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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA QUE NIEGA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE A LOS AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES Y RECIBIR DOCUMENTOS. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 246/2015. · Registro digital (IUS): 26809
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-11-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2238.

AMPARO EN REVISIÓN 246/2015. 17 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JORGE ISAAC MARTÍNEZ ALCÁNTAR.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Estudio. Los agravios formulados son infundados por una parte e inoperantes por otra.

En la sentencia recurrida en el presente recurso de revisión, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio constitucional propuesto por la aquí recurrente, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo sólo procede contra actos dictados en juicio que sean de imposible reparación.

Contra tal determinación, la persona moral recurrente -en síntesis- se duele de que:

I. Contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito, no era dable considerar que la violación reclamada en el juicio constitucional quedaría subsanada con el dictado de un laudo absolutorio, pues tal criterio implicaría otorgar a las autoridades locales el poder de limitar las defensas de las partes en cualquier caso, a sabiendas de que tales determinaciones quedarán fuera de una revisión constitucional.

II. La Junta responsable realizó una limitada e indebida interpretación del artículo 692, fracción II, de la ley laboral, con base en la cual fundó su determinación de negar la autorización de personas para consulta del expediente, por tanto, la mencionada Junta realizó una deficiente fundamentación y motivación. Determinación con la cual, transgredió el derecho de adecuada defensa al negar a las personas poder consultar el expediente.

III. Es ilegal lo determinado por el Juez de Distrito, pues si bien es cierto se tiene acceso al expediente por medio del apoderado jurídico, veda el derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo referente a la facultad de los abogados de autorizar personas dentro de los juicios, lo cual implicó una transgresión de derechos fundamentales.

IV. Contrario a lo considerado por el Juez Federal, el juicio de amparo indirecto es el medio idóneo para reclamar la negativa de la solicitud de autorizar personas para consultar el expediente; esto, dado que tal tópico no se podría alegar como violación procesal en amparo directo porque el laudo correspondiente no resolvería tal solicitud, al no tener injerencia en el sentido del laudo. Además, no hay recursos en la ley federal laboral para reclamar tal acto.

V. Con su determinación, el Juez de amparo controvierte el trabajo legislativo, al efectuar una indebida interpretación de la ley que perjudica a la quejosa.

VI. El sobreseimiento no se sustenta en una causal de improcedencia clara o nítida, por ello, el Juez sobresee con argumentos inconcusos, los cuales no se actualizan.

Como se adelantó, un segmento de los puntos de disenso es infundado.

Ello es así, pues -contrariamente a lo sustentado por la recurrente- el Juez de Distrito procedió conforme a derecho al sobreseer en el juicio de amparo, por considerar que el acuerdo reclamado en el que se negó a las personas autorizadas consultar el expediente laboral ********** del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no constituye un acto de imposible reparación, lo cual realizó con motivo de una correcta interpretación de los preceptos invocados para sustentar su determinación.

Lo anterior, es de ese modo, pues el artículo 107, fracción V, de la legislación en cita dispone:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

"..."

Como se ve, en dicho numeral se establece uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo, cuando sostiene que es contra actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, definiendo que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

El propósito de tal dispositivo consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente, en el que sea posible controvertir -a través de la vía indirecta- únicamente aquellos actos cuya afectación sea de tal magnitud que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, dejando para la vía directa cualquier tipo de acto que implique alguna violación procesal. Lo cual justifica la necesidad de establecer, precisamente, un concepto de "actos de imposible reparación", que contribuya a hacer más eficiente el sistema.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) en relación con el artículo en cita, sostuvo lo siguiente:

• Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación"; lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.

• Una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011), fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles.

• Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que -finalmente- fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento.

• A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107(2) ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.

• Con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio; y

• En la actualidad, la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que (la afectación) no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento.

Del criterio anterior surgió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."(3)

De ese criterio se obtiene, contra la resolución que en un juicio ordinario desecha la excepción de falta de personalidad -o la de falta de personería- es improcedente el juicio de amparo indirecto por ser un aspecto procesal que es reparable en sentencia definitiva o laudo, o que puede no trascender a su sentido y, por tanto, no causar perjuicio.

Además, el criterio da la pauta para concluir que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, se debe cumplir (sic) -por regla general- los elementos siguientes:

• Sean actos "que afecten materialmente derechos" -impedir el libre ejercicio de algún derecho, de manera actual-.

• Los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos".

Entonces, para que proceda el juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados dentro del juicio, éstos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, es decir, puede repararse; debiendo apreciarse su actualización o no, en cada caso concreto por parte del juzgador.

Ahora, en el particular, el acto reclamado por el aquí recurrente vía amparo indirecto consistió en:

• La negativa a permitir que las personas autorizadas puedan consultar el expediente laboral **********, del índice de la Junta responsable.

Acto que, como bien lo definió el Juez de Distrito y adversamente a lo sustentado por la recurrente, no reviste el carácter de irreparable, pues no produce afectación material a derecho sustantivo alguno, sino que constituye violaciones adjetivas o intra-procesales reparables con el dictado del fallo correspondiente, pues su comisión no implica necesariamente la emisión de un laudo desfavorable a los intereses de la parte recurrente.

