CESIÓN DE DERECHOS. ES NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE AL DEUDOR DE UN CRÉDITO NO ENDOSABLE, PARA QUE EL CESIONARIO PUEDA EJERCER ACCIÓN EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ, ALMA ROSA DÍAZ MORA, SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y PEDRO CIPRÉS SALINAS. DISIDENTE Y PONENTE: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. ENCARGADA DEL ENGROSE: SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ. SECRETARIA: ILIANA MERCADO AGUILAR.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de septiembre de dos mil veinte.
ANTECEDENTES
I. Denuncia de posible contradicción de tesis. A través del oficio 38/2019, la entonces Presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito planteó denuncia de posible contradicción de tesis, entre el criterio sostenido por ese órgano jurisdiccional al resolver los amparos directos 574/2018-III y 284/2019-I, en sesiones de once de julio y doce de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, y la jurisprudencia III.2o.C. J/29,(1) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de igual materia y Circuito.
II. Trámite. La denuncia reseñada fue admitida mediante auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado indicado, informara si continuaba vigente el criterio sostenido en la jurisprudencia invocada, así como el envío de copia certificada de la misma. Además, se ordenó comunicar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida admisión, a fin de preguntarle si se encontraba en trámite ante el mencionado Alto Tribunal, alguna contradicción de tesis relacionada con el tema de la presente.
En proveído de trece de diciembre del año en cita, se tuvo al presidente del indicado Segundo Tribunal Colegiado de este Tercer Circuito haciendo saber la vigencia de la jurisprudencia mencionada, y se ordenó obtener del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la impresión de la ejecutoria que constituyó el último antecedente de la misma.
III. Turno. En auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, se tuvo al director general de la Coordinación en cita, comunicando la inexistencia de alguna contradicción de tesis sobre el tema de este asunto, y el veintiocho del propio mes y año se ordenó turnar los autos al Magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y de este Pleno, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
En sesión de ocho de septiembre del propio año, al rechazarse el proyecto del ponente en cuanto al fondo, se decidió returnar el asunto a la Magistrada Susana Teresa Sánchez González para formular el proyecto de resolución que quedaría como engrose de la mayoría, bajo las directrices tomadas en dicha sesión.
CONSIDERACIONES
I. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por los diversos 52/2015 y 28/2018, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre tribunales colegiados en materia civil del mismo circuito.
II. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por la entonces presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
III. Criterios de los Tribunales contendientes. Antes de describir los criterios generadores del presente asunto, es pertinente destacar que no es necesaria la existencia de una tesis aislada o jurisprudencial para la denuncia de una contradicción de tesis, pues basta para ello que los criterios contendientes estén reflejados en una ejecutoria.(2)
A continuación se precisarán el marco fáctico de los asuntos generadores de los criterios contendientes y los razonamientos dados por los órganos colegiados para sustentar sus determinaciones, pues esos elementos son fundamentales para delimitar la construcción del criterio de este Pleno de Circuito.
1) Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el último antecedente integrador de la jurisprudencia III.2o.C.J/29,(3) relativo al amparo directo 185/2010, resuelto en sesión de cuatro de junio de dos mil diez:
a) Acto reclamado: Sentencia definitiva de apelación, que confirmó la de primer grado emitida en un juicio mercantil ordinario, promovido por la cesionaria en contra de los quejosos deudores, por el pago de pesos, con base en un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria.
b) Consideraciones jurídicas: El Tribunal Colegiado declaró inoperantes los conceptos de violación formulados en relación con pretendidas irregularidades en la notificación de la cesión de derechos del crédito base de la acción, por considerar que a efecto de justificar la legitimación de la actora y la validez de las cesiones de derechos, no resultaba necesaria su notificación, conforme a las consideraciones sintetizadas a continuación:
• De los artículos 2030, 2031, 2032, 2034 y 2036, del Código Civil Federal, y sus correlativos 1537, 1538, 1539, 1541, 1542 y 1544, del Código Civil del Estado de Jalisco, se colige que la cesión de derechos se caracteriza porque implica un cambio en el acreedor o sujeto activo de la obligación, al ser reemplazado por otro, sin que por ello opere una novación y sin que se requiera, además, el consentimiento del deudor; de ahí que el acreedor pueda transferir sus derechos, y a pesar de este cambio en un elemento esencial de la relación jurídica, subsista ésta con todos sus derechos y obligaciones, tanto principales como accesorias; por ello, es inviable considerar que la cesión de derechos crediticios no surte efectos cuando se omite notificar al deudor.
