PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO O SU RECONOCIMIENTO POR LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SE DECLAREN NULOS POR HABERSE OBTENIDO SIN LA ASISTENCIA DE SU ABOGADO, NO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO, INDEPENDIENTES Y SIN NINGUNA CONEXIÓN CAUSAL CON AQUELLAS DILIGENCIAS, DEBAN EXCLUIRSE DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, POR CONSIDERAR QUE DERIVAN DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SU EXCLUSIÓN.
AMPARO DIRECTO 454/2014. 5 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. SECRETARIO: DANIEL GUZMÁN AGUADO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-En efecto, aduce el impetrante en el concepto de violación 1, que la sentencia reclamada es violatoria en su perjuicio conforme a lo dispuesto en el arábigo 1o. de la Carta Magna, lo que es infundado.
A fin de sustentar tal consideración cabe señalar que, si bien es cierto que el invocado ordinal 1o. constitucional contiene el principio pro persona, que como lo ha explicado el Máximo Tribunal de la Nación, constituye un método que permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorgar un sentido protector a favor del ser humano, ya que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios.
No menos cierto lo es también que ello implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que se pueden establecer a su ejercicio.
Conforme a lo anterior, tenemos que el principio pro persona es un componente esencial que debe utilizarse en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr que se le proteja adecuadamente. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en la página 659, Libro V, Tomo I, correspondiente a febrero de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
Sin embargo, es de puntualizarse que el aludido principio pro persona no llega al extremo de que las autoridades, invariablemente en todos los medios de impugnación promovidos en contra de una sentencia definitiva, deban acoger toda interpretación que invoque quien se inconforma con la resolución y, que de no hacerlo, contravenga tal principio.
Es decir, tal principio también denominado pro homine, no persigue liberar de una carga u obligación a toda costa a la persona, sino procurarle la mayor protección posible, pero no significa actuar al margen de la ley, es decir, desconocer las condiciones establecidas en las normas.
Asimismo, debe añadirse que el Máximo Tribunal del País, a través de su Segunda Sala, ha señalado que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal prerrogativa no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, dado que el proceder así, equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función de decir el derecho, lo que provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.
Consideraciones de la mencionada Sala, que dieron origen a la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada en la página 1587, Libro XIV, Tomo 2, correspondiente a noviembre de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL."
En esa tesitura, cobra importancia señalar a su vez que la propia Segunda Sala de ese Alto Tribunal Constitucional, ha emitido criterio con la consideración de que si bien la reforma constitucional efectuada el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
Tales consideraciones, originaron la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), publicada en la página 1587 del Libro y Tomo citados con anterioridad, de encabezado: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."
Por otra parte, del estudio de la sentencia reclamada se desprende que la Sala responsable en ningún momento realizó alguna discriminación por género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades del quejoso; por tanto, no se restringieron sus derechos fundamentales a que se refiere el supra invocado artículo 1o. de la Constitución Federal.
En ese orden de ideas, en sus argumentos de disenso contenidos en el enumerado como 1, señala como precepto constitucional violado el artículo 11 de la Ley Fundamental; tal consideración deviene infundada en tanto que del análisis de la sentencia reclamada, no se advierte en modo alguno que con su dictado se hubiere determinado expresa o tácitamente el trastocamiento de su garantía para entrar y salir del territorio nacional, así como la de libre tránsito por el mismo, si bien ello se verá restringido durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta, se trata de una consecuencia indirecta, lógica y natural de la sentencia en materia penal dictada en sentido condenatorio y que conlleve una pena privativa de la libertad personal.
Por otra parte, en virtud de que en dicho apartado de disconformidad, el quejoso esgrime que la sentencia reclamada es a su vez violatoria de las garantías que denomina de legalidad, de seguridad jurídica y de protección judicial, contenidas, entre otros, en el artículo 14 de la Constitución Federal, este Tribunal Colegiado de control constitucional procede a hacer el análisis en cuanto a si durante la incoación del procedimiento al hoy quejoso, se cumplió debidamente con las formalidades esenciales que lo rigen.
