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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA. LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, ANTE LA INCOMPARECENCIA DEL ABOGADO PARTICULAR, A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL IMPUTADO, PUEDE VULNERAR AQUEL DERECHO HUMANO Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 62/2020. · Registro digital (IUS): 29693
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-03-12
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, Pág. 2771.

AMPARO EN REVISIÓN 62/2020. 16 DE JULIO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ ANTONIO SANTIBÁÑEZ CAMARILLO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER. SECRETARIO: JESÚS GILBERTO BARO ALARID.

CONSIDERANDO:

27. SEXTO.—Análisis de las causas de improcedencia. El revisado, en el considerando cuarto establece que no emprende el análisis de las causales de improcedencia, porque las partes no las hicieron valer ni las aprecia de oficio.

28. Decisión que se encuentra ajustada a derecho, porque no existe causa de improcedencia que analizar, por no apreciarse de oficio ni haberla alegado las partes, lo que le permitió el estudio de los actos reclamados, sin que sea necesario que se estudiaran en particular cada una de las diversas hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que tal precepto no obliga a ello.

29. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO."

30. Cabe destacar que si bien en el caso el accionante, contra la decisión del responsable de designarle un defensor público, técnicamente no interpuso el recurso de revocación, también lo es que en la misma audiencia expresó su inconformidad con esa decisión, lo que provocó que el Juez de juicio se pronunciara en los mismos términos –reiterar la designación de defensor público–; en ese tenor, resulta innecesario obligar al quejoso a que lo interpusiera correctamente, pues a ningún fin práctico llevaría esa exigencia, ya que el resultado de la resolución del responsable sería la misma, máxime que existió debate respecto al tema.

31. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis «II.1o.53 P (10a.)», del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México,(7) de «título, subtítulo» y texto siguientes:

"RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 404 Y 405 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SI EXISTIÓ DEBATE ENTRE LAS PARTES. De la exégesis de los artículos mencionados, se advierte que el recurso de revocación puede promoverse contra los autos dictados por el órgano jurisdiccional y respecto de los cuales no proceda el diverso de apelación, además, deberá interponerse tan pronto sea dictado el auto recurrido y sólo será admisible cuando no hubiere precedido debate entre las partes. Bajo ese contexto, si el acto reclamado en el amparo indirecto consiste en la audiencia en la que el Juez de Control convalidó la determinación de abstención de investigación decretada en la carpeta de investigación, en la que sí hubo debate entre las partes, es inconcuso que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en esos casos no le es exigible al quejoso agotar ese medio de defensa, previo a la promoción del juicio biinstancial."

32. Por otra parte, es de acotar lo siguiente:

33. Como se menciona con anterioridad, en esta sentencia, el presente asunto fue discutido en la sesión ordinaria virtual de veintiuno de mayo de dos mil veinte, donde el Pleno autorizó que quedara en lista, para efectos de dar la vista a que se refiere el numeral 64 de la Ley de Amparo, ante la posibilidad de haberse acreditado una causal de improcedencia.

34. Lo cual, entonces, tuvo como base el poder llegar a considerar que el acto reclamado, es decir, la determinación del Juez responsable de nombrar al quejoso, pese a su oposición, al defensor público adscrito al propio tribunal de enjuiciamiento para que lo representara, por haber nombrado el impetrante, en su momento, y hasta en cuatro ocasiones defensa privada, y no haber sido posible hasta entonces dar inicio a la audiencia relativa, implicaba únicamente la afectación de derechos adjetivos relacionados con la defensa, y no un derecho sustantivo en relación con dicho tópico, para hacer procedente el juicio de derechos humanos.

35. No obstante, se estima que el acto específicamente reclamado en el juicio de origen sí es susceptible de vulnerar el derecho de defensa en su aspecto sustantivo, y no sólo adjetivo.

36. Se explica.

37. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de Ley de Amparo en vigor, en su parte conducente establecen:

38. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"...

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y."

39. Ley de Amparo.

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."

