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Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y ANTICIPADA. EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, RELATIVO A LA "BUENA CONDUCTA" DURANTE EL INTERNAMIENTO, DEBE ANALIZARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA GRADUAL Y PROGRESIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 99/2023. · Registro digital (IUS): 32424
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo III, Pág.2986.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 99/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: AGUSTÍN JAIME GUTIÉRREZ CORONA.

IV. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 7, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023.

15. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

V. LEGITIMACIÓN

16. La presente denuncia proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2), así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) al haber sido formulada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán –órgano que fue autoridad responsable en el juicio de amparo 860/2022, que dio origen al amparo en revisión 58/2023, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito–.

VI. CRITERIOS SUSTENTADOS POR

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

17. Para establecer la materia de estudio y poder determinar si existe o no la contradicción de criterios que se denunció, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados, y así analizar los argumentos en que descansaron sus respectivas posturas.

A) Amparo en revisión 229/2021, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Antecedentes

– Con motivo del procedimiento instaurado en su contra, el sentenciado ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz, el veintitrés de marzo de dos mil catorce.

– El diez de julio de dos mil diecisiete se dictó sentencia en su contra, por diversos delitos del fuero federal.

– Decisión que fue confirmada por un Tribunal de Alzada y sometida a un juicio constitucional, el cual, se concedió y en cumplimiento a esa determinación, el órgano de apelación resolvió en el mismo sentido (confirmar la resolución impugnada, con una aclaración en cuanto a su forma de intervención).

– Por tal motivo, entre otras, le impuso una pena privativa de libertad de diez años.

– El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se trasladó e internó al sentenciado en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS-Coahuila".

– El veintinueve de marzo del mismo año, se admitió el incidente no especificado (SD 311/2019), por medio del cual el interno de mérito solicitó el beneficio de libertad condicionada.

– Durante dos mil diecinueve y dos mil veinte, se substanció el procedimiento incidental correspondiente, para ser resuelto el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de declarar procedente pero infundada la petición realizada, en esencia porque el interno observó mal comportamiento, al haberse acreditado una pluralidad de correctivos disciplinarios.

– Posteriormente, en acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, tuvo por recibido un escrito del sentenciado, a través del cual solicitó nuevamente se le concediera el beneficio de libertad anticipada, misma que desechó de plano y sin mayor substanciación (sipe 2297/2017), al haber considerado la Juez de Ejecución que no se satisfacía el requisito de buena conducta, con base en las constancias que obraban en el incidente no especificado promovido con antelación (SD 311/2019).

– En desacuerdo con esa determinación su defensa interpuso recurso de apelación, en el que se confirmó el auto impugnado.

– Contra esa resolución el sentenciado promovió juicio de amparo que correspondió conocer al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo radicó y admitió a trámite bajo el número 94/2021, resuelto en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó la protección de la justicia federal solicitada.

Criterio contendiente

18. En el recurso de revisión que se hizo valer contra la sentencia de amparo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, revocó la sentencia recurrida y concedió la protección de la Justicia Federal, al estimar incorrecto que se hubiera desechado de plano el nuevo incidente no especificado promovido por el sentenciado con base en información proporcionada en uno anterior, pues no se tomó en cuenta que la estructura y organización del sistema de ejecución penal, se sustenta en una lógica de la reinserción social gradual y progresiva, que puede variar de momento a momento durante el lapso de reclusión; por lo que se debió de recabar información actualizada, a fin de no indivisibilizar la posible transformación del interno en un sentido positivo o negativo.

19. Para arribar a esa determinación, primeramente hizo referencia al marco normativo actual que regula lo relativo al Derecho Penitenciario, con base en lo establecido sobre el tema por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 34/2021,(4) pues en este precedente se recopiló buena parte del desarrollo jurisprudencial al respecto.(5)

20. Dentro de ese marco normativo se destaca la conclusión a la que llegó el más Alto Tribunal respecto a lo siguiente:

a) Que de acuerdo con el nuevo paradigma que reviste el sistema penitenciario, derivado de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho y diez de junio de dos mil once, los beneficios preliberacionales establecidos por el legislador, también adquirieron una nueva connotación.

b) Que se podía decir que estos tienen una finalidad eminentemente instrumental, pues son medios adecuados para generar los resultados y fines deducidos del artículo 18 constitucional. Lo anterior, se desprendía de su segundo párrafo, donde se describe al régimen penitenciario, como un mecanismo para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

21. Posteriormente, el órgano jurisdiccional contendiente realizó un análisis de las funciones y finalidades de la imposición de sanciones, a fin de demostrar que la reinserción del sentenciado es un proceso gradual y progresivo que tiene una variación durante el transcurso del tiempo.

