PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA NO SE DESAHOGÓ EN EL JUICIO ORAL, ELLO NO IMPLICA, EN AUTOMÁTICO, QUE NO SE ACREDITEN LOS HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN, POR LO QUE PUEDE DICTARSE SENTENCIA CONDENATORIA SI DE LA VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA DE LAS QUE SÍ SE DESAHOGARON, SE ACREDITAN EL HECHO DELICTIVO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO.
AMPARO DIRECTO 140/2022. 18 DE MAYO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS RAMÍREZ BENÍTEZ. SECRETARIO: HUGO MORALES DE LA ROSA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Ahora, del estudio de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación expresados en su contra, se advierte que son infundados, pero en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte una violación por una indebida fundamentación y motivación en el apartado de la individualización de la pena, como más adelante se precisará.
Por cuanto hace al concepto de violación 1, planteado por el quejoso **********, es infundado.
Previo a justificar lo afirmado, se estima necesario acotar que conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B de dicho precepto permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes con la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral.
En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde con la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución, en el artículo 173 de la Ley de Amparo sólo podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin posibilidad de estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal.
De ahí que en dicha ejecutoria la Primera Sala concluyó que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en el análisis de lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias dictadas en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como quedó probado ante la autoridad responsable, sin posibilidad de admisión o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.I.P. J/41 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 962 del Libro 53, Tomo II, abril de 2018, materias común y penal, Instancia: Plenos de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, intitulada: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS."
Así como la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 175, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, materias común y penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7955/2019, estableció que la materia de un juicio de amparo directo debe versar esencialmente sobre lo ocurrido en la etapa de juicio oral. Esa condición es imperativa.
Sin embargo, considerando que los efectos y las consecuencias de ciertas violaciones ocurridas en fases preliminares naturalmente admiten ser enlazadas con los argumentos centrales de las partes -y que éstos sólo pueden manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa de juicio oral-, reconoció lo siguiente:
- La posibilidad de introducir alegatos sobre violaciones procesales suscitadas en fases previas no sólo está permitida, sino que es perfectamente connatural a la lógica de todo sistema acusatorio que genuinamente aspire a colmar el principio contradictorio. La posibilidad de generar esos alegatos depende de la información producida en la audiencia de juicio y tiene por objeto demostrar la posible ilicitud de las pruebas desahogadas.
- Cuando eso ocurra –es decir, cuando la valoración probatoria discutida en la audiencia de juicio oral se relacione con argumentos sobre violaciones cometidas en etapas previas– entonces, ese debate y la determinación judicial tomada al respecto, válidamente podrán integrar la materia del juicio del amparo directo.
De lo anterior, la Primera Sala hizo hincapié en que se mantiene la conclusión esencial alcanzada en el amparo directo en revisión 669/2015, en el sentido de que sólo puede ser objeto de revisión constitucional, en sede del juicio de amparo directo, la violación al derecho en cuestión (de acuerdo con lo previsto por el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo), si la misma se materializa durante la tramitación de la etapa de juicio oral.
Asimismo, la Corte acotó que esta afirmación debe ser interpretada en el sentido de que esa posibilidad de materialización no impide que la violación se haya originado en fases previas. Es decir, una violación procesal puede ocurrir en la fase de investigación o, incluso, en la etapa intermedia, y aun así sólo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral y, por tanto, materializarse hasta ese momento, debido a los razonamientos probatorios que otorguen (o no) valor a sus posibles frutos. Es importante aclarar que esta "materialización" no sólo se refiere a que la violación de derechos se produzca en la propia audiencia de juicio, sino también a que, acontecida en relación con los medios de prueba en etapa previa, haya sido materia de debate por la información que al respecto viertan las partes facultadas para producir prueba.
Puntualizó a lo anterior, que esto implica reconocer que una violación procesal puede materializarse (es decir, cobrar relevancia) no sólo en el momento exacto de su origen, sino también posteriormente, aunque, por supuesto, esa materialización toma forma diferenciada en función de cada etapa del proceso. En la de juicio oral, lo que importa para efectos de analizar la procedencia del juicio de amparo directo es el debate sobre la valoración probatoria de los frutos o productos de la alegada violación, es decir, la información que de él surja. Eso que ocurra durante su desarrollo es el condicionante para analizar los alegatos sobre cualquier violación fundamentada en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo.
En suma, la Corte recalcó que se mantiene la convicción de que la violación en cuestión debe tener materialización (cobrar relevancia) en la etapa de juicio oral, para poder ser materia de juicio de amparo directo. Ésa es una condición sine qua non; sin embargo, ello de ninguna manera presupone que la violación materia de análisis debe para ello iniciar y culminar en la etapa de juicio.
