DOCUMENTOS PRIVADOS DE TERCEROS PRESENTADOS COMO PRUEBAS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA FALTA DE OBJECIÓN POR LA CONTRAPARTE QUE NO INTERVINO EN SU ELABORACIÓN, NO IMPLICA SU RECONOCIMIENTO, SINO QUE TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SEAN CONSIDERADOS COMO INDICIOS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3129/2022. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 7 DE DICIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y MANUEL HAFID ANDRADE GUTIÉRREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona moral demandó en un juicio ordinario mercantil a la Comisión Federal de Electricidad el pago de perjuicios derivados de la pérdida de las ganancias que sufrió con motivo del ilegal corte de suministro de energía eléctrica. Para demostrar su acción, la parte actora ofreció como prueba un contrato privado de compraventa celebrado con otra empresa en el que se comprometió a entregarle diversos bienes durante el tiempo que duró el corte de energía eléctrica. En el juicio se declaró perdido el derecho de la demandada a objetar el citado contrato privado y lo tuvo por reconocido expresamente con base en los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio y al dictarse el fallo relativo se condenó al pago de los perjuicios demandados, cuya sentencia fue confirmada en segunda instancia.
En contra de esa determinación, la empresa estatal demandada promovió un juicio de amparo directo en el que impugnó la constitucionalidad de los citados artículos del Código de Comercio porque los consideró contrarios a los principios de equilibrio procesal y seguridad jurídica. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo, por lo que inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de diciembre de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3129/2022, promovido en contra de la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la constitucionalidad de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio a la luz del derecho de seguridad jurídica, a fin de determinar el alcance probatorio de un documento privado que no es objetado por la persona que no intervino en su elaboración.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos.(1) La persona moral ********** (en adelante **********) es una empresa que se dedica a manufacturar, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y, en general, negociar y comerciar con maquinaria, accesorios, artículos, materias primas, productos terminados o semiterminados, partes o componentes mecánicos y electrónicos.
2. La empresa ********** cuenta con una planta en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, en la que recibe el servicio de suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE).
3. El primero de noviembre de dos mil trece, la empresa ********** celebró con la persona moral **********. (en adelante **********) un contrato de compraventa en el que la primera de las citadas se comprometió a vender a la segunda nueve mil seiscientas toneladas métricas de fibra corta de poliéster para ser entregadas de manera mensual a razón de cuatrocientas toneladas métricas durante dos años.(2)
4. El veintisiete de noviembre de dos mil trece, la CFE dejó de prestar el servicio de energía eléctrica a ********** y,(3) según el dicho de esta última, por ese motivo ésta no pudo realizar el negocio contratado con **********, lo que le causó un perjuicio económico.
5. Con motivo del corte de energía eléctrica, ********** promovió un juicio de amparo indirecto en el que el juez de distrito del conocimiento determinó que ese acto carecía de fundamentación y motivación y otorgó la protección solicitada.(4)
6. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la CFE reconectó el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la empresa ********** y el veintisiete de octubre del mismo año, el juez de distrito que conoció del asunto declaró cumplida la sentencia de amparo.
7. Juicio ordinario mercantil.(5) El siete de octubre de dos mil dieciséis, la persona moral ********** demandó en la vía ordinaria mercantil a la CFE, de quien exigió, entre otras prestaciones, el pago de perjuicios por el corte ilegal de suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo siguiente:
i) El pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de perjuicio generado a causa del incumplimiento de la obligación de suministrar energía eléctrica.
Lo anterior, con motivo de las ganancias que no obtuvo al no poder cumplir con las obligaciones del contrato celebrado con **********, derivado de la falta de suministro de energía eléctrica en la planta de Tultitlán, Estado de México.
ii) El pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de enriquecimiento ilegítimo a causa del pago de suministro de energía eléctrica que realizó a la CFE y que no prestó durante el periodo del veintisiete de noviembre de dos mil trece al veintitrés de febrero de dos mil quince en la planta antes mencionada.
