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Modo: Corpus Pro

INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. PARA ESTIMAR EL GRADO DE CULPABILIDAD. DEBE TOMARSE EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO POSTERIOR A LA COMISIÓN DEL DELITO. LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 327/2011. · Registro digital (IUS): 23471
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1173.

AMPARO DIRECTO 327/2011. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ROSA GUADALUPE MALVINA CARMONA ROIG. SECRETARIO: JULIO CÉSAR MOLINA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. (Estudio) Los anteriores conceptos de violación formulados por el quejoso ********** son infundados, sin embargo, este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, suplirá la deficiencia de la queja, en los términos que se precisarán en la parte final de este fallo.

En primer orden, se aprecia infundado el señalamiento del quejoso fijado en el punto 1 de la síntesis de sus conceptos de violación, en el sentido de que se infringieron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, por los motivos que señala, si se toma en cuenta, que la existencia de elementos probatorios, así como su correspondiente valoración para determinar su suficiencia o insuficiencia jurídica, no constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, ya que es un aspecto concerniente al análisis del fondo del asunto, respecto a la acreditación del delito de que se trata y la responsabilidad penal del impetrante de garantías en su comisión, lo cual se tratará más adelante.

Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/30, (registro IUS 166586), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1381, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva."

En ese orden, no se advierte violación al artículo 14 constitucional por la razón que alude el demandante de garantías ni por alguna otra, pues del examen de los autos de la causa penal respectiva, no se aprecia que la Sala responsable transgrediera sus defensas o vulnerara las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales, consisten en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa; la posibilidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; requisitos que en el caso se cumplieron cabalmente, sin que se evidencie que el acto reclamado se hubiese emitido conforme a leyes expedidas con posterioridad al hecho.

Aplica en este tópico, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P/J. 47/95, (registro IUS 200234), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que establece:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Con la finalidad de constatar si en la especie se respetó la garantía de seguridad jurídica, en sus aspectos de audiencia y de debido proceso, que a favor del quejoso consagra el artículo 14 constitucional, éste se analiza en su conjunto con el diverso 20, apartado A, de la propia Ley Fundamental, por su estrecha relación.

En efecto, del examen de los autos respectivos se obtiene que una vez que el ahora quejoso compareció ante la Juez de la causa, ésta recibió su declaración preparatoria (el ocho de septiembre de dos mil diez) después de haberle hecho de su conocimiento el derecho a designar defensor, tan es así que nombró como tal, al de oficio para que lo asistiera (artículo 20, constitucional, apartado A, fracción IX); asimismo, quedó enterado del nombre de su acusador, de la naturaleza y causa de la imputación a fin de que conociera los hechos punibles (fracción III, del artículo 20, apartado A), en la propia diligencia preparatoria quedó enterado que el delito atribuido era grave y que por ello no tenía derecho a gozar de su libertad provisional bajo caución (fracción I, del artículo 20, apartado A); e inclusive se le hizo saber que tenía derecho a no declarar conforme lo establece el artículo 20, apartado A, fracción II, constitucional, optando por no hacerlo (foja 74 de la causa penal).

También dentro del plazo duplicado que la Constitución General de la República prevé, se resolvió su situación jurídica, pues el catorce de septiembre de dos mil diez, se decretó auto de formal prisión (fojas 103 a 145) en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito por el cual el órgano técnico ejerció acción penal en su contra, con posterioridad formuló acusación (artículo 20, apartado A, fracción V) y se le sentenció, resolución que le fue notificada tanto al hoy quejoso como a su defensor de oficio, en la propia fecha; en su oportunidad, abierta la instrucción, se le hizo de su conocimiento que se le facilitarían todos los datos que solicitara para su defensa y que constaran en el proceso (fracción VII, del artículo 20, apartado A), también, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 20, apartado A, en cita, se le recibieron en el proceso las pruebas que estimó conducentes para demostrar su inculpabilidad, siendo las siguientes: ampliación de declaración del denunciante **********, así como de los policías ********** y **********; además de las testimoniales de **********, **********, **********, ********** y **********; finalmente, la ampliación de declaración del coprocesado ********** y del sentenciado ********** (fojas 164, 193 y 197).

Probanzas las anteriores que fueron desahogadas en audiencia de trece de octubre de dos mil diez (fojas 225 a 241); con excepción de la relativa a **********, ya que al no lograr su asistencia, el quejoso asistido de su defensor de oficio, desistió del desahogo de dicho medio probatorio (foja 225); después, el sentenciado manifestó que era su deseo carearse con las personas que depusieron en su contra (fracción IV, del artículo 20, apartado A, constitucional) foja 236; se le dio oportunidad de alegar y, finalmente, fue juzgado con base en lo evidenciado de las audiencias (fracción VI, del artículo 20, apartado A).

