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Modo: Corpus Pro

CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. FORMAS EN QUE PUEDE REALIZARSE LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR. CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. LA NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIALMENTE ANTE DOS TESTIGOS, SI NO CONTIENE LA FIRMA DEL DEUDOR Y ES OBJETADA POR ÉSTE, POR SU NATURALEZA DEBE PERFECCIONARSE POR SU OFERENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 289/2016. · Registro digital (IUS): 27503
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 1678.

CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. FORMAS EN QUE PUEDE REALIZARSE LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR.

CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. LA NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIALMENTE ANTE DOS TESTIGOS, SI NO CONTIENE LA FIRMA DEL DEUDOR Y ES OBJETADA POR ÉSTE, POR SU NATURALEZA DEBE PERFECCIONARSE POR SU OFERENTE.

AMPARO DIRECTO 289/2016. 30 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIA: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Análisis de conceptos de violación.

I. Innecesaria notificación de la cesión de derechos.

La disconforme argumenta que la sentencia impugnada vulnera su esfera de derechos, en razón de que la responsable consideró que no acreditó su legitimación activa en la causa, al no haber demostrado que le notificó debidamente a la parte demandada la cesión del crédito y cambio de administración; sin embargo, dice que contrario a ello, de conformidad con los artículos 2030 a 2034 y 2036 del Código Civil Federal, se deduce que la notificación del contrato de cesión de derechos no es constitutiva de traspaso, por lo que la omisión de aquélla sólo trae como consecuencia que el deudor se pueda liberar de su obligación pagando al acreedor, con eventual perjuicio del cesionario.

Refiere que la finalidad perseguida con la notificación de la cesión, es que el deudor tenga pleno conocimiento del cambio del sujeto activo de su obligación para que quede obligado a realizar el pago solamente con el cesionario, ya que las excepciones que puede oponer son las mismas que puede ejercer contra el cedente y, en ese sentido, la notificación está propiamente establecida en beneficio del cesionario y no del deudor.

Agrega que como el deudor no necesita dar su consentimiento para que la cesión se efectúe, ni puede impedirla, la cuestión relativa al reconocimiento que realiza la responsable respecto del carácter de cesionario, no afecta de forma alguna sus derechos, pues el deudor se encuentra regido por la misma relación jurídica que lo unía con su acreedor originario.

Aduce que al no haberlo considerado así la responsable, la sentencia impugnada vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, además de que se apartó de las disposiciones que rigen la materia y del criterio III.2o.C. J/29, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTOS."

El sintetizado planteamiento es infundado.

En efecto, contrario a lo que argumenta la quejosa, en el caso de existir cesión de créditos, sí es necesario que el acreedor demuestre haber notificado formalmente esa cesión al deudor, en razón de que así se estipuló en el contrato base de la acción.

Así es, tal como lo sostuvo la autoridad responsable en la sentencia impugnada, en la cláusula décima novena, denominada cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre las partes el veintiuno de enero de dos mil cinco, se pactó que en el supuesto de que la hipotecaria acreditante (**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado) dejara de llevar la administración del crédito de la quejosa, debía notificárselo por escrito.(26)

Luego, para demostrar lo infundado del concepto de violación, basta revisar que efectivamente, como lo afirmó la responsable, se presentó la condición prevista en tal cláusula, es decir, que la hipotecaria acreditante cedió los derechos del crédito de la parte demandada y también la administración de tal deuda. Para ello, es menester contar con los siguientes datos relevantes.

1. Mediante escritura pública **********, de veintiuno de enero de dos mil cinco, otorgada ante la fe del notario público Treinta y Cuatro de Playa del Carmen, Quintana Roo, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, ahora **********, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada celebró un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria con **********, a efecto de que lo destinara a la adquisición de un bien inmueble.

2. El tres de febrero de dos mil diez, fue constituido el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y garantía **********, por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de fideicomitente y fideicomisaria en segundo lugar; así como las fideicomisarias en primer lugar **********, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por propio derecho, así como **********, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ********** en su carácter de fiduciaria en el diverso fideicomiso identificado como Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); y como fiduciaria ********** Sociedad Anónima **********, mediante el cual se cedió a favor de la fiduciaria para el cumplimiento de sus fines la propiedad y titularidad de los derechos de crédito fideicomitidos, entre los que quedó incluido el suscrito por **********.

3. El veintidós de marzo de dos mil once, **********, en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable **********, suscribió un contrato de prestación de servicios de administración y cobranza con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los créditos hipotecarios que forman parte del fideicomiso de referencia.