8. Con la finalidad de demostrar sus pretensiones, la empresa ********** ofreció como pruebas, entre otras, el contrato de primero de noviembre de dos mil trece celebrado con ********** en idioma inglés con apostilla y traducción al español.(6) En acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito tuvo por perdido el derecho de la CFE para objetar los documentos exhibidos por **********.
9. El once de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que determinó que la empresa ********** acreditó su acción y condenó a la CFE al pago de la indemnización por concepto de perjuicios equivalente a la cantidad de $********** (**********) y al pago de la cantidad de $********** (**********) por concepto de enriquecimiento ilícito.
10. Primera apelación. En contra de esa determinación y de diversos acuerdos dictados durante el procedimiento la CFE promovió un recurso de apelación. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México declaró fundado el medido de defensa para el efecto de que se reformaran algunos acuerdos relativos a las pruebas periciales ofrecidas, lo que implicó la reposición del procedimiento y por esa razón declaró sin materia la sentencia recurrida.(7)
11. Después de regularizar el procedimiento con motivo de los acuerdos modificados, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Juez de Distrito emitió una nueva sentencia en la que volvió a determinar que ********** acreditó su acción y condenó a la CFE al pago de la indemnización por concepto de perjuicios equivalente a la cantidad de $********** (**********) y al pago de la cantidad de $********** (**********) por concepto de enriquecimiento ilícito.
12. Segunda apelación. En contra de esa decisión y de diversos acuerdos dictados durante el procedimiento la CFE promovió un recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Unitario de Circuito del conocimiento el ocho de febrero de dos mil veintiuno.
13. El tribunal determinó modificar la sentencia recurrida al considerar que ********** no demostró la acción indemnizatoria de perjuicios pero sí la de enriquecimiento ilícito porque el contrato de compraventa exhibido no tenía validez probatoria plena.(8) El citado tribunal sostuvo, en síntesis, lo siguiente:
• La empresa ********** no demostró la acción indemnizatoria de perjuicios porque la apostilla del contrato de compraventa de uno de noviembre de dos mil trece celebrado con **********, únicamente acreditó su cotejo o certificación notarial y ello no convierte al contrato en un documento público en cuanto a su contenido.
• El contrato no fue autentificado respecto de las firmas de los contratantes ni de la fecha de celebración, por lo que la fecha cierta fue la del veinte de julio de dos mil quince en que se presentó ante notario público para su cotejo y aun cuando la CFE no lo objetó en cuanto a su autenticidad y traducción, sí lo objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio.
• Con motivo de lo anterior, el Tribunal Unitario absolvió a la CFE del pago de la cantidad de $********** (**********) y la condenó al pago de la cantidad de $********** (**********).
14. Juicio de amparo directo promovido por **********.(9) En contra de esa decisión, ********** promovió un juicio de amparo directo y el uno de julio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito dictó sentencia en la que otorgó la protección solicitada al considerar que el Tribunal Unitario de Circuito no debió negarle valor probatorio al contrato de uno de noviembre de dos mil trece celebrado con **********. El órgano jurisdiccional de amparo consideró, en esencia, lo siguiente:
• De acuerdo con los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, la falta de objeción de un documento privado presentado por una de las partes tiene como consecuencia que se tenga por admitido y que surta efectos contra la contraparte.
• La falta de objeción por autenticidad por parte de la CFE del contrato de compraventa de uno de noviembre de dos mil trece, trajo como consecuencia que se tuviera por válido y por reconocido por la demandada en todo su contenido, incluidas las firmas contenidas en él.
• El citado contrato es un documento privado porque su traducción del idioma inglés al español por perito autorizada únicamente generó certeza en cuanto a su contenido.
• La demandante acompañó la certificación del contrato que realizo una notaría en Florida, Estados Unidos de América pero ello no lo convierte en un documento público.
• El efecto de la apostilla es certificar la firma del documento, la calidad con la que actuó el signatario y la identidad del sello o timbre.
