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Modo: Corpus Pro

DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DETERMINAR CON CERTEZA EL ACTO IMPUGNADO Y LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN SALVAGUARDA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL ACTOR, DEBE PREVENIRLO PARA QUE AJUSTE AQUÉLLA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, SI TIENE COMO ANTECEDENTE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA DE UN TRIBUNAL LABORAL ANTE QUIEN ORIGINALMENTE SE PRESENTÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 374/2011. · Registro digital (IUS): 23082
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 2090.

AMPARO DIRECTO 374/2011. **********.

CONSIDERANDO:

VI. Son esencialmente fundados los conceptos de violación.

En el caso, **********, por su propio derecho y como representante común de la parte quejosa, reclama del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, la resolución de diez de marzo de dos mil once, dictada en el toca **********, formado con motivo del recurso de reclamación que interpusieron contra la resolución emitida por la Segunda Sala de dicho tribunal, el cuatro de enero de dos mil once, en el cuaderno de competencia **********.

Como antecedentes del caso, es de precisar que en el expediente ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco -por considerarlo el órgano competente para tal efecto-, los solicitantes de la tutela constitucional, por conducto de sus apoderados legales, el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, demandaron del **********, la reinstalación en el trabajo que desempeñaban y el cumplimiento de diversas prestaciones inherentes al despido injustificado que imputaron al entonces presidente municipal de Macuspana, Tabasco, en los términos conducentes:

"... pero es el caso que el día 30 de agosto del presente año (2004) aproximadamente a las 11:30 horas (once y media de la mañana) encontrándose todos y cada uno de los suscritos (excepto los C. ********** y **********), reunidos en la plaza interior del edificio que alberga al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco; ya que previamente fueron citados por el director de Seguridad Pública Municipal de Macuspana, Tabasco, el C. Lic. **********, para recibir instrucciones de sus mandos superiores; por lo que, en consecuencia, en la fecha y hora mencionada se presentó personalmente el C. Lic. **********, quien realizó el pase de lista correspondiente; precisándose que en este acto fue acompañado el director de Seguridad Pública Municipal por los funcionarios municipales siguientes: C. **********, presidente municipal; **********, síndico de hacienda municipal; y, el C. **********, director de Administración Municipal; también se precisa que posteriormente al pase de lista, en uso de la palabra el C. **********, se dirigió a todos y cada uno de los actores al tiempo que les manifestó textualmente: ‘Señores, todos y cada uno de ustedes quedan dados de baja definitiva del cargo que tienen como policías de este H. Ayuntamiento, pudiendo cobrar cada uno de ustedes sus respectivas quincenas el día de hoy (del 16 al 31 de agosto de 2004), pero a partir de mañana deben pasar al departamento jurídico por su liquidación, por lo que dí instrucciones al director de seguridad pública municipal, síndico de hacienda municipal y director de administración municipal, para que realicen los trámites de baja correspondientes, desde este momento hago público y del conocimiento de la ciudadanía macuspanense la baja de todos y cada uno de ustedes ...’

"Por otro lado, en lo que respecta a los C. ********** y **********, tenemos que el día 20 de septiembre del presente año (2004), siendo aproximadamente las 9:00 horas (nueve de la mañana) se encontraban los hoy actores frente a las instalaciones del Palacio Municipal de la ciudad de Macuspana, Tabasco, lugar donde los había citado el director de Seguridad Pública Municipal de Macuspana, Tabasco, el C. Lic. **********, para recibir instrucciones de su parte, por lo que, en consecuencia, en la fecha y hora mencionadas, se presentó personalmente el C. Lic. **********, quien en el acto se dirigió personalmente a los hoy actores ********** y **********, manifestándoles textualmente lo siguiente: ‘Ustedes cuatro, por andar con los revoltosos, por órdenes del señor presidente municipal **********, a partir de este momento están dados de baja definitiva del cargo que tienen como policías de este H. Ayuntamiento, sucediendo lo anteriormente narrado frente a las instalaciones del Palacio Municipal de la ciudad de Macuspana, Tabasco, lugar ampliamente conocido, en donde habían sido citados previamente por el Lic. ********** y en presencia de muchos ciudadanos macuspanenses que se encontraban en el lugar ante el citado y que oportunamente declararán en relación con tal acontecimiento.’" (fojas 1 a 32, tomo I del expediente **********).

