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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 369/2015. · Registro digital (IUS): 27402
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-20
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2253.

AMPARO EN REVISIÓN 369/2015. 15 DE ENERO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIO: DORIAN CAMPOS HINOJOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Estudio de fondo. Antes de abordar el estudio de fondo respecto de los agravios o motivos de inconformidad planteados por el quejoso, este Tribunal Colegiado estima necesario hacer una serie de precisiones de tipo metodológicas, respecto a la correcta ubicación de los actos reclamados en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en el Estado de Chihuahua.

En la especie, el acto reclamado en la demanda de garantías consiste en una determinación tomada en la audiencia intermedia (la admisión de la prueba documental consistente en: oficio **********, signado por el coordinador de los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos en Camargo, Chihuahua; oficio **********, signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro; oficio **********, signado por el director general adjunto de atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; oficio **********, rendido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; título nominativo de los denominados cheques número **********, con membrete de la institución de crédito HSBC; título nominativo de los denominados cheques número *********, con membrete de la institución de crédito HSBC; título nominativo de los denominados cheques número **********, con membrete de la institución de crédito HSBC; prueba material, tarjeta de presentación a nombre del quejoso **********; las documentales relativas a la individualización de la pena y reparación del daño, consistentes en los mismos títulos de crédito antes referidos) y, en vía de consecuencia, el auto de apertura a juicio oral; no, la propia audiencia en sí misma, la que en tales términos no es impugnable en la vía de amparo indirecto, sino el tipo de resolución que se emita como se explicará más adelante.

Ahora bien, en el contexto del nuevo sistema de justicia penal oral, es importante distinguir someramente las diversas etapas que lo conforman.

La primera etapa o fase preliminar ante el llamado Juez de garantía consiste, de conformidad con lo previsto en los numerales 106 y 210 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en practicar y ordenar todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querella, dirigiendo la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran conforme a la ley; y, determinar si existe fundamento para abrir un juicio penal en contra de una o varias personas, mediante la información y la recolección de datos que permitan fundar la acusación, garantizando el derecho a la defensa del imputado.

La segunda, aunque no se prevé propiamente como tal en el código adjetivo estatal, sino como una de las fases de la preliminar, lo cierto es que por el carácter destacado que tiene en el artículo 19 del Pacto Federal, debe considerarse como tal, la formulación de la imputación y la vinculación o no a proceso del imputado; la primera consiste en que cuando se considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial, el fiscal comunica al imputado en presencia del Juez, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados; en caso de que el imputado fuera detenido en flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público deberá formular la imputación y solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren en la misma audiencia de control de la detención; si la persona no se encuentra detenida, solicitará al Juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiere, la indicación del delito, la fecha, lugar y modo de su comisión y grado de intervención de aquél. A esta audiencia se citará al imputado y, si no comparece, se ordenará su aprehensión; ya en la diligencia, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que le imputare y los demás datos que se indicaron con antelación; formulada la imputación se preguntará al imputado si la entiende, si es su deseo contestar al cargo, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, en el entendido de que ése sea precisamente su deseo. Antes de cerrar la audiencia, el Juez indicará la fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que renuncie al plazo previsto por el artículo 19 constitucional.

Por lo que se refiere a la diversa sección de la etapa que aquí nos ocupa, el Juez de garantía, a petición del agente del Ministerio Público, dictará auto de vinculación a proceso al imputado, siempre que se haya formulado la imputación, éste haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar y de los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.

El referido auto de vinculación a proceso, únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación; pero, el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público; en caso de que no se reúnan algunos de los requisitos antes aludidos, el Juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares.

La audiencia de mérito iniciará con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado, siguiéndose, en lo conducente, las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogadas la o las pruebas, si las hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no a proceso.

La tercera etapa (que aquí nos ocupa), es la denominada intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento, exclusión y admisión de pruebas, como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Se lleva a cabo una vez presentada la acusación y para ello el Juez de garantía ordenará la notificación a las partes y las citará dentro de veinticuatro horas siguientes a la audiencia de ley que es la intermedia, la que debe tener lugar en un plazo no menor a veinte ni superior a treinta días contados a partir de la notificación; en la misma cualquiera de las partes puede formular solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes en relación con las pruebas ofrecidas por los demás, con el objeto de su eliminación o descarte, por considerarse manifiestamente impertinentes; tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios o que el código determina como inadmisibles; hubiesen sido declaradas nulas u obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales (en los delitos sexuales la conducta carnal anterior o posterior de la víctima); incluso, resulta dable desahogar las que se crean convenientes para demostrar la ilicitud de las ofertadas por la contraparte. Al final, se decide si procede dictar o no auto de apertura a juicio oral; si así se hiciera, se tiene que indicar al tribunal competente para llevar a cabo la audiencia de debate de juicio oral; la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas; los hechos que se tuvieron por acreditados; las pruebas que deberán producirse en el juicio oral (si así lo desean el imputado o su defensor); también, las que deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; y, la individualización de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, con mención de los órganos de prueba.