• El contrato tenía que ser valorado como un documento privado que al no ser objetado en cuanto a su autenticidad debió tenerse por reconocido tácitamente por la demandada y tenía que estarse a su contenido conforme a su traducción porque tampoco fue cuestionada.
• En auto de ocho de junio de dos mil diecisiete el juez de distrito tuvo por perdido el derecho de la demandada para objetar los documentos exhibidos y ello no fue observado en la sentencia reclamada.
• Con independencia de la falta de objeción, al resultar el contrato un documento privado, constituye un medio de prueba de naturaleza imperfecta que correspondía perfeccionar a la oferente y no a la contraparte.
• Aun cuando el contrato no fue objetado en cuanto a su autenticidad su fuerza probatoria tenía que determinarse en relación con el material probatorio existente en autos.
15. En cumplimiento a esa sentencia, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el cuarto tribunal unitario de circuito emitió una nueva determinación en la que condenó a la CFE al pago de la indemnización por concepto de perjuicios equivalente a la cantidad de $********** (**********) y al pago de la cantidad de $********** (**********) por concepto de enriquecimiento ilícito.
16. El tribunal unitario de circuito consideró que con la celebración del contrato de uno de noviembre de dos mil trece y las demás pruebas aportadas ********** demostró el perjuicio que se le ocasionó, lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:
• En el acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete dictado en el juicio ordinario mercantil el juez de primera instancia tuvo por perdido el derecho de la demandada para objetar los documentos exhibidos por su contraria y esa decisión no fue impugnada.
• El contrato privado de compraventa celebrado el primero de noviembre de dos mil trece entre ********** y ********** no fue objetado por la CFE en cuanto a su autenticidad, en términos de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, por lo que se tuvo por válido y reconocido en todo su contenido, incluyendo las firmas del contrato original.
• El juez indebidamente reconoció como documental pública el contrato del primero de noviembre de dos mil trece pues tiene el carácter de un documento privado que al no haber sido objetado en cuanto a su autenticidad se tuvo plenamente reconocido tácitamente por la demandada.
• Consecuentemente, el mencionado contrato es eficaz para justificar el daño patrimonial ocasionado a **********.
17. Juicio de amparo directo promovido por la CFE. En contra de esa decisión, la CFE promovió un juicio de amparo directo en el que hizo valer que los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio son contrarios al principio de seguridad jurídica porque no se tiene certeza sobre si el reconocimiento que ahí se contempla se dirige al autor del documento o a la parte demandada y se contradice con lo previsto en el artículo 1245 que prevé quiénes son las únicas personas que pueden reconocer un documento privado.
18. En el sexto concepto de violación, la CFE expuso los siguientes argumentos en contra de la constitucionalidad de los preceptos impugnados:
• Los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio son inconstitucionales por vulnerar el derecho humano a la seguridad jurídica porque dejan al arbitrio del juzgador decidir en qué casos aplica el reconocimiento de un documento privado.
• Los artículos prevén que los documentos privados y la correspondencia, procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente, pero, en un segundo supuesto, los mismos preceptos prevén que también puede exigirse el reconocimiento expreso, si es que la parte que los presenta así lo pide.
• El artículo 1245 del Código de Comercio establece que solo puede reconocer un documento privado, el que lo firma, quien lo manda a extender o el legítimo representante, con poder o cláusula especial, mientras que los artículos impugnados sancionan la falta de objeción de la parte contraria de un documento con el reconocimiento expreso del documento, sin precisar si esa consecuencia se actualiza cuando esa contraparte intervino en la expedición del documento o si se refiere a los documentos que sean ajenos a las partes en el juicio.
• De acuerdo con ese numeral, es indispensable que el reconocimiento provenga de la parte signante del documento o de aquella persona que intervino en su expedición.
• La contradicción entre los artículos impugnados y el 1245 causa incertidumbre al establecer que la consecuencia de la falta de objeción de un documento privado sea la de admitirlo y que surta sus efectos como si hubiera sido reconocido.
