COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. ES LEGAL LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL RESPONSABLE QUE LE OTORGA VALOR INDICIARIO SI NO SE LLEVÓ A CABO SU PERFECCIONAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
AMPARO DIRECTO 691/2009. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. De las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que mediante escrito de tres de septiembre de dos mil nueve, el aquí tercero perjudicado formuló alegatos, conforme a los cuales considera deben desestimarse los planteamientos expuestos vía conceptos de violación por la quejosa; cabe precisar que no es obligatorio para este tribunal federal proceder a su análisis, derivado de que el ocurso en cuestión contiene simples opiniones o conclusiones lógicas del demandado en el juicio natural relacionadas con sus pretensiones, las cuales no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe con justificación; máxime cuando no se hacen valer causas de improcedencia del juicio constitucional, hipótesis en la que, en todo caso, sí procedería abordar su estudio.
Es aplicable al caso la jurisprudencia VIII.3o. J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1419, del tenor literal siguiente:
"ALEGATOS EN EL AMPARO. SU ANÁLISIS ES OBLIGATORIO CUANDO PLANTEAN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no es obligatorio para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos escritos. Sin embargo, lo anterior no opera en el caso en que planteen cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio de garantías pues, en ese supuesto, su análisis es obligatorio en atención a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: ‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’."
SEXTO. Corresponde ahora el análisis de los conceptos de violación expuestos.
En ellos, la quejosa **********, expresa, en esencia, que la autoridad omite fijar en forma debida la litis, en virtud de que el demandado controvirtió el salario que serviría de base para cuantificar el pago de la prima de antigüedad; sin embargo, la responsable calculó la condena, tomando en cuenta la cantidad de $********** (**********) mensuales, sólo por lo que hace a la clave ********** y omite apreciar que la actora percibía los últimos sueldos en forma quincenal, lo que se corrobora con las dos nóminas que el centro de trabajo exhibió, en las que se advierte que la clave **********, en ella recibía por concepto 07 $********** (**********) y 7B $********** (**********), de sueldo base quincenal, acorde a la nómina del uno al quince de diciembre de dos mil ocho.
Agrega que el tribunal no tomó en cuenta la clave **********, para la cuantificación de la prima de antigüedad, no obstante que el documento único de personal, ofrecido en copia simple, no se perfeccionó, aunado a que no se aprecia que la actora haya recibido el original del mismo.
Además, alega que, de conformidad con el artículo 784, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente, correspondió a la patronal la carga procesal e, insiste que la antigüedad es una sola y no puede fraccionarse en claves presupuestales, como lo señala el patrón, ya que el referido numeral 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, sólo hace alusión al servicio efectivo prestado al Gobierno del Estado y, que ante la falta de disposición expresa, se debió aplicar el principio in dubio pro operario, en términos del artículo 18 de la legislación federal invocada; lo anterior, para calcular la prima de antigüedad con su último sueldo, confirmado por las dos claves presupuestales.
Insiste en que la patronal no acreditó la antigüedad de la supuesta clave **********, puesto que exhibió copia simple del formato único de personal que nunca fue perfeccionada, argumentando que la original la tenía la actora.
Finalmente, expresa que no se valoró correctamente la documental consistente en la última nómina por centro de trabajo que exhibió la demandada, ya que en la columna de fecha de ingreso "Fech. Ing." se aprecia 01/sep/79.
Carecen de eficacia las disconformidades propuestas por la quejosa.
En efecto, en el caso quedó demostrado que **********, contaba con dos claves, una con número **********, correspondiente al centro de trabajo número **********; y la otra con número **********, relativa al centro de trabajó número **********.
También quedó plenamente demostrado que la clave **********, correspondía a su plaza que adquirió inicialmente del Gobierno Federal y, a partir del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, quedó transferida al Gobierno del Estado, según se desprende de la documental relativa a la propuesta de nombramiento que aparece glosada a foja 96 de los autos y el convenio relativo al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado entre la Federación y el Gobierno Estatal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, mediante el cual se transfieren los Servicios de Educación Básica y Normal, por parte de la Federación al Estado de Tamaulipas (fojas 89-95).