De lo anterior, queda patente que se actualizaron las dos condiciones previstas en la cláusula indicada, puesto que, primero, el tres de febrero de dos mil diez, la hipotecaria acreditante cedió a **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ********** los derechos del crédito de la quejosa; y después, el veintidós de marzo de dos mil once, la última de las mencionadas celebró contrato de prestación de servicios de administración y cobranza de créditos hipotecarios con la hoy quejosa.

Por tal motivo, la actora **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, División Fiduciaria, a través de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable tenía la obligación de notificar por escrito a la demandada tanto de la cesión de los derechos de su crédito como del cambio de administración del mismo.

Ahora bien, en la sentencia reclamada, la Juez responsable estimó que la actora **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, División Fiduciaria, a través de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, incumplió con la obligación de notificar a la demandada la cesión del crédito.

Esto, toda vez que consideró que el documento con el cual la parte actora pretendió demostrar que cumplió con su obligación de notificar a su contraparte resultó insuficiente para tal efecto, por cuanto la demandada negó ese hecho y la accionante no ofreció medio probatorio idóneo que concatenado con dicha documental contrarrestara dicha negativa y diera así, certeza de haberse realizado fehacientemente los hechos señalados en el contenido de la citada notificación.

En ese sentido, adverso a lo alegado por la impetrante, fue certero que la juzgadora responsable haya estimado que la parte actora tenía obligación de cumplir con lo previsto por el artículo 2036 del Código Civil Federal, a fin de dar publicidad al acto por el cual se celebró la cesión de derechos.

En efecto, el artículo 2036 del Código Civil Federal establece:

"Artículo 2036. En los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario."

Cabe señalar que el artículo 390 del Código de Comercio también dispone que la cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor desde que le sea notificada ante dos testigos y contra terceros a partir de su inscripción en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Por tanto, si en el juicio de origen, la parte actora, en su carácter de cesionaria del crédito otorgado a la demandada por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada demandó el cumplimiento de diversas prestaciones derivadas del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre la demandada en su carácter de parte acreditada y la referida institución en su calidad de acreditante y cuyos derechos le fueron cedidos a la ahora enjuiciante por esta última mediante el contrato de cesión de derechos referido, para la procedencia de la acción intentada se hacía necesario que la actora acreditara haber notificado, previamente a la instauración del juicio de origen, la mencionada cesión de derechos a la demandada, en forma judicial, o bien, ante dos testigos o ante notario público.

Es así, porque al disponer el artículo 2036 del Código Civil Federal, que para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de dicha cesión, es incuestionable que eso debe ser satisfecho previamente a la instauración del juicio correspondiente, por tratarse de un presupuesto de la acción indispensable para su ejercicio y, además, porque en apoyo a lo argumentado por la responsable, tal notificación no tiene por finalidad el simple conocimiento del cambio de acreedor, sino la de establecer un nuevo estado de cosas creador de derechos y obligaciones que nacen del acto de la cesión, en relación con el cedente, el cesionario y el deudor.

Además, de tratarse de una norma impositiva o absoluta cuyo cumplimiento es obligatorio para los cesionarios en los casos en que no existe derogación consensual, esto es, que no exista acuerdo contrario entre las partes.

Apoya lo anterior, la siguiente tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"CESIÓN DE DERECHOS, NOTIFICACIÓN AL DEUDOR EN CASO DE.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2036 del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales, ‘para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario’. Es este un precepto imperativo que claramente estatuye, como condición previa para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, el requisito de la notificación, de suerte que ésta se eleva a la categoría de una formalidad indispensable para que la cesión de derechos se perfeccione y sea oponible. Por consiguiente, no cabe substituirse a la voluntad del legislador, invocando los fines que se propuso a través de todo el articulado consagrado a la cesión de derechos, para interpretar que el requisito de la falta de notificación previa, no impide al cesionario hacer valer sus derechos contra el cedente, pues siendo absolutamente claro y terminante el sentido del mencionado artículo 2036 y no contrariando en manera alguna el aludido sistema, debe aplicarse en sus términos."(27)

Conviene aclarar que el artículo 2036 del Código Civil Federal resulta aplicable al caso que enfrentó la responsable por las siguientes razones:

a) Se trata de un crédito mercantil que sólo puede transmitirse mediante cesión, ya que no es un título al portador ni puede endosarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 389 del Código de Comercio.(28)

b) El artículo 390 del mismo código establece que la cesión surtirá efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada ante dos testigos.(29)

c) El artículo 2o. del código mercantil dispone la supletoriedad de la legislación civil federal.(30)

d) El Código Civil Federal contiene en el artículo 2033 la misma hipótesis para los créditos civiles que no son títulos al portador ni pueden endosarse, pues dispone que sólo pueden transmitirse mediante cesión.(31)

e) Y, el artículo 2036 del Código Civil Federal tiene como supuesto de hecho "...los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor..."