• La notificación que se hace al deudor no constituye un elemento necesario para el perfeccionamiento de la cesión, sino que, en todo caso, viene a ser un mero acto publicitario con el fin de que el deudor no pague al cedente; tal como lo establecen los artículos 2040 y 2041 del Código Civil Federal y sus correlativos de la legislación estatal 1548 y 1549 que, respectivamente, dicen: "Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libera pagando al acreedor primitivo"; "Hecha la notificación, no se libera el deudor sino pagando al cesionario."
• Por otra parte, en términos de lo indicado en los artículos 2036 y 1544, si bien es cierto que la cesión no puede oponerse al deudor mientras no le sea notificada fehacientemente, también lo es que la consecuencia impuesta por ley a dicha falta es el poder liberarse el deudor mediante pago realizado al acreedor primitivo; pues el deudor no necesita dar su consentimiento para que la cesión se efectúe, ni puede impedirla; de donde se colige, además, que válidamente el cesionario de derechos crediticios puede solicitar al a quo, que le reconozca tal carácter, ya sea durante el juicio o, incluso en el procedimiento de ejecución, con la finalidad, como se indicó, de que no se libere de su obligación, sino mediante pago al cesionario.
• Lo cual conlleva a la conclusión de que en todo caso, la notificación es en beneficio del cesionario y no del deudor, porque sin dicha notificación, este último podría liberarse mediante el pago al acreedor originario; y no puede oponer más excepciones que las susceptibles de hacer valer contra su acreedor primitivo; además de que el reconocimiento realizado por el juzgador del carácter del cesionario, no afecta de forma alguna los derechos del deudor que se encuentra regido por la misma relación jurídica que lo unía con su acreedor originario; por lo cual, el citado reconocimiento, al único que puede afectar es al cedente, en tanto que, una vez realizado dicho acto procesal, dejará de estar legitimado para realizar el cobro de los derechos establecidos en la sentencia.
• En ese contexto, la falta o incorrecta notificación que les fue practicada a los deudores no representa impedimento legal alguno para que la actora cesionaria se encuentre legitimada activamente en la causa para ejercer las acciones que se pudieran derivar de esa cesión de derechos de crédito y que hizo valer en el juicio natural.
• Ello, pues el cesionario cuenta con legitimación activa desde el perfeccionamiento de la cesión de derechos entre los contratantes, en el momento en el cual se pusieron de acuerdo en cuanto al objeto y el precio de la cesión, cubriéndose los requisitos esenciales de dicho acto jurídico, en cambio, la notificación al deudor sólo tiene efectos publicitarios pero no constitutivos de derechos.
2) Criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 574/2018 y 284/2019, los cuales se ordenan a continuación en función de la fecha de su sesión:
I. Amparo directo 574/2018, resuelto en sesión de once de julio de dos mil diecinueve:
a) Acto reclamado: Sentencia definitiva de apelación, que confirmó la de primer grado emitida en un juicio mercantil ordinario, promovido por la cesionaria en contra de los quejosos deudores, por el pago de pesos, entre otras prestaciones, con base en un contrato de crédito refaccionario.
b) Consideraciones jurídicas: El Tribunal Colegiado, en lo que interesa, calificó fundado el concepto de violación planteado en el sentido de que en términos del artículo 390 del Código de Comercio, en relación con el numeral 2036 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente al primero, ambos vigentes a la fecha de la cesión, sí era necesario para que la actora cesionaria pudiera ejercer los derechos del crédito, que previamente hubiera notificado a los obligados o deudores, de acuerdo con las consideraciones sintetizadas a continuación:
• En términos del artículo 390 del Código de Comercio, vigente en la data en que tuvo lugar la cesión de derechos, sí es necesario que para ejercer el cedente los derechos de crédito que adquirió notifique a los obligados o deudores.
• Por su parte, del diverso numeral 2036 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, se desprende que para poder el cesionario ejercer su derecho contra el o los deudores resulta necesario hacerle la notificación del acto jurídico (cesión), por lo cual, es inconcuso que ello debe ser satisfecho previamente a la instauración del juicio correspondiente, porque, de acuerdo con lo previsto en el citado precepto, lo estatuye como un presupuesto indispensable para su ejercicio, de lo cual se sigue que, adverso a lo sostenido por la responsable, las notificaciones no tienen como objetivo el simple conocimiento del cambio de acreedor, sino legitimar al cesionario en juicio, pues a través de éste es que había de hacer valer sus derechos.
