DETERMINACIÓN MINISTERIAL SOBRE LA CAUSA PRESUMIBLE DE NO LOCALIZACIÓN DE UNA PERSONA. PARA SU EMISIÓN, LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ESTÁ FACULTADA PARA TENER POR PRESUNTIVAMENTE ACREDITADO QUE LA DESAPARICIÓN DE AQUÉLLA SE DEBE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, A ACTOS ATRIBUIBLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CASOS DE SECUESTRO Y DE DESAPARICIÓN FORZADA (INTERPRETACIÓN LITERAL, TELEOLÓGICA Y CONFORME DEL ARTÍCULO 705, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA).
AMPARO EN REVISIÓN 164/2017. 26 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROSA ELENA RIVERA BARBOSA. PONENTE: JOSÉ DAVID CISNEROS ALCARAZ. SECRETARIO: ÁNGEL ARIEL CARDONA BELMONTE.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio del asunto.
Como introducción, se considera oportuno reseñar algunos de los antecedentes procesales que se desprenden del presente amparo en revisión 164/2017 y del diverso 23/2017 –con el que se encuentra relacionado–, lo cual se invoca como hecho notorio, con apoyo en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del normativo 2o. de este último ordenamiento.
Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la tesis P. IX/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(6)
1. El dieciséis de julio de dos mil diez, el director de Seguridad Pública y Vialidad de Comala, Colima, puso a disposición del agente del Ministerio Público de dicho Municipio un vehículo incendiado en esa misma fecha, con lo cual se inició el acta ********** (fojas 1 a 3).(7)
2. El diecisiete de julio de dos mil diez, **********(8) y el aquí quejoso **********, denunciaron la desaparición de su madre **********, relatando, en síntesis, que el vehículo incendiado era conducido por su progenitora, de quien desconocían su paradero; sin embargo, habían recibido varias llamadas telefónicas pidiendo un rescate a cambio de su libertad.
3. Durante la investigación de los hechos, por escrito presentado el treinta de julio de dos mil quince,(9) el aquí quejoso ********** solicitó al titular de la Mesa Tercera de Colima de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo siguiente:
"...
"Dado el pesar de la familia por esta situación, no hemos llevado a cabo trámite alguno civilmente para lo relativo a la presunción de usencia (sic) y/o muerte, sin embargo, dadas las reformas del decreto 38 publicado en el Periódico Oficial de Colima el pasado 2 de febrero de 2013, con el apoyo de esta Representación Social, mi familia podrá tener al menos certeza legal sobre los bienes de mi desaparecida madre, pues los párrafos tercero y cuarto del artículo 705 del Código Civil de Colima dicen:
"...
"En este caso en particular, como ya se dijo, existen elementos suficientes para que se presuma que la no localización y/o desaparición de **********, es consecuencia de actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, en el que se precise la fecha de no localización y/o desaparición.
"En consecuencia, solicito que se emita especial acuerdo realizando este pronunciamiento, y se me expida copia certificada del mismo, para poder efectuar los trámites de presunción de muerte de mi señora madre **********.
"Por todo lo anteriormente expuesto ante usted, atentamente pido:
"PRIMERO.—Se me tenga dentro de la presente indagatoria, acreditando la personalidad con la que me ostento, y señalando domicilio procesal.
"SEGUNDO.—Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 705 del Código Civil de Colima, se emita acuerdo en el sentido de que la no localización y/o desaparición de **********, es consecuencia de actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, en el que se precise la fecha de no localización y/o desaparición."
(Lo resaltado es propio de este tribunal)
El artículo 705 del Código Civil para el Estado de Colima –que citó el quejoso como fundamento de su solicitud– dice:
"Artículo 705. Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el Juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.
"Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo I de este título.
"Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, como en los casos de secuestro, y por desaparición forzada, así como en el supuesto de servidores públicos de procuración y administración de justicia, de seguridad pública o de ejecución de sanciones penales, no localizados por hechos acontecidos durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su no localización, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; no obstante, se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo I de este título. En estos supuestos, el Juez acordará la publicación de la declaración de presunción de muerte, sin costo alguno.
"Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público determinará con base en las evidencias recabadas, mediante acuerdo cuando deban considerarse actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada.
"Cuando el Ministerio Público conozca de los hechos citados en el presente artículo, podrá promover ante la autoridad judicial competente el inicio del procedimiento que corresponda."
(Lo resaltado es propio de este tribunal)
4. Así, en atención a la referida solicitud, el catorce de agosto de dos mil quince,(10) el titular de la Mesa Tercera de Colima de la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un acuerdo en el sentido siguiente:
"...esta autoridad no se encuentra en posibilidades hasta la fecha de determinar si la denuncia presentada por la desaparición de la C. ********** es imputable a la delincuencia organizada, como los casos de secuestro o desaparición forzada..."
5. Contra dicha determinación, ********** presentó demanda de amparo indirecto, registrada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima con el número 1217/2015 quien, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, le negó la protección constitucional.(11)
6. Inconforme con el fallo, el solicitante del amparo interpuso recurso de revisión, que fue radicado bajo el número 510/2015, del índice de este Tribunal Colegiado, el cual fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, en sesión de seis de mayo de dos mil dieciséis.
En dicha ejecutoria, el tribunal revisor revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes:
"a) La autoridad responsable deje sin efectos el acuerdo o resolución reclamada y, en su lugar, emita otro en el que:
"b) Desglose los elementos del delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro o desaparición forzada y determine con base en el análisis de los datos o pruebas con las que cuenta, si la desaparición o no localización de la señora **********, deriva presumiblemente a actos atribuibles a la delincuencia organizada por la comisión de los delitos de secuestro o desaparición forzada;
"c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda."
(Lo resaltado es propio de este tribunal)
7. En cumplimiento al fallo protector referido, el quince de julio de dos mil dieciséis,(12) la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tercera de Colima de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dictó un auto en el que estableció:
"...con base en el análisis de los medios de prueba que engrosan la indagatoria que al rubro se indica, que los hechos que se investigan derivado de la no localización de la ciudadana ********** no deriva presumiblemente a (sic) actos atribuibles a la delincuencia organizada por la comisión del delito de secuestro y/o desaparición forzada, tal y como se expuso en el cuerpo del presente acuerdo.
"CUARTO. Que si bien es cierto existe la manifestación hecha por **********, así como por ********** que recibieron llamadas telefónicas en las que un sujeto les requirió la cantidad de ********** porque tenía a la ciudadana **********, en conjunto con el cúmulo de actuaciones que engrosan la presente indagatoria, resultan insuficientes para determinar que el secuestro o desaparición de su señora madre se debe a actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, pues si en un momento dado existió esa presunción, la misma se desvirtuó al momento de (sic) que la autoridad competente de acuerdo al caso concreto que nos ocupa, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció facultad de conocer del asunto, no pudo probar indiciariamente la existencia del delito de delincuencia organizada, declarándose incompetente para conocer del asunto en cuanto al delito de secuestro, materia de estudio de esta autoridad, determinación que no da lugar a presumir la intervención de la delincuencia organizada en el injusto que nos ocupa en la presente causa, lo anterior, aunado a que no se ha acreditado la participación de tres o más personas en el hecho que se investiga, la organización de hecho y por consiguiente los conceptos fundamentales de la permanencia y reiteración, y en el supuesto de que exista la pluralidad de agentes en el hecho delictivo que logre acreditarse, éste puede actualizar un tipo penal calificado, pero en un supuesto de una coautoría o participación delictuosa muy alejado de la naturaleza previa que requiere y exige la legislación que prevé y sanciona a la delincuencia organizada..."
8. Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil dieciséis,(13) el aquí quejoso **********, nuevamente solicitó al titular de la Mesa Tercera de Colima de la Procuraduría General de Justicia del Estado que, con fundamento en el artículo 705, cuarto párrafo, del Código Civil para el Estado de Colima, emitiera el acuerdo en el que considerara que la desaparición de su madre ********** se debió, presumiblemente, a un secuestro.