En esa tesitura, de acuerdo al estudio realizado por esta potestad de amparo, tanto a las constancias y actuaciones existentes en la causa de origen, como a la sentencia que constituye el acto reclamado, se observa que, con posterioridad al ejercicio de la acción penal con detenido en contra de ********** y otros, por el delito de robo agravado calificado, previsto en el artículo 220, fracción II, en relación con los diversos 225, fracción I (hipótesis de violencia moral) y 252 (hipótesis de pandilla); y sin detenido, por lo que respecta al diverso de robo agravado calificado, contemplado en el artículo 220, fracción II, relacionado a su vez con el 225, fracción I (hipótesis de violencia moral); todos ellos correlacionados asimismo, con los diversos 17, fracción I (delito instantáneo), 18 (acción dolosa), y 22, fracción II (realización conjunta con otros) y 28, párrafo segundo (hipótesis de existe concurso real cuando con pluralidad de acciones se cometen varios delitos), todos del Código Penal para el Distrito Federal, cometidos en agravio, el primero, de "**********", representado por **********, así como de **********; mientras que el segundo fue perpetrado en agravio de ********** y ********** en auto de dieciocho de marzo de dos mil doce, se radicó el asunto ante el Juzgado Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal, cuya titular calificó de legal la detención del indiciado por lo que respecta al primero de los mencionados injustos, al haber sido en flagrancia y, por tanto, estar ajustada a lo previsto en el normativo 16 de la Constitución Federal; mientras que por lo que hace al segundo delito imputado, en diverso auto de nueve de abril siguiente, libró la orden de aprehensión peticionada, la que se cumplimentó el veintitrés de ese mes y año; en las indicadas fechas se recibieron las respectivas declaraciones preparatorias del inculpado, ambas en presencia de su defensora de oficio, en las que consta que se hicieron de su conocimiento las garantías que se consagran a su favor en el artículo 20 constitucional, como son, entre otras, el motivo y causas de la acusación, el nombre de los denunciantes y testigos que depusieron en su contra; asimismo, que si así lo solicitaba, podría carearse con ellos, de lo cual en su momento manifestó no ser su deseo. Así, el veintitrés de marzo y veintiséis de abril, ambos de dos mil doce, cada uno dentro del plazo constitucional ampliado, le decretó también sendos autos de formal prisión como probable responsable en la comisión de los delitos de robo agravado por haberse cometido, uno con violencia moral y en pandilla, y el otro con violencia moral y, entre otras cosas, se ordenó en cada uno la apertura del procedimiento ordinario.
Asimismo, durante la instrucción del proceso se desahogaron las pruebas ofrecidas en el periodo respectivo; así, los medios de convicción ofrecidos por la defensa del hoy quejoso, relacionada con la materia del proceso penal, consistió en las ampliaciones de declaración de los denunciantes ********** y el apoderado legal de la persona moral **********, **********; asimismo, la de los diversos denunciantes **********, y el apoderado legal de la persona moral "**********" **********; las ampliaciones de los policías preventivos remitentes **********; las declaraciones de los policías preventivos **********; las declaraciones de los testigos de descargo **********; las ampliaciones de declaraciones del propio imputado ********** y sus coimputados **********; la ratificación y ampliación del informe de la policía de investigación de catorce de marzo de dos mil doce, rendido por los agentes ********** y **********; las documentales privadas, consistentes en cartas de recomendación y los careos procesales y constitucionales que resulten; pruebas que, a excepción de las consistentes en la ratificación del informe a cargo de los policías de investigación en cita, fueron admitidas y desahogadas en la audiencia de ley, diligencia en la que, al igual que todas las celebradas durante el proceso, la Juez siempre actuó acompañado de su secretario.
