VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la nueva Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis, sustentadas por dos Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, en asuntos que versan sobre cuestiones en materia civil, lo que es de la especialidad de esta Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO.-La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, pues fue realizada por una de las partes que integró el amparo directo 818/2012, el cual fue tramitado y resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Criterios en posible contradicción.
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito
El siete de septiembre del dos mil once, se les notificó extrajudicialmente a los acreditados ********** y **********, la cesión de derechos a favor de la parte actora, según consta en acta levantada por el notario público número **********, en el Estado de Sinaloa, licenciado **********, formalizada en la escritura pública número **********.
En el juicio especial hipotecario, que fue radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en su carácter de apoderados legales de **********, la que, a su vez, compareció como administradora de todos los activos y derechos del fideicomiso identificado con el número **********, y como apoderada de **********, en su carácter de fiduciario del fideicomiso **********, demandaron, en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción hipotecaria, a ********** y **********, el pago de diversas prestaciones, entre las que se encontraba que había vencido, anticipadamente, el plazo que se concedió a la parte acreditada para el pago del crédito y los intereses y accesorios -relativos al contrato de apertura de crédito hipotecario base de la demanda-, con base en el argumento de que aquélla dejó de pagar, puntualmente, las erogaciones mensuales a su cargo, y la ejecución y venta del bien hipotecario.
La demanda se por tuvo admitida por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en actuación del seis de marzo de dos mil doce, en la que ordenó que se emplazara a la parte demandada, para que -dentro del término de ley- diera la constatación correspondiente.
En su escrito de contestación, la demandada negó las prestaciones reclamadas y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes y, una vez pasadas las etapas correspondientes, el Juez que conoció del asunto dictó sentencia, en la que resolvió que era improcedente la vía sumaria civil hipotecaria intentada por los actores, en tanto que existió una falta de observancia de condición previa al ejercicio de la acción, pues la notificación extrajudicial hecha a la demandada, por parte de la actora, de la cesión del crédito, no cumplió con los requisitos de ley. Por tal razón, no estudió el fondo del asunto, determinó que se dejan a salvo los derechos que pudieran corresponder a la parte actora en contra de los demandados y la condenó al pago de gastos y costas.
Inconforme con tal resolución, la actora interpuso recurso de apelación, y la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, que la conoció, sostuvo que si bien es cierto que la parte demandada no opuso una excepción enfocada a desvirtuar la eficacia de la diligencia relativa a la notificación de la cesión del crédito, cuyo pago se reclamó, también es verdad que el Juez de Primera Instancia, no violó el principio de derecho ni disposición legal alguna, pues es obligación del juzgador examinar la procedencia de la acción intentada, inclusive, aunque el demandado no se excepcione.
La Sala responsable consideró que la notificación no cumplió con los requisitos de ley, porque no se les corrió traslado a los demandados con documento alguno donde se consignara el contrato de cesión o del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, y que no puede tenerse por bien hecha, pues simplemente se les dejó a aquéllos el original del instructivo o carta de notificación en donde se les comunicaba que era la institución demandante a quien debían liquidar el débito, sin que se hiciera transcripción ni entrega de algún documento atinente a la cesión de derechos para que el notificado pudiese adquirir la certidumbre de que, efectivamente, quien le estaba dando tal noticia era en verdad su nuevo acreedor. Por lo tanto, confirmó la resolución recurrida y condenó al pago de costas de ambas instancias a la parte actora, la que combatió tal determinación mediante el juicio de amparo, el que fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, donde quedó registrado con el número 818/2012 y, en sesión de cuatro de abril de dos mil trece, dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia, en la que determinó otorgar la protección de la Justicia Federal,(4) con base en las consideraciones que a continuación se exponen:
"OCTAVO.- ...
"...
