CONFESIÓN. REGLAS PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS DISMINUIDAS POR RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITO GRAVE (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 279/2011. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El quejoso expresa los siguientes conceptos de violación:
a) La Sala responsable no atendió los agravios formulados por la defensa y cita la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN EXAMINAR LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN TIEMPO POR EL REO O SU DEFENSOR, ANTES DE DECLARAR QUE NO ADVIERTEN DEFICIENCIA DE LA QUEJA QUE DEBAN SUPLIR."
b) La alzada transgredió en su perjuicio las garantías contenidas en la fracciones V y VIII de numeral 20, apartado A, de la Constitución Federal.
c) Se violaron las formalidades del procedimiento, porque la Sala responsable no observó las reglas de valoración de los medios de prueba contenidas en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
d) El tribunal de apelación viola en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley contenidas en los ordinales 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se acredita el ilícito que se le atribuye ni su responsabilidad penal en su comisión, por ende, la sentencia carece de fundamentación y motivación.
En apoyo a lo anterior, invoca la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/97, SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE LOS ALCANCES DE EXIMIR AL TRIBUNAL DE ALZADA DE CUMPLIR CON LA DEBIDA."
e) Se transgreden en su perjuicio los numerales 245, 246, 255 y 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque no se realizó una "debida valoración y análisis" de las pruebas que integran la causa, ya que éstas son insuficientes para acreditar el delito y su responsabilidad penal; cita la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN LA QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYOS LOS RAZONAMIENTOS DEL A QUO SIN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LOS ARTÍCULO 313, 314, 318 Y 319 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." y "PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO."
f) La declaración del denunciante y de los policías remitentes "no cumplen" con las reglas establecidas en la "ley procesal para el Distrito Federal", para otorgarles pleno valor probatorio; amén de que el primero incurrió en la siguiente contradicción:
A pregunta del Ministerio Público respondió, que cuando le pidieron las llaves del vehículo la visibilidad era "clara", porque era de día, pero al dar repuesta al cuestionamiento del defensor particular del codetenido manifestó no recordar cómo era la visibilidad.
En tanto los policías preventivos, en su primigenia declaración, refirieron que el amparista llevaba entre sus piernas el arma de fuego, sin embargo, posteriormente Castro Basurto dijo no recordar la "posición que guardaba" dicho artefacto; mientras que Tamayo Hernández expuso: "el cañón estaba apuntando en dirección hacia el volante y las cachas a la puerta del copiloto, es decir, debajo de la pierna derecha", luego, a pregunta del defensor particular del cosentenciado, manifestó que dicho artefacto lo vio cuando el garantista abrió la puerta para bajar.
Al respecto, cita las tesis de epígrafes: "POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS." y "PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN."
g) De manera inexacta se concedió valor probatorio a las restantes pruebas, pues a la testigo de propiedad no le constan los hechos, además de que su versión "pudiera estar influenciada" por ser cónyuge del pasivo.
El certificado de estado físico del denunciante, porque aun cuando en el mismo se describen las lesiones que presentó, no está demostrado que el quejoso se las haya ocasionado.
La inspección ministerial de la esclava, porque el pasivo "nunca acreditó su propiedad"; amén de que el dictamen oficial en materia de valuación no cumple con las exigencias previstas en la ley, e invoca la tesis de rubro: "DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS POR EL JUZGADOR PARA RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMÁTICO Y CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."
h) El tribunal de apelación vulneró el contenido del arábigo 17 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, ya que actuó con parcialidad al valorar su declaración como confesión calificada divisible y citar la jurisprudencia de rubro: "CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE."
En apoyo a lo anterior, invoca la tesis intitulada: "CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LA RESOLUCIÓN QUE AL VALORAR LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO LA CONSIDERE COMO TAL POR EL HECHO DE QUE EL INDICIADO Y/O PROCESADO RECONOZCA LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL DELITO ATRIBUIDO."
i) En el caso, no se acredita la calificativa de violencia moral, porque la declaración del denunciante no se encuentra corroborada con medio de convicción alguno, pues no obstante que éste, al tener a la vista el arma de fuego, manifestó reconocerla como la que se utilizó para amagarlo; lo cierto es que para determinar que se trata de la misma se requiere de conocimientos técnicos especializados en materia de balística a efecto de determinar sus características.
