CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR COMO REQUISITO PREVIO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA, NO PUEDE REALIZARLA UN CORREDOR PÚBLICO, AL CARECER DE FACULTADES PARA EFECTUARLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. DISIDENTES: JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. PONENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. SECRETARIA: ALICIA AVENDAÑO SANTOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se refiere a la posible contradicción de criterios entre tres Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en un tema que por ser de naturaleza civil corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. Consiste en determinar si un corredor público tiene facultades para notificar la cesión de créditos con garantía hipotecaria, conforme a los artículos 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, 2036 y 2926 del Código Civil aplicable para la Ciudad de México.
CUARTO.—Posturas contendientes.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo D.C. 760/2018 sostuvo, en esencia, que en términos de lo dispuesto por los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, y 53, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, en relación con el artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio, el corredor público está facultado para realizar la notificación de cesión de un crédito, por tratarse de actos y hechos de naturaleza mercantil, al haber intervenido instituciones bancarias.
Las consideraciones que sustentan el citado criterio son las siguientes:
"Así, a fin de determinar la eficacia de la notificación de la cesión de derechos en atención a las facultades del corredor público, debe atenderse a lo que establecen los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, 53, fracción I, del reglamento de la indicada legislación, en relación al artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio, mismos que se reproducen a continuación:
"El artículo 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, el cual señala lo siguiente:
"‘Artículo 6o. Al corredor público corresponde:
"‘...
"‘V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil;...’
"Por su parte el artículo 53, fracción I, del reglamento de la mencionada ley establece:
"‘Artículo 53. El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir:
"‘I. En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles a menos que las leyes lo autoricen. ... .’
"El artículo 75 del Código de Comercio prevé lo siguiente:
"‘Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:
"‘...
"‘XIV. Las operaciones de bancos. ...’
"De los preceptos transcritos se colige que el corredor público está facultado para otorgar fe pública en actos jurídicos de naturaleza mercantil así como para hacer constar hechos igualmente de naturaleza mercantil, entre otros, con excepción de actos que versen sobre inmuebles.
"En ese mismo aspecto, el Código de Comercio en su artículo 75, fracción XIV, prevé que son actos de comercio las operaciones de bancos.
"Luego, si el corredor público está facultado para intervenir en actos jurídicos y hacer constar hechos de naturaleza mercantil, y conforme a la legislación mercantil, los actos de bancos se consideran actos de comercio, debe concluirse que la ley permite al corredor público realizar la notificación de la cesión de créditos, puesto que en ésta intervinieron instituciones bancarias."
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.C. 542/2017, sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública y 53, fracción I, de su Reglamento, así como en la tesis aislada P. LXVII/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de rubro: "CONTRATO MERCANTIL CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PROCEDENCIA DE LA VÍA CIVIL HIPOTECARIA PROMOVIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.", el corredor público no está facultado para realizar la notificación de la cesión de un crédito garantizado con una hipoteca, por ser ésta de naturaleza civil.
Las consideraciones que sustentan el referido criterio son las siguientes:
"En ese contexto, la diligencia controvertida no se apegó a lo dispuesto en el artículo 2036 del referido Código Civil, el cual indica que la notificación extrajudicial podrá realizarse ante dos testigos o mediante notario público, lo que no se cumplió en el presente asunto porque la mencionada notificación de la cesión de la deuda se practicó a través de un corredor público, quien está impedido para dar fe en actos de naturaleza civil, ya que el ejercicio de sus funciones se constriñe a los actos de naturaleza mercantil.
"En efecto, aunque el referido corredor es un fedatario público, su actuación es limitada, tal y como se observa de los ordenamientos legales que enseguida se reproducen.
"El artículo 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, el cual señala lo siguiente:
"‘Artículo 6o. Al corredor público corresponde:
"‘V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil; ...’
"Y el precepto 53, fracción I, del reglamento de la mencionada ley establece:
"‘Artículo 53. El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir:
"‘I. En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles a menos que las leyes lo autoricen.’
