TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO CONSTITUYEN DOCUMENTOS PRIVADOS, SINO ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA, CUYA VALORACIÓN QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.
AMPARO DIRECTO 620/2009. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Previo al estudio relativo, es conveniente relatar algunos antecedentes del juicio del que derivó la sentencia reclamada.
Antecedentes.
Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil siete, **********, a través de sus endosatarios en procuración ********** y **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa a **********, las siguientes prestaciones:
"a) El pago de la cantidad de $**********, por concepto de suerte principal, del documento base de la acción, al que se hace alusión en los hechos 1, 2 y 3 de esta demanda, menos los pagos que pudiere comprobar en este juicio el demandado.
"b) El pago de los intereses ordinarios pactados en el documento base de la acción a razón de una tasa anual fija del 16.99% (dieciséis punto noventa y nueve por ciento anual), como se aprecia en el hecho 1 de esta demanda.
"c) El pago de los intereses moratorios pactados, a partir del incumplimiento en el pago, y hasta su total liquidación, a la tasa anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), tomando como base la última tasa TIIE publicada por el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación el primer día hábil de cada mes, sobre el monto vencido y no pagado, más los que se sigan venciendo, hasta la total liquidación del adeudo, estos intereses se encuentran perfectamente descritos en los hechos 1 y 2 de esta demanda, ya que serán liquidados en el incidente respectivo después de la sentencia.
"d) El pago del impuesto al valor agregado (IVA) de los intereses que se reclaman en los incisos b) y c) que anteceden y a que se refiere el hecho 1 de este libelo.
"e) El pago de los gastos y costas que se originen durante el presente juicio, por todas sus instancias, como así se describe en el hecho 3 de esta demanda." (fojas 1 y 2 del juicio natural).
Como hechos base de su acción manifestó que en fecha ocho de marzo de dos mil cinco ********** suscribió un pagaré por la cantidad de $**********, a la orden de **********, pactándose en el mismo que el suscriptor lo liquidaría mediante treinta y seis pagos que se mencionan en la tabla de amortización, la cual forma parte integrante de dicho título valor, pagadero en el domicilio del suscriptor, entre otras opciones a juicio del beneficiario, pactándose una tasa anual ordinaria de intereses a razón del 16.99% (dieciséis punto noventa y nueve por ciento anual), misma que ya contiene el documento de referencia; y para el caso de mora o falta de pago en cualquiera de las amortizaciones, se pactó un interés moratorio a partir de la fecha de retraso del pago y hasta su total liquidación, a la tasa anual que resulte de multiplicar por dos la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, tomando como base la última publicada por el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, el primer día hábil de cada mes, sobre el monto vencido y no pagado, pactándose también, el impuesto al valor agregado (IVA) de dichos intereses.
Agregó que se omitió liquidar dicho pagaré desde el pago correspondiente al número uno de dicha tabla, o sea desde el ocho de abril de dos mil cinco, y los subsecuentes, hasta esta fecha, razón por la que le adeuda las últimas treinta y seis mensualidades pactadas en dicha tabla; por ello, debe al endosante capital más los intereses ordinarios pactados en el fundatorio de la acción, más el concepto de intereses moratorios pactados, al tipo descrito en el hecho que precede, así como el importe correspondiente al impuesto al valor agregado, conceptos que se cuantificarán en definitiva al momento en que se proceda a realizar la liquidación de sentencia respectiva.
Finalmente, precisó que ante el incumplimiento del demandado ********** de las obligaciones a su cargo, asumidas en el documento fundatorio de la acción y ante las múltiples gestiones de cobro realizadas en la vía extrajudicial por el endosante, sin resultados satisfactorios, en fecha doce de febrero de dos mil siete procedió a endosar en procuración o al cobro, el documento base de la acción, para obrar en la vía y forma, para lograr la observancia práctica del derecho objetivo.
Trámite del juicio.
De la demanda correspondió conocer a la Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien la admitió radicándola con el número **********; ordenó requerir al demandado el pago de la cantidad reclamada, más los intereses moratorios pactados, desde el momento en que se incurrió en mora, hasta la conclusión del juicio y, de no efectuarlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para cubrir lo reclamado, concediéndole el término de cinco días para el pago de las prestaciones reclamadas, o bien, para que se opusiera a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer (fojas 8 y 9 del juicio ejecutivo).
Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil siete, ********** dio contestación a la demanda entablada en su contra, promoviendo en éste incidente de falta de personalidad y de legitimación activa (fojas 31 a 34 del juicio de origen), el cual la juzgadora lo tuvo interpuesto en tiempo (foja 58).
La Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, resolvió el incidente de falta de personalidad y de legitimación activa en resolución de fecha tres de diciembre de dos mil siete, en la cual consideró improcedente dicho incidente (fojas 115 a 118 vuelta, del juicio de origen).
Seguido el juicio por sus diversas etapas, el nueve de febrero de dos mil nueve, la Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en el juicio de origen, en la que resolvió:
"PRIMERO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil.
"SEGUNDO. La parte actora probó su acción y la demandada no demostró sus excepciones.
"TERCERO. Se condena a la parte demandada el C. ********** a pagar a la parte actora la cantidad de $**********, por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses moratorios pactados, computados a partir de la fecha del vencimiento del título de crédito y hasta la total solución del adeudo, y al pago de gastos y costas originadas con la tramitación del presente juicio. Debiendo tomar en consideración al momento de la liquidación el pago parcial de la cantidad de $**********, que efectuó el demandado **********.
"CUARTO. Si en los próximos cinco días, contados a partir de que cause estado la presente resolución, el demandado no hiciera el pago de las prestaciones a las que hoy se le condena, se hará trance y remate de los bienes que le fueron embargados, para que con su producto se haga el pago al actor.
"Notifíquese." (foja 156 del juicio de origen).
En desacuerdo con esa sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación que se tramitó bajo el toca **********, del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyo titular, mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil nueve confirmó la sentencia apelada y condenó a la parte demandada al pago de las costas generadas en ambas instancias. (fojas 2 a 6 vuelta del toca de apelación)
Consideraciones de la sentencia reclamada.
Las consideraciones torales que sirvieron al Magistrado responsable para pronunciarse en el sentido que lo hizo, son:
• Los agravios hechos valer y que obran en el cuaderno principal, mismos que se estudian en conjunto dada la relación que entre ellos prevalece, a juicio de esta Sala, son inatendibles.
• En primer término y, contrario a lo que arguye la parte recurrente, no es exacto que la Juez natural vulnere los artículos 1241, 1247 y 1296 del Código de Comercio reformado, ya que los elementos probatorios glosados a fojas treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro a cincuenta y una del sumario no son documentos privados, por los que se entiende aquellos que otorgan los particulares sin la intervención de ningún funcionario público y en los que se hacen constar los actos jurídicos que celebraron.
• Los debatidos documentos, por tratarse de transferencias electrónicas, según lo admite la propia parte apelante en el párrafo tercero del apartado número cuatro del mencionado pliego de agravios, constituyen medios de prueba diversos de los documentos privados, que se ubican entre los que refiere la fracción VII del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, como aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y, por lo mismo, es inexacto que tuvieran que impugnarse conforme a las reglas que se establecen para la objeción de las pruebas documentales públicas y privadas en el distinto numeral 1247 del aludido Código de Comercio, es decir, objetarse dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces y sustanciarse en forma incidental la objeción respectiva.
• Por lo que las discutidas transferencias electrónicas no son documentos privados, en virtud de que se trata de datos o información recabados de medios electrónicos y, por lo mismo, no son documentos originales ni contienen firma de persona particular a quien pueda atribuirse el contenido del texto en que se documentan las consabidas transferencias electrónicas, que como medios de prueba reconoce el artículo 1205 del susodicho Código de Comercio. Por tanto, la objeción de las anunciadas transferencias electrónicas no se rige por los citados artículos 1241 y 1247 del referido cuerpo de leyes en consulta y, por consiguiente, la falta de objeción oportuna, al no tratarse de documentos privados o correspondencia procedente de uno de los interesados, no pueden tenerse admitidos y surtir efectos como si hubiesen sido reconocidos expresamente, virtud a que los documentos simples que consignan las cuestionadas transferencias electrónicas, son sólo meros indicios de los hechos que se pretenden justificar con la información generada en el medio electrónico correspondiente.
• Apoya su determinación en la tesis con el rubro: "CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR INTERNET, OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. VALOR PROBATORIO."
• Del contenido de la citada tesis se aprecia que vista la naturaleza y falta de firma de la persona a quien se imputa un correo electrónico, trae como consecuencia que no se tenga la certeza de aquel a quien se atribuye, más aun cuando no puede perfeccionarse mediante la ratificación de contenido y firma y, por ello, tal medio de prueba por sí solo carece de valor probatorio ante la imposibilidad de su perfeccionamiento, y aunque dicho medio electrónico no sea objetado, no trae como consecuencia que tenga valor probatorio, pero sí constituirá un indicio, cuyo valor será determinado al apreciarse con las demás pruebas que obren en autos.
