LAUDOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EN VIRTUD DE QUE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD NO CONTIENE REGULACIÓN ALGUNA EN RELACIÓN CON EL FUNCIONARIO QUE DEBE DAR FE DE LA POSTURA Y VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS QUE EMITE, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SECRETARIOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CARECEN DE FACULTADES PARA FIRMAR SUS LAUDOS Y, POR TANTO, LOS QUE CONTENGAN LA RÚBRICA DE DICHO FUNCIONARIO ORIGINA UNA VIOLACIÓN FORMAL QUE AFECTA SU VALIDEZ (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
AMPARO DIRECTO 687/2009. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Por cuestión de técnica jurídica, se analiza en primer orden el segundo concepto de violación, relativo a la falta de facultades del secretario auxiliar para firmar el laudo, cuando es facultad exclusiva del secretario general.
En el asunto específico, se tilda de inconstitucional un laudo dictado por un tribunal de arbitraje; por ende, se presupone la existencia de un proceso legal en donde se planteó un conflicto o litis entre las partes, derivado de la base de la acción como un posible derecho y las excepciones planteadas por el demandado, aportando ambos las pruebas de su intención.
Acorde con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Federal, y 158 de la Ley de Amparo, tales resoluciones jurisdiccionales son impugnables a través del juicio de garantías en la vía directa, en el cual es factible analizar violaciones que puedan acaecer durante la secuela del procedimiento, siempre y cuando llegaran a afectar las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, o bien, las cometidas en el dictado de las mismas.
Estas últimas pueden ser formales o materiales (fondo), las primeras se actualizan si la resolución se dicta de manera incompleta, incongruente, o incumpliendo con las reglas esenciales en su contenido; las segundas, tienen un carácter o naturaleza positiva, pues se presentan cuando se impone al quejoso una carga no correspondiente, o sin causa justificada, que lo priva de un derecho integrante de su patrimonio jurídico.
Lo anterior conlleva a afirmar la preferencia en el estudio del concepto de violación, referida a aquellas trasgresiones de forma y fondo, expuestas respecto del mismo laudo; y en el caso en particular, inclusive a las violaciones procesales alegadas por los quejosos, pues de considerarse fundado, entonces se estaría en presencia de un acto inválido, y por ende, del contenido total de ese acto; aspecto que incidirá en el impedimento del Tribunal Colegiado para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, en cuanto a las demás violaciones que se propongan, porque el fallo no podría surtir efecto jurídico alguno.
No se soslaya el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver la contradicción de tesis 147/2007, cuyo tema fue la trascendencia de la falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta o de su secretario de Acuerdos en el laudo, y de donde derivó la jurisprudencia de rubro: "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.", donde precisó que se trata de una violación procesal; sin embargo, esto no ocurre en la especie, porque el planteamiento jurídico a abordarse es, si quien firmó -a diferencia de la falta de firma- está facultado para ello o no. Por tanto, en la especie no se trata de una violación procesal, sino formal, acaecida en el propio laudo.
Justificada la preeminencia en el estudio de una violación formal, aún por sobre diversas de carácter procesal que se hicieran valer, corresponde analizar si se incurrió en la formal o no; para lo cual importa reseñar lo siguiente:
De las constancias integradoras del juicio de origen, destaca que ********** y **********, presentaron demanda en contra de **********, haciendo valer como acción principal la reinstalación en sus respectivos empleos como auxiliar jurídico y administrativo en la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas; una vez que el ente de gobierno dio contestación, el tribunal de arbitraje celebró la audiencia de pruebas y alegatos; admitidos y desahogados los medios de convicción aportados por ambas partes el cinco de agosto de dos mil nueve, resolvió el juicio con el dictado del laudo, de cuyo examen se advierte, que está firmado por la presidenta, el representante del ********** y el de los trabajadores, así como por la secretaria auxiliar ********** (fojas 1, 2, 27 a 45, 127 a 143, 951 a 1187).