Una vez cerrada la instrucción de la causa, previa acusación del Ministerio Público y la formulación de conclusiones exculpatorias de la defensa, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a ********** y otros, por la comisión de los aludidos ilícitos de robo agravado; previstos, uno en el artículo 220, fracción II, párrafo primero, en relación con el 225, fracción II (hipótesis de violencia moral) y 252 (hipótesis de pandilla); mientras que el segundo, en el dispositivo 220, fracción II, párrafo primero, en relación con el 225, fracción II (hipótesis de violencia moral), todos del Código Penal para el Distrito Federal, cometidos en agravio, el primero, de "**********" representado por **********, así como de **********; mientras que el segundo, de ********** y **********.
La sentencia de primer grado fue impugnada por el Ministerio Público, así como por la defensa particular del ahora quejoso **********, y sus cosentenciados, así como por el defensor de oficio del también cosentenciado **********, mediante sendos recursos de apelación, lo cual fue resuelto por los Magistrados integrantes de la Octava Sala, quienes luego de analizar y declarar infundados los agravios expresados por los defensores particular y de oficio y fundados los expresados por la representación social recurrentes, resolvió modificar, en los términos precisados con antelación, la determinación de primera instancia; resolución que ahora es motivo del presente examen constitucional; luego, en la especie se estima que en los aspectos que han quedado precisados para la emisión de la sentencia que ahora constituye el acto reclamado se acataron las formalidades que rigen el procedimiento.
Asimismo, contrario a lo que igualmente afirma al invocar como precepto vulnerado el artículo 14 de la Constitución Federal, las penas impuestas al sentenciado no se aplicaron por analogía o por mayoría de razón, pues están fundamentadas en una ley exactamente aplicable al caso concreto, como es el Código Penal que actualmente rige en la entidad, donde se prevé y sanciona el delito de robo agravado (hipótesis de violencia moral y pandilla); y no son inusitadas, ni trascendentales, ya que no son inhumanas, ni afectan a la familia de dicho inconforme, como sí lo serían las que proscribe el ordinal 22 de la Carta Magna, entre ellas, los palos, azotes, mutilación o infamia.
Tampoco se aplicó la ley retroactivamente en su perjuicio; ni se le sentenció por una ley que no fuera exactamente aplicable al caso.
En tal virtud, se observa que en el proceso en todo momento se acataron las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y, por tanto, los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que le otorga el párrafo segundo del precepto 14 de la Norma Fundamental, que además se encuentran contemplados en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los derechos fundamentales, reconocidos no sólo por la Constitución Federal, sino también por los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, cuya observancia es obligatoria, conforme lo dispone el precepto 1o. del citado Pacto Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once y que entró en vigor al día siguiente, conforman la esencia del debido proceso legal a que todo inculpado tiene derecho, con la finalidad de ser oído públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, en los que se garantice su adecuada defensa, los que, como ya se indicó, fueron respetadas al ahora impetrante, por lo que no existe ninguna violación a sus derechos humanos, ni a los derechos fundamentales que los protegen. Es en razón de ello que deviene infundado el concepto de violación en análisis, ya que ninguna vulneración se advierte al haberse respetado a cabalidad las garantías judiciales establecidas como un derecho humano fundamental así como los principios de contradicción, igualdad de las partes y de inmediatez procesal. Es en razón de ello que también deviene infundado el concepto de violación uno en análisis en cuanto a la violación que aduce de los invocados preceptos 1o. y 14 de la Ley Fundamental.
Ahora bien, dado que las violaciones que se lleguen a producir en la fase de averiguación previa se encuentran comprendidas dentro de la categoría de "violaciones procesales" en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo anterior, de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado a tal disposición, que en la ley que actualmente rige corresponde al normativo 173, a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, para lo que dijo atender a que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue precisamente que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa, al haber hecho alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional.