22. Para ello hizo referencia a los siguientes instrumentos internacionales:

a) Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de los Delincuentes, que forma parte que forma parte de una serie de instrumentos prácticos desarrollados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), para apoyar a los países en la prevención del delito, la implementación de reformas a la justicia penal y el fortalecimiento del imperio de la ley.

b) Artículo 5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c) Reglas 4, 87, 88, 91, 92 y 95 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela).

d) Reglas 58 y 65 de la Reglas Mínimas Estándar para el Tratamiento de Prisioneros.

23. Sobre ese tópico el Tribunal Colegiado indicó que dentro del régimen penitenciario, solían incorporarse diversos programas que buscaban incidir en la modificación de las pautas de comportamiento de las personas privadas de la libertad; esto, con el objetivo de facilitar su reincorporación a la vida social.

24. Que como se ha desarrollado de manera primordial en la doctrina, la eficacia de dichos programas se encontraba estrechamente relacionada con el tiempo.

25. Lo anterior, significa que los resultados que se pretendían obtener, a partir de su instauración no eran inmediatos; por el contrario, se requería de un lapso de intermitencia temporal, que permitiera a la persona sancionada adquirir determinadas habilidades y aptitudes, a fin de mejorar su comportamiento, para ajustarlo a los estándares social y legalmente permitidos.

26. Insistió en que la consecución de este fin era de forma gradual y paulatina, pues el comportamiento del sentenciado se transformaba con el paso del tiempo, durante su internamiento.

27. Que el adecuado retorno del sentenciado a la sociedad estaría en condiciones de alcanzarse, a través de un régimen de desarrollo gradual y progresivo, que estaría en condiciones de evaluarse de momento a momento, a fin de poner en evidencia si la persona sancionada estaba en condiciones –o no– de reinsertarse anticipadamente a la sociedad (no se agota con el análisis efectuado en determinado tiempo, con información no actualizada).

28. De esta forma, ese órgano colegiado destacó que, en un inicio, el sentenciado podría reportar un comportamiento social y/o legalmente indeseable pero, con el transcurso de la compurgación de la pena, estaría en posibilidades de cambiar su actitud. A tal grado que si en un primer momento, la autoridad penitenciaria pudo haber calificado su comportamiento como negativo o malo; en un momento subsecuente, esa apreciación podría transformarse y tomarse en cuenta como un elemento favorable para el sentenciado.

29. Por tal motivo, ese órgano colegiado sostuvo que, tratándose del análisis del comportamiento de una persona privada de libertad, era necesario comprender esta evolución gradual, dentro del proceso de reinserción social, a fin de evaluar si la estancia intramuros había fungido –o no– como una herramienta útil y transformadora, para lograr una reincorporación anticipada a la sociedad.

30. Posteriormente, luego de analizar el caso concreto, concluyó que fue inadecuado que el Unitario de Alzada confirmara el desechamiento de plano de la incidencia promovida por el quejoso, porque esa determinación impidió que se conociera la situación actual del sentenciado, así como de allegarse de información necesaria para determinar si, en el caso analizado, se advertía un cambio en el comportamiento del sentenciado, que permitiera visibilizar que ha adquirido –o no– habilidades necesarias para reinsertarse, de manera anticipada, a la sociedad.

31. Refirió que del análisis realizado pudo advertir que la reinserción social era de naturaleza gradual y progresiva; de modo que, se tendría que evaluar de momento a momento el comportamiento de la persona sentenciada, para estar condiciones de realizar un pronunciamiento –en términos generales– sobre si tuvo alguna mejoría.

32. Abundó, a que la toma de la decisión debía sustentarse en información actual, para estar en condiciones de evaluar, de manera global, el proceso de reinserción social del sentenciado.

33. Especificó que al momento de analizar las faltas disciplinarias, el Magistrado Unitario omitió formular un análisis fundado y motivado sobre las características de las mismas, pues era necesario –para determinar la relevancia o intrascendencia en la toma de la decisión– considerar los elementos siguientes: fechas en las que acontecieron, frecuencia, naturaleza de la infracción, hechos que las motivaron, análisis progresivo del comportamiento (detectar los posibles cambios, de existirlos), trascendencia de la infracción, entre otros.