Luego, si acorde con el artículo 390 del Código de Comercio, la cesión de créditos mercantiles sólo produce efectos legales para el deudor desde que le es notificada ante dos testigos, es claro que ese supuesto de hecho es el mismo que se encuentra regulado por el artículo 2036 del Código Civil Federal.

Hasta aquí, es evidente que no asiste razón jurídica a la quejosa en el planteamiento en estudio, pues como quedó visto, contrario a lo que argumenta, en el caso de existir cesión de créditos, como sucede en la especie, sí es necesario que el acreedor demuestre haber notificado formalmente esa cesión al deudor, pues resulta un requisito para ejercitar la acción.

En consecuencia, al haber considerado lo anterior la autoridad responsable en el acto reclamado, es inconcuso que su actuar no es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, ni de las disposiciones normativas a que hace referencia la quejosa en el concepto de violación en estudio.

Por las consideraciones que la informan, en lo conducente sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 1a./J. 82/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se afirma que en el caso de existir cesión de derechos de un crédito hipotecario y el cedente deja de llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor, que dice:

"VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los Códigos Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el cedente deja de llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; condición que habrá de cumplir el cesionario antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2807 y 1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser un requisito legal para la procedencia de esta vía especial. Lo anterior implica que previamente a la admisión de la demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o extrajudicial, supuesto este último en el que puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se cumplió el requisito formal de la notificación en el modo que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamente, en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo previsto en los códigos referidos, que únicamente establecen como condición para que el cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el demandado que se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de un notario público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones constituyen documentos que gozan de presunción de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en un procedimiento en el que demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la realidad."(32)

Cabe precisar que la tesis III.2o.C. J/29, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTOS.", citada por la quejosa en la demanda de amparo, quedó superada por el criterio precedente, en el que como quedó visto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el cedente de un crédito hipotecario deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor, ya que constituye un requisito legal para el ejercicio de la acción.

II. Eficacia probatoria de la notificación extrajudicial como presupuesto del ejercicio de la acción.

En diversos apartados de la demanda de derechos fundamentales, la quejosa, en síntesis, expresa:

• En el contrato base de la acción, las partes pactaron en la cláusula décima novena, que se hacía del conocimiento del acreditado que el acreditante podría ceder o transmitir total o parcialmente los derechos del crédito y los derechos de cobranza y administración nacidos del contrato basal, sin necesidad de notificarlo ni de hacer dicha cesión mediante escritura pública, siempre y cuando la acreditante conserve la administración del crédito, y que en el momento en el que la acreditante deje de llevar la administración del crédito, bastará con la notificación por escrito que el acreditante haga al acreditado, lo cual aconteció y que no se requiere ninguna formalidad, ya que de esa forma se pactó entre las partes, es decir, que no se estipuló que se realizaría mediante testigos o ante notario o autoridad judicial, de modo que se da cumplimiento a lo pactado;

• Se debió otorgar valor probatorio a la razón de notificación de veintinueve de diciembre de dos mil catorce (sic) por cuanto se advierte que se hizo del conocimiento de la parte demandada la celebración del contrato de cesión de derechos de su crédito, así como el contrato de prestación y servicios de administración y cobranza, por lo que contrario a lo afirmado por la responsable, la parte demandada sí conocía que el titular del crédito que le fue otorgado, ahora lo es **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, División Fiduciaria, de conformidad con el fideicomiso **********;

• La autoridad responsable soslayó atender las reglas de interpretación de los contratos inmersas en los artículos 78 del Código de Comercio y 1851 a 1859 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, que obligan a interpretar de manera literal las cláusulas contenidas en el contrato base de la acción, en la forma en que las partes se obligaron, de modo que si en la cláusula vigésima segunda del contrato basal (sic) las partes no estipularon mayor formalidad para la notificación de la cesión del crédito que efectuarse ante dos testigos, entonces, no podía exigirse, como lo hizo la Juez, que la notificación se hiciera por notario o autoridad judicial, máxime que eso no opera por la naturaleza del contrato base de la acción;

• Al operar el cambio de administración el dieciséis de enero de dos mil doce (sic) y realizarse la notificación por escrito el veintinueve de diciembre de dos mil catorce (sic) en el domicilio pactado, se cumplió con la cláusula vigésima segunda (sic) del contrato basal, por lo que podía demandarse legalmente la acción personal de vencimiento anticipado del contrato, dado que la demandada incumplió con su obligación de pago, teniendo entonces legitimación para instar la acción en comento;