"Acorde a lo señalado en los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, y 53, fracción I, de su Reglamento, el corredor público sólo está facultado para otorgar fe pública en materia mercantil, y no respecto de actos que versen sobre inmuebles, como la hipoteca, o de naturaleza civil como el otorgamiento de poderes.
"Así, la hipoteca que recae sobre bienes inmuebles siempre es de carácter civil, tal y como se ha sostenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:(1)
"‘CONTRATO MERCANTIL CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PROCEDENCIA DE LA VÍA CIVIL HIPOTECARIA PROMOVIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.—Al disponer el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito que «Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda ...» establece la opción para las instituciones de crédito de elegir entre la vía mercantil, ordinaria o ejecutiva, y la vía civil hipotecaria, cuando el crédito tenga esta garantía, sin que obste para ello la naturaleza mercantil de las instituciones de crédito y lo dispuesto en el artículo 1050 del Código de Comercio en el sentido de que cuando para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y, para la otra, tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, pues el propio Código de Comercio consigna en su artículo 640 que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, a saber, la Ley de Instituciones de Crédito que prevé en el precepto referido la posibilidad de que tales instituciones ejerzan sus derechos mediante la vía correspondiente, máxime que si se parte de que el contrato de hipoteca no se encuentra regulado por las leyes mercantiles, sino que se rige por disposiciones del derecho civil, lo que no impide que se pacte como garantía en contratos mercantiles al encontrarse expresamente prevista en la ley aplicable, las instituciones de crédito deben estar en posibilidad de ejercer la vía hipotecaria para hacerla efectiva ante el incumplimiento de la obligación principal que garantiza, pues de lo contrario se harían nugatorios los derechos de ejecución relativos al no encontrarse estatuido en la legislación mercantil un juicio que permita válidamente la ejecución de la garantía hipotecaria.’
"En ese sentido, el corredor público está impedido para actuar en actos de índole civil, como acontece en la notificación de la cesión de una deuda garantizada con una hipoteca sobre el inmueble ubicado en **********.
"En vía de consecuencia, resultó incorrecto que el mencionado corredor en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, procediera a fijar el instructivo de notificación en la puerta principal del domicilio de la deudora, ya que tal regla de notificación no opera en actos del ámbito civil, como lo es la referida notificación de la cesión de la deuda que tiene una garantía real.
"Por tanto, la aludida notificación no es apegada a derecho, en la medida de que se realizó en contravención a normas prohibitivas o imperativas, que generan la invalidez de los actos que el citado corredor ejecutó, en tanto que dicho fedatario tiene una fe pública limitada y sólo puede actuar en actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil."
III. El Quinto Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo D.C. 913/2018 sostuvo, en esencia, que de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 2036 y 2926 del Código Civil para esta ciudad, si la notificación es realizada en instrumento público de manera extrajudicial, debe formalizarse ante la presencia de dos testigos o a través de notario y no de corredor público.
Las consideraciones que sustentan el citado criterio son las siguientes:
"Los artículos 2036 y 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, actual Ciudad de México, establecen:
"‘Artículo 2036. En los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario.’
"‘Artículo 2926. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro.
"‘Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito.
"‘Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor.
"‘En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de él o los cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de ésta.’
"Conforme con dichos preceptos, para que el cesionario de los derechos de crédito pueda reclamar el cumplimiento a través del juicio especial hipotecario debe notificar la cesión al deudor judicial o extrajudicialmente, ante dos testigos o ante notario.
"La notificación extrajudicial, que es la que nos ocupa puede realizarse a través de documento público a través de notario público o, privado ante dos testigos, la cual tiene por objeto hacer del conocimiento del deudor que existió una cesión de los derechos de su crédito y ante quien deberá cumplir la obligación, lo que implica (sic) la notificación debe entenderse directamente con éste.
"La notificación extrajudicial por escrito es presupuesto de la acción especial hipotecaria y formalidad indispensable para permitir al deudor conocer la sustitución del acreedor derivada de la transmisión de los derechos del contrato original, ya que sólo así estará en condiciones de saber ante quién debe cumplir las obligaciones respectivas y no hacer el pago a alguien que ya no es el titular del crédito, por lo cual debe cumplir con esa condición antes de entablar el juicio hipotecario, pues el juzgador está obligado a analizar de oficio si se notificó previamente al deudor la existencia de la cesión del crédito.
