PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.
AMPARO DIRECTO 292/2016. 20 DE FEBRERO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: ERIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
CONSIDERANDO:
25. VII.-Decisión de este Tribunal Colegiado.
26. A. Principio de relatividad.
27. Con fundamento en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el precepto 73 de la Ley de Amparo,(8) en este fallo se estudian la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, consistente en la sentencia de segunda instancia de veintisiete de enero de dos mil once, sólo por lo que corresponde al quejoso **********, aun cuando en esa decisión también se condenó a distinta persona.
28. B. Parámetro de control y modo de estudio.
29. Los conceptos de violación se dirigen a combatir el debido proceso, la demostración de la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena; por tanto, al tratarse de materia penal y ser el quejoso el sentenciado, corresponde analizar el caso en su totalidad, con la regla de la suplencia de la queja, de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
30. Por otra parte, debe precisarse que este Tribunal Colegiado encuentra que la detención del quejoso, en "supuesto caso urgente" es ilegal, lo que genera la exclusión de pruebas ilícitas, pero esa circunstancia no impedirá que se analice todo el caso, ni dará lugar a la concesión del amparo.
31. También se destacará diversa violación al debido proceso, que tampoco es motivo de concesión del juicio de amparo.
32. En apartado precedente (sic) se analizarán los restantes derechos del debido proceso en los que existió violación a los derechos del quejoso; después se establecerá que es constitucional la acreditación del delito básico y dos agravantes, no en lo relativo a la agravante pandilla, lo que repercute en la individualización de la pena, por lo que, en ese tema será en el que se concederá el amparo para efectos al quejoso, por esa causa y otras. Asimismo, se considera acreditada la responsabilidad penal del quejoso.
33. C. Detención ilegal y retardo en la puesta a disposición: generación de pruebas ilícitas.
34. Son fundados, suplidos en su deficiencia(9) los conceptos de violación ii) y v); en éstos se alega que no se respetó el debido proceso y que la detención del amparista es ilegal, porque no existe día y hora de la aprehensión, así como de la puesta a disposición, por lo que se viola el derecho a ser puesto a disposición en forma inmediata.
35. En efecto, la detención del quejoso el veintidós de abril de dos mil diez a las veinte horas, se considera ilegal (aun cuando el Juez de la causa la declaró legal, pero no se han expulsado pruebas ilícitas, lo que no limita su estudio en esta ejecutoria, al no haberse analizado en amparo indirecto), por la no justificación del caso urgente, porque de las declaraciones de los oficiales remitentes (Mauricio Sánchez Díaz,(10) Alfredo Sánchez Romero(11) y Noé Córdova Barrera(12), se obtiene que el quejoso fue detenido el veintidós de abril de dos mil diez a las veinte horas, cuando los oficiales llegaron a su domicilio y lo encontraron con otra persona en la calle, lo identificaron por referencias físicas proporcionadas por el coimputado, quien indicó, según las afirmaciones de los oficiales remitentes, que el ahora sentenciado cometió el delito, razón por la que los policías decidieron buscarlo, al saber que existía una denuncia por un robo como el que les describió el coacusado (a una sucursal de **********).
36. Entonces, le preguntaron al ahora amparista su nombre, al contestarles que era él, le explicaron que el motivo de su presencia era por la averiguación previa **********, manifestando el amparista ¿es por el robo al banco? instante en el que la persona que lo acompañaba (padre del peticionario de amparo) ingresó a su casa y salió con una bolsa negra, indicando que contenía doscientos mil pesos, aproximadamente, mencionando a los oficiales "tengan este dinero, no queremos problemas, tómelo para usted, pero no ponga a disposición del Ministerio Público a mi hijo, déjelo ir", razón por la cual detienen al solicitante de la protección federal y a su progenitor.
37. El agente del Ministerio Público justificó esa detención como caso urgente, el veintitrés de abril de dos mil diez a las diecinueve horas con cinco minutos.(13)
38. Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que no se cumplen los supuestos de caso urgente de acuerdo con el artículo 16 constitucional(14) y la jurisprudencia 1a./J. 51/2016 (10a.),(15) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque para esa detención, primero tiene que existir la orden generada por el agente del Ministerio Público, lo que no sucedió en el caso, pues el quejoso fue detenido el veintidós de abril de dos mil diez, sin previo mandamiento de esa autoridad; de ahí la violación al precepto indicado.
