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Modo: Corpus Pro

CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. · Registro digital (IUS): 27674
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-03-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Pág. 1666.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. DISIDENTES: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA Y ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: ALBERTO MENDOZA MACÍAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre tres Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por una Magistrada integrante del Cuarto Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión consiste en determinar, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, si la resolución que reconoce el convenio de cesión de derechos litigiosos, celebrado en ejecución de sentencia por el ejecutante con un tercero, respecto de los derechos de crédito del juicio de origen constituye un acto cuyos efectos son de imposible reparación contra el que procede el amparo indirecto.

CUARTO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. El Cuarto Tribunal resolvió el recurso de queja 232/2016, interpuesto en contra del auto dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la actual Ciudad de México, el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente **********, que desechó la demanda de amparo.

En el juicio constitucional que dio origen a dicho recurso, el acto reclamado derivó del toca **********, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra diverso proveído emitido por el Juez Décimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, en la etapa de ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario **********, procedimiento de remate; en donde se reconoció la cesión de derechos litigiosos de **********, a favor de **********.

Inconforme con el desechamiento de su demanda de amparo, el quejoso promovió recurso de queja, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal, bajo el toca QC. 232/2016; recurso que fue resuelto en sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, en el sentido de declarar fundado el recurso.

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

* Que la causa de improcedencia en que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo, no resultaba manifiesta ni indudable.

* Lo anterior, porque dicho tribunal, al resolver el diverso amparo en revisión **********, en cuanto a la cesión de derechos en ejecución de sentencia, y su afectación a los derechos sustantivos, sostuvo que, por cuanto hace a la institución jurídica de cesión de derechos, el artículo 2029 el Código Civil aplicable en esta ciudad, dispone que habrá tal, cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Mientras que de lo dispuesto por el artículo 2030 del propio ordenamiento, se deduce que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, de suerte que, por regla general, éste no está en aptitud de oponerse a esa transferencia y que, como excepción a esa regla, el deudor puede oponerse a la cesión de derechos cuando: a) Aquélla esté prohibida por la ley; b) Se haya convenido en no hacerla (en cuyo caso el convenio debe constar en el título constitutivo del derecho); y, c) No lo permita la naturaleza del derecho.

* Que, en lo así dispuesto, se advertía que el artículo 2030 del Código Civil aplicable en esta ciudad, además de contemplar como uno de los límites a la cesión de derechos, el denominado "pacto de non cedendo" (por el que las partes en la relación crediticia acuerdan no efectuar la cesión), prevé también la prohibición legal y la imposibilidad en la transmisión del crédito en atención a su naturaleza, como obstáculos para llevarla a cabo y que es a partir de esos límites previstos en la ley, de donde se deriva el derecho sustantivo del deudor de oponerse a la cesión del crédito.

* Que en relación con lo anterior, la cesión de derechos no es un acto que surja o se genere por la prosecución natural del juicio; de ahí que, tanto ese acto como la eventual oposición formulada por el deudor, daban lugar a una incidencia distinta al procedimiento de ejecución; esto es, puede separarse o disociarse del procedimiento judicial sin perder su naturaleza y sin alguna consecuencia trascendental en la marcha del proceso que se ejecuta pues, incluso, la resolución que se llegare a dictar en la etapa de ejecución de sentencia no se ocupará de analizar ese acto jurídico, y sí, por el contrario, en caso de esperar a que se dicte la última resolución, de ser fundada la oposición, se dificultaría una posible restitución de los derechos vulnerados, lo que hacía procedente el juicio de amparo al encontrarse satisfechos los requisitos a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 29/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

* Que, por todo lo anterior, era razonablemente válido considerar que la inclusión en el proceso de una persona diversa a la actora (ejecutante), en virtud de una cesión de derechos susceptible de ser impugnada por el deudor (en términos de lo prescrito en el artículo 2030 del Código Civil aplicable en esta ciudad), afecta de manera directa e inmediata el derecho sustantivo derivado de esa oposición, pues se impone al deudor someterse al acuerdo de voluntades por el que se transfirieron derechos y, en consecuencia, a litigar contra una persona frente a la cual inicialmente no contrajo obligación alguna, de suerte que no es necesario que el afectado espere al dictado de la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, ante la autonomía que el acto jurídico guarda respecto de dicha ejecución.

* Que, con sustento en los artículos 2029 y 2030 de la normatividad citada, la cesión de derechos no queda sujeta invariablemente a la libre voluntad del titular de los derechos patrimoniales que pueden ser objeto de ese contrato, sino que tiene límites impuestos al titular del patrimonio (ejecutante), ya sea por la ley sustantiva, por la naturaleza de las obligaciones de que se trate o por voluntad de las partes, de tal manera que cuando éstos se trastocan, afectan, sin duda, derechos sustantivos de la contraparte del cedente, porque ésta tiene derecho a que no se haga la cesión, si se actualiza alguno de los supuestos de la prohibición, ya que esto le da derecho a oponerse a la cesión contraventora de la ley o del contrato, y éste es un derecho subjetivo, por lo que se actualiza el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo, contra actos de autoridad que autoricen o den validez a la cesión.

