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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA. NO PUEDE SER NOMBRADO DEFENSOR UN PROFESIONISTA EN DERECHO QUE TIENE EL CARÁCTER DE COINDICIADO DE LA PERSONA QUE LO DESIGNA EN LA MISMA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE JALISCO ABROGADO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 29001
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-09-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II, Pág. 850.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADALBERTO MALDONADO TRENADO, RICARDO DELGADO QUIRÓZ Y MANUEL CANO MÁYNEZ. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS. ENCARGADO DEL ENGROSE: ADALBERTO MALDONADO TRENADO. SECRETARIO: FRANCISCO RENÉ RAMÍREZ MARCIAL.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión extraordinaria correspondiente al tres de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos los autos, para resolver, el expediente relativo a la contradicción de tesis 5/2017; y,

RESULTANDO:

I. Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis.

Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Emilio Enrique Pedroza Montes, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, denunció al Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 255/2017; el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al fallar las revisiones principales 283/2017 y 294/2017; así como el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al decidir la revisión principal 286/2017.

II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.

Por acuerdo de veinticinco de octubre siguiente, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; proveyó que se solicitara a las presidencias de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Tercer Circuito, copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas, respectivamente, en las revisiones principales 255/2017, 283/2017 y 294/2017, así como 286/2017, de sus respectivos índices, e informaran si aún subsistían los criterios sustentados en dichos asuntos. Todos los Tribunales Colegiados de Circuito en cita respondieron afirmativamente.

III. Integración del asunto.

Por auto de ocho de febrero del año en curso, se turnó el asunto a la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas, integrante del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; sin embargo, en la primer sesión plenaria se hizo notar que la aludida Magistrada se encontraba de licencia prejubilatoria, por lo que se reservó el turno hasta que se designara al Magistrado que integraría el Pleno por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

En esas condiciones, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se turnó el expediente relativo a la contradicción de tesis número 5/2017, al Magistrado José Félix Dávalos Dávalos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los dispositivos 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre tres Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función a que fue promovida por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 255/2017, el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, sostuvo los argumentos siguientes:

"...

"V. Resultan fundados los agravios propuestos por la parte quejosa **********, aunque para así declararlos será necesario acudir a la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

"...

"Ahora bien, en el caso específico, el Juez de amparo, concedió la protección constitucional solicitada, al considerar que el acto reclamado es violatorio de sus garantías constitucionales; que el artículo 20 constitucional, se desprende que es garantía de todo inculpado en el proceso penal a tener una defensa adecuada en el procedimiento instaurado en su contra ya sea por conducto de un defensor nombrado por el propio inculpado o en su defecto de uno de oficio designado por el propio tribunal.

"Asimismo, como lo adujo la responsable la averiguación previa inició con un motivo de la denuncia de hechos instaurada en contra del quejoso y de las personas que ostentaban el carácter de apoderados especiales en el juicio laboral 214/2012-11-F, y el licenciado ********** tenía dicho cargo, según se refleja de las constancias que integran los autos del citado juicio laboral, que remitió en apoyo a su informe justificado; además, tomó en cuenta que el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, establece las restricciones con las que cuentan los profesionistas en derecho para ejercer actos de defensa, entre las que se encuentran el hecho de que la persona actualmente se encuentre presa o procesada, lo cual a la fecha no ocurre, puesto que la averiguación previa se encuentra en etapa de integración; sin embargo, lo cierto es que el licenciado **********, se trata de una persona sujeta a la averiguación con carácter de indiciado, pues es una de las personas señaladas como probable responsable en la comisión del ilícito denunciado, por lo que él mismo no puede ostentar el cargo de defensor en dicha averiguación de su coindiciado. Que la actuación de la responsable tiende a proteger sus derechos procesales al no permitirle la designación como defensor de una persona a quien se le instruye una averiguación previa; en tales condiciones, el acto reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Número Trece de Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, resultó violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, y al advertir queja deficiente que ameritaba suplencia, a la luz del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo concedió la protección federal.

"En virtud de lo anterior es que resultan fundados pero inoperantes los agravios expresados por la agente del Ministerio Público inconforme, en la que aduce en uno de sus argumentos, que el motivo del otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********** resulta contradictorio.

