AVERIGUACIÓN PREVIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA DEVOLVERLA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE SUBSANE LAS DEFICIENCIAS DEL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN Y EJERCITE NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL, TIENE LUGAR CUANDO CONOCE DE UNA SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN O PRESENTACIÓN SIN DETENIDO Y NO AL MOMENTO DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). AVERIGUACIÓN PREVIA. SI AL RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, EL JUEZ ADVIERTE QUE EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN NO SE ESPECIFICAN LOS HECHOS Y LA CONDUCTA QUE SE LE REPROCHAN, ES ILEGAL QUE ARGUMENTE QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO TÉCNICAMENTE PARA DICTAR SU RESOLUCIÓN Y LO DEVUELVA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE LO SUBSANE Y EJERCITE NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL, PUES CONFORME AL ARTÍCULO 322 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUEDE DICTAR EL FALLO ATENDIENDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AQUÉLLA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2012 (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 191/2013. 12 DE JUNIO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAYRA GONZÁLEZ SOLÍS. SECRETARIO: AARÓN ALBERTO PEREIRA LIZAMA.
San Francisco de Campeche, Campeche. Acuerdo del Tribunal Colegiado Trigésimo Primer Circuito, correspondiente a la sesión de doce de junio de dos mil trece.
Vistos, para resolver el toca 191/2013, relativo al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y
RESULTANDO;
PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche y turnado el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"III. Autoridades responsables:
"Ordenadora: Señalo como autoridad ordenadora al Juez Cuarto de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con domicilio en el Poblado de San Francisco de Kobén, Campeche.
"Ejecutora: Señalo al director del Centro de Readaptación Social del Estado de Campeche, en San Francisco Kobén.
"IV. Acto reclamado:
"De la autoridad señalada como ordenadora, la resolución pronunciada en la causa penal **********, con fecha veintidós de enero del año dos mil trece, en la cual se dicta auto de formal prisión en contra del suscrito por el delito de cohecho ...
"De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo, el cumplimiento que pretende dar de dicho auto de formal prisión."
SEGUNDO. La demanda de garantías se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado y se registró con el número **********; seguidos los trámites correspondientes en la audiencia constitucional, una vez que se terminó de engrosar, el doce de marzo de dos mil trece, el Juez Primero de Distrito en el Estado dictó la sentencia recurrida, cuyos puntos resolutivos dicen:
"Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, y directora de Ejecución de Sanciones, Medidas de Seguridad y Administración del Centro Federal de Readaptación, ambos con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.
"Segundo. Se ordena la protección de los datos personales de las partes."
TERCERO. Inconforme con la resolución dictada por el a quo, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado interpuso recurso de revisión que le fue admitido por auto de presidencia de este Tribunal Colegiado, el once de abril de dos mil trece, se registró el presente asunto con el número **********, de amparos en revisión.
Asimismo se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante oficio número ********** quien sí formuló pedimento.
Integrado debidamente el cuaderno correspondiente, el diez de mayo de dos mil trece, se turnó el presente asunto a la Magistrada Mayra González Solís, para la elaboración del proyecto de resolución que corresponda.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de revisión, con apoyo en los artículos 107, fracción VIII, última parte, de la Constitución Federal; 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en su transitorio tercero deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito, circunscrito a la jurisdicción de este órgano colegiado.
SEGUNDO. La sentencia pronunciada el doce de marzo de dos mil trece, en el juicio de amparo indirecto **********, fue notificada a la parte recurrente el trece de marzo del presente año, surtió efectos al día siguiente, y el recurso de revisión contra dicha determinación judicial se interpuso el dos de abril de dos mil trece, esto es, dentro de los diez días previstos en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponerlo.
TERCERO. La parte conducente de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:
"Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:
"‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.’
"De manera que el peticionario del amparo reclama de las responsables, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Campeche, ambas con residencia en esta ciudad, el auto de formal prisión dictado en su contra el veintidós de enero de dos mil trece, y su ejecución.
"Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Campeche, ambas con residencia en esta ciudad, pues así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes con justificación, lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable, para acreditar su legalidad, particularmente con la copia certificada de la causa penal **********, mismas que adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que deben tenerse como ciertos los actos reclamados.
"Además, así se advierte de los informes con justificación que rindieron las citadas autoridades, en el que aceptaron dicho acto; lo cual tiene valor probatorio de confesión expresa y, voluntaria, en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
"Cuarto. Oportunidad de la demanda. Se estima que el presente juicio de garantías fue promovido en tiempo, de acuerdo a las consideraciones siguientes.
"En efecto, del examen de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir, en el auto de formal prisión, lo cual afecta su libertad personal, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la presente demanda puede ser interpuesta en cualquier tiempo.
