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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, SIN ASISTENCIA DE LICENCIADO EN DERECHO. ES POSIBLE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA, PERO EN EL MISMO ACUERDO LA PERSONA JUZGADORA DEBE GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE UN DEFENSOR [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 92/2023. · Registro digital (IUS): 32328
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo III, Pág.2869.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 92/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: OMAR ALONSO ORTIZ SÁNCHEZ.

IV. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I y 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

14. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados con competencia en Materia Penal de los Circuitos Octavo y Segundo, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.

V. LEGITIMACIÓN

15. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, quienes dictaron uno de los fallos contendientes.

VI. CRITERIOS DENUNCIADOS

16. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 206/2023.

17. El dos de agosto de dos mil veintitrés, una persona privada de su libertad, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó del Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, la omisión de hacer efectivo un apercibimiento decretado dentro del proceso de ejecución 681/2023, en la modalidad de controversia 468/2023, y requerir nuevamente al Director General del Centro de Previsión Social de Durango para que diera contestación a lo que le fue solicitado, así como la omisión del juzgador de resolver en definitiva dicho expediente de ejecución. Además, reclamó diversas omisiones relacionadas con el diverso expediente de ejecución 535/2023, en la modalidad de controversia 372/2023.

18. Del asunto conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, quien en acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, registró la demanda con el número 1121/2023-XI. En el mismo auto decretó la separación de juicios por lo que respecta a las omisiones acaecidas en el expediente de ejecución 535/2023, en la modalidad de controversia 372/2023, y estimó oportuno conocer únicamente de las omisiones relacionadas con el proceso de ejecución 681/2023, en la modalidad de controversia 468/2023.

19. Hecho ello, expuso que respecto de estas últimas, se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque previo a promover la demanda de amparo, la parte quejosa no agotó el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(1) en cumplimiento al principio de definitividad, por lo que desechó de plano la demanda.(2)

20. En el mismo auto, la persona juzgadora de amparo consideró que no pasaba por alto la condición de internamiento del quejoso, quien promovió sin asistencia de defensor; lo cual, a primera vista, hacía procedente designarle un abogado de oficio, en cumplimiento al criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."(3)

21. No obstante, el juez federal determinó que dicho criterio jurisprudencial encontraba una excepción cuando del estudio oficioso de la improcedencia del juicio se desprendan actos relacionados con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, pues ante ese escenario, se tendría que aplicar la diversa jurisprudencia 1a./J. 79/2018,(4) a efecto de desechar la demanda.

22. Por lo que concluyó que, al derivar el desechamiento de la demanda de la interpretación jurisprudencial, a ningún fin práctico conduciría la designación de un defensor de oficio al quejoso privado de la libertad, previo al desechamiento de la demanda, si del análisis preliminar de la procedencia del juicio contra el acto reclamado, se advierte que la pretensión del justiciable se vería limitada por la citada jurisprudencia y obligaría a sustentar nuevamente el desechamiento de la demanda de amparo.

23. Dichos razonamientos, el juez los apoyó en la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/1 P (11a.), con número de registro digital: 2023758, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

24. Finalmente, la persona juzgadora de primera instancia envió oficio al Delegado en Coahuila del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que asignara a un defensor de oficio al quejoso, con la precisión de que el auto de desechamiento no causaría estado sino hasta que se notificara personalmente al defensor asignado y transcurriera también para él, el plazo de cinco días para interponer el recurso de queja. Esto es, la designación del defensor de oficio que realizó el juez de amparo, fue una vez dictado el desechamiento y no antes.

25. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el expediente 206/2023, resuelto en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de declararlo fundado, a efecto de revocar el acuerdo impugnado y ordenar la reposición del procedimiento para que se asignara a un defensor al quejoso previo al desechamiento.

26. Al respecto, el tribunal colegiado puntualizó que en el propio escrito de demanda el quejoso solicitó la designación de un defensor público y el Juez de Distrito, previo a decidir sobre la procedencia de la demanda de amparo, fue omiso en garantizar que el inconforme contara con un abogado que lo representara, con el fin de no dejarlo en estado de indefensión.

27. Puntualizó que una persona privada de la libertad debe contar con asistencia de un defensor que lo asesore antes de la determinación que recaiga a su demanda de amparo, a fin de que esté en aptitud de ejercer plenamente el derecho de acceso a la justicia. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a), señalada en líneas precedentes.

