IMPROCEDENCIA. LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LAS CAUSAS QUE LA ACTUALICEN, SIN RECABAR ELEMENTOS DIFERENTES A LOS TOMADOS EN CUENTA AL FALLAR EL JUICIO, NO AUTORIZA LA VISTA AL QUEJOSO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 166/2014. 27 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ. SECRETARIA: EVA BIBIANA MARTÍNEZ TRUJILLO.
CONSIDERANDO
CUARTO. Toda vez que las causales de improcedencia se deben analizar de oficio y de manera preferente al fondo del asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, y de que este Tribunal Colegiado advierte que, en la especie, se actualiza la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107 del citado ordenamiento, no se entrará al estudio de la sentencia recurrida ni de los agravios expresados por la recurrente con el fin de combatirla.
Los numerales antes invocados a la letra dicen:
"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."
Expuesto lo anterior se está en aptitud de señalar que de las constancias que integran los autos y que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo permite el segundo de sus numerales, se advierte que el demandado -aquí recurrente- al dar contestación al libelo incoado en su contra opuso, entre otras excepciones, la de falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, ello sobre la base de que debía llamarse a juicio a la persona moral denominada **********. Para lo cual cabe decir, que el demandado citó y transcribió en busca de fundar la procedencia de su aludida excepción la jurisprudencia 1a./J. 144/2005 -por contradicción de tesis- emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 190, de rubro y texto siguientes:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL). El litisconsorcio pasivo necesario previsto en los artículos 49 y 53 de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y del Distrito Federal, respectivamente, tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las demás. En este aspecto, dicha figura jurídica, al igual que las cuestiones sobre personalidad, competencia y procedencia de la vía, constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes. Así, se concluye que el juzgador puede realizar el análisis de la integración del litisconsorcio pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada. En efecto, de no ejercitarse la acción contra todos los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al tratarse de una anomalía procesal grave equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier estado del juicio, incluso en la apelación."
Solicitud de procedencia del litisconsorcio pasivo necesario que le fue negada por el Juez de la causa (Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal), y al apelar esa determinación ésta se confirmó por el tribunal ad quem responsable.
Posteriormente, al estimar que esa sentencia de alzada violentaba sus derechos fundamentales, el ahora inconforme solicitó la protección constitucional vía amparo indirecto, la cual le fue negada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito señalado como responsable en esta revisión.
Ahora, es necesario precisar que en febrero de dos mil trece la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación reiteró su criterio sostenido en el sentido de que el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal. Lo que hizo al emitir la jurisprudencia -por contradicción de tesis- identificada bajo el número 1a./J. 19/2013 (10a.), visible en la página quinientos noventa y cinco del Libro XXIII, Tomo 1, agosto de dos mil trece, materia civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable con el registro IUS 2004262 (dos millones cuatro mil doscientos sesenta y dos), de observancia obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 217 de la actual Ley de Amparo, y que se lee:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional."
Una vez establecido lo anterior (que el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal) se debe indicar que el seis de junio de dos mil catorce, a las doce horas con treinta minutos, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia -por contradicción de tesis- identificada bajo el número P./J. 37/2014 (10a.), de aplicación obligatoria a partir del lunes nueve de junio de este año, en razón de haberse emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, materia común, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, cuyos título y subtítulo son del tenor siguiente:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."
Conforme a dicho criterio, nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación adujo que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la nueva legislación de amparo, para poder calificar un acto como "de imposible reparación", necesariamente éste debería producir una afectación material a derechos sustantivos, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De ahí que no podía seguir sosteniéndose la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que dirimen temas inherentes a la personalidad, por tratarse de un presupuesto procesal.
Criterio que es aplicado de manera analógica y por identidad de razón, al tema que nos ocupa y que es el relativo al litisconsorcio pasivo necesario, que también es un presupuesto procesal.
En esas condiciones, si el acto que se reclama en el juicio de amparo lo es la resolución a través de la cual se confirmó la declaración de improcedencia de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y esto constituye un presupuesto procesal, como se dejó visto en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritas, es evidente que dicha resolución solamente tiene efectos adjetivos o procesales, pero de ninguna manera afecta derechos sustantivos del quejoso en la connotación que señala la propia Ley de Amparo.
En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107 de la nueva Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal ha lugar a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión, la circunstancia de que en la fecha en que se promovió el juicio de amparo indirecto (diez de marzo de dos mil catorce) aún no se hubiera publicado la citada jurisprudencia.
Es de sostener lo anterior, en primer lugar, porque la demanda de amparo se presentó cuando ya estaba en vigor la actual Ley de Amparo (abril de dos mil trece); y en segundo término, porque se está aplicando el citado criterio en esta instancia constitucional y ello no implica dar efectos retroactivos a la jurisprudencia, pues antes no existía una jurisprudencia diferente que interpretara la vigente Ley de Amparo, por ello se está aplicando en la fecha actual en que está pendiente de resolverse el amparo en revisión. De ahí que se estima ajustada a derecho su aplicación en esta instancia revisora.
Criterio semejante sostuvo este órgano colegiado al resolver -por unanimidad de votos- el recurso de revisión civil **********, en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce.
En este apartado debe destacarse, que la invocación oficiosa de la causal de improcedencia antes aludida no actualiza el supuesto establecido en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a efecto de dar vista con ellas al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga.
En efecto, el artículo 64 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
Este precepto regula dos supuestos en relación con la improcedencia. El primero versa sobre el conocimiento que tengan las partes de una causal de improcedencia, supuesto en el cual deberán alegarla y, de ser posible, ofrecer las pruebas que la acrediten. El segundo, se trata del caso en que el órgano jurisdiccional advierta de oficio la causal de improcedencia y aquí se prevé una vista al quejoso.