"‘VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los Códigos Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el cedente deja de llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; condición que habrá de cumplir el cesionario antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2807 y 1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser un requisito legal para la procedencia de esta vía especial. Lo anterior implica que previamente a la admisión de la demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o extrajudicial, supuesto este último en el que puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se cumplió el requisito formal de la notificación en el modo que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamente, en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo previsto en los códigos referidos, que únicamente establecen como condición para que el cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el demandado que se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de un notario público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones constituyen documentos que gozan de presunción de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en un procedimiento en el que demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la realidad.’(2)
"Como se advierte en la tesis de jurisprudencia, el juzgador debe verificar que la notificación apuntada se realizó en cualquiera de las formas previstas por los preceptos citados, es decir, judicialmente, o extrajudicialmente por escrito ante dos testigos, o bien, ante notario público, pues incluso el demandado puede en vía de excepción cuestionar la autenticidad de este último documento público.
"En el caso, la notificación de la cesión si bien constituye un acto extrajudicial, pues se notificó por documento privado a los deudores, no reúne los requisitos previstos en la ley.
"La notificación extrajudicial la efectuó un corredor público mediante sendas actas ********** y ********** de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en los términos siguientes:(se transcriben actas)
"Lo anterior revela que las actuaciones realizadas por el corredor público ********** del Estado de ********** no son medio eficaz para notificar la cesión de derechos de crédito de naturaleza hipotecaria, porque por una parte, no asiste razón a la quejosa en cuanto a que podía realizarse a través de dicho funcionario público por estar investido de fe pública, porque la ley exige que si esa notificación se realiza en instrumento público de manera extrajudicial, debe hacerse a través de notario y no de corredor público, como ocurrió en la especie, sin que justifique tal proceder la afirmación de la quejosa, en el sentido que la cesión deriva de actos de naturaleza mercantil, ya que la notificación citada se rige por las reglas previstas por los artículos 2036 y 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, y es presupuesto ineludible para la procedencia de la acción especial hipotecaria."
QUINTO.—Estudio sobre la existencia de la contradicción de criterios. En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.
Para que exista materia a dilucidar en contradicción de tesis debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1697, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1925 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Novena Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN. Décima Cuarta Sección-Jurisprudencia, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Ahora bien, este Pleno Civil considera que existe una contradicción sustancial entre los criterios objeto de la denuncia, en atención a lo siguiente:
a) Los tres órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica: la facultad del corredor público para realizar la notificación de cesión de un crédito con garantía hipotecaria.
b) Dos de los Tribunales Colegiados estimaron que el corredor público carece de facultad legal para realizar la referida diligencia y que debe llevarla a cabo un notario público, mientras que el otro tribunal estimó que sí está legalmente facultado y puede realizarla válidamente; asimismo, los tres tribunales tomaron como base para sustentar las posiciones que adoptaron al respecto, la naturaleza jurídica de la cesión de créditos con garantía hipotecaria.
c) Lo contradictorio de las posiciones adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito implicados en la denuncia de contradicción de que se trata, radica en que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil considera que en términos de lo dispuesto por los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, y 53, fracción I, de su reglamento, en relación con el artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio, el corredor público está facultado para intervenir en actos jurídicos y hacer constar hechos de naturaleza mercantil, y dado que los actos de los bancos están considerados como actos de comercio, cabe concluir que la ley permite al corredor público realizar la notificación de la cesión de créditos en la que intervinieron instituciones bancarias.
Por su parte, el Tercer y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito, sostienen que el corredor público carece de facultad legal para realizar la notificación relativa a la cesión de un crédito con garantía hipotecaria.