Detalló que si tal violación se originó en una etapa previa, pero sus efectos perduraron por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio exhibido y sometido a escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo. Esta conclusión busca aclarar el sentido y alcance de lo afirmado en el amparo directo en revisión 669/2015.
En otras palabras, siempre y cuando los efectos producidos por esa violación sean materia de disputa y problematización en la audiencia de juicio oral (por resultar pertinente a los fines de demostración probatoria del caso), estamos en perfectas condiciones de analizarla en el juicio de amparo directo. Ésa es, precisamente, la representación más lógica y natural de una violación que ha trascendido al resultado de fallo -fórmula que siempre ha definido la materia de un juicio de amparo directo-.
Además, la Corte precisó que dicho análisis, para ser conducente a la materia de un juicio de amparo directo, nunca estará principalmente preocupado por la validación (o invalidación) de las actuaciones relativas a las fases preliminares. En otras palabras, no se busca una calificación de invalidez o validez en sus propios méritos, sino analizar si la ilicitud de cierto acto tuvo –o no– un impacto en el material probatorio exhibido/argumentado por cualquiera de las partes que participaron en juicio (inculpado y su defensa, Fiscalía y víctimas).
Bajo ese contexto, la Corte destacó que el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo merece plena eficacia. Todos los supuestos de violación que prevén sus distintas fracciones son revisables en el juicio de amparo, pero lo son en el sentido en que se han precisado.
Ello es así, pues la Sala enfatizó, si revisamos a detalle su redacción, que es posible notar que buena parte de sus fracciones no son problemáticas en su interpretación, pues se refieren a violaciones que nacen y se desarrollan precisamente en la etapa de juicio oral. En ese sentido, la construcción de la doctrina que tenemos hasta ahora (derivada del amparo directo en revisión 669/2015) no necesita mayores matices, pues esas violaciones sin duda pueden ser materia de análisis en el amparo directo.
Sin embargo, existen otras fracciones que se refieren a violaciones originadas en las etapas previas a la de juicio (como la falta de lectura de derechos al momento de la detención,(2) el derecho de asistencia consular,(3) o la violación al derecho humano a no ser objeto de tortura)(4) pero que por su naturaleza y según la dinámica de cada proceso, sólo pueden ser exhibidas a cabalidad hasta que se presentan los rasgos distintivos de la audiencia de juicio oral.
De ahí que la conclusión de la Sala es que las fracciones que se refieren a este tipo de violaciones deben ser interpretadas, para los efectos del amparo directo, de la siguiente forma: el legislador no se equivocó al considerarlas en este apartado, pero su inclusión debe entenderse en el sentido de que esas violaciones sólo pueden ser materia de análisis en el amparo directo, siempre y cuando sean motivo de debate en virtud de que alguno de los sujetos intervinientes en la audiencia de juicio oral incorpore información al respecto y, por tanto, eso genere contradicción entre las partes. Además, ésta debe estar encaminada a demostrar ante el Juez oral que esa presunta violación a un derecho humano afecta la validez de la prueba para efectos de su valoración.
La Corte detalló que la principal implicación de lo anterior es que los tribunales o Jueces de juicio oral no pueden considerar que las partes tienen vedado generar debate sobre este tipo de violaciones, cuando la intromisión del tema es consecuencia de lo argumentado por alguno de los sujetos intervinientes en el proceso penal. Es decir, ellos no pueden negarse a realizar un pronunciamiento en torno a esos alegatos, bajo el argumento de que se trata de una violación acontecida en una etapa procesal previa a la de juicio.
Se debe dejar claro que, en estos casos, el análisis materia de amparo directo sólo debe versar respecto a lo acontecido en juicio, sobre lo debatido, pero ante todo, sobre el ejercicio de valoración probatoria ocurrido en la etapa de la audiencia de juicio oral. Por tanto, el espectro de análisis siempre se limita al juicio de valor que merece el material probatorio objeto de disputa.
La Sala explicó que esta conclusión no debe entenderse como una intromisión de los juzgadores en su actuar durante una etapa anterior, sino que el deber del Juez o tribunal de juicio oral es arbitrar la disputa en torno a la asignación de valor de las pruebas que son exhibidas y refutadas. Además, es perfectamente normal que desde ese momento surja un planteamiento de carácter constitucional, pues recordemos que -por la manera en que los principios de debido proceso irradian en las instancias ordinarias– el material probatorio siempre admite ser cuestionado a partir de argumentos de esa naturaleza, es decir, argumentos sobre ilicitud de la prueba por violaciones a derechos humanos.