• Luego, como lo tocante a la notificación concierne a un tema de legitimación, al señalar el referido numeral 2036 "para ejercitar sus derechos", debe encontrarse colmado al presentarse la demanda. Más aún que, en la especie, el propio accionante la llevó a cabo al pretender dar cumplimiento a lo establecido en el citado precepto antes de demandar.
• En mérito a lo anterior, no se comparte la jurisprudencia III.2o.C. J/29, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTOS."
• Lo anterior pues, si bien se comparte en el sentido de que la notificación en sí, no otorga eficacia a la cesión, sí se requiere que se efectúe previo a ejercer los derechos, pues es a través de aquélla que se legitima al cesionario para demandar, se insiste, al referir el mencionado precepto 2036 "para ejercitar sus derechos."
• Así, conforme a los preceptos citados, es necesario que el acreedor demuestre haber notificado la cesión a los obligados o deudores, previo a la instauración del juicio pues se trata de un presupuesto de la acción indispensable para su ejercicio, porque la notificación no tiene como objetivo el simple conocimiento del cambio de acreedor, sino la de establecer un nuevo estado de cosas, esto es, legitimarse el cesionario para ejercer los derechos.
II. Amparo directo 284/2019, resuelto en sesión de doce de septiembre de dos mil diecinueve:
a) Acto reclamado: Sentencia definitiva de apelación, que confirmó la de primer grado emitida en un juicio mercantil ordinario, promovido por el cesionario en contra de los quejosos deudores, por el pago de pesos, entre otras prestaciones, con base en un contrato de reconocimiento de crédito con garantía hipotecaria.
b) Consideraciones jurídicas: El Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto de violación planteado en torno a la falta de legitimación del actor quejoso, que impedía la operatividad de la prescripción liberatoria reconvenida por los demandados en el juicio de origen, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• Es correcto lo afirmado por el disidente, en cuanto a que en el caso no operó la prescripción liberatoria, porque ciertamente en su calidad de cesionario de los derechos del crédito fundatorio de la acción, no se encontraba en condiciones de reclamar el pago del adeudo respectivo hasta en tanto notificara a los deudores, como lo estatuyen los artículos 390 del Código de Comercio y 2036 del Código Civil Federal, de suerte que mientras no se efectuara dicha comunicación, no podía transcurrir el plazo para operar la prescripción liberatoria, en términos del artículo 1040 del enjuiciamiento mercantil.
• En efecto, de conformidad con los citados preceptos, el primero vigente en la data en que tuvo lugar la cesión de los derechos del crédito basal, para poder el cedente ejercer sus derechos, es menester notificar previamente al o los obligados.
• Lo que debe ser satisfecho previamente a la instauración del juicio respectivo, de lo cual se sigue que, adverso a lo sostenido por la responsable, la aludida notificación no tiene como objetivo el simple conocimiento del cambio de acreedor, sino legitimar al cesionario a fin de instar el contradictorio para hacer valer sus derechos.
• De acuerdo con lo anterior, no se comparte la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTOS.", porque aun cuando se comparte el aspecto relativo a que la notificación en sí no otorga eficacia a la cesión, no se está de acuerdo en el sentido de no ser necesario que se efectúe aquélla previo a ejercer los derechos, porque, se reitera, a través de la citada comunicación se legitima el cesionario para demandar el crédito, puesto que así lo establece el mencionado numeral 2036, al indicar "para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión".
IV. Existencia de la contradicción. Respecto de la procedencia de las contradicciones de tesis, es importante señalar que la intervención de este Pleno de Circuito se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al orden jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia. En este sentido, el estudio de los criterios contendientes exige determinar si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyeron con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean necesariamente contradictorias en términos lógicos.(4)
De lo anterior se desprende que, para proceder una contradicción de tesis, es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la cual se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una práctica interpretativa, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el cual la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de no ser exactamente iguales las cuestiones fácticas generadoras de los asuntos.
3) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, lo cual da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
1) Ejercicio interpretativo o de arbitrio judicial:
Como se advierte del examen de los criterios contendientes, los Tribunales Colegiados involucrados realizaron un ejercicio interpretativo, a efecto de determinar si el cesionario, para estar legitimado activamente en la causa en un juicio mercantil ordinario promovido en contra el deudor, previamente a su instauración, debe notificarle la cesión del crédito no endosable, en términos de lo dispuesto por los artículos 390 del Código de Comercio y 2036 del Código Civil Federal, este último de aplicación supletoria a la legislación mercantil.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en lo relevante para este asunto, al interpretar el numeral 2036 del Código Civil Federal, de manera sistemática con otros preceptos de ese ordenamiento, concluyó que ello era innecesario, pues el cesionario está legitimado para hacer valer sus derechos desde el perfeccionamiento de la cesión, sin importar la notificación al deudor, pues ésta únicamente tiene fines publicitarios y su omisión, en todo caso, sólo puede producir perjuicio al cesionario en caso de pagar el deudor al cedente.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, consideró lo contrario, pues desde su perspectiva, la notificación al deudor por parte del cesionario debe hacerse antes de promoverse el juicio mercantil ordinario, porque a través de la citada comunicación se cumple el presupuesto indispensable para que el cesionario pueda ejercer su derecho de crédito, al así establecerlo el mencionado numeral 2036 del Código Civil Federal, que establece: "para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión".
2) Punto de toque:
También queda cumplido en el presente caso, pues los ejercicios interpretativos realizados por los órganos jurisdiccionales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si el cesionario debe o no notificar previamente al deudor o deudores el acto jurídico para poder ejercer sus derechos.
No cambia lo anterior, el hecho de que sólo uno de los Colegiados haya analizado conjuntamente diversos preceptos del Código Civil del Estado de Jalisco, pues lo importante para este asunto es que ello no incidió en el criterio jurídico adoptado a partir de las disposiciones del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, de lo cual deriva el tramo de razonamiento que, en ambos casos, gira sobre un mismo punto jurídico, en la medida de que con base en la legislación federal, los órganos contendientes establecieron las reglas aplicables a los juicios mercantiles ordinarios en los que el cesionario demanda al deudor.
3) Contradicción de criterios:
La contradicción es existente, pues mientras un Tribunal Colegiado –el Segundo– concluyó que para ejercer los derechos de un crédito no es necesario notificar la cesión respectiva en términos del artículo 2036 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, el otro órgano –el Quinto– determinó que de conformidad con dicho numeral y el 390 del Código de Comercio, sí es necesario.
4) Punto de contradicción:
Determinar si para que el cesionario pueda ejercer su derecho de crédito, no endosable, contra el o los deudores resulta necesario que aquél previamente notifique la cesión.
V. Criterio que debe prevalecer. Este Pleno de Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos siguientes.
Antes de proceder al análisis del punto contradictorio, como cuestión introductoria, procede repasar los conceptos que a continuación se exponen:
La garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional para los gobernados, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste, básicamente, en el derecho que aquéllos tienen para solicitar a determinados órganos que ejerzan la función jurisdiccional.
Entonces, la función jurisdiccional es una potestad atribuida a determinados órganos para dirimir cuestiones contenciosas entre gobernados y, al mismo tiempo, es un deber impuesto a esos órganos, los que no tienen la posibilidad de negarse a ejercerla en acatamiento estricto de los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador.
Sin embargo, el derecho a la jurisdicción no es absoluto ni irrestricto en favor de los gobernados, pues el Constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder para establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, estableciendo un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que abarca todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador puede prever para cada clase de procedimiento, a los que deben sujetarse tanto los órganos jurisdiccionales, como los particulares, siempre y cuando tengan sustento constitucional.
Luego, las formas y plazos concretos que el legislador debe establecer para acceder a la justicia, no tienen su origen en una intención caprichosa, sino que responden a la necesidad de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica, que se manifiestan como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente.
Por tal razón, se dotó al legislador ordinario con la facultad de emitir las leyes procesales, a fin de regular los modos y condiciones para la actuación de los sujetos de la relación jurídico procesal, como lo son la competencia, los plazos, la forma en que se deben realizar las actuaciones, los medios probatorios permitidos para que se acrediten las pretensiones de las partes, las personas que pueden demandar y las que pueden ser demandadas; el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto, etcétera, y esas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan darse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los implicados en la tutela jurisdiccional.
Así, el solicitante sabrá exactamente cuándo y ante quién debe ejercer sus derechos, los requisitos que debe reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. De la misma manera, la parte demandada sabrá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera, condiciones que pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos establecidos en las leyes procesales.
De suerte que, la garantía de acceso a la justicia encuentra sus límites en las condiciones y plazos que el legislador ordinario establece para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica, y dado que la limitación encuentra un fundamento constitucional, las reglas previstas en ley deben ser acatadas tanto por el órgano encargado de la función jurisdiccional, como por las partes que solicitan el funcionamiento de dicho órgano.
