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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS RECABADAS EN LA ETAPA MINISTERIAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR AL DEFENSOR DEL INDICIADO DESDE EL MOMENTO EN QUE ES PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO GENERA AUTOMÁTICA E INDISCRIMINADAMENTE LA ANULACIÓN POR ILICITUD DE AQUÉLLAS, SINO SÓLO DE LAS DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA FALTA DE DESIGNACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. · Registro digital (IUS): 26677
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-09-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL DIVERSO T
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Pág. 1985.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL DIVERSO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO, MARIO ALBERTO ADAME NAVA Y CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA. DISIDENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. PONENTE: CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA. SECRETARIO: GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES.

Santiago de Querétaro, Querétaro. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, correspondiente al día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 5/2016, suscitada entre los criterios sustentados por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al fallar el amparo directo penal ********** y el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al fallar el amparo directo penal **********, en sesiones celebradas respectivamente, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis y el veinticinco de septiembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.-La denuncia de la contradicción de tesis se formuló por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, a través del oficio sin número, de doce de febrero de dos mil dieciséis. A este comunicado se anexó copia certificada de los testimonios de las resoluciones dictadas en los citados amparos directos penales ********** y **********.(1)

SEGUNDO.-Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la presidenta del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, radicó la denuncia de la contradicción de criterios, a la que correspondió el número 5/2016, la admitió a trámite y solicitó a los presidentes de los tribunales que sustentaron los criterios contendientes, una copia certificada de las ejecutorias respectivas y que informaran si aquéllos se encontraban vigentes o, en su caso, los motivos para haberlos superado o abandonado.(2)

Una vez que los tribunales respectivos precisaron que los criterios aludidos continuaban vigentes y, además, remitieron una copia certificada de las resoluciones solicitadas, mediante auto de la presidencia del Pleno de este circuito, de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se turnaron los autos de la contradicción al Magistrado Carlos Hernández García, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.(3)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver del presente asunto, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados que ejercían jurisdicción dentro del circuito referido, de conformidad con los artículos 94, párrafo séptimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional; 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; y, 37, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la denuncia proviene de parte legitimada para tal efecto, pues fue realizada por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, quien tuvo el carácter de autoridad responsable, tanto en el amparo directo penal ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Circuito referido, como en el diverso ********** del Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito.

TERCERO.-Existencia de contradicción tesis. Para estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto, en primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual será necesario analizar las ejecutorias participantes.

Al respecto, es conveniente destacar que conforme a los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la existencia o no de una contradicción de tesis, debe atenderse a los siguientes lineamientos:

1. No es necesario que las ejecutorias respectivas deriven de elementos o de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones discrepantes. Así se estableció en la jurisprudencia y en la tesis aislada siguientes:

"Novena Época

"Registro digital: 164120

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXII, agosto de 2010

"Materia común

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

"Contradicción de tesis 34/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román.

"Contradicción de tesis 37/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

"Contradicción de tesis 45/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

"Contradicción de tesis 6/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de marzo de 2010. Mayoría de nueve votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

"El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 72/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez.

"Nota: La tesis P./J. 26/2001 y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 36/2007-PL citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIII, abril de 2001, página 76 y XXX, agosto de 2009, página 293, respectivamente."

"Novena Época

"Registro digital: 166996

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXX, julio de 2009

"Materia común

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

"El Tribunal Pleno, el diecinueve de junio en curso, aprobó, con el número XLVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil nueve.

"Notas: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"La tesis P./J. 26/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76."

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste sea.

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos una parte de razonamiento en la que haya una interpretación diferente sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si una forma determinada de resolver la cuestión jurídica resulta correcta, frente a cualquier otra que también sea legalmente posible.

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no impide su análisis para establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. Apoya a lo anterior la tesis siguiente:

"Octava Época

"Registro digital: 205420

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número 83, noviembre de 1994

"Materia(s): común

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número L/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional, respecto de un problema jurídico concreto; pues así se desprende de la tesis:

"Novena Época

"Registro digital: 174764

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXIV, julio de 2006

"Materia común

"Tesis: P. XLIX/2006

"Página: 12

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA.-El procedimiento de fijación de jurisprudencia firme vía contradicción de tesis tiene una finalidad clara y esencial: unificar criterios en aras de la seguridad jurídica. Así, para uniformar la interpretación del orden jurídico nacional son de tomarse en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes a lo largo de la parte considerativa de sus sentencias, sean constitutivos de la decisión final -el o los puntos resolutivos- o resulten añadidos prescindibles, vinculados indirecta o marginalmente con la cuestión concreta que debe decidirse, pues en ambos casos se está frente a la posición que asume un órgano jurisdiccional ante determinada cuestión jurídica y de la que cabe presumir que seguirá sosteniendo en el futuro. En efecto, en el procedimiento de contradicción de tesis no se decide si una sentencia es congruente con las pretensiones de las partes ni si en la relación entre sus consideraciones y la decisión final hubo exceso o defecto, pues no es un recurso, sino que su función es unificar la interpretación jurídica a fin de eliminar la coexistencia de opiniones diferentes respecto de la forma en la que debe interpretarse o aplicarse una norma legal, y obtener un solo criterio válido, pues su teleología es garantizar la seguridad jurídica. En congruencia con lo anterior, se concluye que para satisfacer esa finalidad, en el procedimiento de contradicción de tesis no es menester que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de ‘a mayor abundamiento’ pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales y sean la posición que un Tribunal Colegiado de Circuito adopta frente a ciertos problemas jurídicos que, presumiblemente, sostendrá en lo futuro.