40. De conformidad con dichas disposiciones normativas, es de establecer el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". Para ello, conviene tener presentes las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

41. En ese sentido, en lo que aquí interesa, determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece, en dos de sus fracciones, sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación".

42. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso b), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

43. La segunda está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.

44. Así, para clarificar tales consideraciones, en la ejecutoria de la contradicción invocada se indicó el contenido de lo que dicho numeral, fracciones e inciso disponen y, con base en ello, estableció que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos.

45. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

46. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento.

47. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos".

48. Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos–, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento; momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

49. También consideró el Máximo Tribunal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que, de suyo, es antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva.

50. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de «título, subtítulo» y texto siguientes:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."

51. De esta manera, es de precisarse que de acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, verbigracia: derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera.

52. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida.

53. Ahora bien, a fin de dilucidar la naturaleza del acto reclamado, consistente en que el Juez responsable nombró al quejoso, incluso ante su oposición, al defensor público adscrito a su órgano jurisdiccional, ante la circunstancia de que el propio impetrante, hasta en cuatro ocasiones había nombrado defensa privada, pero la audiencia de juicio no había sido posible iniciarla; las tres primeras ocasiones para que la propia defensa se impusiera de constancias y, la última, por la incomparecencia de dicha defensa privada; para establecer si tiene efectos irreparables o no, o si afecta el derecho sustantivo de adecuada defensa de manera directa e inmediata, es menester acudir a lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido, a fin de garantizar el ejercicio eficaz del derecho humano de defensa adecuada, contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en favor del quejoso.

54. Tal disposición constitucional es del tenor siguiente:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"...

"B. De los derechos de toda persona imputada:

"...

"VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y ..."

55. Así, conforme al parámetro de control de regularidad constitucional que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro persona; del citado artículo 20, apartado B, fracción VIII, del referido ordenamiento constitucional, interpretado armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de «título y subtítulo»: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, permite realizar la interpretación que nos ocupa, de manera idónea.

56. En efecto, la trascendencia de la reforma constitucional del artículo 1o. constitucional, ocurrida en junio de dos mil once radica, entre otros aspectos, en el cambio de la visión de protección de derechos, al sustituirse el término de "garantías otorgadas" por la Constitución, por el de "derechos humanos reconocidos" en la misma Carta Magna. Además, se incorporó como directriz constitucional el principio pro homine, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Razón por la cual, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

57. Así, el objeto y fin del reconocimiento positivo convencional y constitucional de los derechos humanos están dirigidos a garantizar la protección de la dignidad humana. El Pleno de la Suprema Corte ha dicho que el orden jurídico de nuestro país reconoce que la dignidad humana es la condición y la base de todos los derechos fundamentales.

58. Es en este contexto en que debe interpretarse el contenido del derecho humano de defensa adecuada en materia penal, previsto a favor del imputado, para establecer que el ejercicio eficaz y la forma de garantizar el derecho implica que el gobernado esté asistido en todas las etapas procedimentales por un abogado profesional en derecho, lo que constituye contar con defensa técnica adecuada.

59. Sirve de apoyo a lo considerado la tesis 1a. XVII/2016 (10a.), con número de registro digital: 2010730, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo II, enero de 2016, página 963 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas», de «título, subtítulo» y texto:

"DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ANTE LA AUSENCIA DEL DEFENSOR PARTICULAR, ESTE DERECHO HUMANO DEBE GARANTIZARSE POR EL JUEZ DE LA CAUSA CON LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR PÚBLICO QUE ASISTA JURÍDICAMENTE AL PROCESADO. La garantía del derecho humano de defensa adecuada se satisface siempre que en los actos que constituyen el proceso penal en que intervenga, el imputado cuente con la asistencia jurídica de un profesional en derecho; es por eso que el Juez que instruye la causa penal debe designar defensor público en caso de ausencia de defensor particular que lo había venido representando. En el entendido de que en la prerrogativa de defensa adecuada, el defensor tiene que cumplir con las condiciones necesarias para que el imputado sea asistido jurídicamente; por lo tanto, resulta necesaria tanto la presencia física del defensor, como que realice actos jurídicos efectivos, en todas las diligencias en que aquél intervenga directamente."