Es menester precisar que, aun cuando su análisis se realiza en este apartado, de considerarse oficiosamente actualizada alguna trasgresión de ese tipo, el efecto de la concesión no sería la reposición del procedimiento, en atención a que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales, pues como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios jurisprudenciales y, específicamente en los que más adelante se citarán su rubro, en amparo directo es procedente analizar las violaciones cometidas en la averiguación previa cuando afecten las garantías observables en dicha etapa, y a manera de ejemplos ha señalado la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar los datos solicitados por la defensa y que consten en el proceso, así como la trasgresión a la garantía de defensa adecuada; empero, si del análisis de los medios probatorios que constan en la causa se advierte que se actualiza alguna violación mencionada, como el propio Máximo Tribunal lo ha determinado, el efecto del otorgamiento del amparo sería la invalidez de la declaración obtenida en perjuicio del sentenciado, de la prueba recabada ilegalmente e incluso la nulificación de las pruebas derivadas de ésta, aunque lícitas en sí mismas; mas no la reposición del procedimiento.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 36, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO."
La diversa jurisprudencia 1a./J. 138/2011 (9a.), sustentada por la aludida Sala, publicada en la Décima Época, página 2056 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO."
Y la jurisprudencia 1a./J. 140/2011 (9a.), publicada en la página 2058 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, de rubro: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA."
Finalmente, en las resoluciones dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos directos en revisión 1424/2012 y 1519/2013.
En ese contexto, no se soslaya por este Tribunal Colegiado, el hecho de que, como de manera fundada lo hace valer el impetrante en el concepto de violación 2, de las constancias de autos se desprende que al ser reconocido el ahora quejoso tras la cámara de Gesell por los ofendidos denunciantes ********** y ********** (fojas 88, 93, 120 y 230 del tomo I, respectivamente), no obra constancia que evidencie que el entonces indiciado hubiera estado asistido de defensor de oficio o particular, dicha circunstancia, torna inconcuso que con ello se originó una infracción a las formalidades del procedimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXXVII/2013 (10a.), que aparece publicada en la página 568, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el epígrafe: "RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR."
Sin embargo, la circunstancia del reconocimiento de que fue objeto el aquí impetrante tras la cámara de Gesell, sin la presencia de su defensor de oficio o particular, tales diligencias, no obstante que por dicha irregularidad en sí, fueron realizadas de manera ilegal, no resultan motivo suficiente para conceder el amparo en favor del quejoso sino que únicamente procede declararlas nulas para ser excluidas de valoración alguna, sin que se advierta diligencia subsecuente que deba correr la misma suerte, sin que sea de soslayar que en las diligencias de ampliación de declaraciones, los aludidos denunciantes mantuvieron su versión de los hechos; lo que por su parte no queda excluido, al no ubicarse en la hipótesis analizada y que, por ende así será ponderada la justipreciación que se les otorgó por la autoridad responsable para efectos de tener por demostrada la responsabilidad penal plena.
Es menester precisar aquí que el hecho de que se declare nulo por este órgano colegiado de control constitucional el reconocimiento del ahora quejoso, realizado por algunos de los ofendidos tras la cámara de Gesell, así como la diligencia en que dicho reconocimiento tuvo verificativo, al no haberse llevado a cabo en presencia de su abogado defensor, no constituye circunstancia que en el caso influya al grado de igualmente declarar nulo el señalamiento que le sostuvieron a lo largo de sus declaraciones, tanto ante el órgano ministerial investigador, como ante el Juez de la causa, de haber tenido participación activa en el respectivo evento delictuoso; ello, porque se advierte que, al no mantener conexión causal con la diligencia decretada como ilícita, constituyen una fuente independiente, esto es, no hay un enlace entre la ilegalidad originaria -reconocimiento tras la cámara de Gesell- y las pruebas cuya obtención se pretende relacionar con esa ilegalidad -ampliación de declaraciones-, pues dichas diligencias o medio de prueba, se desahogaron en ejercicio del derecho de defensa adecuada que le asiste al inculpado, en la cual se observaron las formalidades del debido proceso; en cuyo caso, carece de sentido extender la exclusión a pruebas obtenidas observando todas las garantías constitucionales.