Posteriormente, una vez verificadas todas las probanzas ofrecidas, en la audiencia principal y al no existir manifestación alguna de las partes ni pruebas pendientes por desahogar, se agotó y ulteriormente se declaró cerrada la instrucción; consecutivamente, se recibieron las conclusiones de las partes y luego de celebrar la audiencia de vista respectiva, presidida por la titular del Juzgado Trigésimo Penal y autorizada por el personal secretarial de esa adscripción, en la que estuvieron presentes el Ministerio Público, el inculpado **********, su defensa oficial, firmando al margen y calce todos los que en ella intervinieron (foja 399), la juzgadora de primer grado dictó fallo condenatorio (fojas 400 a 506), que fue apelado por la defensa del sentenciado; luego de la tramitación de la segunda instancia, en la audiencia de derecho correspondiente, celebrada el veintiocho de enero de dos mil once (con la presencia de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el representante social y el defensor de oficio), se dio cuenta con los escritos de agravios, de la presencia de las partes procesales en cita, firmando a continuación para constancia todos los aludidos, ante la secretaria de Acuerdos, que autorizó dicha audiencia (foja 12 del toca de apelación); de igual forma, el indicado tribunal responsable, al emitir su resolución de seis de abril de dos mil once, en el toca ********** (fojas 18 a 58 del mismo), dirimió la cuestión debatida expresando los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevaron a concluir que los hechos consignados encuadraban debidamente en las hipótesis de las normas que invocó; todo lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en las leyes sustantiva y adjetiva penal exactamente aplicables al caso y expedidas con anterioridad al hecho delictuoso que se le imputa, en los que se contempla y sanciona el evento delictivo, además de que fue ante y por una autoridad judicial competente previamente establecida.

De lo narrado, se aprecia que se dio la oportunidad al enjuiciado de alegar y, finalmente, fue juzgado con base en lo evidenciado de las audiencias que se celebraron durante la tramitación de proceso criminal, así como en las de derecho de primera y segunda instancias, en las cuales estuvo debidamente asistido y representado por versado en la materia, como ya quedó fijado en párrafos precedentes, motivos que permiten concluir que en este sentido, no se afectaron los derechos públicos subjetivos del actual peticionario de amparo.

Ello es así, pues tuvo la oportunidad de defenderse antes de que se pronunciara la sentencia que se reclama y en ese orden, se concluye que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, por tanto, la sentencia reclamada no es violatoria del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debe enfatizarse que en sus párrafos primero y tercero, el artículo 14 de la Constitución Federal, establece las garantías de seguridad jurídica, de prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado y de su aplicación por analogía, es decir, consagra el principio de exacta aplicación de la ley; garantías que, se reitera, no fueron vulneradas en perjuicio del quejoso en atención a que, como en su oportunidad se analizará, fue sentenciado por un delito previsto en la ley penal vigente (robo calificado) y de las pruebas existentes en el sumario, se constató que la conducta que se le atribuyó se adecuó a las normas penales violadas, por lo que no existió aplicación por analogía de la ley penal.

Por otro lado, contrario a lo argumentado por el quejoso en el concepto de violación 2, en el sentido que se transgrede lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, porque el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, incumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, este tribunal observa que la sentencia reclamada cumplió con los requisitos formales establecidos en tal precepto, sin que de tal artículo se desprenda que la falta de fundamentación y motivación constituya una formalidad esencial del procedimiento, las cuales se encuentran previstas en el diverso 14 constitucional y, por otra parte, la responsable dio cumplimento a lo establecido en el primer numeral aludido, toda vez que en la resolución combatida se citaron las disposiciones legales que se consideraron aplicables al caso, para lo cual invocó los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, referidos al alcance y objeto del recurso de apelación, condicionantes además de la suplencia en la deficiencia de la expresión de agravios por parte del sentenciado; precisó el contenido del numeral 220, fracción II, en relación con el 224, fracción III (encontrándose la víctima en un vehículo de transporte público), 225, fracción I (violencia física) y 252 (pandilla), en concordancia con el diverso 17, fracción I (instantáneo), 18, párrafo primero (doloso) y párrafo segundo (el que conociendo los elementos objetivos del hecho de que se trate, quiere su realización), 22, fracción II (lo realicen conjuntamente con otro), todos del Código Penal para el Distrito Federal, que prevén y sancionan el delito de robo calificado, su realización de naturaleza dolosa, así como la forma de intervención del agente del ilícito.