19. Sentencia del tribunal colegiado de circuito. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Unitario del conocimiento analizara los agravios cuyo estudio omitió. Las consideraciones en que se sustentó esa decisión son las siguientes:
• El contrato de uno de abril de dos mil trece tiene el carácter de documento privado y de acuerdo con los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos en forma expresa.
• La objeción de documentos privados implica un alegato contra los documentos exhibidos en juicio y manifiesta que quien la produce no está dispuesta a someterse a él. La conducta activa de objetar los documentos evita que se produzca el reconocimiento tácito del documento privado.
• La impasibilidad por parte de quien se vería perjudicado por el documento constituye una conducta que la ley presume como un reconocimiento tácito del documento privado al cual el ordenamiento le concede el mismo efecto que un reconocimiento expreso.
• Las normas no especifican si el documento que se tiene por reconocido tácitamente debe ser signado por la parte que no lo objetó o si se refiere a documentos privados en los que haya intervenido un tercero o terceros, sin embargo, eso no genera inseguridad jurídica porque la hipótesis señala que el reconocimiento tácito opera cuando el documento privado no es objetado por la parte contraria al quien lo presenta.
• El legislador sanciona la omisión de las personas de oponerse a la presentación de un documento privado exhibido por la contraparte, con independencia de quien haya intervenido en su elaboración.
• La segunda hipótesis de los preceptos impugnados consiste en que las partes pueden exigir el reconocimiento expreso de un documento privado, en cuyo caso se pondrá a la vista los originales a quien deba reconocerlos.
• El supuesto mencionado constituye una distinción con el fin de establecer cuándo se produce el reconocimiento expreso de documentos.
• Los artículos impugnados precisan que cuando no se objeta un documento privado por una de las partes en el que no intervino la otra, la consecuencia es que se tenga por reconocido tácitamente contra esa parte con independencia de que en su contenido no haya participado.
• Una postura contraria tendría el efecto de soslayar que los preceptos impugnados fueron reformados el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis y cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve para incorporar en su primera parte que la consecuencia de la falta de objeción de un documento privado sin distinguir si el documento debe ser atribuido a la parte contra la que se presenta o si se refiere al documento emitido por un tercero.
• Con motivo de esas consideraciones el tribunal colegiado concluyó que los artículos impugnados no son inconstitucionales.
• En cuanto al tema de legalidad, el tribunal colegiado consideró que con motivo del reconocimiento tácito del contrato privado exhibido por ********** y con las demás pruebas que se aportaron se demostró su eficacia.
• Sin embargo, consideró que la autoridad responsable no analizó la totalidad de los agravios que la CFE formuló en contra de la procedencia de la acción mercantil intentada en su contra.
• Derivado de lo anterior otorgó el amparo a dicha comisión para el efecto de que el tribunal unitario responsable emita una nueva sentencia en la que reitere las consideraciones en las que le otorgó eficacia probatoria al contrato privado base de la acción de indemnización por perjuicios y analice los agravios cuyo estudio omitió y con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a derecho proceda.
II. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
20. Recurso de revisión. Inconforme con esa sentencia, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la CFE interpuso un recurso de revisión en el que combatió la decisión del Tribunal Colegiado en cuanto a la regularidad de los preceptos impugnados porque considera que son contrarios al principio de seguridad jurídica. En los agravios planteó, medularmente, los siguientes argumentos:
• Los artículos impugnados causan incertidumbre jurídica a las personas porque su lenguaje ambiguo regula con imprecisión la consecuencia jurídica de la omisión de objetar un documento privado suscrito por un tercero.