"Tiene aplicación, la tesis VIII.2o.22 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 258, Tomo XV, enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el tenor literal siguiente:
"‘LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE IMPORTAN ATAQUES A LA. TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Considerando que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos, a saber: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, debe decirse que la sentencia que confirma un auto de formal prisión que en estricto rigor técnico no constituye una pena, surte los mismos efectos que éste de restringir esa libertad personal. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, el término ordinario para la interposición de la demanda de garantías, es de quince días contados desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la resolución que se reclama; sin embargo, dicha regla tiene sus excepciones, y una de ellas es la contenida en el primer párrafo, de la fracción II, del artículo 22, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, referente a que los actos que importen ataques a la libertad personal se exceptúan de ello, no corriéndoles ningún término. Por lo anterior, la promoción de la demanda de amparo en contra de una sentencia que confirma un auto de formal prisión, fuera del plazo que establece el artículo 21 en comento, no conduce a estimar el consentimiento del acto reclamado, y en consecuencia, es ilegal la sentencia que decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto porque considera que no se promovió con la debida oportunidad el juicio constitucional.’
"Análisis de diversas causales de improcedencia. En este orden de ideas, como se advierte que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia de este juicio de garantías, ni de manera oficiosa se observa alguna que por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a través de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo exige su transcripción; lo anterior conforme a lo que señala la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/129, visible en la página 599, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"’CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que hayan infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.’
"Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario el estudio y análisis de los agravios hechos valer por el quejoso, ya que este órgano de control constitucional advierte queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con una violación de forma en el dictado del acto reclamado.
"Antes de demostrar lo anterior, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, resulta conveniente destacar los antecedentes del acto reclamado en el presente juicio de amparo.
"1. Con base en la averiguación previa **********, el director de Averiguaciones Previas ‘A’ de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha uno de diciembre de dos mil once, emitió el pliego de consignación **********, solicitando el dictado del auto de formal prisión en contra del aquí quejoso ********** y otros, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de cohecho.
"2. Dicha solicitud fue del conocimiento del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, quien le asignó la causa penal **********, quedando el quejoso a su disposición, en el Centro de Readaptación Social de San Francisco, Kobén, Campeche, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de cohecho, previsto y sancionado por los artículos 192, fracción III, primer párrafo y 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, en relación con el 144, apartado A, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche.
"3. En fecha dos de diciembre de dos mil once, se tomó la declaración preparatoria del quejoso **********, en la que su defensor particular solicitó la prórroga del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, concediendo dicho término.
"4. El siete de diciembre de dos mil once, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso **********, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de cohecho.
"5. El treinta y uno de mayo de dos mil doce, se dictó sentencia, en la que el Juez de la causa, resolvió que se acreditó la existencia plena del delito de cohecho, imponiendo al quejoso cuatro años de pena corporal, y absolviéndolo del pago de la reparación del daño. Resolución que **********, apeló en esa misma fecha, recurso que fue admitido por auto de diecinueve de junio de dos mil doce.
"6. El doce de septiembre de dos mil doce, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió en el sentido de revocar la resolución impugnada, y ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal **********, del índice del Juez responsable, por los motivos ahí expresados, dentro del toca **********.
"7. El veintiuno de noviembre de dos mil doce, **********, interpuso demanda de garantías, misma que conoció este juzgado, bajo el número **********, juicio en el que se concedió la protección de la Unión, para los efectos ahí precisados.
"8. En fecha cinco de febrero del presente año, se tuvo por cumplida la sentencia concesoria, del citado juicio de amparo; sin embargo, el Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, el veintidós de enero de dos mil trece, dictó nuevamente auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de cohecho.
"La anterior determinación judicial constituye el acto ordenador reclamado en el juicio de amparo.
"Sentados los antecedentes, como ya se adelantó, este órgano de control constitucional advierte queja deficiente que suplir, ya que de un análisis del auto de formal prisión que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional se desprende, en primer término, que la consignación realizada por el Ministerio Público carece de las formalidades legales que debe reunir para que pudiera ser atendida la solicitud ministerial.
"En principio, debe tenerse en cuenta el concepto y naturaleza de la consignación hecha por el representante social (Ministerio Público) al momento de ejercer la acción penal dentro de una averiguación previa.
"El jurista Franco Villa define a la consignación, como:
"‘La determinación del Ministerio Público, a través de la cual ejercita la acción penal ante los tribunales, teniendo como presupuesto la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado para que se aplique la ley al caso concreto y resuelvan si hay fundamento o no para seguir un proceso en su contra.’
"Por su parte, el tratadista Marco Antonio Díaz de León, define a la consignación de la siguiente forma:
"‘El acto por el cual, de manera escrita, el Ministerio Público ejercita la acción penal y expresa la pretensión punitiva ante el órgano jurisdiccional.’