De igual forma, aludió a los numerales 122, 124, 175, 245, 246, 250, 253, 254, 255, 261 y 286, todos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, relativos, a la manera como se tendrá por comprobado el delito y la plena responsabilidad penal, así como los concernientes al valor jurídico de las pruebas y, finalmente, hizo referencia a los dispositivos 70, 71 y 72 del ordenamiento punitivo, relativos a la individualización de las penas.

A su vez, como en su oportunidad se examinará, en el acto reclamado la ad quem expuso las razones, circunstancias y motivos particulares que tomó en cuenta para normar su criterio y decidir como lo hizo, observándose a su vez, que entre los dispositivos legales que citó y las razones que expresó existe la adecuación que configura el supuesto normativo, sin soslayar el aspecto referente a la individualización de la pena, el cual será materia de estudio en la parte final de la presente resolución; de ahí que la resolución reclamada se emitió con apego a lo requerido en el artículo 16 de la Constitución General de la República y la jurisprudencia 40, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Volúmenes 97-102, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación (registro IUS 238212), que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Por otra parte, contrariamente a lo aducido por el ahora peticionario de amparo en sus conceptos de violación, este órgano colegiado advierte que la resolución que en esta vía se combate no es violatoria de sus derechos públicos subjetivos, pues la Sala responsable, con acierto, valoró el material probatorio existente en autos, en términos de los artículos 246, 248, 253, 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ajustándose a los principios de legalidad y a los reguladores de la valoración de la prueba, más aún cuando enlazados convenientemente de manera lógica y jurídica, conforman la prueba circunstancial de eficacia convictiva plena, de acuerdo con el numeral 261 del código adjetivo de la materia, lo que le permitió considerar acreditado el delito de robo, previsto por el artículo 220, párrafo primero, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra establece:

"Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: ..."

De acuerdo con el contenido del precepto transcrito, se tiene que la autoridad judicial responsable, acertadamente consideró que en el presente caso, los elementos del delito básico de robo en análisis, son los siguientes:

a) Una conducta de apoderamiento.

b) Un objeto material consistente en una cosa.

c) Elementos normativos relativos a que la cosa sea mueble y ajena.

d) Una antijuridicidad tipificada: sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

e) Un elemento subjetivo del injusto: el ánimo de dominio.

En primer término se tiene que en referencia al indicado delito de robo, el tribunal de apelación responsable estuvo en lo correcto cuando destacó que en cuanto a la comprobación de la conducta de apoderamiento de una cosa mueble ajena, resultaron relevantes como indicio incriminatorio, las declaraciones de **********, lo cual estima acertado este Tribunal Colegiado, en virtud de que éste resintió directamente la acción contraria a derecho ejecutada por los sujetos activos.

Como lo destacó la autoridad de segundo grado, el denunciante fue preciso en referir que en los hechos analizados, el seis de septiembre de dos mil diez, aproximadamente a las diecisiete horas, cuando circulaba a bordo de su vehículo (taxi) tsuru, guinda con dorado, marca Nissan, modelo 2004, con placas de circulación **********, sobre **********, a la altura de la calle **********, colonia **********, sección **********, tres sujetos solicitaron su servicio público, motivo por el que se detuvo e inmediatamente ingresaron al citado automóvil, colocándose el primero en el asiento del conductor, el segundo en la parte posterior del ofendido y el tercero atrás del copiloto; indicaron que los llevara a la calle **********, en la colonia **********; posteriormente, al incorporarse a la calzada **********, el individuo que estaba en el asiento delantero le dijo que siguiera derecho, llevándolo por diversas calles de la colonia citada y al llegar a la vía **********, le refirió que diera vuelta en la diversa ********** y que los dejara en la esquina, momento en que el activo que estaba atrás del agraviado, lo sujetó del cuello con un "cordel" y le dijo: "ya valió madres hijo de tu puta madre, te vas a morir", en tanto que, el diverso individuo que viajaba a un lado del emitente, desprendió la carátula de su autoestéreo marca Sony, le ordenó que se quitara su reloj negro con dorado, marca Swatch, el cual entregó a dicho agresor y tomó su celular, Sony Ericsson, que estaba en el tablero; en ese instante, el otro sujeto que estaba en la parte trasera del lado derecho, le sacó de la bolsa delantera derecha del pantalón, dos billetes de cincuenta pesos y un diverso de veinte; momento en el que el agraviado se percató que se aproximaban dos policías, lo cual también advirtieron los agresores y es por ello, que estos descendieron del citado automotor y corrieron, razón por la que el pasivo también se bajó y les dijo a los elementos de seguridad pública que los sujetos que corrían lo habían asaltado; en tal virtud, los agentes policiacos persiguieron a los activos, logrando aprehender sólo a dos ellos, pues el tercero se dio a la fuga; momento en el que se acercó el ofendido y los reconoció como los mismos que lo habían desapoderado de sus pertenencias, incluso, indicó que uno de ellos, fue quien le sacó de la bolsa del pantalón ciento veinte pesos, motivo por el que los aprehensores revisaron a dicha persona, encontrándole en el bolsillo derecho del pantalón, dos billetes de cincuenta pesos y otro de veinte, los cuales el declarante reconoció como de su propiedad; circunstancias las anteriores por las que el externante solicitó que pusieran a disposición de la representación legal a las personas aseguradas (fojas 12 y 13).