9. En respuesta a dicha solicitud, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el fiscal responsable emitió el auto de catorce de diciembre del propio año, en el que considera que no es posible determinar que la desaparición de ********** se debió, presumiblemente, a un secuestro, pues dicho ilícito debe quedar plenamente probado, acorde con los parámetros constitucionales y legales.
Dicho acuerdo es del tenor que sigue:
"...Por lo cual esta Representación Social tomando en consideración las diligencias realizadas en esta ciudad, las cuales nos dan a lugar (sic) que el delito de secuestro como sucede como con cualquier otro ilícito no puede presumirse sino que debe probarse suficientemente y por las vías legales idóneas y previamente establecidas, como lo es la etapa de preparación de la acción procesal penal en la cual nos encontramos en este momento, por lo que a criterio de esta Representación Social dentro de la presente causa no existen (sic) medio de prueba, juicio y convicción que nos permitan tener por acreditada la comisión del delito de secuestro, y como ya se ha señalado bajo ninguna circunstancia se puede presumir su comisión sino que debe acreditarse plenamente, lo anterior de conformidad con la interpretación latu sensu del tercer párrafo del artículo 14 constitucional que a la letra señala ‘...En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata...’, es decir, si nuestra Carta Magna prohíbe la imposición de una pena por simple analogía o mayoría de razón, de igual manera queda claro que bajo ninguna circunstancia se podría presumir la posible comisión de un delito, sino que ésta deba establecerse y/o probarse por las vías legales idóneas, en este caso dentro del procedimiento penal, lo anterior a fin de no violentar las garantías del debido proceso y el estado de derecho constitucional, por lo que esta autoridad, después de analizar el contenido total de la presente investigación, determina que no se encuentra en posibilidades, hasta la fecha, de determinar la presunción del delito de secuestro, toda vez que no se cuentan con datos que nos hagan llegar a la conclusión solicitada, refiriendo que hasta la fecha esta autoridad se encuentra integrando la presente indagatoria y así esta (sic) en posibilidades de determinar las causas de la desaparición de la C. **********, en posibilidades (sic) y con fundamento en los artículos 8o., 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 160 y 252 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con relación al numeral 32, fracción III (sic), y XVII, de la Ley Orgánica de (sic) Ministerio Público para el Estado, esta Representación Social:
"ACUERDA
"ÚNICO. Notifíquese la presente al ciudadano **********, debiendo obrar constancia de la presente y deberá firmar al margen una vez notificado."
10. Inconforme con esa decisión, ********** promovió el juicio de amparo indirecto 2001/2016, del índice del Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima.
De los conceptos de violación expresados por el quejoso contra dicho acuerdo, destaca el relativo a que estima incorrecto que el fiscal pretenda tener plenamente acreditado que la desaparición de ********** se debe a un secuestro; en contrario, aduce el quejoso que para efectos del artículo 705 del Código Civil para el Estado de Colima, basta que el secuestro se acredite en un nivel presuncional y no pleno.
11. En sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito desestima los argumentos del quejoso y, consecuentemente, le niega la protección constitucional.
Para dar respuesta al argumento del quejoso que se destacó anteriormente, el Juez Federal vierte las consideraciones siguientes:
"Por otra parte, resulta infundado el argumento que refiere el quejoso en el sentido de que basta con que se presuma la existencia del secuestro para efectos de emitir la declaratoria correspondiente, por lo que es ilegal que la responsable exija que se debe acreditar en extremo dicho delito, pues basta con que se presuma, tal como lo dispone el artículo 705 del Código Civil de Colima, ello toda vez que (sic) citado numeral refiere:
"(Se transcribe).