Además, los restantes medios de convicción que existen no son idóneos para acreditar dicha calificativa, e insiste que la sola versión del pasivo es insuficiente; tampoco se valoró que en los careos fue reiterativo en que no llevaba el arma de fuego.
j) El ad quem inobservó el contenido del arábigo 247 del citado ordenamiento, en apoyo, cita la tesis de rubro: "DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS."
k) No se consideró su confesión calificada divisible a efecto de beneficiarlo con la "reducción de la pena impuesta", e invoca la tesis de rubro: "PENA, REDUCCIÓN DE LA. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE DURANGO OTORGA A LOS JUZGADORES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS PARA EFECTUARLA POR CONFESIÓN ESPONTÁNEA DEL ACUSADO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, PUEDE EJERCERSE CUANDO SE EMITE EN FORMA LISA Y LLANA, O BIEN, CALIFICADA."
l) La pena impuesta es desproporcionada, por tanto, se infringe el arábigo 22 de la Carta Magna, y se pone en riesgo su integridad física y moral.
m) Al no estar demostrada la calificativa de violencia moral, debieron concedérsele, los sustitutivos de la pena de prisión y la suspensión condicional.
Finalmente, solicita aplicar la suplencia de la queja en términos del numeral 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por el solicitante de amparo son infundados.
Prima facie, destaca que se abordará, de manera previa, los motivos de inconformidad relativos a las violaciones procesales, pues de resultar fundados estos últimos, haría innecesario el estudio de los restantes conceptos.
En efecto, es infundado el motivo de disenso marcado en el inciso a), en virtud de que el ad quem sí analizó los agravios esgrimidos contenidos en el ocurso glosado en el toca de apelación, ya que en el considerando XII de la sentencia reclamada se advierte que les dio respuesta en sentido lógico, congruente y acorde con los aspectos planteados; lo que se observa de las fojas 67 a 70 de la misma, y el hecho de que ésta se haya emitido de manera contraria a lo pretendido, no significa que no se hubieran estudiado; amén de que, al respecto, cabe puntualizar que los principios de exhaustividad y congruencia no llegan al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, "punto por punto" o "renglón por renglón", a todos los "cuestionamientos" propuestos, aunque en ellos se contengan claras manifestaciones contrarias al sentido de la resolución, sino atender a todos aquellos por los que se exprese una idea que revele una inconformidad concreta, y darle contestación en sentido congruente; lo que en la especie aconteció.
Al respecto, se comparte la jurisprudencia VI.3o.A. J/13 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1187 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, del tenor siguiente:
"GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas."
En esa medida, no se transgredió el contenido de la tesis intitulada: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN EXAMINAR LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN TIEMPO POR EL REO O SU DEFENSOR, ANTES DE DECLARAR QUE NO ADVIERTEN DEFICIENCIA DE LA QUEJA QUE DEBAN SUPLIR."
Merece la misma calificación el concepto de violación del inciso b), en virtud de que el órgano técnico de la acusación demostró, tanto el delito atribuido al sentenciado como la culpabilidad en su ejecución, con lo cual cumplió la carga procesal; además, como más adelante se verá, la condena impuesta se debió a que existe convicción de la culpabilidad del procesado, por ende, no se vulneró el artículo 20, apartado A, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También es infundado lo argüido en el motivo de inconformidad c) pues, contrario a lo expuesto por el quejoso, no se advierte violación a las formalidades del procedimiento, al aducir que la Sala responsable no observó las reglas de valoración de los medios de prueba, porque tal acto, por su naturaleza jurídica, concierne al aspecto sustancial de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa, previo al acto privativo, la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y que la justifican con una finalidad persuasiva.
Es aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/30, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1381, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, que a la letra dice:
"PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva."
Asimismo, es infundado el motivo de disenso relatado en el inciso d), en el que se aduce violación al principio de exacta aplicación de la ley, porque fue juzgado conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, sin que se advierta de la sentencia reclamada, que la pena que se le impuso haya sido individualizada por simple analogía, por mayoría de razón, o bien, que no estuviera establecida en una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, tal como se constatará más adelante; de tal forma que, bajo esas circunstancias, es dable afirmar que no se transgredió lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 14 constitucional.
Del mismo modo, contrario a lo vertido en la parte complementaria de dicho planteamiento, en la sentencia reclamada no se advierte infracción al numeral 16 constitucional, en torno a la fundamentación y motivación, pues de la lectura de la misma se advierte que la Sala responsable mencionó los preceptos aplicables al caso, al referir demostrada, tanto la materialidad del ilícito de robo calificado previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV, 224, fracción VIII y 225, párrafo primero, fracción I, del Código Penal para esta ciudad, así como la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, a título doloso y de manera conjunta, en términos de los arábigos 18, párrafos primero y segundo, así como 22, fracción II, del código punitivo local; asimismo, la autoridad ordenadora, en forma correcta, razonada y clara, las valoró de manera individual y luego en su conjunto, conforme a los lineamientos dispuestos en los numerales 245, 254, 255, 261 y 286 del código adjetivo de la materia y fuero, para enseguida exponer los motivos y las razones, a propósito de lo cual, otorgó eficacia probatoria a unas y la denegó a otras, para concluir que, en la especie, resultan eficaces y suficientes para tener por comprobado el delito de referencia, al tenor de lo dispuesto por el ordinal 122 del preinvocado código adjetivo; por tanto, contrario a lo señalado por el amparista, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que se expusieron los motivos que llevaron a la alzada a tener por demostrada su responsabilidad penal, en su carácter de coautor en la comisión del mencionado ilícito; en consecuencia, la Sala responsable, al citar los preceptos aplicables y expresar de manera correlativa las razones y los argumentos lógico-jurídicos para justificar las circunstancias que la llevaron a concluir que, en el caso, la conducta desplegada por el quejoso encuadra en las normas previstas por la legislación penal aplicable, no causa violación a la garantía de legalidad prevista en el citado numeral constitucional.
Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 166, cuyo texto establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
De ahí que no se desatendió el contenido de la tesis de epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/97, SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE LOS ALCANCES DE EXIMIR AL TRIBUNAL DE ALZADA DE CUMPLIR CON LA DEBIDA."
De manera adversa a lo precisado en el inciso e) la responsable, en forma legal, expresó los fundamentos y las razones jurídicas por las que consideró que las pruebas recabadas fueron eficaces para demostrar, en términos del numeral 122 del código adjetivo de la materia, el ilícito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV (cuando el valor de lo robado exceda de setecientos cincuenta veces el salario mínimo), 224, fracción VIII (respecto de vehículo automotriz) y 225, fracción I (violencia moral), del código sustantivo de la materia, así como la responsabilidad penal del garantista en su comisión, cuya intervención se atribuyó en términos de lo previsto en el artículo 22, fracción II, del citado ordenamiento sustantivo, esto es, a título de coautor, en forma dolosa y sin que existiera causa alguna de justificación o de inculpabilidad.
Lo anterior es así, pues para llegar a esa conclusión el tribunal de apelación valoró las pruebas del sumario con apego a los lineamientos dispuestos en los numerales 245, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, para lo cual expuso de manera lógica, razonada y suficiente las consideraciones, merced a las cuales otorgó eficacia demostrativa a unas y la denegó a otras, de tal manera que, con base en dichos medios de convicción reconstruyó, en sentido formal, el hecho con connotación de delito, en lo relativo a que el cinco de abril de dos mil ocho, aproximadamente a las siete horas con veinte minutos, el ofendido arribó a su domicilio ubicado en "calle de **********" número **********, casa **********, unidad habitacional **********, colonia del mismo nombre; bajó de su automóvil Volkswagen, tipo "Bora", modelo 2006, negro, placas de circulación **********, para abrir el portón y guardar el citado automotor, pero cuando regresaba a éste, se acercó el quejoso, le puso el cañón de una pistola en el cuello y le dijo "que le entregara las llaves del vehículo, celulares, cartera y todo lo que tenía en la mano", a lo que el pasivo contestó que no traía algo, pues las llaves estaban "pegadas" al automóvil, el cual estaba encendido; luego, lo jaló y desapoderó de la pulsera de oro que llevaba en su mano derecha, enseguida acercó al agraviado a un "poste de luz", le indicó que se quedara agachado y quieto, porque si volteaba dispararía; el ofendido, de "reojo", observó que el codetenido subió a la unidad del lado del conductor y el promovente de la acción constitucional del copiloto, y se dieron a la fuga, pero finalmente fueron detenidos por elementos de la policía preventiva a la altura de las vialidades ********** y **********, colonia **********, en posesión del automotor, arma de fuego, de las llaves y la pulsera.
Ante tal evento la alzada, en forma legal, tuvo por acreditadas las calificativas del tipo básico, esto es, la prevista en la fracción VIII del ordinal 224 del código punitivo local, dado que el desapoderamiento ilícito recayó en el automotor y la pulsera del pasivo; asimismo, la prevista en el dispositivo 225, fracción I, de la indicada codificación, en virtud de que, como medio comisivo eficaz, se utilizó la violencia moral sobre el denunciante para ejecutar la acción típica y apoderarse de la mencionada unidad, pulsera y llaveros; ello al intimidarlo con el arma de fuego, con lo que evidentemente lo afectó emocionalmente.
En ese tenor, tal como lo determinó la alzada, el justiciable realizó dicho apoderamiento de manera conjunta con otra persona, con el fin de ingresarlo a su haber y disponerlo (ánimo de apropiación, elemento subjetivo), sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo, puesto que nunca se le autorizó para actuar de la forma en que lo hizo y sin derecho a que fundara su conducta (elementos normativos), en atención a que no actuó amparado por mandato legal alguno ni circunstancia que lo legitimara; la lesión al pasivo implicó el detrimento en su patrimonio; vehículo, pulsera y llaveros que constituyen bienes muebles ajenos; lo primero por su naturaleza de poder ser trasladado de un lugar a otro por una fuerza exterior, en términos de los artículos 752 y 753 del Código Civil para el Distrito Federal y, lo segundo, por no ser propiedad del amparista; asimismo, se actualizó un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado material, pues con la acción codesplegada por el peticionario del amparo en las circunstancias preindicadas, se ejecutó un cambio físico en torno a la situación del automóvil, de la pulsera y los llaveros vinculados a la causa, al pasar al dominio, entre otro, del solicitante de garantías desde el momento en que se desapoderó al ofendido en forma ilegal, acto con el cual afectó el bien jurídico tutelado en su perjuicio. Por ende, la Sala responsable, de manera legal, consideró que el promovente de la acción constitucional ajustó su proceder a título de dolo y en calidad de coautor en la comisión del ilícito precisado, en términos del precepto 22, fracción II (hipótesis de cuando lo realicen conjuntamente), en relación con el 18, párrafo segundo (hipótesis de conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere la realización), ambos del código punitivo local; sin que la ejecución del hecho se encontrara amparada por alguna norma permisiva que tornara lícito su proceder u operara a su favor alguna causa de exclusión del delito de las previstas en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal.
Para llegar a tal conclusión el ad quem, de manera correcta, acreditó el delito y la plena responsabilidad del sentenciado, fundamentalmente con lo expuesto por el denunciante, quien refirió que, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar puntualizadas, el justiciable y otra persona la desapoderaron del medio de transporte, de la pulsera y los llaveros referidos, esto cuando arribó a su domicilio sito en la "calle de **********" número **********, casa **********, unidad habitacional **********, colonia del mismo nombre, delegación **********, pues se acercó el peticionario de garantías y con la pistola en el cuello le indicó que le entregara las llaves del automóvil, pero como le respondió que éstas estaban pegadas, le arrebató la pulsera de oro que llevaba en su mano derecha, lo acercó a un "poste de luz" y le dijo que si volteaba le iba a disparar; el deponente observó que el enjuiciado subió del lado del copiloto y su acompañante del conductor y se fueron; posteriormente, comunicó lo sucedido a los elementos de la policía preventiva, quienes tripulaban una patrulla a la que subió para tratar de localizar la unidad, luego les informaron de la detención del amparista; al tenerlo a la vista lo reconoció como uno de sus agresores, asimismo, identificó el arma de fuego.