De igual forma, quedó probado que en esa clave, por el concepto "07" su sueldo mensual era por $********** (**********); concepto concerniente al sueldo base; además, una cantidad adicional por concepto "7E", referente a carrera magisterial, según aparece a foja 101 de los autos del expediente laboral.
Por lo que respecta a la plaza adicional con clave presupuestal **********, el patrón señaló que le fue otorgada desde el veinte de enero de dos mil uno.
Para probar su dicho, allegó al juicio laboral copia fotostática simple del formato único de personal, de seis de febrero de dos mil seis, visible a foja 100 del expediente, a fin de acreditar que la plaza adicional con clave **********, fue otorgada con efectos a partir del uno de enero de dos mil uno.
La responsable en el fallo combatido, determinó, por cuanto hace a la clave **********, que la actora sí tenía derecho a la prima de antigüedad, porque laboró dieciséis años, siete meses, ya que para el Gobierno del Estado, inició el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, y causó baja por jubilación a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.
En cambio, no tomó en cuenta el sueldo percibido en la plaza adicional con clave **********, porque ésta se le otorgó a partir de enero de dos mil uno, y terminó en la fecha de su jubilación; por ende, concluyó que en esta última clave, no adquirió el derecho, dado que con el formato único de la patronal demostró que la citada plaza adicional se le otorgó en la fecha indicada; por lo que, no cumplió con el término de diez años que exige el citado artículo 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
En primer orden, debe precisarse que, la prima de antigüedad por jubilación, tiene su origen en la continuidad de los servicios prestados por el trabajador durante determinado lapso; es decir, es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluye la relación laboral, no constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión y se genera por cada año de servicios, independientemente del periodo que labore el trabajador.
Así, el objetivo de esa prestación consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados, al concluir su relación laboral; de tal manera que llegado ese momento, conforme al citado numeral 27 de la ley laboral estatal, debe cubrirse al empleado la prestación consistente en doce días por cada año de servicio prestado al gobierno del Estado, siempre y cuando, cuenten con más de diez años de servicios, tomando como base el último sueldo percibido por el trabajador.
Luego, conforme a lo anterior, es preciso determinar que como bien lo sostiene la quejosa, la antigüedad en términos generales no se puede fraccionar; sin embargo, no se puede soslayar que en el caso particular se está en presencia de una relación laboral especial; pues la actora se desempeñaba en dos centros de trabajo, uno identificado con el número ********** y el otro con el número **********, y acorde a ello, según las nóminas de pago, se puede apreciar que, en la clave número ********** tenía como percepciones; los conceptos 07 (sueldo compactado), 7E (carrera magisterial, CP (diferencia del 07 entre zona 3 y 2), E5 (asignación docente específica), L3 (licenciatura en la docencia), 32 (prima vacacional), 39 (material didáctico), CS (servicios curriculares), EE (asignación genérica de carrera magisterial), Q5, 38 (ayuda de despensa) y 44 (previsión social múltiple); y, como deducciones; los conceptos 01 (impuesto sobre el producto del trabajo), 04 (servicio médico y maternidad), 51 (seguro individual Metlife), 64 (amortización Fovissste S.M.), 77 (seguro de retiro Metlife), 02 (fondo de pensiones del ISSSTE), 21 (fondo de retiro de los trabajadores del Estado), 58 (cuota sindical), 65 (seguros Fovissste) y 84 (ahorro del 4% del SATET).
Por otra parte, en la clave presupuestal **********, se aprecian como percepciones los conceptos 07 (sueldo compactado), CP (diferencias del 07 entre zona 3 y 2), EB, Q5, 38 (ayuda de despensa), 44 (previsión social múltiple), 7B, CS (servicios curriculares), L3 (licenciatura en la docencia), 32 (prima vacacional) y 39 (material didáctico); asimismo, se detallan como deducciones los conceptos 01 (impuesto sobre el producto del trabajo), 04 (servicio médico y maternidad), 64 (amortización Fovissste S.M.), 02 (fondo de pensiones del ISSSTE), 58 (cuota sindical) y 84 (ahorro del 4% del SATET).
Por tanto, si en cada una de las claves se encuentra sujeta a un sueldo base más otras percepciones, así como a deducciones, también en cada una de las claves; entonces, para considerar el sueldo base de ambas claves en el pago de la prima de antigüedad, la maestra debe cubrir el requisito de haber laborado más diez años en cada una de las claves.