"Del artículo transcrito se desprende que no le asiste la razón al quejoso, en virtud de que la única presunción que permite dicho numeral para efecto de realizar la declaratoria de que se trata, es la relativa a que el hecho ilícito lo hayan llevado a cabo miembros de la delincuencia organizada, sin que en modo alguno prevea que no se requiere la demostración del ilícito cometido.
"De este modo, opuesto a lo señalado por el quejoso, aun cuando dicho numeral prevea la posibilidad de una presunción, ésta va destinada a los posibles autores o responsables del delito, mas no así al delito en sí mismo considerado, por lo que si el precepto no hace tal precisión, no le es dable a este juzgador rebasar la intención del legislador y, por ende, se estima en este aspecto legal el auto reclamado."
Dicha resolución es la impugnada en el presente recurso de revisión.
En su segundo motivo de disenso, el recurrente afirma que le agravia el hecho de que el Juez de Distrito desestime su argumento pues –dice–, se basa en una incorrecta interpretación del artículo 705 del Código Civil para el Estado de Colima.
El recurrente explica que, contrariamente a lo estimado por el órgano jurisdiccional de primer grado, de la exposición de motivos que originó la reforma de dicho artículo, se desprende que para efectos de emitir el acuerdo respectivo, el fiscal también tiene la facultad de tener por presuntivamente acreditado que la desaparición de una persona se debe a actos atribuibles a secuestro y no sólo respecto a la delincuencia organizada.
Afirma el disidente que la interpretación adoptada por el Juez a quo genera una distinción injustificada entre las víctimas de delincuencia organizada, frente a las de secuestro y desaparición forzada.
Es fundado dicho argumento.
En principio, conviene tener presente el contenido del invocado numeral 705 del Código Civil para el Estado de Colima, que dice:
"Artículo 705. Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el Juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.
"Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo I de este título.
"Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, como en los casos de secuestro, y por desaparición forzada, así como en el supuesto de servidores públicos de procuración y administración de justicia, de seguridad pública o de ejecución de sanciones penales, no localizados por hechos acontecidos durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su no localización, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; no obstante, se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo I de este título. En estos supuestos, el Juez acordará la publicación de la declaración de presunción de muerte, sin costo alguno.
"Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público determinará con base en las evidencias recabadas, mediante acuerdo cuando deban considerarse actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada."
Como se ve, la literalidad de los párrafos tercero (parte inicial) y cuarto de la norma general transcrita, conduce a dos interpretaciones distintas:
La primera (que es sostenida por el juzgador de amparo), supone la autorización para que el fiscal emita el acuerdo al que se refiere el citado numeral:
Tratándose de personas no localizadas:
1. Por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada;
2. En casos de secuestro; y,
3. Por desaparición forzada.
Esta postura implica, como lo sostiene el juzgador a quo, que la emisión del acuerdo ministerial, en casos de no localización de una persona, puede ocurrir ante la presunción de que se debe a actos de la delincuencia organizada, o bien, ante la demostración plena de que se trata de un secuestro, pues en este último caso, el numeral interpretado no autoriza el nivel presuncional que sí se observa en la primera hipótesis (delincuencia organizada).
Una segunda interpretación (que coincide con la sostenida por el recurrente en su pliego de agravios), supone la facultad para la fiscalía de emitir el acuerdo al que se refiere el artículo 705 citado:
1. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada;
2. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a casos de secuestro; y,
3. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a casos de desaparición forzada.
Esta segunda comprensión de la norma a estudio permite que la demostración presuncional de la causa por la que no se localiza a una persona, opere tanto en los casos de delincuencia organizada, como en los de secuestro y desaparición forzada.
Esta interpretación deriva de que la lectura de esa disposición secundaria, (sic) los tres supuestos normativos se conectan con su predicado "presumiblemente" sin distingo, en razón de que el legislador señala en forma expresa: "así como en los casos de secuestro, y por desaparición forzada".
Como se dijo, ambas interpretaciones son, en cierto grado, acordes con la literalidad del artículo 705 del Código Civil para el Estado de Colima, por lo que hasta este momento no es posible alcanzar una conclusión definitiva sobre la interpretación que debe darse a la norma examinada.