"Por su lado, el ahora inconforme como agravios en esencia; que la Juez de amparo debió otorgarle su derecho de ejercer una adecuada defensa dentro de la indagatoria de origen, lo que incluye designar libremente defensores, rendir su declaración ministerial, ampliarla si así lo desea, ofrecer pruebas y que se admitan y desahoguen las mismas y se le cite a cualquier diligencia que se practique por la responsable, pues pudiese desahogarse alguna diligencia a sus espaldas, lo que lo colocaría en un estado de indefensión.

"Lo expuesto resulta sustancialmente fundado, pues, se advierte que el acto que el quejoso reclamó a la autoridad ministerial que señaló como responsable, fue esencialmente la negativa a designar como defensor al licenciado **********, en razón de que a dicho profesionista podría resultarle en el transcurso de la averiguación previa el carácter de inculpado.

"Es decir, el promovente de amparo adujo:

"a) Ser titular de un derecho constitucionalmente reconocido, como es el de una defensa adecuada que, según afirma, surge porque tiene calidad de indiciado en la averiguación previa 10457/2013; y,

"b) Que ese derecho se ve transgredido cuando la autoridad señalada como responsable, le negó su derecho a nombrar defensor particular.

"Lo cual es sustancialmente fundado, dado que la defensa adecuada es un derecho humano que de conformidad con el último párrafo del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política del País, debe observarse en aquellas diligencias o actuaciones que realice el Ministerio Público investigador, cuando participe o deba participar directa y físicamente la persona involucrada en la investigación, verbigracia, cuando emite declaración ante esa autoridad como detenido o indiciado y, por otro lado, de la demanda, así como de la prueba aportada por el promovente de amparo, se advierten datos en el sentido de que posiblemente ese derecho humano se vio afectado por la autoridad que estaba obligada a observarlo, al negarle nombrar como defensor particular al profesionista que designó, porque la averiguación previa se encuentra instaurada en contra del ahora quejoso, y las personas que tenían el carácter de apoderados especiales nombrados en el juicio laboral 214/2012/11-F; y que el citado profesionista figuraron tal carácter en el juicio laboral y por lo que si bien aún no le ha reconocido formalmente el carácter de imputado en la indagatoria podría ser requerido en calidad de indiciado; lo cierto es que ese acto afecta en su esfera jurídica de manera directa, dado que se trata de una violación que hace procedente el juicio de amparo indirecto.

"Lo anterior es así, porque las actuaciones que el órgano investigador desahoga o realiza en ejercicio de sus facultades constitucionales contenidas en los artículos 21 y 102 de la Carta Magna; sin embargo, esa privación de designar defensor particular, produce una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del inconforme; dado que pudiera depararle perjuicio en su defensa, de imposible reparación porque podría ejercitarse acción penal en su perjuicio.

"Así es, aun cuando es cierto que para garantizar la defensa adecuada de un indiciado, a que se refiere la fracción IX del artículo 20 en vigor (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho), se estima necesario esté asistido de un licenciado en derecho por contar con la capacidad técnica para asesorarlo, incluso para apreciar lo que jurídicamente le es conveniente, pues guía la actuación del indiciado en lo que le conviene durante la etapa de averiguación previa, con lo que se le estaría otorgando una real y efectiva asistencia legal, no menos cierto es que el acto que reclama (negativa a designar como defensor particular, al profesionista que propuso), ya que puede transcender en la decisión de la autoridad ministerial señalada como responsable, adopte al emitir la determinación correspondiente y que, de ser el caso, en el momento oportuno resuelva la autoridad jurisdiccional correspondiente.

"De igual forma, no es obstáculo a lo anterior el hecho de que el quejoso haya reconocido contar con la asistencia de diverso defensor particular por él nombrado, pues lo cierto es que la ley no delimita el número de abogados que podrían ser nombrados a fin de considerar satisfecho el requisito de que el inculpado cuente con una defensa adecuada.

"Además, si bien es cierto que el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Jalisco, establece las restricciones con las que cuentan los profesionistas en derecho para ejercer actos de defensa, es el hecho de que la persona se encuentre procesada; bajo esa óptica, como acertadamente lo dijo el Juez de Distrito, se desprende que la responsable basó su determinación en una hipótesis que si bien procesalmente podría llegar a ocurrir, lo cierto es que aún no surge en la vida jurídica, por lo que es inconcuso que se vedó el derecho humano del aquí quejoso a tener una adecuada defensa, basada en una mera suposición por parte de la autoridad responsable.

"Dicho de otra manera, la negativa a designar como defensor particular, al profesionista que propuso, es considerada de especial relevancia, pues trae consigo afectación de naturaleza material e irreversible en los derechos sustantivos del justiciable, tales como es una defensa adecuada.