"Contradicción de tesis 45/2005-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de abril de 2006. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.

"El Tribunal Pleno, el primero de junio en curso, aprobó, con el número XLIX/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de dos mil seis.- Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada."

Ahora bien, en lo conducente, al resolver el amparo directo penal **********, en sesión de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito sostuvo:

"SEXTO. Razones de la decisión. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, porque se transgredió en perjuicio de la quejosa el derecho de defensa técnica adecuada en la etapa de averiguación previa, pues no se le nombró defensor que la asistiera jurídicamente desde que se le puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por parte de los policías aprehensores hasta antes de la declaración ministerial, lapso de trece horas con veinte minutos en que se desahogaron diversas diligencias, de las cuales no se pudo imponer su defensa.

"En efecto, el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, vigente al momento en que se llevaron a cabo los hechos delictuosos (siete de junio de dos mil catorce), consagra como derecho de todo inculpado en un proceso penal, el contar con una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza y si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, se le designe un defensor de oficio y que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, teniendo la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

"Derecho cuya observancia impera durante la averiguación previa, en los términos, y bajo los requisitos que las leyes establezcan.

"Por su parte, el artículo 128, fracción III, incisos b), c) y d), del Código Federal de Procedimientos Penales, en lo que interesa, disponen la forma en la que el Ministerio Público debe de proceder, cuando el inculpado es detenido o se presenta voluntariamente ante su presencia; esto es, le hará saber de acuerdo con la Carta Magna -durante la averiguación previa- que goza del derecho de ser asistido por defensor; tener una defensa adecuada, por abogado, por sí, o por persona de su confianza y si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, le designará un defensor público, quien comparecerá en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación.

"Al respecto, es importante destacar que, con motivo de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos se ha transformado el paradigma de la revisión de la constitucionalidad de los actos de autoridad a través de los juicios de amparo.

"Dicha reforma, de hecho, ha cambiado la visión de protección de derechos, al sustituirse el término de ‘garantías otorgadas’ por la Constitución, por el de ‘derechos humanos reconocidos’ en la misma Carta Magna.

"Además, entre otros temas, se ha incorporado como directriz constitucional el principio pro persona, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos, deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Razón por la cual todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

"En ese sentido, el contenido del derecho fundamental a la defensa adecuada en materia penal, debe interpretarse en el contexto de dichas reformas. Por ello y atendiendo a la interpretación más favorecedora de la protección del derecho humano, para establecer el ejercicio eficaz y la forma de garantizar la defensa adecuada es que el gobernado esté asistido en todas las etapas procedimentales, incluso de ser posible desde el momento de su detención, por un abogado profesional en derecho pues, éste cuenta con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente le es conveniente al indiciado; esto significa contar con una defensa técnica adecuada.

"De manera que el indiciado durante la etapa de averiguación previa y el proceso penal seguido ante autoridad judicial, debe estar asistido por un licenciado en derecho (abogado particular o defensor de oficio), a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal; esto es, la prerrogativa de defensa adecuada no es un mero requisito formal, sino que requiere de la participación efectiva del imputado en el procedimiento.

"De ahí que la persona detenida puede ejercer el derecho a defenderse desde que es puesto a disposición del Ministerio Público y tiene derecho a que su defensor, entendido éste como asesor legal, esté presente físicamente y a recibir su ayuda efectiva. Por consiguiente, el detenido, si así lo decide, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial.

"Lo hasta aquí razonado encuentra respaldo en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala considera que la «asistencia» no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, en caso de que así lo decida, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor.’

"Lo cual también tiene sustento en los parámetros establecidos en instrumentos internacionales sobre el reconocimiento y protección del derecho de defensa adecuada de las personas inculpadas en un procedimiento penal. En específico, lo establecido en los artículos 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su elección y, comunicarse libre y privadamente con su defensor.

"De igual manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho a la defensa, ha sostenido al interpretar el contenido del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ‘las personas procesadas penalmente, tienen derecho a una defensa oportuna, técnica, eficaz y material’.

"De lo que se sigue que una interpretación sistemática de los artículos 14, 17 y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, en el texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que el derecho a la exclusión de la prueba ilícita es una garantía para los probables responsables del respeto a los derechos a ser juzgados por tribunales imparciales, a una defensa adecuada y con estricto respeto al debido proceso.

"Motivo por el cual toda prueba que haya sido obtenida con violación del derecho a la defensa adecuada del imputado, tendrá la calidad de prueba ilícita.

"Al respecto, cabe destacar que existen diligencias en la etapa de averiguación previa en las que la presencia e intervención del defensor es indispensable y, en caso de que éste no participe, provocará la nulidad de la prueba que se genere, como eventualmente podría ocurrir cuando se recaben las declaraciones de los aprehensores, quienes ponen a disposición del Ministerio Público a una persona que detuvieron en flagrancia delictiva, los objetos del ilícito, así como los formatos de registro de cadena de custodia y relatan la manera en que ocurrieron los hechos, desahogando diversas diligencias que implican al indiciado, sin que a éste se le hubiera nombrado un defensor que lo asesorara jurídicamente, lo que vulnera su derecho humano de defensa adecuada.

"Ilustra a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"‘PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.-Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26677-959460e0/pruebas-recabadas-en-la-etapa-ministerial-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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