"La Enciclopedia Jurídica Mexicana, en relación con esta figura jurídica, en la parte que interesa señala:
"‘La consignación en materia penal es la instancia a través de la cual el Ministerio Público ejercita la acción punitiva, por considerar que durante la averiguación previa se ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Cuando el propio MP presenta el escrito de consignación ante el Juez penal competente (escrito que debe considerarse como equivalente a la demanda en las restantes ramas procesales), solicita del tribunal la iniciación del procedimiento judicial; las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan; el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño, y en su caso, las sanciones respectivas; pero al mismo tiempo debe ofrecer las pruebas de la existencia de los delitos y de la probable responsabilidad de los inculpados ...’
"De las anteriores definiciones, se observa que la consignación es el acto mediante el cual el Ministerio Público ejerce la acción punitiva al considerar, que de los hechos materia de la averiguación previa, se desprende la comisión de un antijurídico; por lo que al efecto, debe estar acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
"Asimismo, se colige que por su naturaleza la consignación debe considerarse como el equivalente a la demanda en las restantes ramas procesales, pues es a partir de ésta que se inicia una pretensión, en este caso punitiva, ante una instancia jurisdiccional.
"En relación con los requisitos que debe contener la consignación, Franco Villa, considera que:
"‘Se formulará por escrito, expresando el lugar y fecha en que se pronuncie, los nombres y apellidos del indiciado, un resumen de los hechos delictuosos denunciados y relación de pruebas desahogadas, las consideraciones legales que funden y motiven la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, los artículos de la ley que apoyen la resolución de que se trata, y las proposiciones concretas en las cuales se menciona que se consigna ante el Juez de Distrito correspondiente, la averiguación previa, que se ejercita acción penal en contra del probable responsable, por el delito que se menciona en la misma y se solicitará al Juez del conocimiento libre orden de aprehensión o comparecencia; pidiéndole que inicie el procedimiento judicial correspondiente, le dé al Ministerio Público Federal la intervención que a su representación compete; resolviendo, en su caso, sobre la situación jurídica de detenidos, objetos o instrumentos del delito, la designación de la autoridad que la dicte, los testigos con quien actúe y los demás resolutivos que resulten procedentes conforme a la ley.’
"Es así, que entre otros requisitos, la consignación debe contener un resumen o relatoría sucinta de los hechos que dieron origen a la averiguación previa y que son materia de imputación al indiciado, ya que al tener la naturaleza similar a la de una demanda, la pretensión (punitiva), como en cualquier juicio de otra materia, debe estar sustentada en los hechos que le dieron origen.
"Por otra parte, de conformidad con los artículos 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.’
"‘Artículo 102. A. ... Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.’
"De los preceptos constitucionales en cita, se desprende que en materia federal, le corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de los delitos federales por lo que, sólo éste, se encuentra facultado para solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, entre otras prerrogativas.
"Por otra parte, el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Campeche, dispone que la ley organizará el Ministerio Público del Estado, a quien le corresponde la persecución ante los tribunales locales, de todos los delitos del orden común y, por tanto, sólo éste se encuentra facultado para solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, o en este caso, su intervención consistente en poner a disposición del Juez, al o los detenidos, para que ratifique su detención y determine la situación jurídica del acusado.
"En relación con lo anterior, el artículo 2o. del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, establece que le corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal.
"De un análisis sistemático de los preceptos constitucionales y legales citados, se desprende que el ejercicio de la acción penal, es facultad exclusiva al Ministerio Público y, por esa razón, sólo éste puede solicitar una orden de aprehensión o bien, consignar una detención ante un Juez penal.
"Si esto es así, como requisito constitucional de una ratificación de detención, debe de existir el ejercicio previo de la acción penal por parte del Ministerio Público y, consecuentemente, la solicitud de éste de que se decrete auto de formal prisión, al indiciado, contenida en la consignación correspondiente.
"Ahora, en relación con la acción penal, los artículos 6o., 7o., 306 y 322 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, disponen lo siguiente:
"‘Artículo 6o. El Ministerio Público pedirá al Juez la aplicación de la sanción correspondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, sea porque el delito no haya existido, sea porque existiendo no sea imputable al procesado, o porque exista en favor de éste alguna de las circunstancias excluyentes de responsabilidad previstas por el Código Penal, o en los casos de amnistía, prescripción y perdón o consentimiento del ofendido.’
"‘Artículo 7o. En el primer caso del artículo anterior, el Ministerio Público presentará sus conclusiones, en las que después de hacer resumen de los hechos que aparezcan comprobados en el proceso, fijará con precisión las disposiciones penales que, a su juicio, sean aplicables.’