28. En ese orden de ideas, estimó incorrecta la determinación del juez federal, en el sentido de no asignarle a la parte quejosa a un defensor de oficio previo al desechamiento de la demanda, pues, resultaba necesario que esto aconteciera para no dejarlo en estado de indefensión, y pudiera contar con una defensa técnica adecuada formal y material.

29. Finalmente, dicho órgano colegiado dijo que no pasaba por alto el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la jurisprudencia II.2o.P. J/1 P (11a.);(5) sin embargo, ese criterio no le era vinculante, además de que no compartía su contenido, pues el tribunal homólogo partió de la base de que se actualiza una excepción de garantizar la tutela efectiva al quejoso privado de su libertad, cuando existe una jurisprudencia que determina la improcedencia del amparo; empero, la única excepción a que aludió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la actualización del mayor beneficio para el justiciable.

30. Incluso, de compartirse la referida postura, se desatendería lo resuelto por el Máximo Tribunal del país, en el sentido de que durante todo el procedimiento del juicio, el quejoso privado de su libertad debe contar con asistencia de un defensor.

31. En ese sentido, dicho tribunal colegiado estimó que fue incorrecta la determinación del juzgador federal, en el sentido de desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que previo a tal determinación, le asignara a un defensor público para que lo asesorara de manera adecuada; lo cual trascendió al resultado del fallo.

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja 195/2019, 150/2020, 51/2021, 55/2021 y 64/2021.

B.1. Recurso de queja 195/2019.

32. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso, privado de su libertad, promovió demanda de amparo en la que reclamó del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, la omisión de dar contestación a las peticiones administrativas que le fueron formuladas; así como de proporcionar una cama baja, conforme a sus males de salud y a lo recomendado por el tratamiento por ser una persona con discapacidad; y la omisión de ordenar que se cumpla con lo establecido en el oficio **********, rendido por el Centro Federal de Readaptación Social número Uno.

33. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca, donde fue radicada con el número 1116/2019, en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. En el mismo auto se desechó de plano la demanda de amparo, porque se consideró actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el solicitante debió agotar el principio de definitividad de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 115, 116, 117, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

34. Determinación que apoyó en la ya referida jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. El quejoso interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en sesión celebrada el ocho de noviembre del mismo año, por unanimidad de votos, lo declaró infundado.

36. El Tribunal Colegiado estimó apegado a derecho el desechamiento de la demanda de amparo, ya que se actualizó de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad, conforme al mecanismo de control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y consideró que el criterio de la juzgadora de Distrito fue congruente con el diverso contenido en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), citada en líneas precedentes.

37. Por otro lado, el órgano colegiado señaló que la autoridad de primera instancia, al momento de pronunciarse respecto al ocurso inicial de demanda, omitió que el quejoso privado de su libertad no contaba con la asistencia de un abogado que le brindara asesoría técnica-jurídica, de acuerdo al contenido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019, de la Primera Sala del Alto Tribunal.

38. Sin embargo, dicho tribunal sostuvo que el criterio de referencia no debe entenderse aplicable siempre y en todos los casos en que se actualicen las hipótesis que regula, pues su materialización dependerá de la viabilidad en la procedencia del juicio de amparo, pues si desde que se presenta la demanda el juez advierte la actualización de una causa que haga inejercitable la acción, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, ello autorizará su desechamiento de plano.

39. Así, dijo que se actualiza una excepción al criterio obligatorio para los juzgadores de Distrito de garantizar a la parte quejosa el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva mediante la designación de un abogado, así como para el tribunal revisor de verificar que en el inicio del procedimiento del juicio de amparo se tuteló tal prerrogativa a favor de la parte inconforme, y en caso contrario ordenar la reposición del procedimiento, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de la demanda de amparo al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional del País, pues ante ese escenario es evidente que la condición de defensa garantizada al promovente en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

40. Determinó que a ningún fin práctico conduciría que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento para el efecto de que desde el inicio del juicio de amparo el juzgador de Distrito garantice el derecho de tutela jurisdiccional efectiva por medio de la asignación de un profesionista en derecho a la parte quejosa, si al proveer sobre la admisión de la demanda se advierte que el quejoso que se inconforma contra las condiciones de su internamiento carcelario, antes de intentar el amparo, debía agotar el mecanismo de controversia ante el juez de ejecución, lo que de inobservarse necesariamente obligaría al Juez de Distrito a arribar a la misma determinación, en el sentido de que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, decretada vía jurisprudencial por el máximo Tribunal del País.