Tal consideración por identidad jurídica sustancial, en lo conducente, encuentra apoyo en el criterio sustentado por este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis aislada I.9o.P.63 P (10a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:05 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2529» y que es del título, subtítulo y texto:
"PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO HAYA SIDO CONSIDERADA NULA POR HABERSE OBTENIDO SIN LA ASISTENCIA DE SU ABOGADO, NO IMPLICA QUE LAS TESTIMONIALES DE DESCARGO DEBAN EXCLUIRSE DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, POR CONSIDERAR QUE VIOLAN EL PRINCIPIO DE SU EXCLUSIÓN, AL SER AMBAS PRUEBAS INDEPENDIENTES Y NO EXISTIR CONEXIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTAS.-La exclusión de las pruebas obtenidas con violación a un derecho fundamental forma parte de una garantía procesal constitucional, que impide la utilización de todo aquello que derive directa o indirectamente de dicha lesión; ello, porque como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exclusión de la prueba ilícita -como garantía que le asiste al inculpado en todo proceso, íntimamente ligada con el respeto irrestricto al debido proceso, a ser juzgado por un Juez imparcial, como complemento de una tutela judicial efectiva y por virtud del cual se protege la defensa adecuada del inculpado-, tiene un efecto reflejo, ya que también son ilícitas las pruebas obtenidas indirectamente a partir de la lesión a un derecho fundamental; sin embargo, el hecho de que la declaración ministerial del inculpado se haya considerado nula, al haberse obtenido sin la asistencia de su abogado, no implica que las pruebas de descargo que ofrezca su defensa deben excluirse del análisis correspondiente, por considerarse que derivan de la violación al derecho mencionado; ello, porque dichas probanzas, al no mantener conexión causal con la prueba decretada como ilícita, constituyen una fuente independiente de las declaraciones del imputado, esto es, no hay conexión entre la ilegalidad originaria -declaraciones del quejoso- y la prueba cuya obtención pretende relacionarse con esa falta -testimoniales de descargo-, pues dichos medios de prueba se desahogaron en ejercicio del derecho de defensa adecuada que le asiste al inculpado, y observando las formalidades del debido proceso; luego, es válido que el Tribunal Colegiado de Circuito confronte dichas testimoniales con el material probatorio de cargo, a fin de tutelar el derecho del justiciable a que las probanzas de descargo se ponderen con las de cargo, bajo el principio de contradicción."
En tal virtud, contrario a lo que de manera infundada esgrime el impetrante en el concepto de violación uno, al invocarlo como precepto constitucional violado, se observa que en el proceso, respecto de las que han quedado precisadas, en todo momento se acataron las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y, por tanto, los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que le otorga el párrafo segundo del precepto 14 de la Norma Fundamental que además se encuentran contemplados en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por ende, si en esos aspectos no se advierte vulneración alguna a sus derechos humanos ni a los derechos fundamentales que los protegen, no existe tampoco violación al diverso normativo 1o. de la Constitución Federal, como infundadamente aduce el disconforme al citarlo en el concepto de violación uno del resumen.
De tal manera y en términos de lo razonado, resulta infundado el argumento relativo a que exista violación a la formalidad esencial del procedimiento, consistente en que se dé el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En tanto que se advierte que fue cabalmente respetada según se desprende del análisis a la sentencia reclamada.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», con el título, subtítulo y texto:
"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.-Dentro de las garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que está Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."
Bajo ese contexto, es igualmente infundado el concepto de violación uno en lo relativo a que en la sentencia reclama
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25726-f305c4d5/prueba-ilicita-el-hecho-de-que-la-declaracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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