero (si se utiliza a personas menores de dieciocho años),(2) y 42, fracción I(3) (cuando entre los sujetos activos y las víctimas exista parentesco por consanguinidad), ambos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; en relación con los numerales 7, fracción II(4) (acción permanente); 8(5) (acción dolosa); 9(6) (conocer y querer), y 13, fracción III(7) (quien lo realice conjuntamente), todos del Código Penal Federal, en agravio de los menores de edad de iniciales ********** y **********, por lo que los condenó a:
• Quince años y nueve meses de prisión. La restrictiva de libertad será compurgada en el lugar que designe el Juez Especializado de Ejecución de Sanciones Penales.
• Diez mil quinientos días multa, equivalente a $846,300.00 (ochocientos cuarenta y seis mil trecientos pesos 00/100 M.N.).
• El pago a favor del menor de iniciales **********, consistente en la cantidad de $14,832.00 (catorce mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de tratamiento psicoterapéutico.
• El pago a favor del menor de iniciales **********, de la cantidad de $679,200.00 (seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de daño material y moral.
• La pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima ********** y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia.
• La suspensión de sus derechos políticos por un término igual al de la sanción privativa de libertad.
• Negó los sustitutivos de ley y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues la sanción impuesta rebasa el término establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.
8. Toca de apelación penal. Inconforme, el defensor de oficio de los sentenciados ********** y **********, ambos de apellidos ********** y **********, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el catorce de julio de dos mil veintiuno, por la Novena Sala Penal, en funciones de Tribunal de Alzada del Sistema Procesal Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca penal **********, en el sentido de modificar el fallo de primera instancia.
9. La modificación consistió en que a la sanción privativa de libertad debía abonarse la prisión preventiva sufrida con motivo de los hechos, es decir, a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, fecha en que fue puesta a disposición del Juez de Control en cumplimiento a la orden de aprehensión.(8)
10. Demanda de amparo directo. Inconforme con la resolución, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo en la que señaló como violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Federal, haciendo valer los conceptos de violación siguientes:
• Primero. Sostiene que no se acreditó plenamente su responsabilidad penal respecto del delito que se le imputa en los términos señalados tanto por el Tribunal de Enjuiciamiento como la Sala Penal, ya que su participación fue establecida en calidad de coautoría con el cosentenciado **********, siendo que no se estableció en que consistió en particular su participación, dado que se hizo de manera general, es decir, la responsable no analizó que a efecto de que se actualice una coautoría es necesario la existencia de consenso previo y un condominio conjuntos del hechos, esto es, una división de funciones u acciones, queriendo un resultado específico.
• Así, refiere que es de gran relevancia resaltar que del testimonio del menor **********, se advierte que indicó que, si no le daba dinero a su papá, éste le pegaba con la hebilla del cinturón o con sus tenis, que su mamá lo defendía y lo cubría diciéndole a su a su papá que ya no le pegara, pero él le pegaba a ella, que su mamá sabía que iba a cantar al metro, pero a veces lo llevaba a la escuela, le preparaba su lunch y lo trataba bien, que ella no le pegaba.
• De esta forma, manifiesta que lo vertido por el menor arroja que, en realidad, también es víctima de la agresión y violencia generada por su cosentenciado, circunstancia que no fue tomada en consideración por la autoridad responsable, siendo evidente que no se acreditó su responsabilidad penal ni mucho menos la calidad de coautoría, emitiéndose la resolución por la responsable sin fundar ni motivar su ratificación de la valoración probatoria otorgada por el Tribunal de Enjuiciamiento, sin proteger y respetar la probanza vertida por el menor víctima, lo que contraviene el alcance de los artículos 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, vulnerando los derechos fundamentales de presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley y acceso a la justicia.
• Advierte que la autoridad responsable perdió de vista que se encontraba bajo violencia de género, siendo que debió atender la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", en lo relativo a la obligación constitucional y convencional que tienen los juzgadores para efecto de la toma de decisión con perspectiva de género, buscar advertir el probable desequilibrio de poder y tratar de equilibrarlo respecto a la violencia contra la mujer, tomando en cuenta para ello lo vertido por el propio menor víctima **********, máxime que estaba obligada, además, a tomar medidas concretas a fin de garantizar el acceso a la justicia de manera efectiva, por lo que es evidente que el Tribunal de Alzada omitió observar los numerales 14 de la Constitución General, así como 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
• Indica que es menester considerar que la Constitución General establece como garantía en materia penal la presunción de inocencia, que consiste en reconocer que no es el gobernado quien debe demostrar su inocencia, sino la culpabilidad le corresponde acreditarla al Estado, a través del Ministerio Pública, siendo que su observancia es obligatoria, máxime cuando se puede advertir que la quejosa es una mujer violentada por su pareja.