• Es incorrecto lo considerado por la Juez responsable en el sentido de que la notificación de la cesión del crédito deba hacerse conforme al numeral 2036 en relación con el diverso 2033 del Código Civil Federal, ni supeditar la procedencia de la acción de vencimiento anticipado por incumplimiento de la obligación de pago, a la observancia de los requisitos precisados en dichos numerales, en razón de la naturaleza del contrato, la acción y vía ejercidas, no permiten introducir más formalidades en la notificación de la cesión que las que establece el Código de Comercio;

• Los artículos 389 y 390 del Código de Comercio disponen que la notificación de la cesión debe hacerse al deudor ante dos testigos para producir efectos, sin exigir mayor formalidad, por ende, no puede pretenderse que dicha notificación se realice de manera judicial o extrajudicial como lo establece el numeral 2036 del Código Civil Federal, el cual se pretende aplicar en forma supletoria, pues no basta que se contemple esa posibilidad, sino que es menester que la ley a suplir no contemple la institución o la cuestión jurídica, lo cual no acontece en el caso, porque la notificación de la cesión de un crédito mercantil se encuentra regulada por el citado numeral 390 del Código de Comercio y, en todo caso, en el artículo 2926 del Código Civil Federal;

• Como la regla derivada de los artículos antes mencionados sólo precisa que la notificación sea por escrito y ante dos testigos, es erróneo que se exija, para ejercer la vía ordinaria mercantil, como requisito de la instancia, una notificación con formalidades excesivas, puesto que ello no sólo riñe con la esencia de la materia mercantil que atañe al principio de celeridad, sino también con la voluntad de las partes, dado que rebasa lo pactado en el contrato base de la acción;

• La constancia de notificación cumple con los requisitos establecidos por la legislación mercantil. Exigir que dicha constancia cumpla con los requisitos de las notificaciones judiciales, bastaría con que el deudor niegue esa notificación, para que la responsable estime que la misma carece de veracidad, por lo que si tal exigencia se impusiera, cualquier deudor, en esas circunstancias, se ocultaría o evitaría que con él se entienda la notificación, para con ello evadir el cumplimiento de las obligaciones que tiene con la parte actora.

Apreciados en su conjunto como lo faculta el artículo 76 de la Ley de Amparo,(33) los anteriores planteamientos son infundados.

En efecto, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, este Tribunal Colegiado advierte que es legal la conclusión adoptada por la autoridad responsable en la sentencia impugnada, respecto de que la notificación extrajudicial que se afirma como efectuada por el apoderado de la accionante y levantada ante dos testigos, destacadamente la de veintitrés de diciembre de dos mil trece (y no como erróneamente se menciona en los conceptos de violación de veintinueve de diciembre de dos mil catorce) es ineficaz.

Así es, al margen que del contenido de dicha acta no se aprecia que en su formación haya participado la parte demandada, lo cierto es que se trata de un documento privado, por no actualizar las características legales de un instrumento público, las cuales se encuentran enunciadas en el artículo 1237 del Código de Comercio.

Asimismo, se advierte que no se puede establecer que el documento privado de trato fue confeccionado sólo por la parte oferente, en tanto en su producción se asentó y aparece que intervinieron dos testigos, quienes al no ser formalmente parte del juicio común, son terceros.

En ese sentido, es dable afirmar que en el caso, la constancia de notificación en comento, es un documento privado proveniente de terceros.

De igual modo, este Tribunal Colegiado observa que dicho documento privado fue objetado, de suerte tal que, de cualquier modo, resulta ineficaz para acreditar que la actora cumplió con su obligación de notificar a la demandada la cesión del crédito y cambio de administración, dado que no se corroboró con otros elementos de convicción.

Para corroborar el anterior aserto, es menester hacer referencia a algunas notas de lo que constituye un documento privado, así como en qué consiste una objeción de documento y la carga de la prueba de su perfeccionamiento cuando son objetados.

1. Documento privado.

De acuerdo con el contenido de los artículos 1237, 1238, 1246 y 1292 del Código de Comercio,(34) se obtiene que en los juicios mercantiles es válido ofrecer como prueba tanto documentos públicos que tienen a su favor una presunción de autenticidad(35) como documentos privados que no tienen a su favor tal presunción.

Igualmente, el Código de Comercio define qué debe entenderse por documento público y privado, en los siguientes términos:

"Artículo 1237. Son instrumentos públicos los que están reputados como tales en las leyes comunes, y además las pólizas de contratos mercantiles celebrados con intervención de corredor y autorizados por éste, conforme a lo dispuesto en el presente código."

"Artículo 1238. Documento privado es cualquiera otro no comprendido en lo que dispone el artículo anterior."