34. Puntualizó, que no se debía de desatender que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que cuando una determinación estaba sujeta a cargas probatorias, no podía resolverse en la radicación del asunto, pues, en ese momento procesal no era jurídicamente posible llevar a cabo la valoración de las mismas, las cuales incluso, no han sido ofrecidas, ni admitidas.

35. Estableció, que en el caso que analizó, se configuró esa irregularidad, pues derivó de una ausencia total de cualquier actividad probatoria a cargo de las partes (tanto del sentenciado y su defensa, como del Ministerio Público) y, que por el contrario, la decisión se sujetó al análisis de diversas pruebas no ofrecidas por las partes donde; además, no permitieron conocer la situación actual del sentenciado, dado que ni siquiera se sometió la pretensión aducida a un contradictorio entre los sujetos del procedimiento de ejecución, quienes hubieran estado en condiciones de ofrecer pruebas para sostener, cada uno su pretensión y en su momento, alegar lo que a su interés correspondiera, como parte de las formalidades esenciales de cualquier procedimiento.

36. Citó –en ese aspecto– la tesis 2a. III/2021 (11a.), de rubro siguiente: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA DETERMINACIÓN DE LA REGULARIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA NO PUEDE CALIFICARSE AL MOMENTO DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN, SINO QUE ES UNA CUESTIÓN QUE COMPETE AL FONDO DEL ASUNTO."(6)

37. Ejecutoria de la cual surgió la tesis I.9o.P.33 P (11a.), de rubro: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL NO DEBE DESECHAR DE PLANO LA SOLICITUD RELATIVA, SI NO CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA QUE PERMITA VISIBILIZAR EL DESARROLLO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LOS EJES DE LA REINSERCIÓN SOCIAL."(7)

B) Amparo en revisión 58/2023, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito.

38. Inició con motivo del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa contra la sentencia dictada el veinte de enero de dos mil veintitrés, por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, dentro del juicio de amparo indirecto 860/2022.

39. En ese juicio, se reclamó la resolución emitida en audiencia celebrada el uno de agosto de dos mil veintidós, por el Juez de Distrito en funciones de Juez de Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, Sinaloa, dentro de la controversia 576/2022, en la cual negó el beneficio de la Libertad Condicionada, por no haber mostrado buena conducta durante su internamiento.

40. Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, confirmaron la resolución impugnada, al considerar que los argumentos del inconforme fueron infundados porque la sentencia recurrida fue emitida con apego a la legalidad, para arribar a esa determinación señalaron que de los artículos 136 y 137, de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(8) se pudo observar que el beneficio de libertad condicionada es un derecho sustantivo supeditado a que existan condiciones para la reinserción social, el establecimiento de beneficios en la ley y que el sentenciado tenga la posibilidad de que se analice su procedencia.

41. Por ello –dijo–, de la interpretación jurídica de los citados numerales se advertía que el juez de ejecución podría conceder a la persona privada de la libertad el beneficio de la libertad condicionada, siempre que se encontrara en la última fase del proceso penal cumpliendo una pena en prisión y podía obtener su libertad antes de que concluya el tiempo de duración de la condena que le fue impuesta en el correspondiente juicio.

42. Abundó, que aun cuando la pena de prisión subsistiera por el tiempo fijado en la sentencia, sería a través de dicho beneficio que se otorgaría la posibilidad legal de que el sentenciado pudiera ser puesto en libertad, aunque no de manera plena, sino bajo un régimen de control y condiciones, a lo que podría acceder siempre que cumpliera con los requisitos previstos en el precepto 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre los que se encontraban, el señalado en su fracción III, relativo a que al momento en que solicitó la concesión del beneficio hubiera tenido buena conducta durante su internamiento.

43. Sin embargo –aclaró–, para que se pudiera acceder a ese beneficio se debería cumplir la totalidad de los requisitos contenidos en la ley, pues ante la falta de alguno, su inviabilidad tendría que decretarse indudablemente.

44. Especificó, que una de esas exigencias, era la relativa a "haber tenido buena conducta durante su internamiento", la cual evidentemente el juez de ejecución debería valorar de acuerdo al comportamiento observado por el sentenciado dentro del lugar de internamiento en donde se desarrollaba, con la finalidad de poder determinar si era propenso a desplegar conductas parasociales que condicionaran su incidencia delictiva y, por tanto, le permitieran razonablemente presumir que en circunstancias similares volvería a delinquir.

45. Con base en lo anterior –marcó–, que fue correcto que la juez federal hubiera negado el amparo al recurrente, porque como atinadamente lo estableció la autoridad responsable, el sentenciado no cubrió el requisito contemplado en la fracción III, del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que le imponía la obligación de observar buena conducta durante su internamiento.