De ahí que, no obstante sea una sola relación laboral, por las circunstancias que la rodean, cuando un solo trabajador cuenta con dos plazas, identificadas por claves; para efectos del pago de prima de antigüedad, sí debe reunir el requisito ya señalado.
En consecuencia, establecido lo anterior, es el turno de analizar, si en la clave adicional número **********, la ahora quejosa contaba con más de diez años; carga probatoria que correspondió al demandado Gobierno del Estado, acorde al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley del trabajo estatal, conforme a su numeral 6o.
Es menester citar el contenido del numeral 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, a saber:
"Artículo 27. Los trabajadores con más de diez años de servicio efectivo tendrán derecho, en caso de retiro voluntario o cuando sean separados de su trabajo, al pago de una prima de antigüedad consistente en doce días por cada año de servicio prestado al Gobierno del Estado, tomándose como base el último sueldo percibido por el trabajador."
Como se ve, dicho numeral prevé que los trabajadores con más de diez años de servicio efectivo, tendrán derecho, en caso de retiro voluntario o cuando sean separados de su trabajo, al pago de una prima de antigüedad consistente en doce días por cada año de servicio prestado al Gobierno del Estado, tomando como base el último sueldo percibido por el empleado.
Así las cosas, contrario a lo que refiere la peticionaria del amparo, el aquí tercero perjudicado sí justificó la aseveración esgrimida al dar respuesta a la demanda, en el sentido de que en la plaza adicional clave **********, la actora sólo tenía una antigüedad a partir del mes de enero de dos mil uno y que, por esa razón, no debía considerarse para calcular el concepto prima de antigüedad.
Se llega a esa conclusión, porque la demandada aportó la documental relativa a copia fotostática simple correspondiente al formato único de personal, de seis de febrero de dos mil uno, expedido por la Secretaría de Educación del Estado a favor de la aquí quejosa que aparece a foja 100.
No pasa desapercibida la calidad del documento; esto es, una copia fotostática simple, respecto de lo cual, es oportuno realizar el siguiente estudio:
Los artículos 798 y 810 de la Ley Federal del Trabajo, señalan en lo conducente:
"Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre."
"Artículo 810. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido."
De lo anterior se observa que el precepto 798 transcrito, cataloga como documentos privados, tanto a las copias simples, como a las fotostáticas, pese a que estas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto; esta observación es importante, en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanzas, no puede desconocerse al efectuar su valoración.
Esto, porque la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos que permiten la composición o alteración de los objetos reproducidos; por lo que no puede descartarse la posibilidad de que no corresponda de manera real o auténtica al contenido exacto y fiel del documento o documentos de los que se tomó.
Atento al contenido del mencionado artículo 798, dispone, en su parte final, que para el efecto de que las copias exhibidas puedan ser compulsadas o cotejadas con sus originales, en caso de ser objetadas "... La parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre", disposición de importancia, porque de ahí deriva que si el oferente no precisa dónde se encuentra el original del que proviene la copia, en caso de objeción, no se estará en posibilidad de efectuar su compulsa o cotejo, puesto que no se sabe dónde están los documentos originales.
Por tanto, si el oferente de una prueba de documentos exhibe copias fotostáticas sin certificar de dichos documentos y éstas son objetadas, tiene la carga de señalar el lugar donde se encuentra el original para dar oportunidad de que pueda verificarse la compulsa respectiva; de ahí la conclusión relativa a que si no se logra su perfeccionamiento, aun y cuando no sea objetada, no puede admitirse que haga prueba plena por sí sola, sino que únicamente constituirá un indicio, cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarla en conciencia, con las demás pruebas aportadas al juicio.
En efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, este riesgo, que no puede desconocerse por el juzgador, impide que a la copia fotostática no objetada se le otorgue valor de prueba plena, pero sí debe estimarse como un indicio.
Al efecto, se transcribe la jurisprudencia 4a./J. 32/93, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 68, agosto de 1993, Octava Época, visible en la página 18, que determina:
"COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA. Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que éstas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental."
En la especie, la documental correspondiente al formato único de personal, se trata de una copia fotostática, que de acuerdo al escrito de pruebas de la parte demandada, se advierte la expresión para en caso de objeción, de que requiriera a la accionante para que presente el original, por obrar en su poder (foja 84).