39. Como ya se adelantó, debe precisarse que no es obstáculo a lo anterior, que debido a la consignación del agente del Ministerio Público, el Juez de la causa, el veinticuatro de abril de dos mil diez,(16) calificó de ilegal la detención, al no actualizarse algún supuesto de causa urgente, de los previstos en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México,(17) (sic) porque ese juzgador no realizó expulsión de pruebas ilícitas, más cuando la única limitante a la verificación de la detención en amparo directo es la existencia de la calificación de la detención en amparo indirecto,(18) lo que en el caso no sucedió, por lo que es válido declarar la ilegalidad de esa detención y la depuración de las pruebas ilícitas.
40. Además, debe precisarse que la detención del quejoso no puede considerarse en flagrancia, debido a que él no fue la persona que realizó el ofrecimiento del dinero a los policías para no ser puesto a disposición, ni se le detuvo con un arma de fuego.
41. Por otra parte, la puesta a disposición del quejoso después de su detención es ilegal por un segundo motivo, debido a que de las declaraciones de los oficiales remitentes se desprende que desde las veinte horas del veintidós de abril de dos mil diez inició el operativo en el que detuvieron al coimputado (**********) y, posteriormente, se trasladaron al domicilio del quejoso (calle **********), iniciando las diligencias ministeriales con motivo de la puesta a disposición el veintitrés de abril de dos mil diez a las tres horas con cuarenta y seis minutos, por lo que se puede considerar un tiempo excesivo en la detención,(19) porque no existe justificación razonable entre el tiempo de la captura y la presentación en la agencia del Ministerio Público.
42. Expulsión de pruebas ilícitas.
43. La detención ilegal y la demora en la puesta a disposición(20) generan la ilicitud de la declaración del ahora quejoso, en la que aceptó los hechos, realizada ante el agente del Ministerio Público el veintitrés de abril de dos mil diez, sin excluirse su declaración preparatoria,(21) porque en ésta no ratificó la ministerial ni su ampliación de declaración en la fase de instrucción,(22) porque en la misma tampoco ratifica la declaración ministerial.(23)
44. Asimismo, son ilícitas las declaraciones de los oficiales remitentes de veintitrés de abril de dos mil diez, realizadas ante el agente del Ministerio Público, únicamente en lo relativo a la detención del quejoso.
45. Del mismo modo, es ilícito el oficio de puesta a disposición, únicamente en todo lo referente a la detención del quejoso, incluido todo lo que el detenido (quejoso) manifestó a los oficiales remitentes, así como los objetos o evidencias obtenidas por esa captura,(24) como son los doscientos mil pesos (aun cuando en el apartado de responsabilidad penal se precisará que la referencia a ese dinero se obtiene de otra probanza no alcanzada por la ilicitud).
46. También es ilícita la declaración ministerial de **********,(25) padre del quejoso, pues fue generada después de la detención ilegal de éste, pero esa ilicitud no alcanza otras de sus declaraciones de la fase de instrucción, porque en aquéllas no corrobora ésta, esto es, sus contenidos son diversos y no se trata de la misma línea argumentativa,(26) porque no es una ratificación de su deposición ministerial.
47. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado no desconoce que después de la detención del quejoso (que se ha declarado ilícita) declararon los testigos de cargo **********,(27) **********,(28) **********,(29) **********,(30) **********(31) y **********,(32) entonces, por regla general, estas pruebas tendrían que excluirse al derivar de esa ilegalidad.
48. Sin embargo, este órgano colegiado considera que en esta específica situación, las pruebas consistentes en las declaraciones ministeriales de los testigos de cargo citados en el párrafo anterior, no deben declararse probanzas ilícitas con base en la teoría del descubrimiento inevitable(33) adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2015 (10a.).(34)
49. En efecto, en el caso, aun cuando no se hubiese cometido la ilicitud de la detención del quejoso y el retardo en la puesta a disposición de éste, las declaraciones ministeriales de los testigos de cargo, mencionados en párrafos precedentes, se hubiesen allegado a la causa penal de manera inevitable por el curso de las investigaciones.
50. Lo anterior, porque en la causa penal existe el formato único para el inicio de actas especiales(35) de dieciocho de abril de dos mil diez,(36) en el que el testigo de cargo ********** realiza la denuncia por el robo de diecisiete de abril de dos mil diez a las veintiuna horas con treinta minutos, en ella relató los hechos penalmente relevantes y destacó que los sujetos activos, cuando se retiraron, gritaron "apúrate **********, vámonos carnal **********", relatando que el personal de ese establecimiento fue sujeto pasivo de ese ilícito.