• En esa línea, hace referencia a las tesis 2a. XXXV/2007, P. VII/2018 (10a.) y P. VIII/2018 (10a.) de rubros "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL" e "IN DUBIO PRO REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA".
• Segundo. Refiere que la responsable confirmó el valor otorgado al testimonio rendido por la perita en materia de contabilidad como base de la condena por concepto de reparación del daño, sin embargo, la perita no cumplió con las acciones que su ciencia sugiere para emitir su dictamen, pues manifestó que realizó el cálculo con la petición específica y fijada que le fue indicada por el Ministerio Público, sin analizar la carpeta de investigación y las manifestaciones del menor víctima, por lo que es claro que la perita llegó a su conclusión sin consultar fuentes de información y realizar algún tipo de investigación, sólo da cumplimiento a lo requerido por el Ministerio Público.
• No obstante, indica, le fue otorgado valor probatorio, lo que infringe los artículos 265, 359, 368 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que la Sala revisora, al confirmar esta irregularidad, viola los derechos de debido proceso, presunción de inocencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, en virtud de que emite una resolución concediendo valor probatorio a una opinión carente de sustento técnico; aclarando que si bien la víctima tiene derecho a ser reparada del daño de forma integral, lo cierto es que ello debe ser debidamente acreditado en juicio oral con las reglas de valoración probatoria.
• En este punto aclara que en el recurso del apelante no se expresó agravio respecto a la pericial en comento, sin embargo, la obligación conferida constitucionalmente a toda autoridad es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, debiendo prevenir y reparar las violaciones de esos derechos, por lo que, si la vulneración se advierte, resulta incorrecto que su mala representación legal (defensa inadecuada) le agravie doblemente.
• Tercero. Sostiene que no fue debidamente fundada ni motivada la decisión de la autoridad responsable de confirmar la condena relativa a la pérdida de derechos respecto al menor víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia, ya que se limitó a enunciar dicha condena, lo que no sólo vulnera sus derechos fundamentales, sino también los de su menor hijo, pues del testimonio de éste se advierte que también ella era víctima de la agresión y violencia generada por el cosentenciado **********, circunstancia que no fue tomada en consideración por la responsable, por lo que al considerarla injustificadamente responsable del delito, se le priva del derecho de la patria potestad, guarda y custodia de su hijo, vulnerándose, a su vez, el derecho a la convivencia familiar estipulado en los numerales 13, fracción IV, 22, 23 y 24 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• En esa lógica, argumenta que la responsable pasa por alto las manifestaciones hechas por el propio menor víctima en el juicio oral, así como advertir el derecho fundamental de vivir en familia, omitiendo el contenido del citado artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es claro en establecer que en todos los casos se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, aunado a que no pueda ser sancionado con la pérdida de la patria potestad, pues conforme al numeral 4 de la Constitución Federal, esto conduciría a que los deberes de protección a los hijos que rigen nuestro sistema legal, se vean reducidos a meras recomendaciones desprovistas de consecuencias jurídicas, anulando implícitamente los derechos que el propio precepto pretende proteger.
• Que el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que éstos tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.
• Así, sostiene que si bien la última parte del artículo 42, fracción I, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece la pérdida de derechos del activo sobre la víctima, incluidos los de patria potestad, tutela, guarda y custodia, lo cierto es que estas figuras jurídicas son del ámbito civil, las cuales son competencia de un órgano jurisdiccional en materia familiar, por lo que el referido artículo resulta inconstitucional, habida cuenta que en la pérdida de estos derechos, la línea de competencia por razón de materia es muy delgada y no corresponde a la materia penal, sino a la civil.
• Cuarto. Refiere que la autoridad responsable no funda ni motiva la confirmación de la pena de prisión impuesta, al no analizar el grado de culpabilidad, la cual asciende a un cuarto entre la mínima y la máxima, tomando en cuenta que la acción fue dolosa, que los medios empleados fueron sus propios medios físicos, la magnitud del daño, calidad de autor, condiciones fisiológicas y psíquicas, siendo que estas cuestiones fácticas implican una doble sanción por la misma causa.