Dicha resolución constituye el acto reclamado que por esta vía se impugna, y por derivar de un expediente que se conformó en virtud de un conflicto burocrático, el procedimiento se siguió conforme a las disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, las cuales permiten ser suplidas en los siguientes términos:
"Artículo 6. En lo no previsto por esta ley o sus reglamentos, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho; salvo que por expresa referencia de la misma remita a otro ordenamiento, circunstancia en la cual se estará a lo establecido."
Para fijar los alcances del citado precepto, es dable referir que la supletoriedad es una institución que otorga coherencia e integración al conjunto de normas imperfectas o aisladas que conforman el sistema jurídico, de ahí su eficacia para corregir la existencia de ambigüedades.
Cuando la referencia a uno o varios ordenamientos es expresa, debe entenderse que la aplicación de las normas supletorias se hará en los supuestos no previstos en la primera ley, pero también la complementará ante posibles omisiones o en la interpretación de sus disposiciones; por ello, se ha considerado que la referencia a otras legislaciones es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.
En torno a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2009, emitió la tesis aislada 2a. XVIII/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1054, de rubro y texto siguientes:
"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."
Precisado lo anterior, y con la finalidad de discernir si la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas regula lo relativo a los requisitos del laudo en cuanto a las personas que deben signarlo, o de no ser así, se reúnen los requisitos de supletoriedad, es indispensable analizar diversos artículos de la citada legislación.
En relación al personal del Tribunal de Arbitraje se prevé:
"Artículo 98. El tribunal contará con un secretario general, quien además sustituirá las ausencias temporales y excusas del presidente, debiendo ser licenciado en derecho, y con los secretarios auxiliares que fueren necesarios, así como el personal indispensable; teniendo los secretarios auxiliares el carácter de actuarios para efectuar todas las diligencias que le fueren encomendadas por el presidente. Los empleados del tribunal serán de confianza y quedarán sujetos en lo conducente, al presente ordenamiento, pero los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación del mismo, serán resueltos por el Pleno del Tribunal de Arbitraje."
Este numeral contiene una regulación expresa, sobre los funcionarios que deben apoyar al tribunal de arbitraje, en primer orden prevé que son de confianza; por lo que respecta al secretario general, sólo destaca la tarea relativa a suplir las ausencias temporales y excusas del presidente, sin que esto implique limitar sus actividades, pues utiliza la frase "quien además"; asimismo, regula la obligación de que sea licenciado en derecho, requisito que no dispone para los secretarios auxiliares, acerca de los cuales indica, que están obligados a efectuar todas las "diligencias" que les fueren encomendadas por el presidente, entendiéndose como tal, dar fe de las actuaciones relacionadas con el trámite del juicio hasta que queden en estado de resolución, y para ello se les otorga fe pública, tan es así que se les equipara con los actuarios.
Respecto a la tramitación del juicio, se establece:
"Artículo 101. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda, y a una sola audiencia en la que se presentaran pruebas y alegatos de las partes. El tribunal pronunciará resolución dentro del término de setenta y dos horas siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo."
"Artículo 107. Inmediatamente que el tribunal reciba la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para contestar, ordenara la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en su caso."
"Artículo 108. El tribunal admitirá y proveerá el desahogo de las pruebas que se ofrezcan, desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis. Posteriormente sólo se aceptarán pruebas que se relacionen con hechos supervenientes, que tengan por objeto probar las tachas contra testigos o se trate de la confesional.
"El tribunal dictará los acuerdos de trámite dentro de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión de la audiencia o diligencia respectiva. Dichas resoluciones no admitirán recurso alguno."
"Artículo 110. Cualquier incidente que se suscite con motivo de la personalidad de las partes, de su representante, de la competencia del tribunal, del interés de terceros, sobre la nulidad de actuaciones y de otros motivos análogos, será resuelto de plano al admitirse las pruebas en que se funden las pretensiones. Si de la demanda o durante la secuela del procedimiento resultare a juicio del tribunal su incompetencia lo declarará de oficio."