51. De este modo, la detención del quejoso fue ilegal y se le puso a disposición en un plazo no razonable o justificado, por lo que las pruebas generadas después de esa actuación ilegal deben ser ilícitas, como son la declaración ministerial de aquél y la de los oficiales, en lo referente a esa detención, ilicitud que no alcanza a las declaraciones de los testigos de cargo **********, ********** y **********, porque éstas, inevitablemente, se hubiesen descubierto, aun cuando no se hubiera detenido al amparista, porque previo a la fecha en que se rindieron, esto es, el dieciocho de abril de dos mil diez, el último de los nombrados, como gerente de la sucursal del banco en la que se cometió el delito, acudió a realizar la denuncia de los hechos, mediante un formato, en cuyo contenido expuso la referencia a otros empleados de esa negociación que presenciaron los hechos, así como que escucharon a los sujetos activos mencionar el nombre **********; por tanto, por el transcurso de la averiguación, iniciada por la presentación de ese formato único, inevitablemente hubiera llevado al llamamiento de esos atestes.
52. D. Violación al debido proceso por reconocimiento en la Cámara de Gesell.
53. En la declaración de la testigo de cargo **********,(37) ésta indicó que, al tener al ahora quejoso en la Cámara de Gesell, lo reconoció, pero en la constancia de esa actuación no se desprende que el amparista estuviera en ese momento en compañía de su defensor.
54. Así las cosas, existe una violación al derecho de defensa del quejoso, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en todas las actuaciones, diligencias y etapas del procedimiento penal en que participe directa y físicamente la persona imputada en la comisión de un delito, se requerirá también la presencia y asistencia efectiva de su defensor, para asegurar que formal y materialmente se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, así como la salvaguarda de los derechos de defensa adecuada, debido proceso legal y obtención lícita de la prueba, como se establece en la jurisprudencia 1a./J. 6/2015 (10a.),(38) del órgano colegiado citado.
55. Conforme a lo anterior, ese reconocimiento hecho por la testigo de cargo es prueba ilícita (no el resto de su declaración), por lo que debe excluirse del material probatorio, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(39)
56. Así las cosas, debe declararse ilícito ese reconocimiento, subsistiendo el restante contenido de la declaración ministerial de **********.
57. No es obstáculo precisar que se realiza la exclusión de ese reconocimiento, aun sin analizar la verosimilitud del mismo, porque se está analizando el debido proceso, el cual se viola cuando existen probanzas obtenidas con violación a derechos humanos,(40) mientras que la verosimilitud y fiabilidad de una probanza pertenecen al ámbito de valoración de la probanza,(41) porque la misma puede ser lícita, pero verosímil y viceversa podrá ser verosímil, pero obtenida con violación a derechos humanos.
58. E. Posibilidad de continuar con el análisis del caso.
59. En los anteriores apartados se declararon pruebas ilícitas: (i) la declaración ministerial del ahora quejoso; (ii) las declaraciones ministeriales de los oficiales remitentes, únicamente en lo relativo a la detención del quejoso y al ofrecimiento de dinero que hizo el padre del quejoso para no ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público el sujeto activo, ahora quejoso; (iii) declaración ministerial de **********; y, (iv) el reconocimiento del amparista hecho en la Cámara de Gesell por la testigo de cargo **********, subsistiendo lo restante de su declaración ministerial.
60. Así las cosas, este Tribunal Colegiado considera que con la exclusión de las anteriores pruebas no resulta necesario conceder el amparo para que la autoridad responsable valore el material probatorio que no se declaró ilícito, y determine si están acreditados el delito y la responsabilidad penal del quejoso, en virtud de que las probanzas ilícitas no son la base principal de la justipreciación en el acto reclamado, pues ésas son piezas de la construcción de la prueba circunstancial que, de extraerse, no desmoronan los cimientos argumentativos-valorativos que sostienen el fallo de apelación, porque todas las otras pruebas valoradas por el tribunal responsable siguen permitiendo considerar constitucional la acreditación del ilícito y la demostración de que el peticionario de amparo lo ejecutó (como se expresará en los apartados correspondientes de esta ejecutoria), sin que este Tribunal Colegiado esté ejerciendo valoración probatoria alguna, misma que es propia de la autoridad de instancia,(42) sino únicamente anulando piezas del mapa probatorio que permiten seguir analizando la constitucionalidad de la justipreciación de la autoridad responsable, al no quedar destruido el entendimiento del rompecabezas probatorio del caso.
61. Debiéndose precisar que en el caso, la exclusión de las pruebas ilícitas, si bien acreditan el delito básico de robo y las agravantes: cometido con violencia (física y moral) y aprovechándose de una relación de trabajo, sin acreditarse la agravante de pandilla, lo que tiene consecuencias para conceder el amparo, únicamente en lo relativo a la individualización de la pena, pues también se estima acreditada la responsabilidad penal del quejoso en la ejecución del delito.
62. F. Debido proceso (derechos no violados).
63. En la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.),(43) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que en el caso de la materia penal, el debido proceso no es únicamente el núcleo duro (formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia"), porque deben integrarse los derechos propios de las personas que estén sometidas a la actividad punitiva del Estado y los que les correspondan por su calidad o su pertenencia a un grupo vulnerable, por lo que en el asunto se analizarán los derechos del quejoso, de acuerdo con el artículo 20(44) constitucional, correspondiente al sistema penal mixto, en virtud de que por el tipo de delito (robo agravado) y la fecha de su comisión (diecisiete de abril de dos mil diez) no regía el sistema penal acusatorio;(45) por medio del siguiente cuadro que sintetiza esto (cuando existan otros casos en los que la exposición puede hacerse fuera de la tabla si un derecho se estimara violado).
Ver tabla
64. G. Exacta aplicación de la ley.
65. La autoridad responsable no infringe el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal,(57) previsto en el artículo 14, tercer párrafo, constitucional y el precepto 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,(58) pues en la demostración del delito y la responsabilidad penal no hubo una aplicación por analogía ni por mayoría de razón, ya que en los hechos atribuidos al quejoso, se actualizan las hipótesis de los artículos 220, párrafo primero y fracción IV (tipo básico), 223, fracción III (cometido aprovechando una relación de trabajo) y 225, fracción I (realizado con violencia física y moral), todos del Código Penal de la Ciudad de México (sic), vigente en la fecha del hecho penalmente relevante (diecisiete de abril de dos mil diez); asimismo, la autoridad responsable valoró las pruebas de acuerdo con las normas adjetivas penales de la ciudad en el momento de dictar su sentencia, que corresponden a los artículos 246 a 261 de ese ordenamiento.
66. H. Fundamentación y motivación.
67. Este Tribunal Colegiado estima que en el caso se cumplió con el derecho de fundamentación y motivación,(59) únicamente en la acreditación del delito de robo agravado (cometido con violencia y ejecutado aprovechando una relación de trabajo), así como de la demostración de la responsabilidad penal del quejoso en la comisión de ese ilícito, porque la autoridad responsable plasmó los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso y expresó los razonamientos para demostrar que los hechos denunciados actualizaron las hipótesis normativas de prohibición que contienen el delito mencionado; además, del análisis del acto reclamado, se observa que la responsable expresó fundamentos y motivos para estimar acreditada la responsabilidad penal del quejoso.
68. I. Análisis de la acreditación del delito(60) y la responsabilidad penal del quejoso.
69. Como se anunció en el apartado "modo de estudio" de esta ejecutoria, debido a la expulsión de pruebas ilícitas no se acredita la agravante pandilla, por lo que primero se analizará el delito básico y las agravantes que sí se demuestran, así como la responsabilidad penal del quejoso y, posteriormente, se expresarán las razones por las que no se acredita la agravante de pandilla.
70. El delito está previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo primero y fracción IV(61) (tipo básico), 225, fracción I(62) (cometido con violencia física y moral) y 223, fracción III(63) (realizado aprovechando una relación de trabajo), todos del Código Penal de la Ciudad de México (sic), vigente en la fecha del hecho penalmente relevante; así, los elementos de ese ilícito son: (i) apoderarse sin consentimiento del titular o legal detentador de un bien mueble ajeno; (ii) mediante violencia física y moral; (iii) y aprovechando una relación de trabajo.
71. Con apego a derecho en el acto reclamado, se acreditó el delito y la responsabilidad penal del quejoso con los medios de prueba valorados por la autoridad responsable, los que justipreció para concluir lo siguiente:
72. De las declaraciones de los empleados de la sucursal bancaria **********, ********** y **********, se obtiene que el hecho delictivo se realizó en el interior de la negociación, en calzada México-Tacuba, el diecisiete de abril de dos mil diez, aproximadamente a las veintiuna horas con treinta minutos; lugar al que ingresaron dos sujetos activos que los amagaron con armas de fuego y que manifestaron amenazas verbales, para entrar con una de las empleadas a la bóveda y apoderarse de dinero, en pesos y dólares americanos, así como onzas de plata y los teléfonos celulares del gerente del establecimiento comercial y de un cajero (declarante); que uno de los sujetos activos, el de gorra y chamarra, tenía la complexión física de uno de los cajeros del establecimiento (el quejoso), que al retirarse los sujetos activos gritaron, vámonos "carnal" **********.
73. De las mismas declaraciones mencionadas en el anterior párrafo, con apego a derecho la autoridad responsable obtuvo que al retirarse los sujetos activos, el gerente de la tienda pidió ayuda a una patrulla, llegaron los oficiales policiacos y les manifestó lo sucedido, por lo que acudió a realizar la denuncia a la agencia del Ministerio Público, presentándose en el lugar de los hechos al día siguiente a realizar el cómputo de los valores faltantes, presentándose el padre de un empleado que era cajero (el quejoso) para preguntar si su hijo fue denunciado.
74. Las declaraciones de esos empleados, la autoridad responsable las corroboró con las deposiciones de **********, apoderado legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, quien destacó que el personal de la sucursal en la que se cometió el robo le informó de lo sucedido, y que el gerente acudió a denunciar, así como que uno de los empleados, que era cajero (el quejoso), dejó de presentarse a laborar, precisando que el auditor de esa empresa al día siguiente del robo, realizó el arqueo faltando un millón quinientos cincuenta y tres mil ochenta y tres pesos en efectivo, dólares americanos y monedas de plata; manifestaciones que en el acto reclamado con el contrato laboral de un sujeto activo con la institución bancaria ofendida, la declaración de **********, (sic) quien indicó que realizó, con el gerente de la sucursal robada y su cajera, el arqueo, resultando la cantidad mencionada y en el acto reclamado se enlazó con dictamen en materia de valuación, en el que se concluyó que el faltante fue por el monto indicado y con el dictamen en materia de valuación, respecto al costo comercial de los teléfonos celulares, de los cuales fueron desapoderados dos de los empleados del banco, en el que se estableció ese valor como de mil ochocientos pesos y tres mil pesos, respectivamente (sic).
75. En ese orden de ideas, con apego a derecho enlazó la autoridad responsable los anteriores medios de prueba con el informe de puesta a disposición de veintitrés de abril de dos mil diez, ratificado mediante las declaraciones de los oficiales de la policía Mauricio Sánchez Díaz, Noé Córdova Barrera y José Luis Merino Chávez, en el que pusieron a disposición a los detenidos, un teléfono celular Black Berry, con pila y chip **********, un arma de fuego, tipo escuadra, negra, calibre "9mm, marca Smith and Weston, (sic) modelo 6904, cargador plateado, con cuatro cartuchos útiles, una motocicleta Honda 600RR, modelo dos mil siete, placas de circulación **********, número de serie **********, con llave de encendido, veintiún hojas consistentes en la secuencia fotográfica de los hechos, proporcionada por el personal del departamento jurídico a los oficiales, precisando que detuvieron al sujeto activo **********, porque éste estaba a bordo de una motocicleta con otra persona, llevando ambos armas de fuego, pero que sólo lograron detener al mencionado, quien les pidió no ser puesto a disposición a cambio de doscientos mil pesos y les refirió que participó en un delito de robo a un banco en Calzada México-Tacuba, en el que participó un sujeto activo que era cajero.
76. Los anteriores medios de prueba, con apego a derecho en el acto reclamado, fueron concatenados con las inspecciones ministeriales en el lugar de los hechos, de las que se obtuvo que dentro de la negociación en la calzada México-Tacuba se encuentra una sucursal de **********.
77. Así las cosas, este Tribunal Colegiado estima que la autoridad responsable valoró las pruebas reseñadas en este apartado con apego a derecho, de acuerdo con los artículos 246, 247 y 248 del Código de Procedimientos Penales de la ciudad,(64) vigentes en la fecha del hecho, porque con los mismos se acredita que el diecisiete de abril de dos mil diez, a las veintiún horas con veintisiete minutos, los sujetos activos realizaron el apoderamiento (conducta) de un millón cincuenta y tres mil pesos con ochenta y tres centavos, de un teléfono celular marca Motorola, modelo Vegas, gris, un teléfono celular marca LG, modelo Shine, plata (objetos materiales), mediante el uso de la violencia física y moral (agravante) al amagar a los sujetos pasivos con armas de fuego y manifestarles amenazas verbales de dañar su integridad corporal y la de su familia, con la participación de un sujeto activo que tenía la calidad de empleado de la institución bancaria ofendida (agravante), bienes propiedad de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, propiedad de **********; respectivamente, además esos objetos del latrocinio son bienes muebles (porque son trasladables de un lugar a otro por una fuerza externa) ajenos (pues no tenían autorización de su legal detentador, su propietario o de una norma jurídica), con lo que existe un nexo causal de resultado material entre aquella acción de apoderamiento y el menoscabo de la propiedad de los ofendidos, con lo que se lesionó el bien jurídico por las normas que prevén el delito de robo, que es el patrimonio de las personas.
78. Asimismo, conforme a las pruebas valoradas en el acto reclamado, con apego a derecho la autoridad responsable consideró acreditada la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de robo agravado (cometido con violencia y en su ejecución participó un sujeto activo que era empleado de la institución bancaria), porque del contenido de esas probanzas, efectivamente se desprende que el amparista trabajaba como cajero en el **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, sucursal ********** (declaraciones de los sujetos pasivos del delito, declaración del apoderado legal de la empresa ofendida y declaración en fase instrucción del quejoso), que el día del hecho penalmente relevante, pidió permiso para ir a comer y la cajera principal le dijo que al finalizar su horario de comida regresara a la sucursal anexa, lo que no realizó (declaraciones de los sujetos pasivos del delito, declaración del apoderado legal de la empresa ofendida y declaración en fase de instrucción del quejoso); después llegaron los sujetos activos (dos) a la sucursal en la que se cometió el robo, uno de éstos con chamarra y gorra (declaraciones de los sujetos pasivos del delito), con una complexión similar a la del amparista (declaración del sujeto pasivo **********), amagaron a los empleados, se retiraron con los objetos materiales del delito y los sujetos pasivos del delito escucharon que los sujetos activos gritaron, vente carnal **********, nombre del quejoso (declaración de la sujeto pasivo cajera principal y el sujeto pasivo **********), quien fue referido a los oficiales aprehensores por otro sujeto activo como el cajero que participó en el robo de dicha institución bancaria.
79. Conforme a lo anterior, es infundado el concepto de violación i), en éste se alega que no se respetó el principio de presunción (sic).
80. El concepto se califica de ese modo, porque en el caso, con las pruebas valoradas en el acto reclamado, se integra la prueba circunstancial, al tenor de la construcción de ésta plasmado en los párrafos precedentes; modalidad probatoria que no infringe el principio de presunción de inocencia,(65) pues la autoridad responsable plasmó el contenido de las probanzas y expresó lo que extrajo de éstas, con lo que a juicio de este tribunal, se traduce en la integración de la probanza por indicios, los cuales no son aislados y se corroboran entre sí,(66) pues con anterioridad se refirió que los indicios que se obtienen de cada medio de convicción y como en su conjunto acreditan la intervención del ahora quejoso en la ejecución del delito, más cuando en la causa penal, este tribunal observa la ampliación de declaración del padre del quejoso, en fase de instrucción, misma que no se declaró ilícita en esta ejecutoria, porque no hizo imputación sobre el amparista y no aceptó los hechos delictivos, por lo que no es una consecuencia de su primera declaración ministerial, pues no la ratifica, ya que únicamente indicó que los doscientos mil pesos estaban en el baño de su casa, en donde los encontró el policía, pero precisando que su hijo, el peticionario de la Protección Federal, nunca le dijo de dónde provenía ese dinero.(67)
81. De este modo, es apegado a derecho que en el acto reclamado se considerara que se acredita que el quejoso, en la ejecución del delito, participó como coautor material, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Código Penal de la Ciudad de México (sic), vigente en la fecha del hecho penalmente relevante, diecisiete de abril de dos mil dieciséis, pues el quejoso y el coimputado consensaron realizar el ilícito y tuvieron el codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común, acordado antes y durante la perpetración del hecho delictivo, concurrieron a la ejecución de la conducta delictiva de apoderarse de bienes muebles ajenos; por tanto, son responsables en igualdad de condiciones, porque de las pruebas valoradas con apego a derecho en el acto reclamado, se desprende que el amparista tuvo una aportación segmentada, adecuada y esencial en el hecho penalmente relevante, como son expresar a su cosentenciado todo lo relativo al manejo de la sucursal bancaria y entrar a ese establecimiento comercial con gorra y chamarra para no ser reconocido, para apoderarse de los objetos materiales del delito; entonces, en el caso hubo una ejecución compartida de actos para ejecutar la cond
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27314-f0c2feb9/prueba-ilicita-si-existen-pruebas-que-se-desahogaron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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