• De acuerdo con el artículo 1245 del Código de Comercio, únicamente puede reconocer un documento privado quien lo firma, el que lo manda extender o el legítimo representante de ellos, con poder de cláusula especial, sin embargo, el contenido de las normas impugnados conduce a que el juez pueda aplicarlos de manera restrictiva y considere que en todos los casos de falta de objeción de documentos privados la consecuencia será la de tenerlos por reconocidos expresamente. • Las reformas que dieron lugar a los preceptos impugnados que fueron invocadas por el tribunal colegiado no evidencian que la intención del legislador haya sido la de establecer que la consecuencia de no objetar un documento privado proveniente de un tercero sea la de tenerlo por reconocido expresamente.
• El tribunal colegiado, al interpretar las normas impugnadas, transgredió el derecho de seguridad jurídica y el debido proceso e inobservó el principio de interpretación conforme porque concluyó que el reconocimiento tácito se obtiene con la simple omisión de la objeción de un documento privado mientras que el reconocimiento expreso sí requiere que sea realizado por quien firma el documento, el que lo manda extender o su legítimo representante.
• De acuerdo con el tribunal colegiado las normas impugnadas sancionan con mayor rigor la falta de objeción de un documento privado que su falta de perfeccionamiento.
• La conclusión del tribunal es contraria al derecho al debido proceso porque contraviene el equilibrio procesal que debe regir en el juicio mercantil conforme al cual cada parte debe asumir las caras probatorias que les corresponden.
• Las normas transgreden el derecho de seguridad jurídica porque existe una antinomia con lo previsto en el artículo 1245 del Código de Comercio que provoca que el juzgador de manera arbitraria y sin justificación alguna establezca en qué casos aplica el reconocimiento previsto en las normas impugnadas y en cuáles aplica el reconocimiento previsto en el segundo de los citados.
21. Trámite ante esta Suprema Corte. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión y lo registró con el número de expediente 3129/2022 y lo turnó para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
22. Finalmente, por acuerdo de veinticuatro de agosto siguiente, la entonces Presidenta de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y envió los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
III. COMPETENCIA
23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.(10)
IV. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD
24. El recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, dado que la CFE tiene el carácter de quejosa en el juicio de amparo directo de origen y lo promovió por conducto de su apoderado legal ********** quien tiene reconocida esa personalidad en los autos del juicio ordinario mercantil de origen.(11)
25. Por otra parte, el medio de defensa resulta oportuno, ya que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponerlo transcurrió del jueves doce al miércoles veinticinco de mayo de dos mil veintidós.(12) Por lo tanto, si la quejosa presentó su escrito de agravios el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, entonces el recurso se interpuso dentro del plazo legal correspondiente.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
26. Esta Primera Sala considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:
27. El recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, que sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política del país y la Ley de Amparo, motivo por el cual éstos deben ser analizados antes del estudio de fondo en toda revisión en amparo directo.
28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y en los artículos 81, 83 y 96 de la Ley de Amparo, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se actualiza cuando en la sentencia de amparo se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales o la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional que reconozca un derecho humano o bien, se omita decidir sobre tales planteamientos de haberse hecho valer por la parte quejosa, siempre que tales aspectos sean de interés excepcional para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
29. Por su parte, el segundo punto del Acuerdo 9/2015, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando, una vez que se surta el requisito relativo a la existencia de un tema de constitucionalidad:
• Se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o
• Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
30. Así, al aplicar los referidos criterios al caso concreto, esta Primera Sala concluye que el recurso de revisión es procedente, ya que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, al considerarlos contrarios al derecho humano de seguridad jurídica porque sancionan a la persona que omita objetar un documento privado proveniente de un tercero con tenerlo por reconocido expresamente por este último.
31. Por su parte, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró infundado el concepto de violación y determinó que los preceptos impugnados no adolecen de irregularidad constitucional y esa decisión es controvertida por la CFE en su escrito de agravios y, por ende, subsiste el tema de constitucionalidad que en ellos se plantean.
32. Por otra parte, no existen criterios de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se haya fijado cuál es la correcta interpretación de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio a la luz del derecho humano de seguridad jurídica lo que además, se considera que puede tener repercusiones en el derecho al debido proceso. Por estas razones, se considera que además de subsistir el estudio de constitucionalidad planteado, el asunto es de interés excepcional.