"Tal como lo expuso la Sala Civil responsable, si bien es cierto que los demandados, en su escrito de contestación, no opusieron ninguna excepción enfocada a desvirtuar la eficacia de la diligencia relativa a la notificación de la cesión del crédito, cuyo pago se reclama, resulta que, con ese proceder, el Juez primigenio no vulnera el principio previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ni diversa disposición legal, en virtud de que se encuentra facultado a examinar de oficio tal aspecto, cuando las condiciones y requisitos para la procedencia de la acción, tienen que ser analizados de esa forma, independientemente de que la parte reo se excepcione o no; lo anterior, precisamente al ser una cuestión de orden público, y toda vez que no se puede pasar por alto que, como en el caso, lo que se verifica es la notificación efectuada respecto a la cesión de derechos, la cual es un requisito esencial para la procedencia de la acción civil hipotecaria, en los términos de ley, y toda vez que ello ya ha sido, inclusive, determinado por criterio firme de la superioridad.
"Luego, con la intención de vigilar tal requisito, no se puede pasar por alto que la diligencia correspondiente cumpla con las formalidades necesarias para su validez, pues de lo contrario, no puede surtir efectos el aviso a que se contrae el artículo 2036 del Código Civil Federal(5) (y sus correlativos en el Estado), por ende, independientemente de que la transmisión de los derechos del crédito del cedente al cesionario opera en el momento mismo en que se llega a perfeccionar la cesión, aun así, si es mal practicada, no se llena dicho requisito de procedibilidad, previamente de enderezar la acción que pudiera derivar del crédito cedido.
"En esa medida, aun cuando la diligencia de mérito fue llevada a cabo a través de un fedatario público, para que pudiera reputarse bien realizado el aviso y éste surtiera plenos efectos, era menester que se enterara debidamente a los deudores de la existencia de dicho acto.
"En ese orden de ideas, es legal la atención oficiosa avalada por la Sala responsable, al ser un requisito de procedencia de la acción y, por ende, factible de ser analizada en todos sus aspectos la notificación que se le hiciera a los deudores (posteriormente demandados), en relación a la cesión de derechos que sufriera su crédito hipotecario y, así, no es verdad que por ese hecho se esté infringiendo el principio de congruencia, previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.
"De ahí que todas las inconformidades que redundan en ese alegato, son infundadas.
"Por otro lado, tampoco es verdad que la Sala hubiera sido omisa en exponer las razones y fundamentos en los que soporta tal conclusión (de atención oficiosa), pues como se ve, con el cúmulo de consideraciones, incluso aquí avaladas, son suficientes para estimar fundado y motivado el acto de autoridad, por lo que se refiere a ese tema.
"En el entendido de que, adverso a lo que se alega, la autoridad es clara en concluir reiteradamente que se trata de ‘un requisito esencial de procedencia’; lo cual, es jurídicamente correcto, pues conforme a lo previsto en el artículo 2036 del Código Civil Federal y su correlativo en esta entidad federativa (artículo 1918),(6) es evidente que el aviso en cuestión, en casos como el que nos ocupa, es un requisito que debe ser satisfecho antes de que el cesionario ejercite cualquier demanda, pues el legislador textualmente determina que debe ser colmado para que ‘pueda ejercer sus derechos contra el deudor’.
"Lo que, incluso, en un caso similar al propio, fue estudiado por la superioridad, al emitir la jurisprudencia, de rubro: ‘VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.’(7) (se transcribe)
"Por lo que, no hay duda, ello hace analizable, aun oficiosamente, que se hubiera realizado dicha notificación previamente a la promoción de la demanda y, con ello, el cumplimiento de todas sus formalidades, para efecto de estar en posibilidad de concluir si efectivamente se cumplió o no, con tal obligación, previo a ese instar del aparato jurisdiccional.
"Consideraciones por las cuales, se insiste en la legalidad del fallo reclamado, en la parte hasta aquí comentada; cuando, además, adverso a lo que se alega, es aplicable e ilustrativa la tesis en la que se apoyó la autoridad, de rubro: ‘ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.’,(8) pues en ella se soporta el razonamiento de la necesidad de atención oficiosa por parte del juzgador natural, respecto al cumplimiento de los requisitos esenciales requeridos para la procedencia de la acción.
"...