* Que incluso se advertía la posibilidad de que el tema de la validez de la cesión de derechos quede fuera de todo control constitucional, porque no se podrá invocar al reclamar la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate, en la etapa de ejecución de sentencia, por no trascender al resultado de la resolución correspondiente.

* Que así, todas las anteriores consideraciones eran suficientes para que no se pudiera desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, porque la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido, sustentada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, no es manifiesta y notoria, por las razones antes explicadas.

Asimismo, el propio Cuarto Tribunal resolvió el diverso recurso de queja QC. 168/2017, interpuesto en contra del auto dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la actual Ciudad de México, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente **********, que desechó la demanda de garantías.

En el juicio constitucional que dio origen a dicho recurso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de segunda instancia, que confirmó el auto pronunciado en el juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil de esta ciudad por el que se reconoció como cesionario de los derechos de hipoteca al **********.

El quejoso promovió recurso de queja en contra del desechamiento de su demanda de amparo, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal, bajo el toca QC. 168/2017; recurso que fue resuelto en sesión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por mayoría de votos, en el sentido de declarar fundado el recurso.

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

• Hizo referencia expresa a las consideraciones que sustentan la resolución dictada en el recurso de queja QC. 232/2016, que han sido precisadas en párrafos precedentes, con base en las cuales arribó a la conclusión de que, con sustento en los artículos 2029 y 2030 de la normatividad citada, la cesión de derechos no queda sujeta invariablemente a la libre voluntad del titular de los derechos patrimoniales que pueden ser objeto de ese contrato, sino que tiene límites impuestos al titular del patrimonio (ejecutante), ya sea por la ley sustantiva, por la naturaleza de las obligaciones de que se trate o por voluntad de las partes, de tal manera que cuando éstos se trastocan, afectan, sin duda, derechos sustantivos de la contraparte del cedente, porque éste tiene derecho a que no se haga la cesión, si se actualiza alguno de los supuestos de la prohibición, ya que esto le da derecho a oponerse a la cesión contraventora de la ley o del contrato, y éste es un derecho subjetivo que, por tanto, actualiza el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo, contra actos de autoridad que autoricen o den validez a la cesión.

• Que incluso, se advertía la posibilidad de que el tema de la validez de la cesión de derechos quede fuera de todo control constitucional, porque no se podrá invocar al reclamar la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate, en la etapa de ejecución de sentencia, por no trascender al resultado de la resolución correspondiente.

• Que las razones indicadas son aplicables al caso concreto, porque el acto reclamado, consiste en la resolución que confirmó el auto que aprobó la cesión onerosa de derechos que efectuó la parte actora y ejecutante, **********, a favor de **********, respecto de los derechos de crédito que le corresponden en el juicio especial hipotecario, en la etapa de ejecución de sentencia, expediente **********, seguido en contra de la ahora quejosa.

• De esta forma, el Cuarto Tribunal consideró que esa aprobación de cesión onerosa de los derechos del acreedor afecta derechos sustantivos de la recurrente, porque ese acto jurídico no surge o se genera por la prosecución natural del juicio; sino que, por el contrario, la cesión y la eventual oposición del deudor pueden separarse o disociarse del procedimiento de ejecución en trámite, sin perder su naturaleza y sin alguna consecuencia trascendental en la marcha del proceso que se ejecuta pues, incluso, la resolución que se llegue a dictar en la etapa de ejecución de sentencia no se ocupará de analizar ese acto jurídico; y sí, por el contrario, en caso de esperar a que se dicte la última resolución, de ser fundada la oposición, se dificultaría una posible restitución de los derechos vulnerados, como la recuperación del pago que el ejecutado, en su caso, haya efectuado al supuesto cesionario.

II. Por su parte, el Quinto Tribunal conoció del recurso de queja QC. 131/2014, interpuesto en contra del auto dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la actual Ciudad de México, el veinte de junio de dos mil catorce, en el expediente **********, que desechó la demanda de garantías.

En el juicio constitucional que dio origen a dicho recurso, el acto reclamado derivó del toca **********, que confirmó el auto de veintiuno de marzo del dos mil catorce, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, seguido por el quejoso contra **********, ya para entonces **********, por el que se reconoció la personalidad a **********, como apoderado de la referida persona moral, en la celebración del convenio de cesión de derechos litigiosos de fecha doce de marzo de dos mil catorce.

Inconforme con el auto que desechó su demanda de amparo, el quejoso promovió recurso de queja, del que correspondió conocer al Quinto Tribunal, bajo el toca QC. 131/2014; recurso que fue resuelto en sesión de siete de agosto de dos mil catorce, por unanimidad de votos, en el sentido de declarar infundado el recurso.

Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:

* Que de los antecedentes narrados por el propio quejoso, se advertía que el juicio de origen estaba en el periodo de ejecución de sentencia que lo condenó al pago de determinada prestación a favor de **********; pero que, no obstante ello, el acto reclamado no tenía efectos de imposible reparación y, por tanto, debía reclamarse como una violación procesal al momento de impugnar la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es procedente en contra de actos de tribunales judiciales emitidos fuera o después de concluido el juicio y, en caso de que se trate de actos emitidos en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la última resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado o declare la imposibilidad jurídica para ello y, en la demanda, reclamar las violaciones cometidas en el proceso que hubieren trascendido al resultado del fallo y hubiesen dejado sin defensa al quejoso.

* Que, por tanto, si el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, sin constituir la última resolución de ese procedimiento, no era susceptible de ser reclamado de forma destacada a través del juicio de amparo, sino que tendría que ser combatido como violación procesal, en los conceptos de violación en la demanda que se enderezara en contra de la resolución que aprobara o reconociera el cumplimiento de lo sentenciado o la imposibilidad que exista para ello.

* Que dicha regla general encuentra su excepción en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."

* Que en dicha jurisprudencia se establece la interpretación que el Máximo Tribunal del País hizo respecto de los supuestos normativos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior, cuyo texto establece la misma regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la legislación actual, respecto de aquellos actos emitidos una vez concluido el juicio y en la etapa de ejecución de sentencia, y las violaciones que deben ser reclamadas junto con la interlocutoria que resuelva el procedimiento respectivo; que, en consecuencia, a pesar de que la jurisprudencia analiza un artículo previsto en un ordenamiento legal abrogado, lo cierto era que la ley vigente contempla la misma hipótesis normativa que la anterior y, por tanto, era pertinente atender a la interpretación contenida en dicho criterio.

* Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempló, como excepción a la regla de procedencia del juicio biinstancial, que en caso de que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción IV del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo, que prevé a la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de imposible reparación, condicionando ese caso de excepción a que el acto reclamado resulte ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural.

* Que el concepto "ejecución de imposible reparación", como base para la procedencia del juicio de amparo indirecto, descansa en los efectos o consecuencias del acto reclamado y que produzca una afectación inmediata y directa de los derechos sustantivos de los gobernados, previstos en la Constitución como derechos fundamentales.

* Que los derechos sustantivos son los que forman parte del acervo jurídico constante de las personas para la realización de sus fines, comenzando fundamentalmente por el derecho a la libertad en sus diversas manifestaciones, como la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, y también incluye el derecho a obtener bienes y conservarlos en propiedad, en posesión, o en cualquier modalidad prevista por la ley, así como los derechos de familia y otros.

* Que, la posible afectación de esos derechos, por parte de algún acto de autoridad, genera la posibilidad de que el afectado pueda combatirla a través del juicio de amparo y sea un Juez constitucional quien analice si la resolución que contiene un acto de molestia satisface las características que exige el numeral transcrito.

* Que, por tanto, si el acto reclamado puede trastocar alguno de esos derechos fundamentales, el juicio biinstancial es procedente, aun cuando esté emitido dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, pues en caso de que el acto se ejecute, la violación a esos derechos fundamentales quedará irreparablemente consumada, aun cuando el agraviado pueda impugnar la interlocutoria que ponga fin al procedimiento, pues el análisis constitucional de la violación carecerá de objeto en ese momento; en cambio, si el acto reclamado es de aquellos que sólo tiene efectos intraprocesales, que incide únicamente en las posiciones que las partes van asumiendo dentro del procedimiento, el juicio de amparo no es procedente en contra de esa resolución, y el afectado tendrá que impugnarlo a través de la demanda de amparo que promueva en contra de la determinación que ponga fin a ese procedimiento.

* Que si el acto reclamado tenía como consecuencia confirmar el proveído que tuvo a **********, como apoderado de **********, personalidad que le reconoció con base en la escritura pública **********, y el convenio de cesión de derechos litigiosos que celebró como cedente, a favor de **********, en su carácter de cesionario, en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil **********, seguido por el hoy quejoso **********, en contra de la persona moral descrita; dichas determinaciones no tenían efectos de imposible reparación, ya que sólo producían efectos intraprocesales, que no generaban un perjuicio a los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de la Constitución, tal como lo había definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios de rubros: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." e "INTERÉS JURÍDICO DEL DEUDOR. NO SE ACREDITA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA UN CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO, RESPECTO DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS DERIVADOS DE LA CONDENA AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO." (Esta última publicada con la clave 1a./J. 122/2004 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 336)