"...

"De ahí que resulte desacertado lo expuesto por el Juez de Distrito en sus efectos, pues es hasta que tenga el carácter de procesado para que opere una de las restricciones con las que cuentan los profesionistas en derecho para ejercer actos de defensa, en ese sentido es que se vulneraron los derechos de una defensa adecuada del quejoso ahora recurrente **********.

"Por lo anterior, resulta procedente modificar la sentencia recurrida para precisar que la concesión del amparo otorgada al quejoso **********, contra el acto reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Trece de Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otro en el que tenga como defensor al profesionista licenciado **********. ..."

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión número 294/2017, en sesión de trece de julio de dos mil diecisiete, consideró:

"...

"IX. Determinación que este Tribunal Colegiado adopta.

"...

"De ahí que con la concesión del amparo al quejoso, para que la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar provea favorablemente a su solicitud para que tenga por nombrado como su defensor al aludido licenciado, no le irroga agravio a la responsable, ya que si bien de las constancias que anexó a su informe justificado, se advierte que en la ampliación de la denuncia (foja 37), se señala que los apoderados de los trabajadores en el juicio laboral 94/2012, entre otros, el licenciado **********, incurrieron en la figura delictiva de delito de abogados, patronos y litigantes; también es cierto que como se dice en la sentencia recurrida, tal circunstancia no es una razón jurídica suficiente para no tener por designado a dicho defensor, puesto que la determinación de la responsable descansa únicamente en un hecho futuro e incierto, ya que la hipótesis de que el profesionista designado como defensor llegue a tener también la calidad de indiciado, si bien procesalmente podría llegar a ocurrir, lo cierto es que aún no surge a la vida jurídica; tal como reconoce la propia responsable, pues de las constancias aportadas al informe justificado, no se advierte que el licenciado ********** haya comparecido a la averiguación con ese carácter; por lo que al haber actuado como lo hizo la responsable, vedó el derecho humano del impetrante a una adecuada defensa, toda vez que basa su postura en una suposición.

"A mayor abundamiento, el artículo 164 del Código Procesal Penal de la entidad, establece que ‘no pueden ser defensores los que se hallen presos ni los que estén procesados. Tampoco podrán serlo los que hayan sido condenados por alguno de los delitos señalados en el capítulo I, título octavo del libro II, del Código Penal, ni los ausentes que, por el lugar en que se encuentren, no puedan acudir ante el Juez o tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nombramiento’; de donde se colige que la restricción o impedimento para ser defensores es para las personas que estén presas o procesadas o hayan sido condenados por alguno de los delitos del capítulo I, título octavo, del Código Penal para el Estado de Jalisco (abogados, patrones o litigantes); hipótesis en las que no se encuentra ********** (designado por el quejoso como su defensor), puesto que en primer lugar la averiguación previa se encuentra en la etapa de integración, y en segundo; no se aprecia que a dicho profesionista se le haya llamado a comparecer con calidad de indiciado, ni está procesado, ni menos condenado por un delito de esa naturaleza.

"Por consiguiente, al conceder en la sentencia recurrida la protección constitucional al quejoso para que se acuerde favorablemente la designación del licenciado **********, como su abogado, no es una decisión incongruente; sin que sea óbice tampoco que de las constancias que aportó la responsable se advierta que el quejoso cuenta con la asistencia del defensor particular **********; ya que no existe impedimento legal para que pueda designar otro u otros defensores si así lo considera necesario.

"En tales condiciones, lo que procede es confirmar la resolución recurrida y conceder al quejoso el amparo solicitado en los términos de esa propia determinación.

"Del recurso de revisión y agravios del quejoso.

"Los agravios del quejoso son inoperantes por una parte e infundados por otra, sin deficiencia de la queja que suplir, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

"Se estima que los agravios del quejoso son inoperantes en la parte que alega que el amparo se le debió conceder para que se le permita rendir declaración ministerial, ampliarla, ofrecer pruebas y que se le admitan y desahoguen las mismas y se le cite a cualquier diligencia que se practique por la responsable; habida cuenta que lo que ahora hace valer como agravios en el recurso de revisión, no formaron parte de la litis constitucional, puesto que el acto reclamado se constriñe a la negativa de la agente del Ministerio Público responsable, de no tenerle por designado al abogado defensor que nombró el quejoso en la averiguación; por lo que sobre las cuestiones que ahora impugna, no se pronunció al respecto el Juez de Distrito al dictar la sentencia reclamada al través del presente recurso, por consiguiente, al ser esto así es clara la inoperancia de los agravios.