• Por lo que, la a quo estuvo en lo correcto al no conceder eficacia probatoria a los citados documentos, por tratarse de meros indicios no adminiculados con distintas probanzas, virtud a que la parte inconforme únicamente aporta como diversa prueba la confesional de la actora, de la cual no se deriva ningún dato que pueda concordarse con las consabidas transferencias electrónicas, que permitan variar el valor indicado de los documentos de mérito, en cuanto el absolvente al contestar la octava posición objeta y desconoce la información plasmada en los documentos de que se trata por carecer de firma y sello.
• Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio aislado con el rubro: "DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO."
• No asiste razón a la parte recurrente, pues si bien es cierto que la Juez natural en el fallo combatido tiene por objetados los documentos que consignan las susodichas transferencias electrónicas, también lo es que las repetidas documentales que obran a fojas treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro a cincuenta y una del expediente primordial, carecen de valor probatorio y no demuestran la información que consigna cada una de ellas, virtud a que el contenido de las mismas no se corrobora con diferente elemento probatorio y, en cambio, fue objetado y desconocido el texto de los cuestionados documentos por el representante de **********, al momento de dar respuesta a la susodicha octava posición, la cual considera la Juez natural, cuenta habida que la objeción a las señaladas transferencias electrónicas no está sujeta a las reglas previstas por el Código de Comercio, relativas a la impugnación de pruebas documentales ofrecidas en juicio por alguna de las partes y, por ende, no es exacto tampoco que la susodicha objeción necesariamente deba sustanciarse en vía incidental; a más de que la parte actora también objeta las pruebas que anexa la parte demandada al escrito de contestación, en la promoción a través de la cual contesta la vista de las excepciones opuestas, según se constata de fojas sesenta y cuatro del sumario.
• Por ende, es evidente que la parte demandada con los debatidos documentos no justifica la excepción de pago parcial o "quita" que opone en contra de la acción deducida, toda vez que, se insiste, los antelados documentos constituyen únicamente meros indicios acerca de los datos e información contenida en las anunciadas fojas del cuaderno principal, merced a que la demandada, aunque rindió también la prueba confesional a cargo de la parte actora, de ésta no se colige ningún elemento favorable a la parte demandada que se vincule con los refutados documentos que consignan las repetidas transferencias electrónicas y, por tanto, los mismos carecen de valor probatorio bastante y suficiente para justificar los abonos parciales que alega la parte demandada haber realizado por conducto de las transferencias electrónicas mencionadas, además de que tampoco demuestra que **********, hubiese autorizado que los pagos parciales que enumera la tabla de amortizaciones pudieran llevarse a cabo a través de medios electrónicos o por cualquier otra tecnología previamente convenida por los contendientes.
• De ahí que sea inexacto que la determinación recurrida contravenga lo dispuesto por los artículos 46 y 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, máxime cuando la parte apelante, de manera concreta y específica, omite mencionar y formular razonamientos lógico jurídicos que pongan de manifiesto porqué los documentos concernientes que corren agregados en las fojas ya escritas, colman todos y cada uno de los requisitos que deben contener las transferencias de dinero realizadas vía electrónica, para otorgarles validez y eficacia legales. De lo que se sigue, entonces, que la Juez primaria en forma correcta niega valor probatorio a los consabidos documentos visibles a fojas treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro a cincuenta y una del sumario.
En desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, el demandado **********, por su propio derecho promovió juicio de garantías que se radicó ante este Tribunal Colegiado con el número **********.
Síntesis de los conceptos de violación.
De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que se alegan como conceptos de violación, lo que enseguida se sintetiza:
1. La autoridad responsable vulnera lo dispuesto en los artículos 1241, 1247 y 1296 del Código de Comercio, 93, 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 310 y 313 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que omite observarlos al determinar que las documentales que obran a fojas 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 no son documentos privados, sino transferencias electrónicas que constituyen un medio de prueba diverso a la documental privada, pues se ubican en la fracción VII del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles; cuando, contrario a ello, sí son documentos privados porque reúnen las exigencias de la definición de documento y de los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los 310 y 313 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyos textos coinciden, puesto que son hojas de papel que contienen información escrita en la cual se consagra una idea y que en su formación no intervino un funcionario dotado de fe pública en ejercicio de sus funciones, lo cual implicaba que se valoraran conforme a las reglas de la prueba documental, esto es, que al no haber sido objetadas debían tenerse por admitidas y concederles valor probatorio como si hubieran sido reconocidas expresamente.
2. La autoridad responsable rebasa los límites de la litis sometida a su consideración, toda vez que introduce argumentos que no fueron motivo de agravios, como lo es que las documentales de referencia son elementos aportados por la ciencia, cuando la Juez de primera instancia los analizó como documentos y no existió inconformidad al respecto.