* Que en ese caso, el hecho de que se haya reconocido a **********, el carácter de apoderado de la contraparte de la quejosa **********, era una determinación que tenía carácter intraprocesal, cuyas consecuencias no afectaban de manera inmediata y material los derechos sustantivos relacionados en párrafos precedentes, y que se haya tenido por exhibido el convenio de cesión de derechos litigiosos celebrado entre el acreedor y contraparte del quejoso, con diversa persona, tampoco era un aspecto que le perjudicara de forma irreparable, pues el único efecto es el cambio del acreedor, sin que ello impidiera al quejoso cobrar el derecho que existe a su favor en diverso procedimiento, y con su producto, realizar el pago del adeudo decretado en su contra en el juicio de origen, lo cual permitía advertir que el acto reclamado no restringía en su perjuicio derechos sustantivos, pues no existía impedimento para que ejerciera los derechos que dijo existían a su favor, lo que implicaba que tampoco tuviera efectos de imposible reparación y, por ello, el quejoso estaba obligado a impugnar todas las violaciones procesales que estimara actualizadas en su perjuicio, hasta que impugnara a través del amparo indirecto la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia.

III. Por su parte, el Séptimo Tribunal, al resolver el recurso de queja QC. 161/2015, interpuesto en contra del auto dictado por la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la actual Ciudad de México, el veintiuno de julio de dos mil quince, en el expediente **********, que desechó la demanda de garantías, declaró infundado el recurso.

En el juicio constitucional que dio origen a dicho recurso, el acto reclamado consistió en la interlocutoria que confirmó la diversa dictada por el Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente **********, que declaró la improcedencia del incidente de oposición a la cesión de derechos litigiosos y de crédito, celebrado entre el **********, en su carácter cedente y **********, en su calidad de cesionario, en ejecución de sentencia.

Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:

* Que la resolución que confirmó la improcedencia del incidente de oposición a la cesión de derechos litigiosos y de crédito respecto del juicio de origen a favor de **********, no era un acto de imposible reparación.

* Lo anterior, precisó el Séptimo Tribunal, toda vez que la Primera Sala de la Corte Suprema, al resolver la contradicción tesis 377/2013, ha definido jurisprudencialmente que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

* Que podía afirmarse que, con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.

* Que esta interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

* Que, consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no podía seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente ese Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que ese Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.

* Que bajo ese contexto, debía decirse que la resolución reclamada no era un acto que afectara materialmente derechos sustantivos, en los términos precisados, pues era indudable que la resolución que confirma una diversa en la que se desestimó la oposición a la cesión de derechos litigiosos y de crédito en cuestión, respecto de los derechos que le corresponden al pago de lo que resultó condenado el recurrente, no ocasionaba un agravio de imposible reparación en la esfera jurídica de quien resultó condenado a dicho pago, por tener como único efecto un cambio en el sujeto activo, dejando subsistente la obligación de aquél contenida en la condena, sin modificar sus términos y alcances desde luego; por lo que no se actualizaba la afectación de su derecho de propiedad para acudir al juicio de garantías reclamando la referida resolución, toda vez que, en su caso, durante la tramitación del incidente de liquidación respectivo, la parte condenada y quejosa podría manifestar lo que a su interés conviniera y agotar los medios de defensa que legalmente procedieran, sin que ello produjera vulneración por el momento a derecho sustantivo alguno.

QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis.

Este Pleno Civil considera que la contradicción de tesis entre los criterios objeto de la denuncia es evidente, en atención a que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes existe disenso en la decisión adoptada, esto, pues el Cuarto Tribunal considera que la cesión de derechos por parte de la ejecutante a un tercero, en la etapa de ejecución de sentencia, sí puede causar una afectación a los derechos sustantivos del ejecutado, ajena a la cosa juzgada, de manera que en su contra sí es procedente el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar al dictado de la última resolución en la etapa de ejecución; lo anterior a la luz del análisis de lo dispuesto por los artículos (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.

En cambio, el Quinto Tribunal y el Séptimo Tribunal estimaron que, conforme a tales preceptos, la cesión de derechos por parte de la ejecutante a un tercero, en la etapa de ejecución de sentencia, no puede causar una afectación a los derechos sustantivos del ejecutado, quien fue vencido y condenado por sentencia ejecutoriada, de modo que la autorización de la cesión de derechos del acreedor, exclusivamente implica que se efectúe un cambio del sujeto activo en la fase de ejecución, que en nada afecta la situación jurídica del ejecutado, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto.

En consecuencia, es evidente que sí existe discrepancia de criterios sobre la misma materia.

SEXTO.-Estudio del asunto.

Este Pleno Civil considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que enseguida se sustenta, al tenor de las consideraciones siguientes:

Procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados en ejecución de sentencia.

El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 107. El amparo indirecto proced

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27674-bbde1a85/cesion-de-derechos-litigiosos-es-improcedente-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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