AUTO POR EL QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DETERMINA NO TENER POR DESIGNADO COMO DEFENSOR PARTICULAR EL PROPUESTO POR EL INCULPADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, POR CONTAR CON EL PATROCINIO DE OTRO NOMBRADO POR ÉL MISMO. VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y, POR LO TANTO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN Y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: CONRADO VALLARTA ESQUIVEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los dispositivos 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función a que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito a través de su presidente.
TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 60/2017, el seis de abril de dos mil diecisiete, sostuvo los argumentos siguientes:
"QUINTO. Como advierte del auto recurrido, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar, toralmente, que el acto que reclamó el quejoso a la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Número Trece, Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, consistente en el proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual niega a tenerle designando como defensor al profesionista que citó en su escrito de petición, bajo el argumento de que tal persona podría resultar en el transcurso de la averiguación previa de la cual emana el acto reclamado como inculpado; no era un acto de los considerados como de ‘imposible reparación’. Para arribar a esa determinación estimó que la negativa de la autoridad responsable en no reconocer el carácter de un defensor particular a la persona que podría tener la calidad de inculpado, no encuadra en los supuestos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no producir afectación material a derechos sustantivos. Esto es, que sus consecuencias no eran de tal magnitud que le impidan al quejoso, en su calidad de inculpado en la averiguación previa, ejercer su derecho de defensa adecuada, toda vez que el propio quejoso confesó, en la demanda de amparo, que en la averiguación previa ********** que lleva en su contra la autoridad responsable, es representado por otro defensor particular, quien actualmente ejerce su patrocinio, sin haber sido revocado, pues puede nombrar a diversos defensores, o en su caso, a que se le designe uno de oficio. Consideraciones con las que este Tribunal Colegiado comulga -en el caso particular-, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En ese orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento penal, que inicia desde la averiguación previa, el inculpado cuenta con una serie de derechos contemplados tanto en la Constitución como en la legislación adjetiva, entre otros, como el derecho de nombrar defensor para que lo asesore en dicha etapa procedimental; sin embargo, como bien lo destacó el juzgador Federal, el quejoso tiene nombrado al defensor particular **********, licenciado que actualmente lleva su defensa en la fase indagatoria, sin que le haya sido revocado su nombramiento por el impetrante de amparo. De ahí que, el hecho de que la autoridad responsable se negara a reconocer el carácter de abogado particular a un profesionista que eventualmente tendría la calidad de inculpado al igual que el ahora recurrente, no obstaculiza el derecho constitucional de adecuada defensa; por ende, no existe base para iniciar un juicio de amparo contra el acto reclamado. Se afirma lo considerado, toda vez que la afectación irreparable para que el juicio de amparo sea procedente, es que se no haya tenido o nombrado defensor particular, y que no se le ofreciera el de oficio, previo a designar al licenciado que propone en su petición elevada a la autoridad responsable; es decir, que carezca del asesoramiento total de un técnico en derecho. Y éste no es el caso. En efecto, no debe perderse de vista que antes de designar al ahora nuevo defensor particular, tiene nombrado al licenciado **********, quien lleva el patrocinio del aquí recurrente en la averiguación previa, al cual no se le ha revocado el cargo, según lo confesó el impetrante de amparo ante el requerimiento del juzgador Federal. De ahí que resulte desatinado lo manifestado por el disidente en cuanto a que el acto reclamado constituye un acto de imposible reparación; ello es así pues no se ha violentado su derecho constitucional de adecuada defensa, dado que se insiste, tiene nombrado a un defensor particular que lo patrocina en la indagatoria que se lleva en su contra, por ende, los efectos del acto reclamado, como bien se consideró en el auto recurrido, no son de imposible reparación. Por otra parte, no se desconoce el criterio «XXI.1o.P.A.21 P» invocado por el recurrente de rubro: ‘DEFENSOR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA DESIGNAR AL NOMBRADO POR EL INDICIADO NO PRIVADO DE SU LIBERTAD, ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, pues en primer lugar, no es vinculante para este Tribunal Colegiado, al ser un criterio asilado y provenir de un órgano jurisdiccional de la misma categoría; además de que, se insiste, el quejoso tiene el patrocinio del defensor particular en la averiguación previa, sin que haya revocado su nombramiento, por ello es que se considera no se violenta su derecho fundamental de una adecuada defensa, al no estar en un estado total de indefensión. Finalmente, debe decirse que el hecho de que se haya desechado la demanda de amparo, no implica que se esté violentado el derecho de acceso a la justicia, ya que el mismo está condicionado o limitado a que no se actualice alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues las mismas no se oponen a la Constitución Federal, ni a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Se invoca, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Décima Época, página 325 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de mayo de 2014 a las 11:03 horas» que dispone: ‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (la transcribe). En consecuencia, al haber resultado ineficaces los agravios propuestos por el inconforme y no advertir a este Tribunal Colegiado queja deficiente que deba suplirse de oficio; lo que procede es declarar infundado el recurso de queja interpuesto, contra el auto dictado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el aquí recurrente."