"...

"Por otra parte, el resto de los agravios son infundados puesto que la sentencia no le irroga agravio alguno; toda vez que como se evidenció, la sentencia recurrida le es totalmente favorable a la parte quejosa, pues se debe recordar que el Juez de Distrito estimó que se había violado su derecho a una adecuada defensa y, por ello, le concedió el amparo para efectos de la responsable:

"I. Deje insubsistente el acto reclamado, es decir, el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 10467/2013 y,

"II. Emita otro acuerdo en el que provea favorablemente la solicitud del quejoso, consistente en tener como su defensor particular a la persona que designó con tal carácter en el ocurso de veinticuatro del citado mes y año, siempre y cuando el estado procesal de la indagatoria de que se trata lo permita, esto es, que la persona designada como defensor particular no tenga el carácter de indiciado o bien, lleve la defensa de un coinculpado que tenga intereses contrarios al inculpado y quejoso.

"Lo que implica que con la determinación recurrida se restituyó al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, puesto que en forma total obtuvo lo solicitado, ya que por virtud de la protección constitucional la responsable debe proveer en forma favorable a su solicitud y tener como defensor particular a la persona que designó con tal carácter en el ocurso de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (siempre y cuando el estado procesal de la averiguación lo permita).

"Mientras que en los agravios el quejoso refiere que considera que se le debió de conceder el amparo para el efecto de que se le otorgue la certeza de ejercer una adecuada defensa dentro de la indagatoria de origen lo cual incluye designar libremente defensores.

"Es decir, que lo que solicita ya le fue otorgado en la sentencia recurrida; por lo que en el caso, en cuanto al recurso del quejoso, no se está en aptitud de analizar los motivos por los cuales se le concedió la protección constitucional, ni los alcances de esa concesión, pues es obvio que no podría obtener mayores prestaciones a las otorgadas en la sentencia recurrida, ya que le son absolutamente favorables, lo que implica, se insiste, que no puede obtener en segunda instancia mayores beneficios que los generados por la sentencia protectora.

"En el apuntado orden de ideas, lo que se impone es confirmar por sus propias consideraciones, la sentencia impugnada. ..."

En el mismo orden de ideas, el aludido órgano jurisdiccional al fallar el recurso de revisión 283/2017, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, esencialmente sustentó lo siguiente:

"...

"Octava.—Determinación que adopta este tribunal.

"Previo a emitir pronunciamiento en cuanto a la litis planteada por los recurrentes, es preeminente establecer que se analizarán en el orden derivado de acuerdo a su trascendencia; así en primer término se abordarán los agravios expuestos por la autoridad ministerial responsable, para proseguir con los referidos por el quejoso **********, que comulgan con el sentido de la sentencia recurrida.

"Cabe precisar, que sólo se enunciarán los argumentos de agravios expuestos por la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Número Trece de Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en los que medularmente expresó, que el Juez de Distrito debió negar el amparo solicitado al quejoso, en razón a que considera que el acto reclamado no trastoca en su perjuicio el derecho fundamental de adecuada defensa, esto, porque de las constancias relativas a la averiguación previa de la cual emana el acto reclamado, se advierte que el quejoso **********, ya se encuentra asistido por un defensor particular; y que la negativa a tenerle por designado como su defensor al licenciado **********, porque estima éste podrá tener la calidad de inculpado eventualmente, no condiciona futuros nombramientos, por lo que cuenta con el derecho de nombrar el número de defensores que desee, siempre y cuando éstos acepten y protesten el cargo.

"Por lo que se indicó, no se está en una hipótesis de imposible reparación, ya que en ningún caso se trastoca su derecho de defensa adecuada, dado que la parte quejosa, se encuentra en aptitud de poder designar a diverso defensor particular, y de esa manera hacer valer sus tácticas defensivas.

"Máxime que conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que establece las restricciones con las que cuenta un profesionista en derecho para ejercer actos de defensa, se encuentra el hecho de que la persona nombrada en el momento en que se le designe se encuentre en calidad de procesado, hipótesis en la que consideró podría eventualmente encontrarse el licenciado **********.