"Además, en cuanto a la cita que hace la Sala Civil del artículo 2036 del Código Civil Federal, lo fue para soportar el cúmulo de razonamientos en el sentido de que si no está bien hecha la aludida comunicación, no se puede estimar colmado el requisito u obligación a que contrae el propio numeral, previamente a la presentación de la demanda; de ahí que la mención hecha en el fallo, en nada afecta las garantías de la quejosa, y sí soportan la decisión de la alzada.
"Sin que obste a lo ya dicho que la Sala no justifique específicamente el porqué los demandados no tienen el deber de alegar en todo caso la nulidad de la notificación por falta de cumplimiento de algún requisito; pues claramente la autoridad analiza el tema de la oficiosidad de atención al respecto, lo que excluye cualquier obligatoriedad de excepcionarse sobre el tema, ya que, según se avaló precedentemente, lo hagan valer o no las partes, la autoridad encargada del proceso deberá revisar de oficio (es decir, sin petición expresa de las partes), si se cumplieron o no todos los requisitos necesarios para la procedencia de la acción intentada y, con ello, la legalidad de la actuación de notificación correspondiente; de ahí lo innecesario de que el tribunal de apelación profundizara sobre las alegaciones de fondo; esto es, relativas a: 1) las cargas procesales de las partes, 2) que los demandados no controvirtieron la notificación notarial, así como, 3) el deber de mantener la debida imparcialidad, porque al parecer de la apelante, ello rompe el equilibrio procesal, entre otros.
"En esa virtud, aun cuando la responsable no se hubiera pronunciado en el fondo de tales alegaciones, al considerar acertadamente su intervención oficiosa, es claro que con la ‘supuesta’ omisión, no se infringen las garantías de la promovente del amparo, pues su respuesta queda englobada en lo permisible que resulta la atención oficiosa antes mencionada, sin necesidad de mayor pronunciamiento al respecto."
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
El diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ********** celebró con **********, un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, según consta en el instrumento notarial número **********, pasado ante la fe del notario público número **********, del Distrito Federal.
El cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, las partes celebraron convenio modificatorio del contrato de crédito, a fin de reestructurarlo en unidades de inversión, según se desprende del instrumento notarial número **********, pasado ante la fe del notario público número ********** en el Distrito Federal. Posteriormente, ********** cedió los derechos del crédito a **********, según consta en el instrumento **********, pasado ante la fe del notario público, número ********** del Distrito Federal.
La cesión referida se realizó sin limitación alguna y ********** quedó como titular de todos los derechos del crédito. El veintiocho de abril de dos mil cuatro, se realizó la notificación notarial de la cesión del crédito a **********, según consta en el acta número **********, elaborada por el notario público número **********, en el Distrito Federal.
********** demandó -en la vía especial hipotecaria- a **********, el pago de diversas prestaciones, entre las que destacan la declaración judicial que ha vencido anticipadamente el plazo que se concedió para el pago del crédito, sus intereses y accesorios, relativos al convenio modificatorio de crédito hipotecario base de la demanda, ello con base en el argumento de que dejó de pagar, puntualmente, las erogaciones mensuales a su cargo.
El Juez Vigésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, admitió a trámite la demanda en la vía propuesta y ordenó formar el expediente número 245/2005.
Por su parte, ********** contestó la demanda y en vía de reconvención demandó la prescripción negativa del crédito.
Pasados los trámites necesarios, el referido Juez dictó sentencia en la que destacó que existe una obligación, por parte de todo juzgador, de verificar si en cada caso se reúnen los requisitos de procedibilidad de la acción ejercitada, lo que es de orden público y, sobre esa base, estimó que la cesión de derechos que celebró la actora con **********, no reúne los requisitos -previstos en el artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal-(9) para su cobro, ya que aunque la cesión de derechos y la notificación al deudor se acreditó con el testimonio de escritura pública número **********, de fecha quince de diciembre de dos mil tres, otorgada ante la fe del notario público número **********, del Distrito Federal, no se acreditó que la cesión de derechos se hubiera inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
En consecuencia, no analizó el fondo del asunto y dejó a salvo los derechos de la parte actora que hiciera valer en la vía y forma que considere pertinentes.