Ahora, para dilucidar el punto en contradicción, es preciso delimitar qué debe entenderse por requisitos de procedencia de la acción. Para tal efecto, estudiaremos los tres elementos que integran dicha definición: 1) los requisitos; 2) la procedencia; y, 3) la acción.
En primer lugar, podemos entender como requisito a la circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de un derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una obligación.(5)
En segundo lugar, tenemos que la procedencia es el fundamento legal y oportunidad de una demanda, petición o recurso.(6)
Finalmente, siguiendo a Cipriano Gómez Lara, entendemos a la acción como el derecho, la potestad, facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional.(7)
Partiendo de las definiciones expuestas, podríamos deducir que los requisitos de procedencia de la acción son aquellas condiciones o circunstancias necesarias, establecidas en la ley, que deben actualizarse para poder ejercer un derecho y provocar la función jurisdiccional.
De acuerdo con lo anterior, para determinar cuáles son los requisitos de procedencia de cada acción, se deben analizar las condiciones que para su ejercicio establece la ley.
Estos requisitos pueden variar dependiendo del tipo de acción que se intente. En algunos casos, se requiere determinado tipo de documento (como en el caso de las acciones ejecutivas, o las derivadas de un contrato de seguro o fianza), en otros, algún acto procesal previo como, verbigracia, notificar, hacer una interpelación o realizar el requerimiento de pago en los casos en que no se fijó un plazo para el cumplimiento de una obligación, por citar sólo algunos ejemplos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el estudio de la procedencia de la acción, debe hacerse de oficio y de manera previa al análisis de las pretensiones e, incluso, de las excepciones y defensas que haga valer el demandado, ya que si la acción es improcedente no es factible analizar las demás cuestiones planteadas y se hace innecesario el pronunciamiento respecto de las defensas, pues se ha considerado que el cumplimiento de estos requisitos es una cuestión de orden público, por lo que debe hacerse aun de oficio.
Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, que precisa:
"ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.—La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción."(8)
Expuesto lo anterior, la pregunta que se debe resolver en la presente contradicción, es si para que el cesionario pueda ejercer su derecho de crédito, no endosable, contra el o los deudores, resulta necesario que aquél previamente notifique la cesión, conforme lo prescriben los artículos 390 del Código de Comercio(9) y 2036 del Código Civil Federal.(10) La respuesta es afirmativa.
Se explica
La premisa legislativa contenida en el aludido numeral 390 del Código de Comercio, que se encuentra en el Capítulo III "De las Cesiones de Créditos no Endosables", en lo concerniente al estudio, prevé que la cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada.
Por su parte, el diverso precepto 2036 del Código Civil Federal (de aplicación supletoria), estatuye que en los casos a que se refiere el diverso artículo 2033 del propio ordenamiento,(11) para que el cesionario pueda ejercer sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario.
De acuerdo con lo anterior, si para que el cesionario pueda ejercer su derecho contra el o los deudores, resulta necesario hacerle la notificación del acto jurídico –cesión–, es inconcuso que ello debe ser satisfecho previamente a la instauración del juicio correspondiente, ya que, de acuerdo con lo que prevén los citados preceptos, se estatuye como un presupuesto indispensable, por una parte, para que la cesión produzca efectos en el deudor, por otra, como condición para ejercer la acción respectiva; máxime que la notificación no tiene sólo como objetivo el conocimiento del cambio de acreedor, sino que el cesionario cumpla con la condición relativa previo a acudir al juicio, puesto que a través de éste se habrán de hacer valer sus derechos.
En efecto, mediante el acto de notificación se permite al deudor tener conocimiento de la transmisión de derechos y, en consecuencia, de a quién debe cumplir en lo futuro las obligaciones derivadas del contrato relativo; además, resulta lógico el exigir que, previamente a la promoción de la demanda, se notifique al deudor la sustitución que hubo de acreedor, por transmisión de los derechos de crédito, porque, de lo contrario, el deudor no tendría conocimiento del cambio de acreedor y, por ende, no se le podría imputar la falta de cumplimiento de las obligaciones relativas.
En ese contexto, se concluye que la previa notificación constituye propiamente una condición necesaria para el ejercicio de la acción, ya que dichos preceptos legales establecen, en lo atinente al presente análisis, el 390 que "La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada", mientras que el 2036 dispone: que "para ejercitar sus derechos contra el deudor,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29555-ee69e063/cesion-de-derechos-es-necesario-que-se-notifique · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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