Es decir, tales actuaciones, por sí solas, no traen como consecuencia impedir en forma actual el ejercicio de un derecho de naturaleza sustantiva, sino que, en su caso, únicamente generan lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo y, aun de influir en él, pueden repararse a través del amparo directo.

Lo anterior, pues se tiene que la hoy quejosa pretendió que la autoridad responsable reconociera el carácter no sólo para oír y recibir notificaciones, sino, además, con la facultad para imponerse de los autos, a las personas por ella autorizadas en el juicio laboral.

Ahora, el artículo 692, fracción II,(4) de la Ley Federal del Trabajo dispone -entre otro aspecto- que las partes podrán autorizar a otras personas (diversas a sus representantes legales) para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna.

En ese sentido, se tiene que el aspecto traído a debate -en la demanda de amparo- es el de dilucidar el alcance de las facultades que tiene el autorizado a que se refiere la porción normativa enunciada. Pero, atendiendo a que el significado de autorizar es "dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo",(5) luego se tiene que la facultad que una de las partes -del juicio laboral- otorga a diversa persona para "oír notificaciones y recibir documentos" se trata de una autorización restringida o representación mínima.

Esto es así, porque el autorizado para oír y recibir notificaciones tiene la facultad para recibir notificaciones a nombre de una parte -quien así lo autorizó- dentro del juicio.(6)

En tanto que la representación, en términos amplios, surge de la denominada "autorización en términos amplios" o del otorgamiento de un mandato conforme lo dispone la legislación civil sustantiva; en cambio, la autorización restringida o representación mínima, sólo es para los actos a que hace referencia la legislación procesal -sin que éste sea el momento de determinar el alcance de las conferidas en la legislación laboral-.

Ahora, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)- ya determinó que los aspectos de personalidad y personería son actos intraprocesales que no violan derechos sustantivos, motivo por el cual, no es procedente el juicio de amparo indirecto.

En consecuencia, también es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la limitación de las facultades que reconoció la autoridad responsable a las personas que la hoy quejosa nombra o designa para oír y recibir notificaciones -punto de controversia constitucional planteado en la demanda de amparo- al no ser un acto irreparable porque no afecta derechos sustantivos, sino sólo es una cuestión formal o adjetiva los que dirimen esos temas en el juicio laboral.

Ello en razón de que la hoy recurrente no hizo valer -y tampoco se advierte por este Tribunal Colegiado de Circuito- una violación directa a su derecho de defensa, toda vez que puede imponerse directamente de los autos del juicio laboral, a través de su representante legal y lo cual no se ha vedado por la autoridad responsable.

Por tanto, si el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los aspectos de personalidad y personería -entre ellos englobados la autorización amplia, por ser un mandato judicial- mucho más lo es contra una autorización restringida o representación mínima, contenida en el último enunciado de la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior con base al principio general de derecho ubiedem ratio ibiius que se traduce "donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición"; por lo cual, es aplicable por analogía -al caso concreto- la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), para considerar la improcedencia del juicio de amparo indirecto.

Aplica la tesis aislada XI.1o.A.T.30 L (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:

" El artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo dispone -entre otros aspectos- que las partes podrán autorizar a otras personas (diversas a sus representantes legales) para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna. Así, atento a que el significado de autorizar es ‘dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo’, se tiene que la facultad que una de las partes otorga a diversa persona para ‘oír notificaciones y recibir documentos’ se trata de una autorización restringida o representación mínima, porque el autorizado en esos términos únicamente tiene la facultad para recibir notificaciones en nombre de quien lo autorizó dentro del juicio. En tanto que la representación en términos amplios surge de la denominada ‘autorización en términos amplios’, o del otorgamiento de un mandato conforme lo dispone la legislación civil sustantiva; en cambio, la autorización restringida o representación mínima sólo es para los efectos aludidos. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, determinó que los aspectos de personalidad y personería son actos intraprocesales que no violan derechos sustantivos, motivo por el cual el amparo indirecto es improcedente y, consecuentemente, también lo es contra la resolución de la autoridad responsable que niega la consulta del expediente a las personas que la quejosa nombra o designa para oír notificaciones y recibir documentos, al no ser un acto irreparable, porque no afecta derechos sustantivos, sino sólo es una cuestión formal o adjetiva en el juicio laboral."(7)

Sin que este Tribunal Colegiado de Circuito comparta el criterio de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que desestima tal autorización, o la restringe, contra lo que implícitamente consideró el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo indirecto en revisión número **********, porque si bien atañe su criterio a la autorización para ejercer la profesión, cuando en el caso sea una autorización personal, lo cierto es que ambas autorizaciones conciernen a la representación en juicio.

Entonces, si el acto reclamado únicamente produce afectaciones adjetivas o procesales que no impiden de forma directa el ejercicio de un derecho sustantivo y que, además, es dable reparar con la emisión del laudo, es incuestionable que el Juez de Distrito procedió conforme a derecho al sobreseer el juicio de amparo indirecto, pues tratándose de actos dictados dentro del juicio, solamente procede contra los de imposible reparación,(8) todo lo cual realizó con motivo de una adecuada interpretación de la legislación aplicada.