VI. ESTUDIO DE FONDO
Problema jurídico. Analizar la constitucionalidad de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio a la luz del derecho de seguridad jurídica, a fin de determinar el alcance probatorio de un documento privado que no es objetado por la persona que no intervino en su elaboración.
33. En la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio no transgreden el derecho de seguridad jurídica porque son claros en establecer como consecuencia de la falta de objeción de un documento privado la consistente en que éste surta efectos como si hubiera sido reconocido expresamente no obstante que la contraparte que no realizó la objeción no haya intervenido en la elaboración del documento.(13)
34. En sus agravios la CFE hace valer que si se entendiera que esos son los alcances de los artículos impugnados, entonces son violatorios del derecho de seguridad jurídica porque causan incertidumbre en tanto que el artículo 1245 del Código de Comercio establece quiénes son las únicas personas que pueden reconocer un documento privado,(14) aunado a que el alcance que dio el órgano jurisdiccional a las normas transgrede el derecho al debido proceso.
35. Los planteamientos reseñados evidencian que el problema de constitucionalidad en el presente asunto se encuentra estrechamente vinculado con la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado de Circuito de las normas impugnadas porque en ella sustentó la decisión de constitucionalidad a la que arribó y, por tanto, debe dilucidarse en primer término si el alcance que les dio el órgano jurisdiccional de amparo a los preceptos combatidos es correcto o no.(15)
36. El alcance de las normas reclamadas puede comprenderse a partir de los métodos de interpretación sistemático y teleológico al tenor de las consideraciones que a continuación se desarrollan:
37. Los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio establecen lo siguiente:
Artículo 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento no sólo la firma.
Artículo 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien debe reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma.
38. Para comprender el contenido de los preceptos impugnados, es necesario tener en cuenta algunos aspectos relativos a las características de los documentos privados, a la objeción de documentos y al principio de equilibrio procesal, los que se desarrollan brevemente a continuación.
39. El Código de Comercio distin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33438-f274e725/documentos-privados-de-terceros-presentados-como-pruebas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DOCUMENTO PRIVADO PRESENTADO EN VÍA DE PRUEBA. SU FALTA DE OBJECIÓN NO PUEDE SURTIR EFECTOS COMO SI HUBIESE SIDO RECONOCIDO EXPRESAMENTE, CUANDO SEA CONFECCIONADO DE MODO UNILATERA (AMPARO DIRECTO)
- TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO CONSTITUYEN DOCUMENTOS PRIVADOS, SINO ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA, CUYA VALORACIÓN QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO (AMPARO DIRECTO)
- OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2006-PS)
- OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008. PUEDE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DOCUMENTOS PRIVADOS DE TERCEROS PRESENTADOS COMO PRUEBAS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA FALTA DE OBJECIÓN POR LA CONTRAPARTE QUE NO INTERVINO EN SU ELABORACIÓN, NO IMPLICA SU RECONOCIM (1a./J. 142/2025 (11a.))
- JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DOCUMENTO PRIVADO OBJETADO POR LA PARTE A QUIEN PERJUDICA SU VALOR PROBATORIO, DEPENDE DEL RECONOCIMIENTO DE QUIEN LO SUSCRIBE. (X.1o.12 C)
- DOCUMENTO PRIVADO PRESENTADO EN VÍA DE PRUEBA. SU FALTA DE OBJECIÓN NO PUEDE SURTIR EFECTOS COMO SI HUBIESE SIDO RECONOCIDO EXPRESAMENTE, CUANDO SEA CONFECCIONADO DE MODO UNILATERA (I.13o.C.13 C (10a.))
- DOCUMENTOS PRIVADOS OFRECIDOS COMO PRUEBA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LA ACTORA DE DESAHOGAR LA VISTA CON LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS POR LA DEMANDADA, NO TIENE COM (III.2o.C.95 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis