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Modo: Corpus Pro

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN PROBATORIA VINCULADA CON PRUEBA ILÍCITA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO QUE ATAÑE AL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE, CUANDO SE PONE DE MANIFIESTO, DE FORMA SUFICIENTE, QUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN, OBTENIDO ILÍCITAMENTE, SE HUBIERE RECABADO INELUDIBLEMENTE POR MEDIOS LEGALES INDEPENDIENTES. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN PROBATORIA VINCULADA CON PRUEBA ILÍCITA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO REFERENTE AL NEXO CAUSAL ATENUADO, CON MOTIVO DE LA VOLUNTARIEDAD DEL INCULPADO AL DEPONER EN ALGUNA ACTUACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O JUEZ, CON EL PROPÓSITO DE DAR A CONOCER SU VERSIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DEL PROCESO, SIEMPRE QUE SU DECLARACIÓN SE RINDA CON RESPETO A LAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONALES INHERENTES. VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE), NO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXAMEN EN AMPARO DIRECTO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2013 (10a.), SIN QUE PUEDA ELUDIRSE SU ANÁLISIS, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ESE TÓPICO SE VINCULA CON UN TEMA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 796/2018 (CUADERNO AUXILIAR 1182/2018) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR D · Registro digital (IUS): 29024
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-09-27
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, Pág. 1920.

AMPARO DIRECTO 796/2018 (CUADERNO AUXILIAR 1182/2018) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 30 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ. PONENTE: ROBERTO OBANDO PÉREZ. SECRETARIO: CRESCENCIO URIEL MARTÍNEZ MARCIAL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. El análisis de los conceptos de violación tendrá como base la figura jurídica de la suplencia de la queja en favor de **********, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a),(9) de la Ley de Amparo, al tener aquél la calidad de sentenciado en la causa penal de origen.

Como punto de inicio, debe destacarse que la sentencia reclamada fue dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por los Magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en los autos del toca penal **********, de su índice, mediante la cual, confirmaron la resolución definitiva de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en la causa penal **********, de su estadística, por la que dicha juzgadora consideró plenamente responsable al aquí quejoso en la comisión de los delitos de homicidio, previsto y sancionado por el artículo 110 del Código Penal de Estado de Tabasco,(10) y robo de vehículo automotriz estacionado en un lugar destinado a su guarda, estipulado y penado por el numeral 175, fracción IV,(11) y 179, fracción V,(12) del ordenamiento legal en cita, ambos ilícitos cometidos en agravio de la persona de quien en vida llevara el nombre de **********.

–Consideraciones del acto reclamado–

Los Magistrados responsables estimaron que los elementos del delito de homicidio eran los que se citan enseguida:

"a) La privación de la vida o hecho de muerte producto de una actividad idónea para causarla; y,

"b) Que la muerte o privación de la vida sea consecuencia de una conducta externa, que puede ser de acción o de omisión."

De igual modo, explicaron que el segundo ilícito se integraba por los siguientes componentes:

"a) El apoderamiento de una cosa mueble;

"b) Que exista una situación de ajenidad entre la cosa mueble y el sujeto activo;

"c) Que esa actividad sea desplegada con ánimo de dominio;

"d) Ausencia de consentimiento de la persona legalmente facultada para disponer de la cosa mueble; y,

"e) Que el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.

"En cuanto a la agravante, se requiere acreditar:

"Que el robo sea respecto a un vehículo automotriz estacionado en un lugar destinado a su guarda."

Bajo esa premisa, sostuvieron que la resolutora de primer grado estuvo en lo correcto al considerar como una confesión calificada divisible, la declaración que rindió el nombrado ********** el catorce de febrero de dos mil catorce, ante el fiscal investigador, la cual amplió ante la propia autoridad el dieciséis siguiente, y ratificó parcialmente, al declarar en preparatoria el diecisiete ulterior.