"Agravios que como se advierte en los parágrafos que anteceden, resultan infundados, esto en razón a que como ya se mencionó, la citada autoridad ministerial responsable, sustentó su determinación en una hipótesis futura incierta, pues al defensor particular que designó el quejoso, no se le ha revestido hasta el momento del carácter de indiciado en los autos de la indagatoria de la que deriva el acto reclamado, por lo que es inconcuso que con la negativa a aceptar dicho nombramiento se veda al aquí quejoso, de su derecho a una adecuada defensa.

"Novena.—Agravios formulados por el quejoso.

"Ahora bien, los argumentos de agravios formulados por el quejoso son infundados, en virtud de que el acto reclamado lo constituye la negativa a designar defensor, acto reclamado respecto del cual se le concedió la protección constitucional para el efecto de que se le permita el libre ejercicio de ese derecho; e incluso, es de tomarse en consideración que al permitírsele la designación del profesionista a que se hace referencia, se le garantiza el derecho a una adecuada defensa.

" Así, en una adecuada exposición argumentativa, cabe precisar que la defensa adecuada es un derecho humano de toda persona sujeta a un proceso penal, reconocido en la fracción IX y último párrafo del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal (hasta antes de la reforma del dieciocho de junio del dos mil ocho), para que en la fase jurisdiccional el probable responsable (al hablarse del sistema penal romano-germánico) de un delito cuente con una defensa adecuada, por sí, por abogado o por persona de su confianza y si no quisiera o no pudiere nombrar uno, el Juez le designará un defensor de oficio, quien podrá comparecer en todos los actos del proceso, pero además, haciéndose extensivo el respeto a ese derecho humano del procesado, a la etapa de la averiguación previa.

"Expuesto lo anterior, como ya se indicó, en la especie, lo que constituyó el acto reclamado fue una negativa a tener por designado al profesionista **********; aspecto en el que recayó el fallo constitucional en sentido favorable al quejoso. Esto es, la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector, deberá tenerle por discernido tal cargo al profesionista de que se habla, con lo que se restablece la garantía violada al quejoso, e incluso al recaer la designación de representante de sus intereses al profesionista que propone, le garantiza la observancia a una adecuada defensa, como lo reclama. ..."

C) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión número 286/2017, en sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en lo conducente, consideró:

"Tercero.—No se transcribirán ni examinarán.—Cuarto. Determinación que adopta este tribunal. Son esencialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Contrariamente a lo que sostuvo la autoridad de amparo recurrida, este tribunal estima que la causa de improcedencia con base en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso, no es manifiesta ni indudable. A fin de dar sustento a la afirmación que antecede, es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, es conveniente indicar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De ahí que para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza alguna causa de improcedencia manifiesta e indudable es necesario que aquélla esté demostrada a plenitud, es decir, que se ha advertido en forma patente y que se tiene la certeza y plena convicción de que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para afirmar que una causa de improcedencia es notoria e indudable, debe atenderse al escrito de demanda y los anexos que al mismo se acompañen, pues con base en ello podrá tenerse por demostrada sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya han sido manifestados claramente por el promovente, o bien, porque están acreditados con elementos indubitables. Pero en ningún caso debe perderse de vista que aquella notoriedad e indudabilidad deben ser tales que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda, los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes ofrezcan, no sean indispensables para corroborar dicha improcedencia, así como que tampoco puedan desvirtuarla. En caso contrario, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o de tener duda sobre la actualización de alguna de éstas, la demanda debe ser admitida, pues de lo contrario se privaría injustificadamente al gobernado de su derecho a la jurisdicción constitucional respecto de un acto que, considera, le causa perjuicio. Tales consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», que es del tenor literal siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (la transcribe). Ahora bien, resulta importante decir que las constancias integrantes del procedimiento de amparo generador del auto controvertido, revelan que la parte quejosa reclamó de la agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 13, Abuso de Autoridad, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el acuerdo que pronunció el veinticinco de enero del año en curso, en la averiguación previa 10448/2013, mediante el cual determinó no tener por designado como defensor a **********. En atención a tal señalamiento, el resolutor del amparo pronunció el acuerdo impugnado en el sentido de desechar la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, pues sostuvo: • Que el acto reclamado no constituye uno de los considerandos como de ‘imposible reparación’, en razón de que la negativa a reconocer el carácter de un defensor particular que podría tener la calidad de inculpado no encuadra en los supuestos normativos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29001-cbb330e9/defensa-adecuada-no-puede-ser-nombrado-defensor-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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