El Tercer Tribunal Colegiado apoyó su criterio en el argumento de que conforme a lo dispuesto por los artículos 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública y 53, fracción I, de su reglamento, el corredor público sólo está facultado para otorgar fe pública en materia mercantil y no respecto de actos que versen sobre inmuebles, como la hipoteca, la cual es de carácter civil. Por tanto, concluyó el citado órgano colegiado, la notificación al deudor para hacer de su conocimiento la cesión del crédito y el cambio de administrador del mismo, constituye un requisito que la parte actora debe satisfacer en términos de lo dispuesto por los artículos 2926 y 2036 del Código Civil, es decir, a través de notificación judicial, ante dos testigos, o mediante notario público; lo que no se cumple cuando la notificación la realiza un corredor público, dado que éste está impedido para dar fe de actos de naturaleza civil, porque el ejercicio de sus funciones se constriñe a los actos de naturaleza mercantil.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado apoyó su posición en el argumento de que en términos de lo dispuesto por los artículos 2036 y 2926 del Código Civil para la Ciudad de México, para que el cesionario de los derechos de crédito pueda reclamar el cumplimiento a través del juicio especial hipotecario debe notificar la cesión al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante dos testigos o ante notario público. Por tanto, la notificación realizada por un corredor público no es un medio eficaz para notificar la cesión de derechos de crédito de naturaleza hipotecaria, porque la ley establece que si esa notificación se realiza de manera extrajudicial, debe hacerse a través de notario público y no de corredor público.
Lo anterior demuestra que los juicios de amparo directo de los que conocieron los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron su origen en tres diversos juicios especiales hipotecarios promovidos por instituciones de crédito; en dos de ellos la autoridad responsable declaró improcedente la acción por considerar que la parte actora no dio cumplimiento al requisito relativo a notificar a la parte demandada, en su carácter de deudora, la cesión de su crédito, en términos de lo dispuesto por el artículo 2926 del Código Civil aplicable para esta ciudad, dado que la constancia exhibida para tal efecto demostró que la notificación la realizó un corredor público, quien carecía de facultad legal para realizar dicha diligencia.
En el tercer juicio de origen el tribunal de alzada responsable confirmó la sentencia de primer grado, en la que el Juez a quo estimó que la notificación de la cesión de derechos realizada por corredor público era acorde a derecho y, en consecuencia, declaró procedente y fundada la acción especial hipotecaria.
Asimismo, los Tribunales Colegiados contendientes analizaron la misma cuestión jurídica: la facultad del corredor público para realizar la notificación a que se refieren los artículos 2926 y 2036 del Código Civil, y llegaron a conclusiones contrarias entre sí.
SEXTO.—Criterio que debe prevalecer.
Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, que se apoya en los razonamientos que a continuación se exponen:
Por cuestión de método, el estudio de la contradicción planteada se realizará por temas y en el orden siguiente:
I. Alcance de las facultades legales de un corredor público.
II. Naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito.
III. Naturaleza jurídica y alcance de la garantía hipotecaria, tratándose de contratos de apertura de crédito.
IV. Análisis del punto de controversia derivado de los criterios contendientes.
V. Conclusiones.
I. Alcance de las facultades legales de un corredor público.
Si bien es cierto que en el caso concreto no existe controversia entre los Tribunales Colegiados contendientes, respecto de cuáles son las facultades legales de un corredor público y el alcance de éstas, a efecto de dar mayor claridad a esta resolución se estima pertinente precisar que en relación con dicho tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 51/2000-PS, realizó un análisis de la historia legislativa que dio origen a la Ley Federal de Correduría Pública, así como de las facultades, obligaciones y prohibiciones que dicho ordenamiento legal y su reglamento establecen respecto de los corredores públicos, obteniendo las siguientes conclusiones:
a) Que el propósito de la Ley Federal de Correduría Pública consiste en agilizar las transacciones comerciales y modernizar el marco jurídico aplicable a la función de corredores públicos para ampliar sus posibilidades de actuación, de meros agentes auxiliares de comercio, dotados de fe pública y peritos, a fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
b) Que las funciones de los corredores públicos son de índole estrictamente mercantil, entre las que destacan: agente medi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29252-d9566274/cesion-de-creditos-con-garantia-hipotecaria-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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