60. Así, éste es el alcance de protección que se asume a partir de la interpretación del derecho humano de defensa adecuada, acorde con los propios criterios que han establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las normas de derecho internacional que resultan aplicables. Lo cual conlleva la adopción, por preferencia, de la interpretación más favorecedora de la protección del derecho humano, en aplicación del principio pro homine.

61. Adicionalmente, relacionado con las actuaciones en las que debe observarse el derecho de defensa adecuada, dentro de las que se encuentra la audiencia de juicio, del contenido del artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte la armonía que guarda con el artículo 20 constitucional estudiado, pues el derecho humano de una persona sujeta, en el caso, a un juicio, consiste en declarar o abstenerse de ello, así como en nombrar defensor, recepcionar sus declaraciones asistido de su defensor, entre otras prerrogativas.

62. En las condiciones apuntadas, esto es, establecido que el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Mexicana consagra el derecho humano a la adecuada defensa, para este órgano colegiado es manifiesto que el nombramiento del defensor público por parte de un Juez, con la oposición del acusado, puede no sólo vulnerar derechos procesales o adjetivos, sino que también puede afectar el derecho humano sustantivo referente a una adecuada defensa.

63. Lo anterior, pues de acuerdo con lo analizado, el derecho del particular de poder designar defensor tiene un carácter sustantivo porque subyace, precisamente, en el derecho humano a una adecuada defensa.

64. En esas condiciones, cuando el Juez que conoce de la audiencia de juicio en un proceso penal designa, incluso contra la voluntad del acusado, un defensor público para que lo patrocine, evidentemente que puede o no, constituir una vulneración al derecho humano de la garantía de defensa, porque al menos en el desahogo de ese segmento de audiencia no estará representado por quien desea que lo haga.

65. De sostener lo contrario, implicaría establecer que tal evento sólo afecta derechos adjetivos. Situación jurídicamente inadmisible, en atención a los argumentos expuestos.

66. Así las cosas, se considera que, en el caso, el juicio de amparo es procedente, ante la posibilidad de que el acto reclamado vulnere el derecho humano a una adecuada defensa, el cual tiene el carácter de sustantivo, además de adjetivo o procesal. Esto es, el reclamado tiene implicación en la afectación material del derecho humano de una defensa adecuada, tutelada en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tiene la naturaleza de ejecución irreparable y procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia.

67. SÉPTIMO.—Estudio de fondo.

68. Con el fin de dar claridad a la materia de la presente ejecutoria, resulta necesario ponderar, conforme al examen exhaustivo de las documentales y videograbaciones contenidas en los discos ópticos enviados como soporte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, los antecedentes más relevantes del asunto, a fin de lograr una mejor comprensión de éste, de los que se hace referencia en la sentencia recurrida y que se hacen consistir en los siguientes:

69. 1. El cuatro de julio de dos mil diecinueve ********** compareció ante el Juez de juicio oral en su carácter de defensa particular del ahora quejoso, por lo que aceptó y protestó el cargo; en atención a que era su primera intervención y no se encontraba impuesta de las actuaciones, solicitó la suspensión de la audiencia, lo que fue acordado de conformidad y, para tal efecto, se señaló el dos de agosto de dos mil diecinueve.

70. 2. El dos de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juez de juicio oral comparece ahora **********, quien acepta y protesta el cargo de defensor particular del aquí accionante, y atendiendo a que era su primera intervención y no se encontraba impuesto de las actuaciones, solicitó la suspensión de la audiencia; solicitud que fue acordada de conformidad y se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de juicio, siendo ésta el doce de agosto de dos mil diecinueve, para su continuación.

71. 3. El doce de agosto de dos mil diecinueve comparece ante el Juez de juicio oral **********, quien manifiesta que no fue posible que le corrieran traslado con los registros de la carpeta de investigación; también a dicho segmento de audiencia se presentaron ********** y **********, quienes expresaron que acudían como "defensa nueva".