"‘Artículo 306. Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se han reunido los requisitos previos que en su caso exija la ley y que se han acreditado los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, el agente del Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda; éste radicará de inmediato el asunto, abriendo expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes. Si la consignación es con detenido, deberá inmediatamente ratificar la detención, si ésta fuere constitucional; de no serlo decretará la libertad del detenido con las reservas de ley.’
"‘Artículo 322. El Juez al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, podrá cambiar la clasificación legal que de los hechos se hizo al ejercitarse la acción penal, siempre que funde debidamente tal modificación, atendiendo a las constancias de autos.’
"De una lectura armónica de las normas que preceden, se aprecia que en el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe hacer una relación de los hechos que tuvo por comprobados durante la fase de averiguación previa, de los cuales se deben desprender elementos suficientes para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
"En ese sentido, la consignación hecha a un Juez del orden penal, debe contener los hechos que constituyen una conducta que encuadra en un tipo penal, la cual, precisamente, se le atribuye al indiciado y técnicamente se le conoce como probable responsabilidad.
"Por tanto, el Juez penal analizará la consignación ministerial, y cuando sea con detenido, determinará la constitucionalidad de la detención, si la conducta derivada de los hechos que tuvo por acreditados el órgano técnico acusador, son constitutivos del delito por el que se ejerció la acción penal; asimismo, verificará si hay elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del indiciado, y proceder a ratificar la detención.
"Incluso, el Juez en materia penal se encuentra autorizado para cambiar la clasificación legal que de los hechos hizo el Ministerio Público al ejercer la acción penal, siempre que funde debidamente tal modificación, en atención a las constancias de autos.
"Así las cosas, es de concluirse que uno de los elementos principales de una consignación con detenido en el ejercicio de la acción penal en la que solicita se decrete auto de formal prisión, es la determinación y comprobación de los hechos que dieron origen a la averiguación previa y que integran los elementos del cuerpo del delito, el cual es reprochable al indiciado.
"Se afirma lo anterior, ya que es a partir de los hechos que se determina la clasificación legal del delito que se le imputa a un indiciado y, sobre todo, porque los mismos constituyen el objeto de reproche y el ejercicio mismo de la acción penal.
"Esto es, el acto de imputación que se realiza en el ejercicio de la acción penal recae, esencialmente, en una conducta derivada de los hechos.
"Tan es así, que el juzgador puede variar la clasificación legal de los hechos pero siempre tomando en cuenta los mismos, sin ir más allá de éstos; es decir, la determinación del delito por parte de la autoridad judicial está limitada a los hechos plasmados en el pliego de consignación, lo que significa que no puede modificarlos ni incorporar aquellos que el órgano acusador no estimó.
"Además, no debe perderse de vista que la naturaleza de la consignación guarda similitud con la de una demanda, por lo que la pretensión contenida en aquélla (punitiva) debe encontrarse sustentada en los hechos que le dieron origen para que el juzgador esté en aptitud de pronunciarse respecto de su procedencia.
"Por tanto, la autoridad judicial debe actuar tomando como base los hechos y argumentos aportados y vertidos por el Ministerio Público al solicitar el ejercicio de la acción penal, por lo que debe ceñirse a éstos, pudiendo sólo rectificar (a nivel de técnica jurídica) el estudio de tipicidad realizado por el representante social, o bien, el que verse sobre la probable responsabilidad.
"En el análisis precedente se estudió lo relativo a la consignación con detenido, realizada por el director de averiguaciones previas, que si bien es cierto no constituye propiamente el acto reclamado, pues lo que se reclama es un auto de formal prisión; sin embargo, no puede soslayarse que éste constituye una determinación que deriva de aquélla, en donde el Juez responsable consideró que la detención del inculpado era constitucional y, por ende, el ejercicio de la acción penal era procedente, ya que se demostró el cuerpo del delito de cohecho, previsto y sancionado por los artículos 192, fracción III, primer párrafo y 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, en relación con el 144, apartado A, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche.
"Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora federal, que el Juez responsable estaba legalmente impedido para ratificar la detención del quejoso, por carecer de objeto la consignación hecha por el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal.
"En efecto, de la averiguación previa **********, se advierte que el órgano técnico acusador omitió establecer los hechos que constituían el objeto y materia de la consignación misma, así como la conducta que le resultaba reprochable al aquí solicitante del amparo.
"Se afirma lo anterior, dado que el Ministerio Público en la referida consignación, únicamente se limitó a señalar que ejercía acción penal en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del delito de cohecho, previsto y sancionado por los artículos 192, fracción III, primer párrafo y 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, en relación con el 144, apartado A, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24682-f6076ae8/averiguacion-previa-la-facultad-del-juez-para-devolverla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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