• Que incluso la Fiscalía no aportó ninguna prueba para determinar esa pena y la responsable no tomó en consideración que no cuenta con antecedentes penales en los que haya sido condenada con anterioridad por delito doloso perseguible de oficio, así como sus circunstancias personales que le favorezcan, atendiendo al principio pro reo conforme lo establecen los artículos 71 Quáter y 72 del Código Penal aplicable para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que si bien su defensa no aportó pruebas al respecto, se debe atender a que la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía (acusadora), en términos de los numerales 20, apartado A, fracción V, y 21 de la Constitución Federal.
• En relación con lo anterior, expone que tampoco justificó la necesidad del tiempo impuesto como pena de prisión, perdiendo de vista que ésta no conlleva el solo hecho de privar de la libertad a una persona, sino debe atender a la necesidad de una adecuada reinserción social, siendo que la responsable en ningún momento deparó respecto de cuáles serían las acciones orientadas a favorecer dicha reinserción o debida integración a la sociedad, ya que omite considerar que el régimen penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad sea la reinserción social y no la pena como castigo, de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución General. • Que la reinserción social no se consigue con penas de prisión elevadas, sino con la prevención del delito, no debiendo pasar por alto que la actividad jurisdiccional debe aspirar y contener los conflictos del orden social para lograr un equilibrio entre las víctimas y victimarios, buscando con la imposición de la pena, restituir el equilibrio de las relaciones sociales, característica del Estado social y democrático de derecho garante y protector de los derechos humanos.
• En ese sentido, manifiesta que la autoridad responsable carece de elementos de convicción para determinar la pena impuesta, violando los artículos 16 y 18 constitucionales y, a su vez, deja de observar el principio pro persona contenido en el numeral 1° de la Norma Fundamental, siendo aplicable el criterio contenido en la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.) de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
• De ahí, sostiene que atendiendo a que la pena impuesta es menor a la que establece el artículo 89, fracción I, del Código Penal, reúne los requisitos para la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
11. Sentencia del Tribunal Colegiado. De dicha demanda correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien registró el asunto como juicio de amparo directo ********** y en sesión de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, resolvió conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala del conocimiento: (1) deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que reitere los aspectos considerados no inconstitucionales y (2) conforme a lo dispuesto en la ejecutoria, realice una nueva graduación de culpabilidad, sin considerar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, así como el valor del bien jurídico tutelado y su grado de afectación del delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad agravada, e imponga las penas que estime correspondan, además de que no se podrá agravar la situación jurídica de la solicitante de amparo, con apego al principio non reformatio in peius. Esto, con base en las consideraciones siguientes:
• En principio, menciona que los conceptos de violación son, por una parte, inoperantes, por la restante infundados y, por una más fundados (aunque por razones diversas), con la precisión de que en el análisis del asunto se atenderá a la suplencia de la deficiencia en la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa tiene la calidad de sentenciada en el toca penal del que deriva el acto reclamado.
• Asimismo, destaca que sólo analizará y verificará la constitucionalidad y legalidad de lo actuado a partir de la etapa de juicio oral, sin abordar cuestiones que se hubiesen presentado en fases previas por una autoridad ministerial o judicial distinta, pues así lo ha acotado la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) de rubro "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."
• De esta forma, indica que de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, así como de la reproducción de los discos versátiles digitales (DVD) que contienen la videograbación de la audiencia de juicio oral, se advierte que no existen trasgresiones que afecten los derechos fundamentales de la quejosa (salvo el aspecto que al final se acotará).
• Ello, sostiene, pues contrario a lo aducido genéricamente por la quejosa no fue vulnerado el artículo 1° de la Constitución Federal, dado que no se advierte desigualdad jurídica ni trato discriminatorio con motivo de los supuestos ahí previstos, ni en su trato como justiciable, pues que la determinación emitida por el Tribunal de Alzada le fuese desfavorable, no puede considerarse como una desigualdad de trato violatoria de derechos fundamentales, porque tanto el proceso instaurado en su contra como la resolución combatida, se llevaron a cabo conforme con las disposiciones aplicables, sirviendo de apoyo la tesis 1a./J. 81/2004 de rubro "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO"; aunado a que, del análisis del acervo probatorio, se advierte que el Tribunal responsable ponderó de forma equitativa los medios de prueba y determinó a cuáles resultaba factible otorgar eficacia demostrativa.