72. Acto seguido, el Juez cuestiona al licenciado ********** a qué se referían él y **********, en cuanto a que eran "defensa nueva", a lo que manifestó:

"Su señoría, atendiendo al principio de lealtad y buena fe, fuimos contactados por los familiares del hoy acusado, a efecto de comparecer el día de hoy a representar los intereses del hoy acusado **********, desconociendo los términos o contrataciones que haya tenido con defensor diverso el de aquí ya presente, manifestando que tanto el licenciado **********, como el licenciado aquí (sic) que hace uso de la voz, comparecen en carácter de defensa nueva a representar los intereses del hoy acusado."

73. Ante tal manifestación, el Juez concede el uso de la voz a **********, quien expresa que desconocía que el acusado había contratado a otros defensores y solicita que se requiera al acusado para que diga cuál de las defensas llevaría el caso; agrega que requirió al Ministerio Público la carpeta de investigación donde obran los datos de investigación y los medios de prueba con los que se aperturó el juicio oral, pero que no le fueron proporcionados y que, por ello, no estaba en condiciones de seguir con la defensa y que ésta fuese técnica y adecuada; que le causaba sorpresa el hecho de que hayan comparecido diversos defensores cuando él ya estaba nombrado.

74. Posterior a ello, el Juez manifestó lo siguiente:

"El acusado claramente sabía, en la audiencia pasada fui claro al señalarle que la audiencia se ha suspendido y que no comparece su defensor, comparece otro defensor y no estamos a capricho de las partes, ni siquiera al capricho del acusado."

75. Por lo que el Juez cuestiona al acusado **********:

"Qué debo entender el día de hoy con esta situación que se hace patente, en audiencia pasada nombra al licenciado **********, para que se haga cargo de su defensa; cuestioné si ya existía la comunicación suficiente para poder considerarlo como la persona que iba a hacerse cargo de su defensa, y sólo bajo esa condición autoricé la suspensión de la audiencia; el día de hoy comparecen casualmente dos abogados que no están impuestos del asunto y ello daría pauta pretendida a que la audiencia se suspenda, qué tiene usted qué decir al respecto señor **********."

76. A lo que el acusado ********** contestó:

"Por lo mismo que yo estuve teniendo contacto con el abogado y él me decía que no podía conseguir la carpeta, por eso decidí cambiar de abogados, está de acuerdo que depende mi libertad de todo esto."

77. El Juez cuestiona de nueva cuenta al acusado:

"Y por ese motivo usted el día de hoy (sic) o cuándo contactó a nuevos defensores para que se hagan cargo de su defensa."

78. ********** contesta:

"Sí, éste el día de ayer un compañero me pasó el número, el día de ayer los contacté."

79. Acto continuo el Juez refiere:

"Usted y los tres abogados que están presentes deben tomar una decisión en este momento para que decrete un receso por el tiempo estrictamente necesario, a efecto de que la Ministerio Público le proporcione copia de los registros y el día de hoy pueda aperturarse la presente audiencia, puedan exponer sus alegatos de apertura por lo menos, y ya sea que el señor defensor el licenciado **********, considere que con las copias que deberá expedirle en este momento la Fiscalía está en condiciones y una charla que tenga con usted de llevar a cabo la apertura de la audiencia, exponer su teoría del caso y llevar a cabo las formalidades de inicio, o bien, los diversos señores defensores que comparezcan, pero tendrá que hacerse el día de hoy, así que ustedes vean quién está en condiciones de imponerse de lo actuado, la Fiscal tiene que proporcionar copias porque no lo hizo con antelación en este momento; sobre este particular los señores abogados que comparecen ¿tienen algo que expresar?".

80. Luego los profesionistas expresan:

"De manera respetuosa su señoría, estos defensores están de acuerdo en que se corriera traslado por parte de la representación social, de ser posible, en este momento; en cuanto a ello no tendríamos inconveniente su señoría; por lo que respecta a lo que ha sido usted puntual en señalar de que al menos en general el acto (sic) de apertura, esta defen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29693-7b8ccbfd/defensa-adecuada-la-designacion-de-un-defensor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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