La referencia que se hace en este numeral a las leyes comunes, permite relacionar la definición que se establece de documentos públicos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé con tal carácter a aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. Su calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Así las cosas, cualquier documento que no satisfaga los requisitos relacionados con los instrumentos públicos, esto es, que no sea expedido por un funcionario a quien la ley le encomiende su formación dentro de los límites de su competencia, así como los expedidos por funcionarios públicos revestidos de fe pública en el ejercicio de sus funciones, tendrán el carácter de documentos privados.

2. Objeción de documentos.

De conformidad con el artículo 1292 del Código de Comercio, los documentos públicos, por sí mismos, tienen valor probatorio pleno.

En cambio, los documentos privados constituyen pruebas imperfectas, cuya fuerza de convicción depende de la existencia de otros elementos que los completen, para hacer prueba en contra del adversario del oferente.

Así, cuando un documento que no tiene a su favor la presunción de autenticidad es incorporado al proceso por una de las partes, es menester objetarlo para evitar el reconocimiento tácito y su consiguiente perfeccionamiento derivado de su no objeción.(36)

En principio, es conveniente aclarar que la objeción de un documento consiste en exponer las razones por las que se estima que ese documento, ofrecido como prueba por la contraparte dentro de un proceso: a) No tiene valor probatorio; o, b) No tiene el alcance demostrativo que pretende el oferente.

En todo caso, la objeción denota una actitud hacia el documento privado para evitar el reconocimiento tácito. Esto significa que la objeción pone de manifiesto que no existe disposición de someterse al contenido del documento. Por el contrario, la falta de objeción implica la conformidad con el contenido del documento privado.

De manera que, si bien es cierto que un documento privado tiene el carácter de prueba imperfecta, también lo es que ese carácter puede ser perfeccionado a través del reconocimiento expreso del autor del documento(37) o por medio de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción.

Ahora, del artículo 1241 del Código de Comercio se desprende que cuando un documento privado es incorporado al proceso por una de las partes, hace prueba en favor de quien procuró su incorporación y en contra del colitigante, cuando éste no lo objeta.(38)

Esto es, si el colitigante (contra quien se incorpora el documento) no objeta el instrumento, entonces, hace prueba en favor del oferente y contra el colitigante (precisamente, en virtud de la no objeción).

Expuesto de otro modo, si no se objeta un documento privado que no tiene a su favor la presunción de autenticidad, entonces, hace prueba en favor del oferente y contra el colitigante que no lo objetó.

De esto se sigue que cuando se incorpora un documento privado sin presunción de autenticidad y éste no es objetado, opera el reconocimiento tácito y, con ello, hace prueba tanto en favor de quien lo ofrece como en contra del colitigante.

De lo anterior se concluye, que la objeción al documento privado es el medio dado por la ley para evitar que se produzca el reconocimiento tácito y conseguir, de esa manera, que el propio instrumento permanezca incompleto.

Esto se logra, porque en caso de no objetarse, una vez aportado el documento privado, esa impasibilidad por parte de la persona a quien le podría perjudicar el documento, constituye un importante dato a partir del cual la ley presume aquiescencia. De ahí que esta pasividad durante el tiempo indicado implica, según la ley, el reconocimiento tácito del documento privado, al cual el ordenamiento le concede el mismo efecto que un reconocimiento expreso.

A mayor abundamiento, la objeción es un acto jurídico, esto es, una expresión de voluntad tendiente a poner de manifiesto, que quien la produce no está dispuesto a someterse al documento privado contra el cual se formula ni a pasar por él, por la razón que al efecto explique el objetante. De manera que, la conducta activa que la objeción implica consigue que no se produzca el reconocimiento tácito del documento privado.

De manera que, como presupuesto de la objeción se advierte la aportación al juicio de un documento privado, pues esta clase de instrumentos, como ya se vio, son imperfectos y necesitan de otro medio probatorio para poder completarse.

Por tanto, la finalidad de la objeción consiste en evitar que se produzca el reconocimiento tácito a que se refiere el citado precepto, con lo cual se logra que el documento privado permanezca imperfecto.

En este orden de ideas, con la objeción se evita completar una prueba (la documental privada) que por sí misma es imperfecta y su materia de objeción recaerá sobre documentos privados.

3. Perfeccionamiento de documentos objetados. Carga de la prueba.

Entonces, cuando el documento privado es objetado habrá que atender al tipo de objeción. Si sólo se pretende que no surta efecto el reconocimiento tácito en perjuicio de quien lo objeta (el colitigant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27503-b6ad549d/cesion-de-creditos-con-garantia-hipotecaria-formas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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