Inconforme con tal determinación, ********** interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que, pasados los trámites necesarios, dictó sentencia dentro del toca 1146/2009/1, en el sentido de declarar fundados los motivos de inconformidad y revocar la sentencia definitiva impugnada.
La Sala precisó que el caso particular tiene su origen con anterioridad a las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, se debe atender a la fecha en que se realizó la cesión de derechos del crédito, es decir, el quince de diciembre del dos mil tres, por lo que la norma aplicable es el texto actual del artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal.
La responsable determinó que el legislador estableció que quienes cedan un crédito hipotecario para garantizar obligaciones a la orden, pueden hacerlo mediante endoso del título, sin necesidad de otorgar escritura pública, de notificar al deudor y de registro; y, además, las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio y como fiduciarias, se encuentran eximidas de satisfacer tales requisitos, siempre y cuando lleven la administración de los créditos y, en caso de que dejen de llevarla, únicamente deberán notificar por escrito al deudor.
Con base en tal premisa y atendiendo al artículo invocado del párrafo tercero, al dejar de llevar la institución bancaria la administración del crédito cedido, el cesionario únicamente tendría que notificar por escrito la cesión al deudor, lo que en el caso particular sí se hizo, tal y como consta en el instrumento notarial aportado por la parte actora.
En ese orden de ideas, la Sala estimó que sí se cumplían los requisitos de procedencia de la acción especial hipotecaria y se avocó al estudio de fondo de la acción y, una vez realizado el estudio correspondiente, declaró procedente la vía especial hipotecaria y condenó a la parte demanda al pago de las prestaciones alegadas.
Inconforme con la sentencia, la parte demandada promovió juicio de amparo, el que fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde quedó registrado con el número 636/2010 y, en sesión de doce de noviembre de dos mil diez, dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia en el sentido de no conceder el amparo solicitado.
En lo que interesa, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:
"SEXTO.- ...
"Dicho lo anterior, conviene destacar que en su único concepto de violación el quejoso sostiene que la responsable no valoró adecuadamente lo actuado en juicio. Ello, porque la cesión del crédito no fue notificada de manera personal. Lo anterior, aduce el quejoso, porque en autos no obra constancia alguna que acredite dicho extremo y el acta de notificación notarial no puede tener ese alcance, toda vez que el fedatario, al no encontrar en su domicilio a la persona buscada, se abstuvo de dejar citatorio de espera y realizó la diligencia con persona distinta al peticionario de garantías.
"...
"En el caso concreto, el Juez de primer grado determinó que el actor no satisfizo lo previsto en el artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, porque la cesión del crédito se formalizó en escritura pública y fue notificada al deudor; sin embargo, no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad.
"Al respecto, conviene precisar que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal y, por tanto, debe estudiarse por el juzgador de oficio antes de resolver el fondo de la cuestión planteada.
"En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 25/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, página quinientos setenta y seis, cuyos rubro y texto dicen:
"‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.-El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.’
"Del criterio anterior se desprende que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por el juzgador, aun cuando no exista excepción al respecto o no se haya impugnado el auto admisorio de demanda.
"Ahora bien, la notificación de la cesión al deudor constituye un requisito para la procedencia de la vía especial hipotecaria.
"Dicho aserto encuentra apoyo en la jurisprudencia 119/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de dos mil cinco, página trescientos noventa y tres, cuyos rubro y texto dicen:
"‘VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.-El citado precepto señala que el crédito hipotecario puede cederse, en todo o en parte, siempre que: 1) la cesión se haga en la forma que previene el artículo 2917 del mismo ordenamiento legal para la constitución de la hipoteca, 2) se dé conocimiento al deudor y 3) sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, aun cuando el legislador no precisó la forma en que debe hacerse del conocimiento del deudor dicha cesión, se considera que debe efectuarse por medio de notificación previa a la promoción de la demanda relativa, pues su finalidad es dar a conocer la sustitución del acreedor por transmisión de los derechos derivados del contrato original, para el efecto de que el deudor sepa ante quién debe cumplir las obligaciones respectivas, y establecer así un nuevo estado de cosas creador de derechos y obligaciones que nacen de ese acto en relación con el cedente, el cesionario y el deudor. No es obstáculo a lo anterior, el que de los artículos 2029, 2031, 2036 y 2040 del propio código sustantivo, se advierta que el fin único de la mencionada notificación es que el deudor no incurra en responsabilidad al pagar al acreedor primitivo, pues dichos preceptos regulan lo relativo a créditos civiles que se contraen a derechos personales que han sido objeto de cesión. En ese sentido, cuando los derechos derivados del crédito hipotecario son cedidos, constituye un requisito para la procedencia de la vía especial hipotecaria, que se notifique al deudor previamente a la promoción de la demanda relativa, la cesión de referencia.’