De ahí que la Corte puntualizó que el órgano de amparo en su estudio debe partir siempre del análisis realizado en el acto reclamado en torno a lo acontecido en la etapa de juicio oral. Esto implica que los Tribunales Colegiados también pueden válidamente notar omisiones de estudio por parte del Juez oral, respecto a los argumentos efectivamente planteados durante la audiencia e integrarlo a su materia de revisión.
Enfatizó la Primera Sala que como sostuvo en el amparo directo en revisión 669/2015, la organización del modelo acusatorio por etapas tiene una racionalidad de la que debemos hacernos cargo: busca que cada una de ellas cumpla una función especial de depuración respecto a la subsecuente, de tal forma que el juicio fluya dinámicamente, de manera continua, sin tropiezos constantes que requieran reponer el proceso una y otra vez hasta las primeras fases.
Sin embargo, de ello no se sigue que la doctrina de cierre de etapas haya buscado generar compuertas perfectamente herméticas que por default impidan, en términos categóricos, debatir sobre lo sucedido en etapas preliminares, especialmente si lo acontecido es relevante para la demostración de la argumentación integral del caso. La introducción de ese debate, insistimos, es perfectamente posible y connatural a la lógica del sistema acusatorio, siempre que el punto a dilucidar verse sobre el camino de la prueba y demuestre ser relevante para la teoría del caso que se pretende argumentar.
En suma, cuando eso ocurre la materia del juicio de amparo directo no versa sobre la admisión o exclusión de la prueba por sus propios méritos, sino sobre las razones que el Juez oral tiene para determinar –a la luz de la información exhibida en la audiencia de juicio- si las pruebas materia de disputa son válidas y, por tanto, si admiten sustanciar la teoría del caso que ha sido planteada por las partes.
Anteriores argumentos que vienen plasmados en la tesis 1a. XXIII/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4669, Libro 14, Tomo V, junio de 2022, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto:
"VIOLACIONES PROCESALES ORIGINADAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER ANALIZADAS EN AMPARO DIRECTO. DESARROLLO Y ACLARACIÓN DE LA DOCTRINA REFLEJADA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 669/2015.
"Hechos: El quejoso –de origen guatemalteco– fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que como es propio de cualquier precedente novedoso de importancia, los primeros años de vida del amparo directo en revisión 669/2015 demuestran que aún es necesario terminar de explorar sus alcances y aclarar sus condiciones de aplicación. Esto conduce a afirmar que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo.
"Justificación: La necesidad de aclarar los límites de nuestra doctrina sobre cierre de etapas procesales surge al reconocer un hecho innegable: en ocasiones, ciertas violaciones procesales, ocurridas en fases previas a la audiencia de juicio oral, impactan de manera continua en las etapas sucesivas del proceso penal y se ponen en evidencia de manera cabal hasta ese momento. Cuando eso ocurre, tales violaciones deben entenderse susceptibles de discusión y refutación en la audiencia de juicio oral, escenario único que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan para el libre intercambio de argumentos entre las partes en confronta. Es en este momento cuando, por primera vez, ellas están en condiciones de realmente argumentar sustancialmente su teoría del caso. Si algo caracteriza al sistema acusatorio es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública. Reconocer las finalidades que persigue esta particular forma de interacción oral y pública entre las partes, deja claro por qué la información que fluye de la misma (a propósito de los interrogatorios y contrainterrogatorios que deben poderse formular) siempre es capaz de arrojar luz sobre la obtención de los medios de prueba –sobre todo si éstos son tildados inválidos por devenir de violaciones procesales–. La audiencia oral no tendría cualidades epistémicas (es decir, no permitiría conocer la verdad) si no admitiera a las partes exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia, lo cual surge con motivo de la información que los órganos de prueba producen y que, por tanto, da pie a interrogatorios o contrainterrogatorios encaminados a proveer al Tribunal de Enjuiciamiento de elementos para dilucidar si la prueba fue obtenida lícitamente." Ahora bien, precisado lo anterior, atento a lo alegado por el quejoso en el primer motivo de inconformidad, en relación con la vulneración del artículo 1o. constitucional, debe decirse que resulta infundado en razón de que, acorde con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), intitulada: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.",(5) las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional.
De ahí que cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Por tanto, cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.
Lo anterior, tal como la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo ha dejado señalado en la jurisprudencia 1a./J. 29/2015 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA."(6)
En ese contexto, debe decirse que acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, en la reforma publicada el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, en sus dos primeros párrafos se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.
Adicionalmente, se determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan "conforme" a esa norma fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo a la persona, en su caso, la protección más amplía.
Ahora bien, contrario a lo alegado por el impetrante, de las constancias que conforman la etapa de juicio oral y de la lectura de la sentencia reclamada, se desprende que conforme al tercer párrafo del citado artículo 1o. constitucional, este Tribunal Colegiado no advierte violación a los derechos humanos de aquél, que deba prevenirse, investigarse, sancionarse y repararse, acudiendo a una fuente internacional a efecto de favorecerlo con una protección más amplia; máxime que el actuar de la autoridad de alzada responsable se ajustó a lo dispuesto en el último párrafo del mismo precepto constitucional, pues como se observará a lo largo de la presente determinación, en ningún momento se le discriminó por su género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
En efecto, debe indicarse que durante la audiencia de juicio oral se respetaron los principios en que se basa el sistema penal acusatorio, como son: la publicidad, la concentración, la continuidad, la contradicción y la inmediación, así como los correspondientes a la legalidad, la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la impartición de justicia, la presunción de inocencia y la defensa adecuada, contemplados en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando en todo momento presente el ahora sentenciado impetrante, debidamente asistido por su defensor de oficio e informado de los hechos que se le imputaban.
Además, fue juzgado por un tribunal imparcial que estuvo presente en todo momento durante el desahogo del juicio en sus diversas etapas; por tanto, estuvo en oportunidad legal de desahogar las pruebas que estimó conducentes a la pretensión de su defensa y que le fueron admitidas en la audiencia intermedia; durante el procedimiento se le trató como imputado, respetándose en todo momento el principio de presunción de inocencia, sin existir en actuaciones dato alguno sobre juicio seguido en su contra por los mismos hechos; en conclusión, se atendieron las reglas del debido proceso legal, razón por la cual se sostiene la legalidad del juicio oral que se llevó a cabo para juzgarlo.
Atento a lo anterior, el derecho a la presunción de inocencia se entiende como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución del imputado cuando durante el proceso no se aportaron pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de los delitos y la responsabilidad del imputado; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba; en este sentido, el derecho a la presunción de inocencia admite dos normas, la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la que se ordena absolver al imputado cuando no se cumpla ese estándar para condenar, por lo que conforme al texto del artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, es al órgano acusador a quien corresponde probar debidamente la acusación formulada en contra del quejoso.
Así, del análisis realizado tanto a la sentencia que aquí constituye el acto reclamado, como a las constancias remitidas, entre las que se encuentran los discos ópticos en formato DVD, continentes de las actuaciones orales, deviene inconcuso que en el supuesto a estudio, el Ministerio Público cumplió debidamente con la carga de la prueba que en dichos términos le resulta inherente a su representación.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 26/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que citó el quejoso en su demanda de amparo, visible en la página 476, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA."
Correlacionado con lo anterior, del análisis realizado se advierte que se dio el cabal respeto a los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, esto es así, porque cabe recordar que el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad contradicción, concentración, continuidad e inmediación."
Así, de manera coincidente, en el artículo 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen como principios rectores del proceso penal acusatorio, entre otros, los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos cuyo respectivo significado legal se encuentra contenido en los normativos subsecuentes 5o., 6o., 7o., 8o. y 9o., en los términos siguientes:
- Publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en dicho código.
- Contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en ese código.
- Continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en ese código.
- Concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en ese código, salvo los casos excepcionales establecidos en ese ordenamiento.
- Inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en ese código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
Bajo ese panorama se puede sostener que, en el caso, se dio cabal respeto a los principios rectores del proceso penal acusatorio lo que, se itera, se comprueba con los discos de audio y video remitidos con el informe justificado y que son los que tuvo a la vista la autoridad responsable para la emisión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Amparo.
En efecto, de dichos instrumentos se advierte que en las audiencias, desde la de juicio oral hasta la de sentencia del recurso de apelación, tales principios se cumplieron, lo que se constató con la observación de los discos de audio y video que fueron remitidos por la autoridad responsable con la demanda de amparo y que corresponden al registro de cada una de las diversas audiencias llevadas a cabo ante el Tribunal de Enjuiciamiento, y con la versión escrita de la sentencia de apelación.
De igual forma se cumplió con el principio de contradicción, pues las partes debatieron los hechos y argumentos jurídicos de la contraparte y tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas ofertadas por el fiscal, consistentes, a saber en: las testimoniales a cargo de los policías **********, ********** y ***
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31572-fa887019/pruebas-en-el-sistema-procesal-penal-acusatorio-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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