Para alcanzar certeza jurídica sobre el contenido del numeral estudiado, es necesario recurrir tanto a la interpretación teleológica, como a la interpretación conforme a la Constitución Federal.
De la exposición de motivos relativa a la reforma mediante el cual se integraron los párrafos tercero, cuarto y quinto de ese precepto legal, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el dos de febrero de dos mil trece, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente:
"• SEGUNDO. En esa tesitura, cabe mencionar que mediante reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, se modificaron, entre otras disposiciones, el artículo 16 de esta Ley Fundamental, (sic) disponiendo que la delincuencia organizada es la organización de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.
"• En correlación a lo anterior, es importante señalar el impacto que los integrantes de la delincuencia organizada generan en la comunidad, pues los mismos con la finalidad de controlar territorios y mercados, realizan acciones delictivas como lo son el secuestro o la desaparición (levantones) de personas rivales, ciudadanos y funcionarios encargados de labores de seguridad pública, procuración y administración de justicia o ejecución de sanciones penales.
"• Ahora bien, el delito de secuestro es una conducta ilícita a la que el Estado Mexicano hace frente, mediante la coordinación eficaz y eficiente entre la Federación y los Estados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010.
"• La consumación de este flagelo social, se actualiza con la supresión de la libertad deambulatoria de la víctima, la cual desgraciadamente en muchas ocasiones no puede ser localizada, incluso aun cuando ha transcurrido un tiempo considerable; es decir, que quienes la privaron de su libertad no contactan a sus familiares con la finalidad de solicitar alguna condición de intercambio que permita reintegrarla en su núcleo social, lo cual hace suponer que la víctima pudo ser privada de la vida; no obstante, al no localizarse su cadáver, queda en un estado de zozobra su situación jurídica respecto a sus familiares.
"• Hechos como la privación ilegal de la libertad de una persona en ejercicio de sus funciones, o en el devenir cotidiano de su vida diaria, sea que éstos se presenten con motivo de algún hecho o circunstancia originada por la delincuencia organizada, o que tengan como motivación la obtención ilegal de un rescate a cambio de la libertad del sujeto, propician en muchas ocasiones la desaparición del sujeto o su muerte.
"• TERCERO. Por otra parte, cabe señalar que el Estado Mexicano suscribió el 4 de mayo de 2001, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, misma que fue ratificada el 9 de abril de 2002 por el Senado de la República, en la cual se prevé que los Estados Parte deberán tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.
"• De esta forma, no basta con la sanción penal que se pueda imponer por la comisión de estos delitos, sino que el sistema jurídico mexicano debe atender y velar por la seguridad jurídica de los terceros que se ven afectados en sus derechos por la ausencia o presunción de muerte de los sujetos con los que se encuentran jurídicamente vinculados.
"• En este tenor, es importante garantizar que independientemente de la política criminal con la que la Nación está confrontando a estos delincuentes, resulta oportuno evitar la revictimización de los terceros relacionados con aquellas personas que han sufrido actos delincuenciales y de las cuales se desconoce su paradero.
"• En virtud de lo expuesto, se considera que cuando una persona sea víctima de estos actos delincuenciales se pueda garantizar la protección de sus derechos patrimoniales o, en su caso, la transmisión de los mismos a las personas con quienes se encuentren vinculadas jurídicamente.
"• Es oportuno reconocer dentro de un marco de protección a la integridad de los servidores públicos que por su probidad y el debido cumplimiento del servicio encomendado en el encargo o comisión llegan a ser víctimas de estos grupos delictivos. En consecuencia, resulta indispensable garantizar las prestaciones provenientes o establecidas a su favor en la legislación respectiva, relativas al fallecimiento por cumplimiento del deber y a la protección de las familias de aquellos servidores públicos que con coraje, valentía y honor han caído en el cumplimiento de su deber.