No obstante, esa vista debe entenderse en relación con el párrafo primero, esto es, cuando la causal de improcedencia tenga lugar con motivo de una prueba de la que la parte quejosa no haya tenido conocimiento, para permitirle el ejercicio del principio del contradictorio, a efecto de que esté en condiciones de desvirtuarla y evitar que tenga los alcances de provocar el sobreseimiento en el juicio.
Ello si se tiene en cuenta la evolución de la institución en el tema de la improcedencia del amparo desarrollada durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, de la cual el ejercicio jurisprudencial de la Suprema Corte dejó sentados los postulados siguientes: i) la improcedencia del amparo es de estudio oficioso en cualquier instancia; ii) la prueba de las causales de improcedencia trasciende a un problema de carga probatoria, pues al tratarse de una institución de orden público, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para admitir o allegarse de elementos para dejarla acreditada; iii) que en amparo directo y en la revisión son admisibles pruebas supervenientes para probar la actualización de una causal de improcedencia; iv) que la existencia de algún indicio sobre alguna causal de improcedencia, impone el deber del órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente las necesarias para determinar fehacientemente si opera o no; y, v) que debe darse vista a la quejosa con la documental superveniente relacionada con la improcedencia del amparo.(1)
Bajo esos postulados, debe comprenderse que la vista a la parte quejosa debe responder al derecho de permitirle tener conocimiento de los elementos de prueba distintos a los considerados al fallar el juicio en primera instancia, que puedan actualizar alguna causal de improcedencia, ya porque haya sido alegada por una de las partes o porque oficiosamente el juzgador haya procedido a recabarlas, al encontrar algún indicio de su actualización; a efecto de que la parte quejosa no quede en estado de indefensión, al no tener ninguna oportunidad legal de refutar tales elementos recibidos o allegados al amparo en revisión, con lo cual logre desvanecer la eficacia probatoria de los mismos y evite que se dicte sentencia inhibitoria, al dejarse de examinar el fondo de la litis constitucional.
En tanto que una causal de improcedencia basada en el propio caudal probatorio que sirvió para resolver el juicio de amparo, no implica indefensión alguna, pues las partes tienen la facultad de refutar o impugnar, incluso, de falsedad los elementos de prueba hasta la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo.
Así, la formulación descriptiva y prescriptiva lograda en la porción normativa del artículo 64 de la ley de la materia, razonablemente ha recogido el desarrollo jurisprudencial que superó la insuficiencia legislativa que padeció la abrogada Ley de Amparo, para regular con mayor efectividad tanto las atribuciones del órgano de amparo en materia de improcedencia, en relación con la participación de las partes y el respeto de sus derechos, para no quedar en un estado de indefensión, ya para alegar la improcedencia o para refutar las pruebas con que se pretenda acreditar y que la contraparte no haya tenido conocimiento de ellas.
En términos similares este Tribunal Colegiado resolvió, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, promovido por **********, en sesión de ocho de mayo de dos mil catorce, siendo ponente del mismo el Magistrado Arturo Ramírez Sánchez, del cual derivó el criterio I.13o.C.4 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1806, de título y subtítulo siguientes:
" La vista al quejoso con las causales advertidas oficiosamente por el órgano revisor, prevista en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, debe entenderse con relación al párrafo primero, esto es, cuando se sustente en algún elemento recabado por el órgano jurisdiccional o aportado por una de las partes, que sea diferente a los tomados en cuenta al fallar el juicio, a efecto de que el quejoso no quede en estado de indefensión y tenga la oportunidad de ejercer el principio del contradictorio, para refutarlos y desvanecer su eficacia o alcance probatorios, a fin de evitar el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, porque el resultado descriptivo y preceptivo de esta porción normativa, razonablemente responde al desarrollo jurisprudencial que superó la insuficiencia legislativa que padeció la abrogada Ley de Amparo, para regular con mayor efectividad las atribuciones del órgano de amparo en materia de improcedencia, con relación a la participación de las partes y el respeto de sus derechos, para no dejarlos en estado de indefensión, ya para alegar la improcedencia o para refutar las pruebas con que se pretenda acreditar y la contraparte no haya tenido conocimiento de ellas. Máxime que cuando la causal de improcedencia se basa en el propio caudal probatorio que sirvió para fallar el juicio, no implica indefensión alguna, porque las partes conservan la oportunidad de refutar tales elementos de prueba, incluso, dentro de la audiencia constitucional."
Criterio que también se sostuvo en la revisión civil RC. 151/2014-13 de la ponencia del Magistrado Víctor Manuel Islas Domínguez, que se resolvió -por unanimidad de votos- en sesión celebrada el día veinte de agosto de dos mil catorce.
En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación planteados por el quejoso, ahora recurrente, de conformidad con el contenido de la jurisprudencia identificada bajo el número II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página cincuenta y siete, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 81, fracción I, inciso e) y 93 de la vigente Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
RESUELVE:
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********** contra los actos que reclamó del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y del Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y que hizo consistir, respecto de la primera, en la sentencia dictada el trece de febrero de dos mil catorce en el toca número **********; y de la otra autoridad, en su ejecución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales a la autoridad de amparo que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que integran el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Virgilio Solorio Campos (presidente), Víctor Manuel Islas Domínguez y Arturo Ramírez Sánchez (ponente).
En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, jurisprudencia 2a./J. 64/98, página 400, de rubro: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, jurisprudencia 1a./J. 40/2002, página 126, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO."
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, jurisprudencia 1a./J. 163/2005, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL."
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, jurisprudencia 2a./J. 13/2014 (10a.), página 1052, de título y subtítulo: "PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN. DEBE DARSE VISTA A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, CON LA QUE SE OFREZCA PARA ACREDITAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25295-9066aeb0/improcedencia-la-invocacion-oficiosa-de-las-causas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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