"Artículo 112. Antes de pronunciarse el laudo, los miembros que integran el tribunal podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso se acordará la práctica de las diligencias necesarias. Asimismo, el tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notare en la substanciación del procedimiento, para el efecto de regularizar el mismo."
Conforme a los numerales reproducidos, se distinguen los siguientes actos y etapas procesales:
1. Presentación de la demanda por escrito.
2. Contestación escrita.
3. Práctica de diligencias cuando se estimen necesarias.
4. Celebración de una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y resolución cuando el caso lo permita.
5. De no ser factible resolver en la propia audiencia, se desahogarán las pruebas ofrecidas por las partes en tal acto, y excepcionalmente durante el proceso, cuando estén relacionadas con hechos supervenientes, y
6. El tribunal, previo al dictado de la resolución, deberá acordar la práctica de las diligencias necesarias para mejor proveer, o corregirá cualquier irregularidad u omisión en la sustanciación del procedimiento cuando lo estime imprescindible.
Sobre la forma en que se debe dictar el laudo, se transcriben las siguientes disposiciones:
"Artículo 117. En los laudos, el Tribunal de Arbitraje valorará las pruebas en conciencia, sin sujetarse a reglas fijas para resolver los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar las consideraciones de hecho y de derecho en que funde su decisión."
"Artículo 118. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje se tomarán por mayoría de votos de los representantes y el voto de los ausentes se sumarán al del presidente, cuando se trate de conflictos colectivos, además del presidente se requerirá la presencia de uno de los representantes por lo menos. La resolución deberá ser cumplida dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación ..."
En estos numerales se prevén ciertas reglas para la emisión del fallo; en cuanto a su contenido, regulan la valoración de pruebas, limitada únicamente a observar el principio de congruencia, acorde con la garantía de fundamentación y motivación; en relación a las formalidades, señalan que debe emitirlo el Tribunal de Arbitraje, y especifican el procedimiento de votación.
Como se aprecia, en el caso particular se surten los primeros tres requisitos, consistentes en que:
1. La ley a suplir permite acudir a otros ordenamientos, ya que el artículo 6o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, lo dispone expresamente.
2. La citada legislación contiene disposiciones en torno al dictado del laudo y el personal del tribunal, pero la regulación sobre a cuál de los secretarios corresponde autorizar la resolución del fallo es insuficiente.
Esto es así, porque aun cuando el artículo 98 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas hace referencia a dichos funcionarios, a ninguno se le asigna directa o implícitamente la encomienda respectiva.
3. El anterior vacío legislativo hace necesario acudir a los ordenamientos de aplicación supletoria, debido a la importancia de definir quién es el funcionario que debe autorizar la emisión de los laudos que dicta el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, por tratarse de un requisito de validez.
Por tanto, para dilucidar la posibilidad de que las normas aplicables supletoriamente lo subsanen, y sean congruentes con sus principios, así como con las bases que rigen específicamente el aspecto jurídico de que se trata, se estima indispensable acudir a las disposiciones que al efecto contiene la Ley Federal del Trabajo para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de las cuales es oportuno reproducir lo siguiente:
"Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del Gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
"Habrá uno o varios secretarios generales, según se juzgue conveniente."
"Artículo 619. Los secretarios generales de la Junta tienen las facultades y obligaciones siguientes:
"I. Actuar como secretarios del Pleno;
"II. Cuidar de los archivos de la Junta; y
"III. Las demás que les confiera esta ley."
"Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de actuarios, secretarios, auxiliares, secretarios generales y presidentes de la Junta Especial.
"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe del Departamento del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta ."
"Artículo 628. Los auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes:
"I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
"II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho;
"III. Tener tres años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
"IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
"V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal."
"Artículo 629. Los secretarios generales deberán satisfacer los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV y V del artículo anterior, y tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo."
"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes."
"Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:
"...
"III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto."
"Artículo 839. Los (sic) resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten."
"Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas."
"Artículo 890. Engrosado el laudo, el secretario recogerá, en su caso las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes."
De la interpretación sistemática de estas disposiciones, se colige que el secretario general es un funcionario que forma parte del personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quien cuenta con fe pública, dado que tiene la encomienda expresa de autorizar los actos del Pleno de la Junta de que se trate; y por la participación trascendental que conforme al imperativo legal le está encomendada, se le exigen mayores requisitos que a los auxiliares, pues además de que debe ser mexicano, mayor de veinticinco años, en ejercicio de sus derechos, tener título legalmente expedido de licenciado en derecho, distinguirse en estudios de la materia del trabajo, no pertenecer al estado eclesiástico, ni haber sido condenado por delito intencional, también es necesario que cuente con cinco años de experiencia profesional posteriores a la obtención del título.
Precisamente, en atención a la importancia de su función, la propia legislación les otorga a los titulares la posibilidad de contar con más de un secretario general, previendo la posible ausencia de alguno de ellos, y a efecto de evitar el retardo en el trámite de los asuntos que se someten a su conocimiento.
Por cuanto hace al auxiliar, resulta orientador acudir a la interpretación de los numerales 611, 620, fracción II, 717, 778 y 731 que hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 193/2009, que originó la jurisprudencia de rubro: "PROYECTO EN FORMA DE LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUXILIAR QUE LO FORMULÓ NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO.", en la que señaló que las Juntas pueden contar con los auxiliares que juzguen convenientes a fin de que la administración de justicia del trabajo sea expedita, por lo que la función de dicho integrante es coadyuvar con el presidente, participando en la celebración de audiencias, trámite de los asuntos turnados a la Junta especial a la que se encuentre adscrito y votar las resoluciones adoptadas, cuando participa auxiliando, lo que le impone la obligación de plasmar su firma en esas actuaciones, que son diversas al proyecto que en forma de laudo debe elaborar, y se consideró que las normas indicadas no preveían la suscripción de dicho documento.
Bajo esa perspectiva, y conforme a los artículos 619, 721, 837, fracción III, 839 y 890, en cuanto establecen que el laudo es una de las resoluciones que corresponde emitir al Pleno de la Junta; y como requisito formal de validez, debe estar firmado por sus integrantes y el secretario el mismo día de la votación, es inconcuso que se requiere que sea autorizado por el secretario general, por así disponerlo expresamente el primero de los numerales, dado que sin duda alguna constituye el acto más importante y relevante del proceso, porque lo finaliza con el análisis de las cuestiones jurídicas litigiosas y se resuelve sobre la comprobación de la acción, o bien, de las excepciones.
En ese contexto, si en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, no existe regulación con relación al funcionario que debe intervenir en la emisión del laudo, a efecto de dar fe de la postura y votación de los integrantes del tribunal de arbitraje; en términos de lo establecido por el artículo 6o. de la referida legislación, es correcto aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para complementar la regulación en ese aspecto jurídico, en virtud de que, las normas previamente interpretadas no contrarían el ordenamiento legal a suplir, sino que son congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente sobre el funcionario encargado de constatar y autorizar el dictado del fallo, y de quien necesariamente debe obrar la firma como requisito de validez del documento que lo contiene; de ahí que se surte la última condicionante para la procedencia de la supletoriedad.
Por tanto, si es obligación del secretario general del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas, autorizar el dictado del laudo, entonces es quien debe estampar su firma en el documento correspondiente a efecto de constatar un requisito de formalidad para la validez de las resoluciones de los tribunales laborales, debido a que por la trascendencia de dicho acto, se justifica la necesidad de proporcionar a las partes la certeza jurídica de que en la emisión del mismo se llevó a cabo el trámite adecuado, y que los integrantes de dicho órgano jurisdiccional actuando en Pleno, tuvieron la participación que legalmente les compete, independientemente de su acuerdo o no con el sentido adoptado.