Causal de improcedencia que, en contravención a lo indicado por la persona moral recurrente, sí se actualiza de forma notoria y manifiesta, pues se desprende lo manifestado en la demanda de amparo y se corrobora con lo sustentado por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, lo cual disipa toda duda respecto de su actualización.

Aunado a lo anterior, es erróneo lo aducido por la agraviada en el sentido de que el Juez de Distrito sustentara su determinación con base en el argumento de que al dictarse el laudo en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado, quedaría subsanada la transgresión que se alega y que, por tal motivo, sobreseyera en el juicio de amparo.

Esto, pues en todo momento dicho juzgador argumentó que, dicha resolución constituía una actuación intra-procesal que no trascendía en la esfera jurídica de la agraviada en detrimento de sus derechos sustantivos para justificar su análisis en el amparo indirecto, pero nada refirió en relación con que no procediera su análisis, porque tal violación quedaría subsanada una vez dictado el laudo correspondiente.

Además, como bien lo sustentó el Juez de Distrito, en el caso de que tal violación sí trascendiera al resultado del fallo, podía reclamarse, en su caso, a través del juicio de amparo directo, al hacerla valer como violación procesal, mas no así analizarse en la vía indirecta o biinstancial, pues para ello -se insiste- era menester que tal actuación fuera de imposible reparación, es decir, que afecte de forma directa derechos sustantivos, misma que, como se vio, en el caso no cuenta con ese carácter.

Lo cual denota que el juzgador de amparo tampoco indicó que fueran las autoridades responsables quienes cuentan con la facultad de decidir cuándo resulta, o no, procedente el juicio de amparo, pues únicamente reconoció la posibilidad con que cuentan los justiciables para controvertir su actuación a través de las instancias correspondientes, cuando se ubiquen dentro de los supuestos de procedencia del juicio constitucional de derechos fundamentales; todo lo cual lo obtuvo del análisis de la Ley de Amparo; legislación donde se delimita la procedencia del juicio de amparo.

Finalmente, es inoperante el argumento donde la recurrente se duele de que la Junta responsable realizó una indebida interpretación del artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, con base en la cual fundó su determinación de negar la autorización solicitada.

La inoperancia deriva de que, mediante el punto de disenso en cita, se combate el proceder de la autoridad responsable, lo cual constituye una cuestión ajena a la materia de análisis del recurso de revisión y, por ello, que no sea dable analizarla en la presente instancia revisora.

En efecto, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso e), del artículo 81 de la Ley de Amparo, la finalidad del recurso de revisión estriba en revocar, modificar o confirmar las sentencias de los Jueces de Distrito, para lo cual, deberán analizarse los agravios propuestos por la recurrente con el fin de verificar si el juzgador cometió o no las contravenciones de fondo o procesales alegadas; esto es, el objeto del recurso de revisión estriba en verificar si el proceder del juzgador de amparo fue ajustado a derecho o no.

Entonces, para estar en aptitud de analizar los agravios hechos valer por los recurrentes, es menester que éstos tengan como finalidad el cuestionar el actuar del Juez de Distrito por constituir la materia de debate del recurso de revisión.

Por tanto, si la recurrente a través de su argumento cuestiona el actuar de la autoridad responsable, no así el del Juez de Distrito, es inconcuso que este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra imposibilitado para analizarlo, por ser una cuestión ajena a la materia del recurso de revisión, el cual únicamente tiene como objeto verificar si el proceder del Juez de Distrito fue ajustado a derecho o no.

Así, ante lo infundado e inoperante de los agravios, se impone confirmar la sentencia recurrida en la materia en estudio y sobreseer en el juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, precisado en el primer resultando de este fallo.

Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, presidente Jaime Uriel Torres Hernández, Víctorino Rojas Rivera y Hugo Sahuer Hernández, habiendo sido relator el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, por mayoría de seis votos, en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil catorce.

2. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ...b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."

3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, materia común, página 39, registro digital: 2006589 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas».

4. "Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

"Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:

"...

"II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna;

"..."

5. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésimo tercera edición, Tomo I, letra de la a/g, México, 2014.

6. Véase la tesis aislada 2a. XCIX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, materia constitucional, página 647, número de registro digital: 2004947, de título, subtítulo y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES ULTERIORES. EL ARTÍCULO 744 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.-El indicado precepto legal, al permitir que las ulteriores notificaciones personales se practiquen en el domicilio designado por el interesado, fijando la copia de la resolución correspondiente en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo cuando la casa o el local se encuentre cerrado, no contraviene el derecho a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal previsión no genera un estado de incertidumbre a sus destinatarios, tomando en consideración que, previo a tal evento, se presupone la existencia de una primera notificación personal en la que el notificador, el cual está investido de fe pública, se cercioró de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación, lo cual generó que se apersonara al juicio laboral y, por ende, se sometiera a la relación jurídica procesal y a las consecuen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26809-0f8da4c1/resolucion-de-la-junta-que-niega-la-consulta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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