Por su parte, la trabajadora, objetó dicho medio de convicción en los siguientes términos:
"... En lo que respecta al formato único de personal, se objeta por ser fotocopia simple sin certificar objetando el modo de perfeccionamiento que ofrece la demandada, pues del contenido de dicha documental no se aprecia la firma de la actora de que haya recibido el supuesto original." (foja 69).
De lo antes relacionado se evidencia que el oferente exhibió copia fotostática del formato único de personal, del cual solicitó el cotejo con su original; al efecto, precisó el lugar donde ésta se encontraba; esto es, que obraba en poder de la trabajadora, razón por lo que pidió fuera requerida para que lo presentara a juicio; de ahí que cumplió con los extremos previstos por el numeral 798 antes transcrito.
Sin embargo, la ahora quejosa, sólo se concretó a objetar la susodicha documental, en cuanto a que no se apreciaba su firma de haber recibido el original; empero, en manera alguna expresó que fuera falso el contenido de dicha documental, ni tampoco manifestó que no lo tuviese en su poder, o bien que no le fue entregada por la parte demandada, puesto que sólo se limitó a expresar que no firmó de recibido.
En ese sentido, es evidente que el tribunal de arbitraje atendió al principio de legalidad contemplado en el artículo 117 de la ley del trabajo estatal, al dictar el laudo que se combate, ya que para ello, procedió a valorar las pruebas en conciencia, sin sujetarse a reglas fijas y resolvió a verdad sabida y buena fe guardada, expresando los motivos y fundamentos en que basó su decisión; por tanto, estuvo en lo correcto el valor otorgado al documento privado en cuestión, como un indicio suficiente para demostrar que la trabajadora no tenía más de diez años en la plaza adicional en comento, respecto de lo cual, si bien no se llevó a cabo su perfeccionamiento, fue motivado por la falta de colaboración de la propia quejosa, puesto que la parte demandada cumplió con manifestar el lugar donde podía ser localizado dicho original, mismo que no fue aportado por la peticionaria de garantías.
Es aplicable en la especie, la jurisprudencia 2a./J. 113/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, Novena Época, del tenor literal siguiente:
"PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIÓN.-Si se toma en consideración que las pruebas documentales, sean públicas o privadas, pueden ser apreciadas en el juicio laboral, por las Juntas de Conciliación y Arbitraje en atención tanto a su autenticidad (lo que incluye la inexactitud o falsedad del documento en todo o en alguna de sus partes), que es materia de objeción, como a su alcance probatorio, lo que implica su valoración, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen los casos en que procede la objeción de documentos y los procedimientos que al efecto deben ser desarrollados para cada caso, puede concluirse que cuando las partes efectúan alegaciones en relación con el alcance probatorio de una documental, mediante razonamientos que se refieren exclusivamente a aspectos de valoración, no se está ante una objeción en términos de los preceptos aludidos ni puede generar las mismas consecuencias que ésta, por lo que las Juntas deben tenerlas por no hechas. Ello es así porque, por un lado, la objeción o impugnación de documentos es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por la Junta al momento de valorar las pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo respectivo y, por otro, porque no obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 841 de la propia ley, en el procedimiento laboral las reglas de valoración de los medios de convicción no son absolutas ni formalistas y deben entenderse moderadas por el principio de que la Junta debe resolver en conciencia, lo que significa que ésta puede, discrecionalmente, considerar las manifestaciones realizadas en relación con el alcance probatorio de un documento sin estar obligada a realizar un estudio destacado de ello."
Por tanto, se encuentra ajustada a derecho la decisión de la Junta, al no tomar en cuenta el salario devengado por la accionante en la plaza adicional con clave **********, por no contar con más de diez años de antigüedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley de trabajo estatal.
En las relatadas consideraciones, al no advertirse violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en el laudo de dieciocho de agosto de dos mil nueve, dictado en el expediente **********, promovido en contra del Gobierno del Estado.
Notifíquese como corresponda; anótese y, con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, María Lucila Mejía Acevedo, Emmanuel G. Rosales Guerrero y José Javier Martínez Vega, siendo presidenta y ponente la primera de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, 14, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22572-359e0d3c/copia-simple-de-documento-privado-ofrecido-como-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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