El tribunal burocrático, mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil cuatro, admitió a trámite la demanda y seguido el juicio laboral en todas sus etapas legales, el dieciséis de julio de dos mil diez, emitió un laudo en el cual declaró improcedente la vía ejercitada por los actores, por considerar que la relación que los unía con el Ayuntamiento demandado es de carácter administrativa y no laboral y que, por ello, es a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a quien debieron someterse para los efectos de conocer y resolver sus pretensiones, por lo que ordenó remitir los autos al referido tribunal (fojas 4676 a 4706, tomo IV).

Inconforme la parte quejosa, promovió el juicio de garantías **********, del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito, residente en este circuito de amparo, quien en treinta de septiembre de dos mil diez, desechó la demanda de mérito por considerar que la resolución reclamada no les causa perjuicio de imposible reparación, sino hasta que el tribunal receptor acepte la competencia planteada o no aceptándola se genere un conflicto competencial (fojas 4722 a 4728).

Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, mediante proveído de once de noviembre de dos mil diez, tuvo por recibido el expediente laboral, ordenó formar el cuadernillo de competencia ********** y por razón de turno designó a la Magistrada de la Segunda Sala, para pronunciarse respecto a la competencia planteada, quien el cuatro de enero de dos mil once, emitió resolución interlocutoria, en la que resolvió lo siguiente:

"Primero. Esta Segunda Sala es competente para conocer y resolver de la controversia planteada por el ciudadano ********** y otros, por los motivos expuestos en el considerando III de esta resolución.

"Segundo. Resulta improcedente por extemporánea la acción intentada por el ciudadano ********** y otros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 42 fracción IV y 44 primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa y, por ende, procede su desechamiento, al tenor de los razonamientos apuntados en el considerando III de la presente interlocutoria.

"Tercero. Remítase mediante oficio copia debidamente certificada de esta resolución al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

"Cuarto. Remítase mediante oficio copia debidamente certificada de la presente resolución a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para los efectos legales procedentes." (fojas 2 y 13 a 16 del incidente de competencia).

Las consideraciones torales en que se apoyó la Magistrada resolutora, para arribar a tal conclusión, consisten en que de los hechos narrados por los actores en su demanda (laboral), advirtió que fueron dados de baja el treinta de agosto de dos mil cuatro y que al haberla presentado el veintinueve de octubre del mismo año, le resultó evidente la improcedencia de su acción por extemporánea, de conformidad con el artículo 42, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa.

Inconforme, la parte actora hoy quejosa, interpuso recurso de reclamación, del conocimiento del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, bajo el toca **********, por estimar en lo sustancial que, con motivo de la incompetencia declinada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, la resolutora debió:

- Darles la oportunidad de ratificarla y ajustarla a los requisitos de la demanda contenciosa administrativa, conforme a los artículos 40, 41 y 45 de la Ley de Justicia Administrativa.

- Conocer con precisión cuál es el acto impugnado a efecto de poder contabilizar el término señalado en el artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa.

- Tomar en cuenta la contestación del Ayuntamiento demandado, en el que afirmó la existencia de un procedimiento de responsabilidad que supuestamente les fue notificado y que en esas condiciones sería materia de fondo determinar si la demanda es extemporánea o no (fojas 2 a 7 del toca).

El recurso de referencia fue resuelto el diez de marzo de dos mil once, en el sentido de confirmar en sus términos la resolución emitida en primera instancia, bajo la consideración toral que la improcedencia del juicio es de orden público y de estudio preferente y que, en esas condiciones, la Magistrada de la Segunda Sala no estaba obligada a requerirlos en los términos solicitados ni a estudiar cuestiones como la personalidad del apoderado de los actores y la contestación realizadas por las autoridades demandadas en el juicio laboral (fojas 20 a 24).

Esta resolución es la que constituye aquí el acto impugnado; la que, a través de la exposición de sus motivos de inconformidad, expone esencialmente la parte quejosa que es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque además de omitir atender todos los agravios que le fueron expuestos, las consideraciones que le sirvieron de base para resolver no fundan ni motivan la causa legal del procedimiento ni se ajustan a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo.