3. Indica que le causa agravio la aplicación por analogía de la tesis con el rubro: "CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR INTERNET, OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. VALOR PROBATORIO.", toda vez que como lo indica dicho criterio, ese medio de prueba constituye un indicio que aunado a que no fue objetado origina que se deba aplicar a la parte actora la sanción contenida en el artículo 1241 del Código de Comercio.
3.1. Precisa que contrario a lo que sostiene el ad quem, los documentos de pago electrónicos sí tienen validez como efecto de valor demostrativo, y así lo ha considerado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aplicable por analogía con el rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES."
4. Alega que es falso lo que alude el Magistrado responsable en el sentido de que las documentales relativas a los pagos electrónicos no se encuentran adminiculadas con otros elementos de prueba, dado que, contrario a ello, tales documentales visibles a fojas 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, el Magistrado responsable pudo adminicularlas con las diversas documentales sí reconocidas por la parte actora, las cuales se encuentran visibles a fojas 35, 36, 40, 41, 42 y 43, ya que en ambas se consagran los mismos datos del beneficiario del depósito, el número de cuenta de retiro, el número de cuenta del depósito, la referencia del pago o depósito y los datos del convenio CIE. Además de que también pudo adminicularlos con las documentales ofrecidas por el propio inconforme, consistentes en estados de cuenta emitidos por la institución bancaria ********** y la tabla de amortizaciones, que no fueron objetadas, precisando que de la última citada pueden observarse cantidades de dinero por concepto de mensualidad, las cuales coinciden con las cantidades consignadas en los pagos realizados electrónicamente; de modo que al encontrase apoyadas por otros elementos de prueba, sí generan eficacia probatoria.
Análisis de los conceptos de violación.
Por cuestión de técnica en el juicio de amparo, los conceptos de violación se analizarán en diverso orden al en que fueron planteados.
Así, resulta infundado el concepto de violación precisado con el número 2, relativo a que la autoridad responsable rebasa los límites de la litis sometida a su consideración, toda vez que introduce argumentos que no fueron motivo de agravio, como lo es que las documentales de referencia son elementos aportados por la ciencia, cuando la Juez de primera instancia los analizó como documentos y no existió inconformidad al respecto; toda vez que fue la demandada apelante, ahora quejosa, quien introdujo los hechos a la litis del tribunal de alzada.
Ello se estima así, en razón de que la parte apelante, ahora quejosa, en su escrito de agravios alegó, entre otras cuestiones, lo siguiente: "1. Se violan en perjuicio de la parte demandada los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio en vigor, por inobservancia e indebida aplicación, respectivamente, preceptos que disponen lo siguiente: ‘Artículo 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente ...’. En el caso concreto, el C. Juez inferior en el considerando III de la resolución que ahora se combate, indebidamente negó valor probatorio a las documentales privadas que en vía de prueba fueron acompañadas a la contestación de la demanda, las cuales obran en el sumario a fojas 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, toda vez que las mismas jamás fueron objetadas por la parte actora, por lo que en atención al citado dispositivo legal, debieron ser admitidas y surtir sus efectos como si hubieran sido reconocidas expresamente por la parte actora, máxime que la ley de la materia exige que la objeción de documentos debe tramitarse en la vía incidental, situación que, como se expresará más adelante, nunca se dio. 2. Se viola por inobservancia en perjuicio de mi representado el artículo 1247 del Código de Comercio en vigor, toda vez que el mismo dispone que la objeción de documentos sólo puede hacerse dentro de los tres días siguientes a la apertura del periodo probatorio ..."; y, en atención a dichos agravios, el Magistrado responsable en la sentencia combatida sostuvo que contrario a lo que arguye la parte apelante no es exacto que la Juez natural vulnere los artículos 1241, 1247 y 1296 del Código de Comercio reformado, ya que los elementos probatorios glosados a fojas treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro a cincuenta y una del sumario no son documentos privados, por los que se entiende aquellos que otorgan los particulares sin la intervención de ningún funcionario público y en los que se hacen constar los actos jurídicos que celebraron, pues los debatidos documentos, por tratarse de transferencias electrónicas, constituyen medios de prueba diversos de los documentos privados, que se ubican entre los que refiere la fracción VII del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, como aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y, por lo mismo, es inexacto que tuvieran que impugnarse conforme a las reglas que se establecen para la objeción de las pruebas documentales públicas y privadas en el distinto numeral 1247 del aludido Código de Comercio, es decir, objetarse dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces y sustanciarse en forma incidental la objeción respectiva.