En posterior comparecencia de siete de septiembre de dos mil diez, ante la misma autoridad, ratificó su denuncia en contra de los sujetos detenidos y del diverso individuo que se dio a la fuga, quien se llevó sus pertenencias, precisando que si lo tuviera a la vista lo podría reconocer; asimismo, adujo que con motivo de las lesiones que presentó fue remitido por el médico legista al Hospital Xoco, a fin de que lo examinaran; finalmente, señaló que los objetos materia del desapoderamiento consistían en un celular Sony Ericsson, sin recordar el modelo, pero que le costó dos mil cuatrocientos pesos; un reloj, marca Swatch, el cual lo tenía desde hacía dos años y le costó dos mil ochocientos pesos y el autoestéreo Sony, mp3, tenía un valor de mil setecientos pesos; bienes de los cuales, no contaba con la factura correspondiente (fojas 74 y 75).

En ampliación de declaración de trece de octubre de dos mil diez, ante la Juez de la causa, ratificó sus declaraciones sin agregar algo más; a preguntas de las partes respondió que la distancia entre el sujeto que lo desapoderó de su reloj y él, era de aproximadamente veinte centímetros; asimismo dijo que cuando los policías revisaron a los activos y a uno de ellos le encontraron ciento veinte pesos, estaba a una distancia de tres metros; igualmente, manifestó que desde que subieron al taxi los agresores, hasta que se bajaron, pasaron alrededor de quince minutos; además, mencionó que cuando los sujetos fueron revisados se encontraba frente a ellos, agregando que estaban en el estacionamiento de la agencia; que aparte del dinero que le fue encontrado a uno de los sujetos, al parecer también les fue encontrada droga y un desarmador, pero esto, no le constaba, ya que sólo lo escuchó comentar entre los policías (fojas 226 vuelta y 227).

En careo constitucional celebrado en la fecha señalada, entre el denunciante y **********, del que resultó: el acusado cuestionó al ofendido, que si era taxista, por qué nunca vio su vehículo y que dónde estaban las cosas que le robó y a qué hora vio que eran tres personas, respondiéndole el agraviado, que simplemente le quitó sus pertenencias y que lo quería matar, pues lo estaba amagando con un cordel; después el procesado lo exhortó a que dijera la verdad, ya que su testigo ********** le señaló que el atraco fue dos días antes, a lo que el ofendido le sostuvo que ya lo tenía declarado, además que escuchó cuando el inculpado le pidió a su testigo que le hiciera "el paro" (fojas 236 y 237).

Careo procesal celebrado en la misma fecha, entre el agraviado y el policía **********, del que resultó que el primero le dijo al segundo: que solamente escuchó que al parecer le habían encontrado droga a los sujetos detenidos, sosteniendo el remitente, que a la persona que revisó no le encontró nada más de lo ya declarado; también el ofendido le dijo al agente policiaco que la revisión fue afuera de la agencia, por lo que el captor de mérito, señaló que se hacía una revisión preventiva estando en el lugar de los hechos y posteriormente se pasan a la agencia, agregando el agraviado, que sí vio la revisión preventiva cuando sometieron a los activos (fojas 231 vuelta y 232).

Asimismo, obra la diversa diligencia de careo, celebrada en la misma data, entre el emitente y el diverso policía **********, del que resultó: que el primero le dijo al segundo, que la revisión durante la detención fue parcial y posteriormente en la agencia ministerial, una revisión total y al parecer escuchó que les habían encontrado droga y un desarmador, expresándole el segundo, que en la revisión no encontró nada de droga ni el desarmador y que la revisión fue como dijo el denunciante (foja 232).