Afirman que, contrario a la consideración de la responsable, sí era necesario requerirlos para que adecuaran la demanda al juicio contencioso administrativo y así resolver y sancionar de conformidad las pretensiones deducidas y al señalamiento del acto o resolución impugnada.

Ello, porque del contenido de la demanda no se aprecia con certeza el señalamiento del acto o resolución impugnada y, en su caso, la fecha de notificación, en términos del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa que establece los requisitos que debe contener la demanda.

Lo cual -advierten-, no obstante ser de orden público y de estudio preferente la improcedencia del juicio, para que la responsable pudiera resolver, tenía que determinar las pretensiones que se deducían y al señalamiento del acto o resolución que se impugnaba, y ello no puede determinarse claramente de la demanda laboral; es decir, de la misma no puede determinarse correctamente el acto o resolución impugnadas y, en su caso, la fecha de la notificación, a fin de realizar el cómputo y determinar correctamente conforme al artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco si es extemporánea.

También exponen que la Sala (Pleno) responsable, al resolver el recurso de reclamación no atiende todas las causas de agravio que le expusieron, ya que nada dice respecto a su obligación de ajustarse a las formalidades del procedimiento administrativo; es decir, de cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, ya que:

1. Únicamente considera que por ser de orden público la improcedencia del juicio, la Sala responsable no estaba obligada a pedir la regularización de la demanda, pero que contrario a ello, sí era necesaria la adecuación de la demanda por no poder apreciarse con certeza de la demanda laboral el acto reclamado ni la fecha de su notificación.

2. Sus consideraciones no dan respuesta a los agravios relacionados con la irregularidad de la Sala de tomar como base la fecha que diverso apoderado legal señaló como aquella de su separación, sin tener facultades para promover en su nombre, ya que la personalidad que acreditó fue conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y que en términos del artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa, para poder analizar la extemporaneidad de la demanda debió requerirlos para que señalaran los actos administrativos impugnados y, por su propio derecho, o a través de representante legalmente autorizado.

3. Tampoco atiende lo relativo a que la demandada en contestación controvirtió la separación afirmando la existencia de un procedimiento de responsabilidad que supuestamente les notificó, lo que serviría para determinar si la demanda es extemporánea de acuerdo a los actos que señalaran como impugnados; pero insisten en que debió requerírseles para que ajustaran su demanda en términos del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa.

Ahora bien, previo al análisis de los reseñados motivos de inconformidad y para mejor comprensión de la conclusión a la que se arriba, es menester transcribir el contenido del artículo 14 constitucional, que en lo conducente señala:

"... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ..."

El párrafo transcrito tutela el derecho o garantía de audiencia; Por lo que se refiere a los derechos protegidos, el precepto fundamental comprende la libertad, propiedades, posesiones y derechos, con lo cual se abarca toda clase de privación.

En cuanto a los elementos del derecho constitucional de audiencia, comprende los del juicio, tribunales previamente establecidos y las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que la disposición que exige que todos estos factores sean regulados de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, queda comprendida en la prohibición de retroactividad, de la cual no es sino un aspecto.

El juicio se ha entendido por la jurisprudencia en un sentido lato, es decir, más amplio como el proceso judicial, puesto que abarca también el procedimiento administrativo.

En el caso del juicio administrativo, dentro del marco normativo establecido en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, es de destacar la competencia de las Salas y del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en los artículos 13, fracción I y 16, que en orden inverso al mencionado y en lo conducente, establecen:

"Artículo 16. Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de:

"I. Los actos jurídico-administrativos que las autoridades estatales, municipales o sus organismos descentralizados o desconcentrados, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;

"...

"V. Las resoluciones en materia de responsabilidad administrativa."

"Artículo 13. Son atribuciones del Pleno:

"I. Resolver los recursos contra las resoluciones que dicten las Salas;

"..."

En lo que se refiere a las pretensiones de las partes en el juicio contencioso, los artículos 40 y 41 disponen:

"Artículo 40. El demandante podrá pretender que se declare la nulidad de un acto administrativo, cuando el mismo no haya sido emitido conforme a derecho."

"Artículo 41. La parte demandante podrá pretender, además de lo previsto en el artículo anterior, el reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda."

Por lo que hace a la improcedencia del juicio, el artículo 42, en el caso que interesa, se dan las bases siguientes:

"Artículo 42. El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente contra actos:

"...

"IV. Respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiendo que se da éste únicamente cuando no se promovió el juicio ante el tribunal en los plazos que señala esta ley;

"...

"Las causales a que alude este precepto, serán examinadas de oficio."

"Artículo 43. Procede el sobreseimiento del juicio:

"...

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

"...

"Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento no será necesario que se hubiese celebrado la audiencia final."

Así también, por lo que respecta a los términos de presentación, requisitos y trámite de la demanda, así como los casos en que el accionante podrá ampliarla, los artículos 44, 45, 46 y 48, preceptúan:

"Artículo 44. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante el tribunal dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado; o en que el afectado haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo, cuando no exista notificación legalmente hecha.

"...

"En caso de negativa ficta, la demanda podrá presentarse conforme a lo previsto en el artículo 16, fracción IV.

"..."

"Artículo 45. El escrito de demanda deberá contener:

"I. El nombre del actor o de quien promueva en su nombre, así como su domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, el número de telefax para tal efecto;

"II. El acto o resolución que se impugna y, en su caso, la fecha de notificación;

"III. El nombre y domicilio de la parte demandada;

"IV. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere;

"V. La pretensión que se deduce;

"VI. Los hechos que den motivo a la demanda; y

"VII. De ser posible, los agravios que cause el acto impugnado."

"Artículo 46. El actor deberá acompañar a su demanda:

"I. Una copia de la misma para cada una de las partes y una más para el duplicado;

"II. Los documentos que constituyen el acto impugnado, cuando los tenga a su disposición;

"III. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nombre propio;

"IV. Constancia de notificación, excepto cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la misma o cuando hubiera sido por correo; y

"V. Podrán acompañarse las pruebas documentales que ofrezca.

"Cuando la demanda sea obscura, irregular o incompleta, o que no se hayan adjuntado los documentos señalados en este artículo, el Magistrado de la Sala requerirá al demandante para que en el término de cinco días, la aclare, corrija, complete o exhiba los documentos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda."

"Artículo 48. El actor tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda, cuando se impugne una negativa ficta.

"También podrá ampliar la demanda cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito, y el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente. En este caso, si al dictarse sentencia, se decide que tal notificación fue correcta, se sobreseerá el juicio; en caso contrario, se decidirá sobre el fondo del negocio."

Dado el marco normativo constitucional y legal de referencia, el análisis de los motivos de inconformidad, permite concluir que son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados.

Así es, del análisis de la resolución reclamada de diez de marzo de dos mil once, dictada en el toca **********, relativo al recurso de reclamación planteado por la parte actora en el juicio contencioso administrativo de origen, se observa que el tribunal responsable, para concluir que lo procedente era confirmar la resolución de sobreseimiento dictada por la Segunda Sala de ese tribunal, consideró que el estudio de las causales de improcedencia son de orden público y de estudio preferente y que la Sala no estaba obligada a pronunciarse sobre aspectos de fondo como las manifestaciones aducidas por la demandada en su contestación.

Sin embargo, tal conclusión es inexacta y violatoria de garantías en perjuicio de los quejosos, desde la perspectiva que las consideraciones expuestas por la responsable parten de un análisis equivocado, al perder de vista lo alegado por los quejosos en el sentido que para el análisis de las causales de improcedencia, como la extemporaneidad, la Sala de origen debió conocer con certeza el acto impugnado y la notificación correspondiente y que, para ello, con motivo de la incompetencia declinada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y atendiendo a las formalidades esenciales del procedimiento, debió darles la oportunidad de adecuar su demanda laboral a la demanda contencioso administrativa.

De ahí, lo inexacto de concluir, como lo hizo, y bajo esa premisa desestimar los argumentos de los quejosos, pues contrario a tal proceder, dichos argumentos sí inciden en el estudio de la causal de improcedencia invocada por la Sala de origen y, en esas condiciones, debieron ser tomados en consideración para analizar y resolver lo conducente, como enseguida se verá.