41. Por ello, enfatizó que esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del promovente del amparo, cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable.

B.2. Recurso de queja 150/2020.

42. El quince de octubre de dos mil veinte, una persona privada de su libertad promovió demanda de amparo indirecto en contra de la negativa del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades de proporcionarle servicio médico adecuado en condiciones de higiene.

43. Del asunto conoció el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio 736/2020, en el que por auto de quince de octubre de dos mil veinte, desechó de plano la demanda de amparo al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque el quejoso debió interponer la controversia judicial prevista en los artículos 107 a 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 131, 132 y 135, de la referida legislación.

44. Citó en su apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

45. Después de ello, la autoridad de amparo requirió al quejoso para que en el momento de la notificación o en el plazo de tres días, designara un profesionista que lo representara en el juicio, de lo contrario giraría oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México, para que le designara a un defensor público, a fin de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, el juzgado de amparo desechó la demanda y en el mismo auto previno al quejoso para que designara defensor en el amparo.

46. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el expediente 150/2020, resuelto en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo infundado.

47. El citado tribunal colegiado consideró apegada a derecho la determinación impugnada porque, en efecto, se actualizaba la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso accionó el juicio constitucional de manera directa, sin que previamente hubiere instado el mecanismo previsto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo cual sustentó en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

48. Por otro lado, el Tribunal Colegiado puntualizó que el Juez de Distrito, al recibir la demanda de amparo, omitió prevenir al quejoso para que nombrara a un abogado que lo representara, conforme a lo citado en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la propia Primera Sala.

49. No obstante, el tribunal estimó que la obligación del juez de amparo de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme a la referida jurisprudencia, presenta una excepción razonable cuando del estudio oficioso de la improcedencia del juicio de amparo promovido contra las condiciones de internamiento relacionadas con la prestación y atención médica, ciertamente actualizan la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

50. Al respecto, el tribunal determinó que reiteraba su criterio adoptado en la tesis aislada de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

51. Por tanto, estimó que a ningún fin práctico conduciría reponer el procedimiento, pues aún subsanando dicho vicio procesal, del análisis preliminar de la procedencia del juicio contra la omisión reclamada, se advierte que el resolutor de amparo debería necesariamente que resolver de la misma forma y declarar improcedente el juicio de amparo.

B.3. Recurso de queja 51/2021.

52. El doce de marzo de dos mil veintiuno, una persona privada de su libertad promovió, por propio derecho, demanda de amparo indirecto en contra de lo que denominó "el aislamiento en una estancia de observación y clasificación, considerada de tratamientos especiales", que atribuyó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

53. Conoció del asunto el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto **********. En auto de la misma fecha, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerar actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque el quejoso debió interponer la controversia judicial, prevista en los artículos 107 a 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 131, 132 y 135 de la citada legislación, previo a promover la demanda de amparo; aunado a que no se actualizaba excepción alguna al principio de definitividad. 54. Al respecto, apoyó su determinación en la multicitada jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

55. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resuelto en sesión de diez de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo infundado.

56. El citado tribunal colegiado consideró apegada a derecho la determinación impugnada, en el sentido que el acto reclamado constituye una acción inherente a las condiciones de internamiento susceptible de combatirse de inicio, mediante el régimen de peticiones administrativas y la controversia judicial, previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, estimó que se aplicó de manera correcta la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.).

57. Puntualizó que la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con las previsiones establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión, sin exigir mayores requisitos a los previstos por la ley de la materia para obtener la medida cautelar, la cual puede solicitarse por la persona privada de su libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución, ya que es un derecho fundamental que se produce en la legislación ordinaria por medio del principio de legalidad regulado en los ordinales 4, 5, 6, 9, párrafo primero, fracción V, párrafo último, 11, párrafo primero, fracciones I y X, y 20, párrafo primero, fracción III, de la ley en cita.

58. Aunado a lo anterior, convalidó que en el caso, el acto reclamado, no actualizaba ninguna de las excepciones al principio de definitividad.