En consecuencia, si en el asunto que se analiza, el fallo lo firmó el secretario auxiliar, constituye una violación formal que incide en la validez del acto reclamado, en virtud de que como se indicó en párrafos precedentes, de la interpretación del artículo 98 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se colige que la fe pública con la que cuenta, sólo es para intervenir y darle validez a otro tipo de actuaciones o diligencias, sin que expresamente se regule la autorización del laudo o de las resoluciones del pleno del tribunal, situación que así se prevé explícitamente para el secretario general, en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.
En este asunto en particular, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en los archivos de la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado obra el oficio número 1724/2009 de veintidós de junio de dos mil nueve, signado por la presidenta del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado.
Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 27/97, visible en la página 117, Tomo VI, julio de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dispone:
"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."
También sirve de apoyo la jurisprudencia XIX.1o.A.T. J/5, emitida por este Tribunal Colegiado, con número de clave TC193002.KO5, pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes:
"HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O QUE EN EL PASADO FUERON DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE E INCLUSO LOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN. El artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo señala que los hechos pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional aun sin la invocación de ellos por las partes; ahora bien, considerando que son hechos notorios para los Tribunales Colegiados de Circuito y sus Magistrados integrantes (al dictar sus autos presidenciales o al formular sus proyectos de sentencias en términos de los artículos 184, fracción I de la Ley de Amparo y/o 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) pueden invocar como notorios en los términos descritos, a los diferentes datos e información contenidos tanto en las ejecutorias como en los asuntos que se sigan ante los propios órganos; pero dadas las características de los hechos notorios, resulta inconcuso que dentro de éstos pueden comprenderse también los datos e información de expedientes que sean vistos en la misma sesión del Tribunal a condición de que al momento de invocarse, el asunto ya haya sido visto y votado en función del orden de lista; este criterio sigue la lógica de la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro: ‘HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’ conforme a la cual si para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les representan hechos notorios las ejecutorias y expedientes de la propia Corte, entonces para los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito, para su conformación plenaria les resultan también verdaderos hechos notorios, los diferentes expedientes y ejecutorias que son de su conocimiento por virtud de su actividad jurisdiccional y, por dichas causas, representan elementos que pueden ser invocados en el contexto jurisdiccional aun cuando no hayan sido probados ni alegados por las partes por tratarse de aspectos que se encuentran procesalmente exentos de confirmación mediante medios de prueba directamente ofrecida por las partes y se caracterizan por ser los conocidos y aceptados pacíficamente por muchas personas en una cultura, sociedad o medio determinado, que incluye naturalmente a los juzgadores, aspecto que justifica la dispensa judicial de la necesidad de su ofrecimiento y que se hace en el principio procesal notoria non egent probationem, o sea, que no hay necesidad de alegarlos dada su peculiaridad."
Cabe señalar que la tesis de referencia se invoca de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 193, párrafo segundo, de la ley de la materia, porque ha sido criterio reiterado por este Tribunal Colegiado en los siguientes cinco asuntos:
"Amparo directo 751/2009. **********. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola.
"Amparo directo 899/2009. Carlos Cibrián Domínguez. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Carlos Alberto Escobedo Yáñez.
"Amparo directo 818/2009. Jorge Arturo Castro Salas. 21 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Carlos Alberto Escobedo Yáñez.
"Recurso de queja 10/2010. Transportes Vencedor, Sociedad Anónima de Capital Variable. 29 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Jesús Rodríguez Hernández.
"Amparo directo 242/2010. Ma. Enriqueta Ramírez Guzmán. 6 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: Hortencia Jiménez López."
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 11/2002, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 41, cuyo contenido se reproduce:
"JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, POR LO QUE LA REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA DIFUSIÓN DE LAS TESIS CORRESPONDIENTES SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS. Los artículos 94, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, párrafo segundo y 195 de la Ley de Amparo prevén, respectiva
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22446-3c3c575c/laudos-del-tribunal-de-arbitraje-para-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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