En efecto, es de recordar que la controversia de origen tuvo su génesis ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, quien posteriormente declinó la competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

La Magistrada de la Segunda Sala del referido tribunal, al aceptar la competencia declinada estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, fracción IV de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco y determinó desecharla por considerar no cumplidas las formalidades del procedimiento que rige la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

Lo anterior, al tomar en consideración, que la demanda debe presentarse por escrito y dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado; o en que el afectado haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo, cuando no exista notificación legalmente hecha.

No obstante la conclusión alcanzada, como destaca de las argumentaciones de los quejosos, convergentes en esencia en que, si bien las causales de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, las mismas deben ser manifiestas e indudables para así proceder al desechamiento de la demanda; mas, de existir duda de su operancia y aun así decretar el desechamiento, se estaría privando a los accionantes de su derecho a instar el juicio contencioso contra un acto que les causa perjuicio, en contravención de su garantía de audiencia y, por tanto, de los principios constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica.

Es ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que a continuación se lee:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

En la especie, tienen razón los quejosos cuando sostienen que en su escrito de contestación, la demandada controvirtió su separación y afirmó la existencia de un procedimiento de responsabilidad que supuestamente les fue notificado, lo cual debió ser atendido por el tribunal responsable y no evadir su análisis bajo la consideración de que la Magistrada resolutora no estaba obligada a estudiar cuestiones como la contestación realizada por las autoridades, porque, como se señaló, tales circunstancias sí inciden en el estudio de la causal de improcedencia invocada.

Lo anterior, porque es evidente que lo así aducido por las demandadas, desvirtúa o pone en entredicho lo manifiesto e indudable de la referida causal y, ante ello, es que debió tomar en consideración que debió dárles la oportunidad de ajustar su demanda en términos de los artículos 40, 41 y 45 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, a fin de tener los elementos objetivos para pronunciarse con certeza respecto a la causal de improcedencia invocada o, incluso, abordarlo en el estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo así plasmado, deriva de la circunstancia que al errar la autoridad responsable al considerar que la Magistrada de la Sala de origen no estaba obligada a estudiar cuestiones, como la contestación realizada por las autoridades demandadas en el juicio laboral; sin advertir en conciencia que la esencia de las argumentaciones reseñadas, emana del disentir de los quejosos que para determinar con certeza la extemporaneidad de su demanda, debió tomarse en cuenta la manifestación expuesta por la autoridad demandada, en la que el origen de la acción primigeniamente planteada (despido injustificado), la hacen derivar de una sanción impuesta a través del procedimiento correspondiente y, en esas circunstancias, ello se traduce en que la causa de improcedencia invocada no es notoria y manifiesta por existir dudas respecto al acto que sería motivo de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco y base para su análisis.

Es aplicable a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 -derivada de la contradicción de tesis 121/2003-PS-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Común, Novena Época, que a continuación se transcribe:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto."

Lo anterior, justifica la insistencia de los quejosos ante el Tribunal Pleno, del indebido análisis de sus motivos de agravio, en el sentido que, para estar en aptitud de determinar con certeza sobre la extemporaneidad de la demanda, necesariamente debió requerírseles para que adecuaran su demanda en los términos de la ley aplicable y no basar su análisis partiendo del despido alegado en la demanda laboral.

Es así que, de capital relevancia resulta tener en consideración que en el caso, no debió soslayarse la naturaleza total y absolutamente singular del asunto planteado; es decir, la competencia declinada por el tribunal laboral en el expediente **********, motivo por el que la autoridad responsable se avocó al conocimiento de la demanda laboral, continuando su trámite a través del juicio contencioso administrativo.

Lo que evidentemente, lleva al cuestionamiento que si originalmente la demanda se ajustó a los lineamientos que establece la ley laboral, al arribar el asunto al conocimiento del tribunal de materia diversa a la originalmente presentada, como en la especie, la administrativa; para su prosecución result

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23082-2e084732/demanda-en-el-juicio-de-nulidad-para-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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