Se afirma que se puede dictar o no, el auto de apertura de juicio oral, y como consecuencia que el mismo no se lleve a cabo, porque en la fase que nos ocupa el imputado, puede, entre otras cosas: plantear la cosa juzgada; la extinción de la acción penal (en cuyo caso procede el sobreseimiento); sobre todo, proponer la suspensión del proceso a prueba (el cual, transcurrido el plazo y condiciones, produce la extinción de la acción penal); el procedimiento abreviado, la conciliación (artículos 304, fracción V y 305); y, por su parte, la fiscalía puede solicitar: la aplicación de un criterio de oportunidad; la negociación; la mediación y conciliación (artículos 84 y 198), esto es, modos alternativos de terminación del proceso; por ende, surge la posibilidad de que no se lleve a cabo la siguiente y última etapa que es la del juicio oral. Es decir, en la audiencia intermedia se pueden dictar acuerdos, tanto de los que producen efectos meramente procesales, como aquellos que tienen una ejecución irreparable; ya sea por violar derechos sustantivos o procesales de tal magnitud estos últimos, que sean reclamables inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto.

La cuarta, cuya nominación pudiera ser la principal o de juicio oral, en la entidad se actualiza cuando se recibe en el tribunal de juicio oral (colegiado), la resolución de apertura de juicio decretada por el Juez de garantía: Una vez radicado el proceso, se fija fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de quince días ni después de sesenta naturales desde la radicación; indicándose el nombre de los Jueces que integrarán el tribunal y ordenando la citación de todos los obligados a la asistencia, en el entendido de que el acusado deberá ser citado cuando menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia, la cual deberá realizarse ininterrumpidamente y en público, con las excepciones que señala la propia ley de la materia; el presidente señalará las acusaciones que deben ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura, los acuerdos probatorios a que hubieran llegado las partes y advertirá al acusado que deberá estar atento; seguidamente, concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación y, posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa; el acusado podrá presentar su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el Juez presidente le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor. Si es su deseo contestar al Ministerio Público o el acusador coadyuvante, podrá ser contrainterrogado por éstos y el Juez podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, absteniéndose de contestar si es su deseo; luego, se procederá a la recepción de las pruebas; concluida la práctica de las mismas, se otorga la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor para que expongan sus alegatos. Posteriormente, se concede al representante social y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que le convenga y a continuación se declarará cerrado el debate. Una vez hecho lo relatado, se procederá a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena, según se desprende de los artículos 316 a 385 del cuerpo de leyes invocado.

Superado el tema de ubicación de los actos reclamados, en este punto se procede al estudio y análisis de los agravios expuestos por el quejoso, los cuales son infundados.

En efecto, en la especie no es cierto que el a quo para resolver en la forma en que lo hizo, hubiera transgredido o malinterpretado la naturaleza de los juicios de amparo directo e indirecto, ni que en todo caso debió declararse legalmente incompetente para conocer del asunto y remitir los autos a los Tribunales Colegiados, por tratarse de un juicio de amparo directo.

En efecto, el tipo de resolución reclamada en la demanda de garantías, admisión de pruebas de cargo propuestas por el Ministerio Público o su no exclusión en la etapa intermedia, no es dable considerarla como de ejecución de imposible reparación; dicho de otra manera, que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del imputado reclamable en el juicio de amparo indirecto o biinstancial.

Lo anterior es así, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideró que en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto.

Relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y tratados internacionales de los que México es Parte, el Pleno expresó en jurisprudencia, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte".

Señaló, que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.

Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, como aconteció en la especie, por más que el asunto sea de naturaleza penal y se lleguen a desahogar en la cuarta y última etapa del proceso, puesto que es hasta el dictado de la sentencia donde los integrantes del juicio oral las analizarán y, en su caso, podrán o no otorgarles valor probatorio; asimismo, ante la posibilidad de un fallo condenatorio, entonces el examen puede combatirse en la vía de amparo directo, inclusive, cuestionando la admisión de pruebas, como se puso de relieve con antelación y como correctamente lo determinó el Juez Segundo de Distrito.

Finalmente, debe decirse que solamente ante la existencia de un fallo de los considerados como definitivos por la Ley de Amparo en el artículo 170, es cuando se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo uniinstancial o directo; por ende, no resulta adecuado afirmar que, en todo caso, el a quo debió haberse declarado legalmente incompetente para conocer del asunto.

Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia(1) cuyos título, subtítulo y texto son del tenor literal siguiente:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."

Del mismo modo, es aplicable el criterio(2) sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título, subtítulo y texto son del tenor literal siguiente:

"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los ‘actos de imposible reparación’ se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen."

También es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis(3) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título, subtítulo y texto son del tenor literal siguiente:

"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de ‘actos de imposible reparación’ para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales."

En estos términos, este Tribunal Colegiado modifica su criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:(4)

"AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).-De conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del tribunal de juicio oral, los cuales, en concordancia con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 6/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, página 13, de rubro: ‘PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.’, resultan impugnables en la vía de amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución irreparable, ya sea por violar derechos sustantivos fundamentales contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien adjetivos o procesales, en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior, tomando en cuenta la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo."

Lo anterior, a fin de sostener el siguiente criterio:

"AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del tribunal de juicio oral, resultan impugnables en la vía de amparo indirecto, únicamente si tienen una imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior."

Consecuentemente, la resolución de sobreseimiento reclamada, contrariamente a lo solicitado, no deviene revocable, debiendo confirmarse.

Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando cuarto de la sentencia combatida.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Martín Hernández Simental, Marta Olivia Tello Acuña, así como el licenciado Jorge Luis Olivares López, secretario en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Ple

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27402-a97d9811/audiencia-intermedia-las-pruebas-y-los-acontecimientos-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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