"De lo anterior se desprende que la notificación de la cesión al deudor constituye un requisito para la procedencia de la vía hipotecaria y, por ello, de su comprobación depende la acreditación de un presupuesto procesal, precisamente, procedencia de la vía.
"Ahora bien, no queda inadvertido que la jurisprudencia citada se refiere al texto del artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, mismo que por sí es aplicable al ámbito material del juicio que data del diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
"En tal virtud, tenemos que, conforme al dispositivo aplicable, no existía obligación de notificar la cesión al deudor si el cedente conservaba la administración del crédito.
"Dicho supuesto no se surtió en el caso concreto, porque la cesión se realizó sin limitación alguna y la tercera perjudicada adquirió la titularidad de los derechos derivados del crédito cedido, según se desprende del contrato respectivo, que se hizo constar en escritura pública, a la cual el notario público número ********** del Distrito Federal asignó el número **********, que, en sus cláusulas primera y segunda, dice:
"‘Primera. «El cedente» transmite sin su responsabilidad y sin limitación alguna a «el cesionario» los derechos derivados de «el crédito» y que le corresponden a «el cedente» como acreedor originario del mismo, haciéndose extensiva la cesión a todos los derechos accesorios e inherentes a «el crédito». Lo anterior, en términos del artículo trescientos ochenta y nueve del Código de Comercio y los artículos dos mil veintinueve y dos mil treinta del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.-«El cesionario» manifiesta expresamente su conformidad con la presente cesión y hace suyos los derechos derivados de «el crédito».-Segunda. Como consecuencia de lo pactado en la cláusula que antecede, «el cesionario» queda como titular de todos los derechos de «el cedente» derivados de «el crédito».’
"Con la transcripción anterior se corrobora que en la cesión de mérito, el cedente no conservó la administración del crédito.
"Ahora bien, la parte final del tercer párrafo del artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal expresamente dispone que si la cedente dejare de llevar la administración del crédito, entonces, el cesionario deberá notificar por escrito al deudor.
"Al respecto, conviene puntualizar que en la exposición de motivos de la reforma al artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se estableció:
"‘El Gobierno Federal estima fundamental promover nuevos mecanismos que coadyuven a simplificar el incremento de recursos crediticios, que permitan acceder con más facilidad a un mayor número de mexicanos a una vivienda digna.
"‘La creciente demanda habitacional en el Distrito Federal causada, entre otros factores, por las elevadas tasas de crecimiento poblacional de los años anteriores, aunadas a los constantes movimientos migratorios, han propiciado una alta concentración de habitantes en la Ciudad de México. Este problema requiere de soluciones innovadoras que procuren su atención oportuna y adecuada.
"‘Para la consecución de tales propósitos, resulta indispensable facilitar el régimen para la cesión de créditos hipotecarios. De esta manera se propone establecer, mediante la adición de dos párrafos al artículo 2926 del Código Civil y de manera similar a otros casos contemplados por dicho código, que no se requiera de notificación al deudor, de escritura pública y de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para realizar la citada cesión.
"‘La instrumentación de condiciones que estimulen el desarrollo de formas de financiamiento como la que se pretende llevar a cabo, ayudarán a responder de mejor manera al reclamo social de vivienda por parte de los habitantes del Distrito Federal.’
"De lo transcrito se advierte que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26267-8b614bc1/via-especial-hipotecaria-en-caso-de-existir-cesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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