A lo anterior, la alzada vinculó lo expuesto por Armando Castro Basurto y Fernando Tamayo Hernández (policías captores), quienes de manera coincidente manifestaron que, en la temporalidad de los hechos, vía radio, les informaron del robo del automotor mencionado, el cual observaron circulaba en sentido contrario a su dirección por **********, por lo que dieron vuelta en "u", subieron el camellón e informaron a sus compañeros para que cortaran la circulación de dicha vialidad, a la altura de la intersección de las calles ********** con ********** colonia **********, luego descendieron de la unidad policíaca, se acercaron a los sujetos activos y los detuvieron; al arribar el denunciante los reconoció como los mismos que robaron su automóvil; precisaron que el primero de los deponentes amagó al codetenido y el segundo al promovente del amparo, quien llevaba una arma de fuego entre las piernas; al revisarlos, a este último le encontraron el arma con un cargador y seis cartuchos, dos juegos de llaves y una "cadenita amarilla"; lo cual se vincula al contenido del formato de detenidos a disposición del Ministerio Público, signado por dichos policías.
Así como lo vertido por ********** (testigo de propiedad), quien en síntesis refirió ser esposa del pasivo, así como que le constaba que la esclava y el vehículo eran propiedad de su cónyuge.
Anterior imputación del pasivo, declaración de los policías remitentes y el testigo de propiedad, que de manera adversa a lo que se aduce en la parte complementaria del concepto de violación sintetizado en el inciso f), la Sala responsable, en forma legal, confirió eficacia indiciaria, en tanto satisfacen los requisitos previstos en el numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues tuvieron la edad y capacidad para juzgar el evento delictivo, por su probidad e independencia de su posición denotan imparcialidad, amén de que el hecho sobre el que declararon es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otro, además, sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias, sin advertir de autos que hayan sido compelidos a declarar en tal sentido por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno; de ahí que es evidente que a dichos testimonios se les concedió valor probatorio de indicio en los términos reseñados, no así "pleno valor" como lo afirma el solicitante del amparo.
Al tema, se comparte la jurisprudencia 601 emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 372, que dice:
"OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante."
De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 376, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 275 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, con el texto siguiente:
"TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice."
Por ende, lo declarado por el denunciante se adminiculó de manera circunstancial y en sentido complementario con lo externado por los aludidos agentes captores, a quienes si bien no les constó el momento específico en que se cometió el injusto, sin embargo, son categóricos al precisar la mecánica subsecuente del evento, al aseverar que fueron los que lograron la detención del promovente de la acción constitucional y advertir que éste iba en el vehículo del lado del copiloto y su acompañante del conductor, así como que al primero se le encontró un arma de fuego, unas llaves y una "cadenita amarilla"; amén de que aquél lo identificó categóricamente como la misma persona que, momentos antes y en las circunstancias relatadas, lo desapoderara del bien relacionado. Por tanto, la Sala responsable, con corrección, otorgó eficacia demostrativa a lo expuesto por los referidos elementos policiales en los términos reseñados.
Al respecto, se comparte la jurisprudencia 736 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 616 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, del tenor literal siguiente:
"TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito."
Ahora, contrario a lo que se arguye en el citado motivo de inconformidad f), la declaración del ofendido y de los elementos policiacos satisfacen las exigencias del numeral 255 del código adjetivo de la materia en los términos reseñados en líneas precedentes; asimismo, de manera adversa a lo argüido, la circunstancia de que inicialmente el pasivo haya referido que cuando le pidieron las llaves del vehículo la visibilidad era "clara" y, poste
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23072-0593d25f/confesion-reglas-para-la-imposicion-de-las-penas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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