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 65/2017, en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete, en lo conducente, consideró:
"CUARTO. Determinación que adopta este tribunal. Son esencialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Contrariamente a lo que sostuvo la autoridad de amparo recurrida, este tribunal estima que la causa de improcedencia con base en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso, no es manifiesta ni indudable. A fin de dar sustento a la afirmación que antecede, es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, es conveniente indicar que por manifiesto debe entenderse, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De ahí que para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza alguna causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario que aquélla esté demostrada a plenitud, es decir, que se ha advertido en forma patente y que se tiene la certeza y plena convicción de que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para afirmar que una causa de improcedencia es notoria e indudable, debe atenderse al escrito de demanda y los anexos que al mismo se acompañen, pues con base en ello podrá tenerse por demostrada sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya han sido manifestados claramente por el promovente, o bien, porque están acreditados con elementos indubitables. Pero en ningún caso debe perderse de vista que aquella notoriedad e indudabilidad deben ser tales, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda, los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes ofrezcan, no sean indispensables para corroborar dicha improcedencia, así como que tampoco puedan desvirtuarla. En caso contrario, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o de tener duda sobre la actualización de alguna de éstas, la demanda debe ser admitida, pues de lo contrario se privaría injustificadamente al gobernado de su derecho a la jurisdicción constitucional respecto de un acto que, considera, le causa perjuicio. Tales consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época» que es del tenor literal siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (la transcribe). Ahora bien, resulta importante decir que las constancias integrantes del procedimiento de amparo generador del auto controvertido, revelan que la parte quejosa reclamó de la agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 13, abuso de autoridad, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el acuerdo que pronunció el veinticinco de enero del año en curso, en la averiguación previa **********, mediante el cual, determinó no tener por designado como defensor a **********. En atención a tal señalamiento, el resolutor del amparo pronunció el acuerdo impugnado, en el sentido de desechar la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, pues sostuvo: *Que el acto reclamado no constituye uno de los considerandos como de ‘imposible reparación’, en razón de que la negativa a reconocer el carácter de un defensor particular que podría tener la calidad de inculpado no encuadra en los supuestos normativos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no producir afectación alguna material a derechos humanos sustantivos. *Que la negativa procesal reclamada no produce una lesión jurídica inminente, pues sus efectos son de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del ejercicio o inejercicio de la acción penal, pues son efectos de carácter puramente procesal; ello, partiendo de la premisa de que el quejoso confesó que dentro de la averiguación previa ********** del índice de la autoridad responsable, es representado por otro defensor particular, quien actualmente ejerce su patrocinio sin haber sido revocado. *Que, sin prejuzgar el fondo del asunto, el acto reclamado no es definitivo ni condiciona futuros nombramientos de defensores. *Que la negativa reclamada no condiciona futuros nombramientos de defensores, esto en razón de que el promovente de amparo válidamente puede ejercer su derecho de designar a cuantos profesionistas desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la ley. Sin embargo, como se adelantó al inicio del presente punto considerativo, la referida causa de improcedencia no se actualiza en el caso concreto. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que, tal como ya se expuso, en el acuerdo recurrido se afirmó, de manera acertada, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en algún procedimiento, que causen perjuicios irreparables y se dijo que éstos son aquellos que afectan de manera inmediata derechos sustantivos, pero se sostuvo que la actuación controvertida no se satisface tales características, lo cual es incorrecto. Entonces, en la especie, resulta oportuno establecer el contenido del artículo 107, fracciones III, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ... V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estados Mexicano sea parte...’. De acuerdo con estas porciones normativas, el juicio de amparo procede contra actos emitidos en un procedimiento judicial o en uno seguido en forma de juicio, que sean de ‘imposible reparación’, entendiéndose por tales, aquellos que produzcan afectaciones a derechos sustantivos, independientemente de que su naturaleza sea de carácter adjetivo. Para considerar que un acto emitido en un procedimiento es de imposible reparación, debe satisfacer dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el ejercicio libre de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos. Al respecto, cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1069 del Libro 19, Tomo I, junio de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «Décima Época y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas», cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.’ (La transcribe). En esas condiciones, puede válidamente afirmarse que la negativa por parte de la agente del Ministerio Público de otorgar reconocimiento como defensor al que designa el indiciado en la averiguación previa, sin duda constituye una situación que afecta materialmente un derecho de carácter sustantivo, puesto que imposibilita el pleno ejercicio del derecho de defensa que constitucional y legalmente le ha sido reconocido, y en virtud del cual, está facultado para ser defendido y asesorado por quien él considere más adecuado. Cierto, el artículo 20, apartado A, fracción IX y último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado:... IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, ... Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.’. De dicha porción normativa es posible advertir que, la Carta Magna contempla como una de las garantías existentes en favor del inculpado la de tener una defensa adecuada, al tiempo que se desprende que la referida garantía podrá ser ejercida, cuando así lo quiera la persona inculpada, por conducto de un abogado, lo cual se estipula, debe ser observado desde la averiguación previa. Entonces, si el acto reclamado lo constituye la negativa del Ministerio Público a reconocer el carácter de defensor al que designa el quejoso, en la etapa de indagatoria, no puede sino concluirse que ese acto, contrariamente a lo afirmado en el auto impugnado, afecta los derechos sustantivos del quejoso y que, por ende, puede generarle daños de imposible reparación. Por tanto, resulta jurídicamente válido concluir que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el juzgador recurrido. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional comparte el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, materia penal, Tesis XXI.1o.P.A.21 P, página 1442, que dice: ‘DEFENSOR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA DESIGNAR AL NOMBRADO POR EL INDICIADO NO PRIVADO DE SU LIBERTAD, ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (La transcribe). No es obstáculo a lo hasta aquí considerado, el hecho de que el quejoso haya reconocido contar con la asistencia de diverso defensor particular por él nombrado, pues lo cierto es que la ley no delimita la cantidad de abogados que podrían ser nombrados a fin de considerar satisfecho el requisito de que el inculpado cuente con una defensa adecuada. Además de que el juzgador de amparo fue omiso en cerciorarse de que la información proporcionada por el amparista fuese la correcta y/o vigente, pues pierde de vista que si por cualquier circunstancia, atribuible o no al quejoso, quien lo representaba ya no lo está haciendo más, podría con su determinación dejarlo en estado de indefensión. En tales condiciones, lo que procede es declarar fundada la queja interpuesta por el quejoso **********, contra el desechamiento de la demanda de amparo que promovió contra el acto que reclamó del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 13, abuso de autoridad, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, consistente en el acuerdo que pronunció el quince de febrero del año en curso, en la averiguación previa **********, mediante el cual, determinó que: ‘...no ha lugar a tenerme designando como defensor al profesionista que cité...’. Consecuentemente, el titular del órgano de control de la constitucionalidad recurrido deberá: *Dejar sin efecto el auto impugnado, en la parte relativa al desechamiento de dicha demanda. *En su lugar, de no encontrar diversa causa que impida la procedencia del juicio, admitir a trámite la demanda de amparo respecto del acto por el cual fue desechada. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis «I.9o.C. J/3 (10a.)» de jurisprudencia sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte y que aparece publicada en la página 892 del Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época» cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘QUEJA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EQUIVALE A REPONER EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).’ (La transcribe).".
CUARTO.-Procedencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
I) La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
II) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
El criterio anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito considera que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 60/2017, y el Primer Tribunal Colegiado de la referida especialidad y Circuito, al resolver la diversa queja 65/2017, pues ambos tribunales se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista la contradicción de criterios.
Ahora bien, como puede corroborarse en los asuntos que se analizan, concurren los siguientes elementos comunes:
a) Se analizó si le causa perjuicio de imposible reparación al recurrente, el hecho de que el agente del Ministerio Público le niegue al indiciado a tenerle designando a otro profesionista como su defensor particular, si ya cuenta con el patrocinio de uno nombrado por él mismo, así como se le vulnera el derecho de defensa adecuada; y,
b) El alcance del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política del País, así como el 107 de la Ley de Amparo en vigor, a fin de discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República.
En estos términos se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron un mismo problema jurídico, es decir, ante el desechamiento de la demanda de amparo promovida contra el auto dictado por el agente del Ministerio Público, mediante el cual determinó no tener por designado como defensor particular el propuesto por el inculpado, sostuvieron criterios discrepantes, ya que el primero de ellos confirmó el desechamiento, porque consideró que ese acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no afectan de manera directa e inmediata el derecho sustantivo de adecuada defensa previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la afectación irreparable para que el juicio de amparo sea procedente, es que no se haya tenido o nombrado defensor particular, y que no se le ofreciera el de oficio, es decir, que carezca de asesoramiento total de un técnico de derecho, puesto que el indiciado ya cuenta con el patrocinio de un profe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27626-80692c75/auto-por-el-que-el-ministerio-publico-determina · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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