Careo procesal entre el ofendido y el testigo **********, del que se advierte que el denunciante le dijo a su careado: que sabía lo que tenía en su casa y que si no hubieran sucedido los hechos como los relató, no tendría por qué acusarlos, a lo que dicho testigo le refirió, que si está seguro de que fueron los sujetos procesados, diga dónde están los objetos que le fueron robados, pues no les encontraron nada; sosteniéndole el ofendido que sus pertenencias se las llevó una tercera persona, refutándole el testigo, que quería que probara las cosas que le fueron robadas y dónde estaba el tercer sujeto que se dio a la fuga, contestándole el ofendido, que también quisiera saber el paradero de dicho sujeto, pero no le podía decir más (fojas 232 vuelta y 233).

Finalmente, el diverso careo suscitado entre el deponente y el coacusado **********, del que resultó: que el coprocesado le dijo al primero, que no lo conocía y le preguntó por las cosas que supuestamente le robaron, ya que no les encontraron nada y dónde estaba la tercera persona a que hacía alusión; refiriéndole el ofendido que si la viera también la presentaría como a los activos; expresando el procesado que por qué no agarraron al tercer sujeto si había varios policías, manifestando el agraviado, que llegaron los demás policías al apoyo cuando ya estaban sometidos los activos y, finalmente, el coacusado le preguntó por el taxi de donde supuestamente se bajaron los inculpados, respondiéndole que no los iban a perseguir a bordo del vehículo, precisando que fue a pie (foja 239).

Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis VI.1o.P.204 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1037, del Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la persona que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado por otros medios."

En complemento, en forma correcta la Sala responsable adminiculó lo asentado en el formato de puesta a disposición suscrito por los policías ********** y **********, ratificado ministerialmente, quienes aseveraron que el seis de septiembre de dos mil diez, aproximadamente a las diecisiete con diez minutos, caminaban por la calle **********, colonia **********, realizando funciones propias de su cargo y al acercarse a un vehículo (taxi) Tsuru, guinda con dorado, con matrícula **********, observaron que descendieron tres sujetos, los cuales corrieron en dirección contraria a la de los emitentes, momento en el que el conductor del automotor referido también bajó y les dijo que las personas que corrían le acababan de robar, motivo por el que los emitentes los persiguieron, logrando el policía ********** asegurar a uno de ellos y por su parte su compañero ********** aprehendió a un diverso individuo, sin que pudieran detener al otro sujeto, el cual se dio a la fuga; inmediatamente se acercó el denunciante y reconoció a los dos asegurados como los mismos que lo habían desapoderado de sus pertenencias, además señaló al agresor que le había sacado ciento veinte pesos de su pantalón, circunstancias por las que los emitentes lo revisaron, encontrándole, en la bolsa derecha del pantalón, dos billetes de cincuenta pesos y otro de veinte, los cuales, el agraviado identificó como de su propiedad; en consecuencia y a petición del agraviado, presentaron ante el Ministerio Público a las personas detenidas (fojas 15 a 18).

En ampliación de declaración de trece de octubre de dos mil diez, ante la Juez de la causa, el policía **********, ratificó su deposado anterior, sin agregar algo más; a preguntas de las partes, refirió que inmediatamente después que descienden los tres sujetos activos, bajó el conductor; asimismo dijo que al sujeto que le fue encontrado el dinero estaba nervioso; además expresó, que cuando van corriendo los activos les gritó que una persona los acusaba, motivo por el que se detuvieron los sujetos asegurados; igualmente, dijo que cuando le preguntó acerca del dinero que le fue encontrado a uno de los activos, éste no dijo nada.

Por su parte el agente policiaco **********, en ampliación de declaración de la fecha señalada, ratificó su declaración ministerial, sin agregar algo al respecto; a preguntas de las partes refirió que el denunciante les pidió apoyo con gritos y señas; además que cuando iba correteando a uno de los activos, le gritaba que lo acusaban de robo; asimismo, señaló que los tres sujetos que se bajaron del taxi corrían en la misma dirección (fojas 227 y 228).

En diligencia de careo constitucional celebrado en la fecha señalada entre el policía ********** y el quejoso **********, resultó: el primero de los nombrados le dijo al segundo que el taxi del que se bajó era un tsuru, con nueva cromática; además también le sostuvo que cuando revisó a su primo **********, sólo le encontró dinero y que no vio ningún garrafón (foja 237 vuelta).

Diversa celebración de careos entre el externante y el coacusado **********, del que se advierte que el coprocesado le sostiene a su careado que solo traía cincuenta pesos, los cuales se los dio su padre y cuarenta pesos que él tenía; además que dicho policía lo agarró con el garrafón, lo aventó y lo quería golpear, refutándole el agente de seguridad pública que era falso lo q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23471-145abcd8/individualizacion-judicial-de-la-pena-para-estimar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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