Entonces, si la apelante, ahora inconforme, fue la que introdujo a la litis en la apelación lo relativo a la valoración de los documentos obtenidos electrónicamente (comprobantes de pago), es incuestionable que, contrario a lo que alega, la Sala responsable no transgredió la litis en la apelación y, por ende, no vulneró el principio de congruencia.
Sin que sea óbice para sostener lo anterior, que la juzgadora de origen al dictar la sentencia de primera instancia haya considerado que tales medios de convicción son documentos privados, cuenta habida que el tribunal de alzada, ante los agravios expuestos, puede mejorar los argumentos que haya expuesto el juzgador de origen ya que, incluso, pueden sustituir íntegramente al Juez para pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia.
Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2009, localizable en la página 25, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del Código de Comercio y 683 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se desprende que el recurso de apelación es un medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la apelación en materias civil y mercantil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la inexistencia del reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse las funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir íntegramente al Juez para pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de apelación que advierta, previo al fondo, que existe una omisión o que no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal, deberá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición o regularización del procedimiento en lo que sea necesario en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el debido proceso como condición para el dictado de la sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no implicar la devolución al inferior para efectos de que asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios de la sentencia definitiva."
Por otra parte, los conceptos de violación sintetizados con los números 1, 3 y 3.1., serán analizados conjuntamente de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que guardan relación entre sí, puesto que están dirigidos a evidenciar que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, las documentales que obran a fojas 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 consistentes en pagos electrónicos sí son documentos privados y, por ende, al no haber sido objetadas debían tenerse por admitidas y concederles valor probatorio como si hubieran sido reconocidas, conforme al artículo 1241 del Código de Comercio.
Dichos motivos de disentimiento resultan infundados, en atención a lo que enseguida se expone.
Para llegar a tal determinación es preciso dilucidar el significado de "documento probatorio", para lo cual se cita la definición prevista en la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo III, segunda edición, Editorial Porrúa, páginas 616 a 618:
"Documento probatorio. I. (Del latín documentum, ‘enseñanza, lección’).
"II. Medio de prueba que consiste en un objeto mueble apto para representar un hecho, regularmente a través de la escritura.
"La concepción del documento como medio de prueba ha tenido una evolución que se inició con la concepción estructural, que sólo consideraba como documento lo escrito, y que ha culminado con la concepción funcional, la cual estima que debe considerarse como tal todo objeto mueble que tenga como función representar un hecho o una idea. Esta función representativa se cumple regularmente a través de la escritura, pero también puede llevarse a cabo por otros medios. Así, dentro de esta concepción funcional y amplia del documento, como objeto mueble apto para representar un hecho o una idea, suele distinguirse entre documentos literales o escritos, que son aquellos que cumplen su función representativa a través de la escritura, y documentos materiales, que son los que realizan esta función por otros medios, como sucede con las fotografías, las cintas cinematográficas, los registros dactiloscópicos, etc.
"III. Debe aclararse que en México todavía predomina, en la legislación y en la doctrina, la concepción estructural que sólo considera como documento lo escrito. Esto explica por qué en el CPC merecen una regulación separada a la de los documentos escritos (aa. 327-345) los documentos técnicos, no escrito o materiales (aa. 373-375). En términos generales, el a. 374 exige que ‘la parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras’.
"IV. Bajo el epígrafe ‘De la prueba instrumental’, el CPC regula la especie de los documentos literales o escritos. De acuerdo con el criterio tradicional, el CPC clasifica los documentos en públicos y privados. Los primeros son los expedidos por funcionarios públicos, en el desempeño de sus atribuciones, o por profesionales dotados de fe pública (notarios y corredores públicos). Los documentos privados, por exclusión, son los expedidos por personas que no tienen el carácter de funcionario público o de profesionales dotados de fe pública.
"1. Dentro de los diferentes documentos públicos que enumera el a. 327, en nueve fracciones, podemos distinguir cuatro subespecies: las actuaciones judiciales, los documentos notariales, los documentos administrativos y las constancias registrales. En tanto que documentos públicos, las actuaciones judiciales comprenden todos los actos procesales documentados en el expediente del proceso o de otro proceso, que provengan del juzgador y de los funcionarios judiciales; es decir, básicamente las resoluciones y las diligencias judiciales.
"Los documentos notariales son los testimonios y copias certificadas que los notarios expiden de las escrituras y actas que ellos asientan en el protocolo, en el que registran los actos y hechos jurídicos de que dan fe. La diferencia entre escritura y actas notariales, reside en que, en la primera, los notarios hacen constar un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22773-10c45f14/transferencias-electronicas-no-constituyen-documentos-privados-sino-elementos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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