Apreciaron que, de la adminiculación de la citada confesión, así como de diversos medios de pruebas de autos, se tuvieron por demostrados, según cada caso, los elementos integradores de los referidos delitos y la plena intervención del sentenciado, ya que evidenciaron que:

"El uno de diciembre de dos mil trece, entre las dieciséis y las dieciocho horas, en una de las habitaciones del auto hotel denominado **********, ubicado en carretera **********, **********, el mencionado activo privó de la vida al extinto **********, ********** (sic ) pues cuando este último cayó al suelo, lo golpeó y le apretó con sus manos el cuello hasta que murió por asfixia secundaria a obstrucción de vías áreas superiores; posteriormente, el enjuiciado subió el cadáver de la víctima al vehículo automotriz marca **********, línea **********, color **********, modelo **********, con placas de circulación, el cual se encontraba estacionado en la cochera que está al frente de la habitación y condujo hasta llegar a la ranchería ********** de este ********** (sic), donde en un predio baldío tiró el cuerpo del extinto; acto seguido, se regresó a la ciudad de **********, y dejó estacionado el vehículo en la calle ********** de la colonia **********, de la cual (sic) se apoderó con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, ya que desde esa fecha comenzó a utilizar para su beneficio (sic) y después lo volvía a dejar en la misma calle, lo que demuestra que no tenía intención (sic) de dejarlo abandonado sino el de ejercer sobre el referido automóvil todas las facultades que a su propietario competen en derecho, tan es así que en la fecha de su detención estaba conduciendo precisamente el automóvil del occiso **********, vulnerando en consecuencia con sus narradas conductas delictivas, dos de los bienes jurídicos tutelados en la norma sustantiva penal, que en el caso concreto son la vida y el patrimonio de las personas." (foja 169)

De lo transcrito se advierte que, en concepto de la responsable, el delito de homicidio se consumó cuando en una de las habitaciones del hotel **********, situado en carretera **********, **********, el activo produjo la muerte de **********, al ahorcarlo con sus manos al momento en que éste había caído al suelo; en tanto que el diverso de robo de vehículo automotriz estacionado en un lugar destinado a su guarda, tuvo verificativo cuando el nombrado autor utilizó, con las facultades de dueño, la unidad motriz, que era propiedad del pasivo, la cual tomó al estar estacionada en la cochera ubicada frente a la citada habitación,(13) después de que privó de la vida a la víctima.

Sostuvieron que en su confesión, el sentenciado introdujo argumentos defensivos tendientes a demostrar que mató al extinto **********, para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios, al indicar que el occiso quiso obligarlo a sostener relaciones sexuales –otra vez–, ya que lo tomó fuertemente del brazo para meterlo al cuarto del auto hotel, lo tiró a la cama y comenzó a quitarse su ropa, pero que, en esta ocasión, el acusado no se dejó, por lo que trató de quitárselo de encima; que entonces el occiso lo tomó de los dos brazos y le colocó su brazo en el cuello, pero el declarante lo aventó con fuerza, que como aquél cayó bajo la cama y ya no se pudo parar, el declarante comenzó a golpearlo y lo ahorcó con sus manos hasta que se cercioró que estaba muerto.

Sin embargo, precisaron que como el mismo sentenciado refirió que la víctima ya no se pudo parar cuando lo aventó al suelo, ello descartó la legítima defensa, en tanto que ya no había necesidad racional de golpearlo, ni mucho menos ahorcarlo hasta matarlo, antes bien, el sujeto activo bien pudo aprovechar esa circunstancia objetiva para salir o huir del lugar de los hechos, lo que, en consecuencia, impedía la configuración de la excluyente prevista en la fracción IV del artículo 14(14) de la legislación punitiva en vigor, considerando que el inculpado prolongó su acción defensiva en forma innecesaria, esto es, cuando ya había cesado el peligro de ser, según su versión defensiva, abusado sexualmente por el extinto.

Agregaron que tampoco podía decirse que ********** privó de la vida al pasivo bajo un estado de emoción violenta producida por miedo, pues si bien era cierto que en autos obraba la evaluación psicológica de veintiuno de febrero de dos mil catorce, suscrita por el psicólogo **********, adscrito al hospital **********, del Estado de Tabasco, dicha probanza no era suficiente para acreditar aquel estado subjetivo, bajo el cual se afirmara que se actualizó la conducta desplegada por el enjuiciado.

Dijeron que lo anterior era así, dado que de su relato se apreciaba que antes de entrar a la habitación del auto hotel, reflexionó sobre el peligro que podría correr, al decir que presintió que el extinto le quería hacer lo mismo de la otra vez, por lo que bien pudo haberse bajado del automóvil u oponer resistencia para no entrar a la habitación.

Explicaron que no había necesidad de matar al pasivo, aun en el supuesto de que éste quisiera abusar sexualmente de él, otra vez a la fuerza, en tanto que lo había tirado al suelo cuando forcejearon y la víctima no se podía levantar; sin embargo, en vez de salir huyendo del cuarto, decidió golpearlo y apretarle el cuello con sus manos hasta matarlo, lo que no es excusable.

–Hasta aquí la síntesis de las consideraciones de la sentencia reclamada–

En relación con las consideraciones que soportan la decisión reclamada, la parte quejosa formula cuatro motivos de inconformidad, donde plantea una violación procesal relacionada con su detención y, otras de fondo, vinculadas con el análisis de pruebas.

Al respecto, este cuerpo colegiado opta por el estudio de los planteamientos que se enderezan a cuestionar su detención, así como de otros aspectos, advertidos de oficio, relacionados con la falta de admisión de la prueba pericial en materia de psiquiatría forense, la omisión de acreditamiento fehaciente de la calidad de licenciados en derecho de diversos defensores que participaron en la causa penal, y el acuerdo del Juez por el que impidió el desahogo de una testimonial.

Lo anterior, porque el dispositivo 189 de la Ley de Amparo(15) dispone que en todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso, lo que de suyo dota de contenido al propósito existencial del medio de control constitucional y, al mismo tiempo, impulsa la erradicación de la tramitación reiterada de múltiples controvertidos de derechos fundamentales.

–Detención ilegal–

Ahora, en su primer motivo de inconformidad, intitulado "debido proceso (restricción de la libertad sin orden de detención)", el disidente explica, desde su perspectiva, los alcances de los criterios «1a. CLV/2012 (10a.) y 1a./J. 54/2004», de rubros: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). PROCEDE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO." y "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN."

Al tenor de esos criterios, sostiene que en el caso fue contrario al marco legal la restricción de su libertad, al no haber existido flagrancia o urgencia u orden de búsqueda, localización y presentación en su contra, pues lo único que se emitió fue un acuerdo de investigación.

En su segundo motivo de queja, explica que carecen de valor su declaración ministerial y demás pruebas, al derivar del "ilegal acuerdo de ‘legal’ detención", e invoca la tesis «1a. XIII/2012 (10a.), de título y subtítulo: "CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO."

En una porción de su tercer motivo de dolencia, que identifica como "emisión de sentencia con base en una sola prueba", precisa que, con motivo de su detención arbitraria, carecen de valor legal el informe de los agentes aprehensores y su declaración ministerial.

Son sustancialmente fundados los anteriores argumentos.

Previo a evidenciarlo, debe destacarse que es factible estudiar en amparo directo la detención ocurrida en la fase de investigación, siempre y cuando no haya sido examinada en juicio biinstancial anteriormente, como se observa de la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, localizable en la página 529, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, registro digital: 2004134, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice:

"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la ley de la materia, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto." (énfasis añadido)

En el caso, del análisis pormenorizado y exhaustivo de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte que el sentenciado hubiera cuestionado su detención ante un Juez de Distrito, en la vía de amparo indirecto; por tanto, es dable su examen en esta instancia constitucional directa.

Además, no debe eludirse la solución de este tema, porque:

–En términos de la transcrita jurisprudencia, el "órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente." y,

–Con base en la misma jurisprudencia, la detención constituye una violación al procedimiento, ocurrida en la averiguación previa, por lo que conforme al precepto 174, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, este tribunal tiene el ineludible deber de pronunciarse al respecto, bajo el peligro de que ya no pueda ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior; máxime que en el caso el impetrante lo está haciendo valer por medio de sus conceptos de violación relativos, de manera que de no hacer pronunciamiento alguno, por un lado, generaría la inobservancia de la aludida jurisprudencia que tiene carácter de obligatorio, en términos del numeral 217 de la ley en consulta y, por otro, produciría una sentencia que incumpliera con los requisitos de congruencia y exhaustividad que se encuentran imbíbitos en los dispositivos 74 y 75 del mismo cuerpo de leyes.

Sentado lo anterior, debe traerse a contexto los supuestos en los que resulta válido detener a una persona, esto es, privarla de su libertad deambulatoria, con el propósito de someterla a cualquier clase de investigación, ello, desde luego, a partir del significado constitucional de las detenciones no autorizadas judicialmente: la flagrancia y el caso urgente.

Con ese objeto, es que se cita, a continuación, el artículo 16 de la Constitución General de la República –vigente en la época de los hechos–.

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. ..."

Como se observa, el precepto recién reproducido consagra un régimen de libertades a favor de la persona, entre las cuales destaca, por supuesto, el derecho a la libertad personal y, específicamente, el estatus supremo de las detenciones no autorizadas judicialmente dentro del orden constitucional. En términos generales, el artículo constitucional transcrito prevé, por un lado, las formas o garantías mínimas para proteger el nombrado derecho a la libertad y, por otro, las posibles restricciones a ese derecho, esto es, en qué supuestos el Estado puede trastocar válidamente la libertad de los individuos y bajo qué condiciones.

En cuanto a este último rubro, sobresale que la Norma Fundamental delimita las hipótesis de afectación excepcional del derecho de libertad, a saber: (i) la orden de aprehensión; (ii) la detención en flagrancia; y, (ii) (sic) la derivada del caso urgente.

La particularidad de los dos últimos supuestos, es que al oponerse al principio de que la detención de una persona debe estar precedida de una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial, en tanto que el escrutinio jurisdiccional es el eje rector y preferente sobre los actos que puedan mermar al derecho ambulatorio en comento, aquéllas deben saldar múltiples condiciones para su validación: la primera (detención en flagrancia), requiere que, de facto, ocurra una situación particular y, la segunda (caso urgente) necesita, ineludiblemente, de condiciones apartadas de lo habitual, emanadas del riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias; aspectos que, desde luego, deberán ser suficientemente fundados y motivados por el Ministerio Público.

Antes de explicitar las condiciones que se precisan para que se materialice el supuesto relativo al caso urgente –que es el que tiene mayor relevancia en este particular–, por su estrecha vinculación, es forzoso plasmar el primer párrafo del artículo 21 del Pacto Federal que dice:

"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función."

De la porción normativa acabada de transcribir fluye que, desde la perspectiva constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, con la limitante de que estas últimas actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función, lo que significa que, cuando los cuerpos policiacos actúan motu proprio o rebasando lo estrictamente encomendado por la representación social, so pretexto de la búsqueda de la verdad, genera la introducción o producción de elementos de prueba que no satisfacen los requisitos de formalidad constitucionales y, por ende, serán declarados nulos.

En concordancia con ello, es de resaltarse lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3506/2014, en el que esbozó diversas directrices vinculadas con el supuesto excepcional del caso urgente; lo anterior, porque en ese asunto, el mencionado Órgano de Control Constitucional respondió diversas disyuntivas relacionadas con las exigencias contempladas en la Norma Fundamental para efectuar una detención por urgencia, entre las que sobresalen aquellas vinculadas con la definición del momento oportuno para decidir si es factible o no ocurrir ante alguna autoridad judicial, así como las consecuencias, a título de reparación, que traen aparejadas el incumplimiento de las exigencias constitucionales para su producción.

Conforme a la ejecutoria del amparo directo en revisión citada, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que las notas distintivas de la hipótesis de la detención por urgencia son:

a) Es una restricción al derecho a la libertad personal;

b) Es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión;

c) Es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones;

d) Debe estar, siempre, precedida de una orden por parte del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave, ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue, y ii) (sic) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo.

Las exigencias a las que está sujeta la detención por caso urgente, dijo la Primera Sala, configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público –quien es la entidad constitucionalmente autorizada– decida ordenar la detención de alguna persona sin control previo por parte de un Juez, esto es, solamente en caso de que concurren los tres requisitos plasmados en el Texto Supremo, aludidos con anterioridad.

Ello, en la inteligencia de que el órgano técnico investigador debe demostrar la concurrencia conjunta de esas exigencias, esto a partir de la existencia de motivos objetivos y razonables que puedan ser verificables con posterioridad por la autoridad judicial, a partir de la aportación de indicios que revelen tales circunstancias (gravedad del delito, riesgo fundado e imposibilidad para acudir ante la autoridad judicial).

Y, sólo en el escenario de que queden debidamente establecidos los mencionados requisitos, el Ministerio Público podrá ordenar la detención de la persona "bajo su más estricta responsabilidad", por lo que esa representación social deberá fundar y dar noticia de los indicios que motiven su decisión, lo que de suyo significa que sólo mediante una orden emitida previamente por el órgano técnico investigador y, desde luego, que salde los extremos mencionados, podrá ejecutarse la detención posterior de una persona.

Por cierto, en torno al incumplimiento de tales directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó las consecuencias de los escenarios que se enlistan enseguida:

a) Si la policía llevó a cabo motu proprio la detención de una persona sin mandato previo por parte del Ministerio Público, en la que justifique el caso urgente, el órgano ministerial deberá calificar la detención como ilegal, una vez que la persona haya sido puesta a su disposición, y deberá ordenar que la persona detenida sea puesta inmediatamente en libertad; asimismo, el órgano técnico estará imposibilitado para admitir, considerar y valorar todo elemento de prueba que tenga un vínculo directo o que haya sido producto de la detención ilegal, por tener la calidad de prueba ilícita;

b) En caso de que la detención la hubiere realizado la policía por mandato previo del Ministerio Público, y éste aprecie que no se acreditan los elementos del caso urgente, deberá actuar en términos del inciso anterior;

c) Si la detención fue ilícita, en términos de los dos incisos anteriores, y esta circunstancia no es corregida por el Ministerio Público al momento en que la persona es puesta a su disposición, el Juez, al calificar la detención, una vez radicada la consignación hecha por la autoridad ministerial, deberá declararla ilegal y procederá a estudiar si las pruebas existentes tienen algún vínculo u origen con la detención para proceder a su anulación; y,

d) En segunda instancia, si el órgano de apelación aprecia que la detención fue ilegal, la calificará así y anulará las pruebas que tengan vínculo con la detención o cuyo origen se deba a ella.

A propósito, el caso específico a partir del cual la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló los lineamientos que anteceden guarda, como se verá, estrecha similitud con lo ocurrido en la especie, porque en el primero, la policía preventiva detuvo al quejoso sin mediar mandato judicial ni ministerial, y hasta que fue puesto a disposición del representante social, este último decretó la detención del quejoso por caso urgente.

La perspectiva plasmada en líneas arriba, fue replicada por la Primera Sala del Alto Tribunal hasta integrar la jurisprudencia 1a./J. 51/2016 (10a.), consultable en la página 320, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2012714 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas», que dice:

"DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la detención por caso urgente, debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo inte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29024-793d56aa/excepcion-al-principio-de-exclusion-probatoria-vinculada-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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