• De igual manera, estima que no fue vulnerado el artículo 14 de la Constitución General, porque no hubo violación a las formalidades esenciales del procedimiento, pues de los antecedentes obtenidos (auto de apertura a juicio oral, audiencia de juicio oral y audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño), se determinó que se probó más allá de toda duda razonable que la quejosa era penalmente responsable de los hechos que la ley señala como delito de trata de personas, en su modalidad de mendicidad agravada cometido en agravio de **********, siguiéndose las formalidades exigidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación, siendo que en todo momento la quejosa estuvo asistida por su defensa pública y se salvaguardó la potestad de impugnar el fallo de primera instancia.
• Que tampoco se advierte infracción al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley, tutelado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, ya que en la sentencia reclamada no se aplicó la ley por analogía ni por mayoría de razón, menos por una conducta no prevista en la legislación respectiva.
• En diverso aspecto, menciona que la sentencia reclamada fue debidamente fundada y motivada en términos del artículo 16 de la Norma Fundamental, pues el Tribunal de Alzada citó los numerales legales que sirvieron de apoyo a su determinación y expresó los razonamientos que lo llevaron a concluir como lo hizo (salvo el aspecto que será materia de protección federal).
• Por otro lado, advierte que el Tribunal de Alzada contestó los agravios esgrimidos por la quejosa, para lo cual hizo alusión y explicó las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento para acreditar los hechos probados y la responsabilidad penal, señaló las razones por las que estimó que las de cargo resultaban idóneas, pertinentes y suficientes para la demostración de los hechos delictuosos, sirviendo de apoyo la tesis 1a. CLXXVI/2016 (10a.) de rubro "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN ÉSTE SÓLO PUEDEN REPUTARSE COMO PRUEBAS LAS DESAHOGADAS PÚBLICAMENTE ANTE EL TRIBUNAL RESPECTIVO, EN PRESENCIA DE LAS PARTES."
• Luego, refiere que tampoco asiste razón a la quejosa al alegar, de manera genérica, violación al artículo 17 del Pacto Federal, toda vez que el Tribunal en el cual se desahogó el juicio, así como el Tribunal de Alzada que resolvió el recurso de apelación, constituyen órganos jurisdiccionales expeditos para impartir justicia y ésta se aplicó en el término que fija la Norma Fundamental, pues la sentencia de primera instancia apelada y la que ahora se reclama, se emitieron de manera oportuna, completa e imparcial.
• Indica que no se transgredió el derecho fundamental a una defensa adecuada, previsto en el artículo 20 de la Constitución General, toda vez que a la quejosa se le brindó la oportunidad de nombrar defensor, que a petición de la justiciable fue uno de oficio o público, a quien no se le impidió que se entrevistara de manera previa y en privado con la demandante de la acción constitucional, pues no existe en autos prueba fehaciente que demuestre lo contrario, ni alegación en ese sentido. Además, se advierte que sí ofreció pruebas (aunque desistió posteriormente), aunado a que en las diligencias judiciales relativas sí se aprecia que la defensa realizó cuestionamientos a los diversos órganos de prueba, así como debate y alegatos en primera y segunda instancia procesal (en su momento, también formuló agravios en apelación), sin soslayar la interposición oportuna de la apelación contra la sentencia de primer grado y el amparo directo que ahora se atiende; sin que se advierta que haya omitido la asesoría de la justiciable, o hubiere abandonado su defensa, menos aún su desconocimiento técnico del procedimiento penal.
• Que los órganos de prueba que desfilaron en la audiencia de debate y que fueron valorados tanto por el Tribunal de Enjuiciamiento como por el Tribunal de Alzada, en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaron idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer, razonadamente, no sólo la existencia del hecho determinado como delito, sino también que la impetrante intervino en su comisión (con el carácter de coautora material).
• En efecto, estima que fue acertado que se otorgara valor preponderante al dicho de los menores ********** y ********** (representados por una profesionista de la Procuraduría adscrita al D.I.F. y una asesora jurídica) y de la ateste **********, toda vez que de su relato se obtiene, con claridad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitó el evento delictivo.
• De esta forma, destaca que el dicho imputativo de tales atestes no resultó inverosímil o insuficiente, por el contrario, fue eficaz para tener por acreditada la conducta que se le reprocha a la quejosa; asimismo, se advierte que dichos testimonios se rindieron de manera libre y espontánea, por lo que fue correcto que se les concediera eficacia probatoria, dado que su relato fue claro y directo no sólo para evidenciar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33497-e023271c/obligacion-para-juzgar-con-perspectiva-de-genero-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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