59. Por otro lado, señaló que el Juez de Distrito omitió requerir al quejoso para que designara un defensor, o bien requerir a la Defensoría Pública para que le asignara un defensor público; lo cual es incompatible con el deber de garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 17 Constitucional, conforme al criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se trastocaron las formalidades procedimentales.

60. No obstante, determinó que la obligación de asignar a un defensor a una persona privada de su libertad que no cuenta con asistencia técnica en el juicio de amparo, presenta una excepción razonable, cuando del estudio oficioso de la improcedencia del juicio de amparo promovido contra las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que ello se deriva de la aplicación obligatoria de la jurisprudencia 1a./J. 79/2018. Por lo que aún subsanando dicha violación procesal, el resultado continuaría siendo el mismo, en el sentido de desechar de plano la demanda.

B.4. Recurso de queja 64/2021.

61. El tres de febrero de dos mil veintiuno, una persona privada de su libertad promovió por propio derecho, demanda de amparo en contra de la omisión del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", de contestar su petición de que le enviaran sus propiedades (libros de literatura, diccionario enciclopédico Larousse ilustrado y un block de escritura) al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el Estado de México, donde fue trasladado.

62. De dicho asunto correspondió conocer al Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto **********. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse que se actualizaba, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la legislación invocada, en relación con los diversos 107 a 116, fracción I y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que el justiciable debió instar el mecanismo de control previsto en dichos dispositivos. Determinación que sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

63. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, lo declaró infundado.

64. Dicho tribunal colegiado consideró apegado a derecho el desechamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que se actualizaba de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley en cita, ya que se reclamaban omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por lo que, en atención a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), se debe instar en primer lugar el procedimiento ordinario ante la autoridad penitenciaria o ante el juez de ejecución correspondiente.

65. Por otro lado, el tribunal puntualizó que la persona juzgadora de Distrito omitió requerir al quejoso para que designara a un abogado para que lo asistiera, de conformidad con el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo cual se traduce en una violación procedimental.

66. Sin embargo, determinó que, a ningún fin práctico conduciría considerar una eventual reposición del procedimiento, pues aún subsanando el vicio procesal detectado, la pretensión de control constitucional del quejoso se vería limitada por la jurisprudencia de mérito, y obligaría al resolutor nuevamente el desechamiento del plano de la demanda de amparo por no agotarse el principio de definitividad. Además, reiteró el contenido de su criterio de título: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

B.5. Recurso de queja 55/2021.

67. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, una persona privada de su libertad, por propio derecho, promovió demanda de amparo en la que reclamó, en lo que aquí interesa la implementación del procedimiento carcelario denominado "código negro" que, a decir del quejoso, se traduce en incomunicación telefónica, aislamiento, confinamiento, suministro irregular de alimentos, condiciones de detención antihigiénicas, baños de agua fría, privación del derecho a recibir sol y actividad al aire libre, así como tortura psicológica, el cual atribuyó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; además reclamó la omisión de diversas autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de iniciar el procedimiento de queja en contra de dichos actos.

68. Del asunto correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 977/2020. En auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, desechó parcialmente la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta al acto atribuido al director del centro de reclusión, al considerar que se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque el quejoso previo a instar la acción constitucional debió accionar el mecanismo de peticiones administrativas contra hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento y, eventualmente, las llamadas controversias judiciales, respecto de las que procede el recurso de apelación, previstas en los artículos 107 a 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 131, 132 y 135 de la referida legislación.

69. Así, el resolutor de primera instancia de amparo apoyó su determinación en la referida jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

70. Por otra parte, en el mismo auto, el juez de amparo giró oficio a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el plazo de tres días, designara defensor público al quejoso.

71. En contra del desechamiento parcial de su demanda, el quejoso interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resuelto en sesión de diez de junio del mismo año, en el sentido de declararlo infundado.

72. Para ello, el referido tribunal colegiado consideró apegado a derecho el desechamiento, pues el acto reclamado constituye una acción inherente a las condiciones de internamiento susceptible a combatirse desde inicio, mediante el mecanismo de control denominado peticiones administrativas previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y eventualmente, impugnar lo ahí decidido ante el juez de ejecución, e incluso ante el trib

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32328-1e1a8311/defensa-adecuada-en-el-amparo-indirecto-promovido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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