"• Asimismo, se establece que el Ministerio Público podrá, cuando conozca de estas conductas, iniciar ante la autoridad competente el procedimiento respectivo que para tales efectos se contempla en la presente propuesta.
"• Por lo que hace al proyecto de reforma, además de la reducción de los plazos, se pretende incluir como excepciones al término genérico para declarar la presunción de muerte, aquellos casos acaecidos con motivo de la delincuencia organizada, el delito de secuestro y la desaparición forzada.
"• Para llevar a cabo esta propuesta, se ha considerado la alta incidencia de este tipo de conductas delictivas y las consecuencias que representan, así como la manera en que afectan directamente a la población, y su correcto desenvolvimiento.
"• En ese contexto, se propone dada la problemática social ya expuesta, una reducción en los términos para declarar la ausencia de dos a un año y la presunción de muerte de seis a tres años, al modificar el artículo 669, así como el párrafo primero del artículo 705 del ordenamiento sustantivo civil, adicionando a este último artículo un tercer, cuarto y quinto párrafos, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los familiares, acreedores, y (sic) toda persona que se vea afectada con motivo de la desaparición de una persona."
Como se observa de esta transcripción, la principal razón que motivó la reforma al artículo en comento fue "evitar la revictimización de los terceros relacionados con aquellas personas que han sufrido actos delincuenciales y de las cuales se desconoce su paradero", particularmente en "aquellos casos acaecidos con motivo de la delincuencia organizada, el delito de secuestro y la desaparición forzada" en cuyos supuestos "el Ministerio Público podrá, cuando conozca de estas conductas, iniciar ante la autoridad competente el procedimiento respectivo que para tales efectos se contempla en la presente propuesta".
Lo anterior conduce a este Tribunal Colegiado a considerar que la fiscalía está legalmente facultada para emitir el acuerdo al que se refiere el artículo 705 citado:
1. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada;
2. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a casos de secuestro; y,
3. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a casos de desaparición forzada.
Este entendimiento de la norma –dado el contexto social e histórico en que surge en el ámbito estatal– conduce a estimar, como se expresa en el agravio examinado, que tanto en los casos en los que la no localización de una persona se deba a la delincuencia organizada, como aquellos en los que sea atribuible a un caso de secuestro, o bien, a una desaparición forzada, el agente del Ministerio Público actuará de idéntica manera, pues:
i. Se atiende a ciertos actos atribuibles a la delincuencia organizada, así como a los delitos de secuestro y desaparición forzada, esto es, se trata de hechos que generan un grave impacto en la sociedad;
ii. Las repercusiones de tales actos inciden en las víctimas directas e indirectas de tales actos (sic) o hechos, y amerita que la autoridad ministerial y judicial les den un tratamiento jurídico privilegiado, en función de las implicaciones que tienen sobre los derechos de aquéllas; y,
iii. Se exige un estándar probatorio menor, pues el expositor de motivos hace énfasis en el adjetivo "presumiblemente".
Conforme a estos aspectos, que se juzgan de suyo relevantes, este tribunal de amparo acoge esta postura, pues corresponde con la obtenida a través del criterio de interpretación de la ley conforme con la Constitución Federal, ya que dicho entendimiento de la norma a estudio se ajusta de mejor manera a los parámetros y a las exigencias contenidas en la Carta Magna, y protege de forma más efectiva los derechos fundamentales de las personas.
Se sostiene lo anterior, porque esta comprensión de la norma permite –por igual– a las presuntas víctimas indirectas de los actos de la delincuencia organizada, y de los delitos de secuestro o desaparición forzada, acceder sin mayores dificultades a la excepción del plazo genérico para la declaración de presunción de muerte, en aras de generar certeza jurídica, en relación con la persona que es víctima directa, así como respecto de sus derechos u obligaciones en el entorno social al que pertenecía.
Una interpretación contraria implicaría que la emisión del acuerdo ministerial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28146-bbddb9ca/determinacion-ministerial-sobre-la-causa-presumible-de-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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