46. También señaló, que de la reproducción del disco compacto que contenía la audiencia reclamada se podía advertir que se incorporaron a esa controversia, los oficios 6646/2022 y 7442/2022, signados por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social "8", con residencia en Guasave, Sinaloa (recluido), así como los diversos 5672/2022 y 6063/2022 del Encargado del Centro Federal de Readaptación Social "7" Noreste, con residencia en Durango, Durango y el oficio 17928/2022, del Director de Prevención y Sanciones, con residencia en la Ciudad de México (el juez de ejecución las tuvo como pruebas y las sometió a contradicción); y precisó que si bien, la defensa señaló que el sentenciado en los centros penitenciarios en parte observó buena conducta durante el tiempo que estuvo recluido; también lo era, que del informe de la sección de vigilancia, adscrita al primero de los Centros Federales de Readaptación "8", se acreditaba que éste contaba con cuatro correcciones disciplinarias.

47. El Juez de Ejecución descartó una de esas cuatro correcciones disciplinarias, a solicitud de la defensa, pero tomó en consideración el resto, consistentes en: a) llevar un frasco con pegamento blanco oculto en el calcetín; b) desvestirse en el pasillo antes de bañarse; y, c) fingir tomarse los medicamentos; para determinar que estos eran suficientes para determinar que el sentenciado durante su internamiento no había tenido buena conducta.

48. Detalló, que bajo esas circunstancias, contrario a lo aseverado en los motivos de agravio, era jurídicamente válido que la responsable hubiera determinado que la persona privada de la libertad, no cumplió con el requisito previsto en la fracción III del artículo 137, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

49. Destacó que el sistema penitenciario previsto en el artículo 18 de la Constitución, se organizaba sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación, la educación la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no volviera a delinquir, observando los beneficios para él establecidos en la ley; de ahí que, bajo esas premisas la finalidad de procurar que el justiciable no volviera a delinquir, generaba la necesidad de constatar que su conducta fuera buena durante toda la época de internamiento. 50. Consideró, que esa exigencia coadyuvaba a mantener el orden, la sana convivencia y la disciplina como un conjunto de facultades conferidas a las autoridades penitenciarias, para alcanzar la sujeción del interno a las disposiciones legales y reglamentarias, así como a las órdenes del personal con el objeto de mantener con firmeza el orden de los Centros Penitenciarios, al igual para garantizar la protección de la integridad física y la reinserción de los sentenciados.

51. Así –dijo–, era inconcuso que el oficio que suscribió el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número "8" Noroeste, con residencia en Guasave, Sinaloa y su anexo, que consistió en el informe de la sección de vigilancia (conducta y disciplina), atinadamente fue considerado por la juez constitucional, como suficientes e idóneos para demostrar la existencia de tres correctivos disciplinarios que denotaron que el sentenciado tendiera a inclinarse a desapartarse de las normas de autoridad, dado que el tiempo de su reclusión en el Centro Penitenciario, había infringido la normatividad que lo regía; actuar que había manifestado de manera reiterada como reflejo del poco interés por respetar y someterse a las normas y reglas que velaban por el buen orden y convivencia en el Centro de Reinserción Social en que se encontraba.

52. Enfatizó, que si bien la reinserción social de toda persona privada de su libertad debía analizarse desde un punto de vista integral acumulativo, esto es, verificar que se actualizaran todos los principios y propósitos en que descansaba, no debía perderse de vista que uno de ellos era que el interno no volviera a delinquir, lo que generaba la necesidad de constatar que su conducta fuera buena durante toda la época de su internamiento, es decir, que hubiera respetado y observado la normativa que imperaba en el centro de reclusión en el que se encontraba, más cuando establecía un sistema disciplinario a cuya obediencia estaba constreñido tanto el personal de dirección y operativo que ahí laboraba, como los internos y personas que ingresaban a ese lugar, pues en dicho sistema disciplinario se preveía el catálogo de conductas que serían consideradas como infracciones al orden, seguridad y disciplina del centro de reclusión, así como las correcciones disciplinarias con las que podría sancionarse su comisión.

53. Añadió, que el régimen disciplinario dentro del centro de reclusión basado en la normativa existente y el marco jurídico vigente, era un factor idóneo para establecer si el justiciable había observado buena conducta, precisamente por los objetivos o fines específicos que perseguía (establecimiento y mantenimiento de condiciones de seguridad, orden y disciplina en el centro de reclusión), y que, cuando el gobernado a través de diversas conductas vulneraba esos fines, sin duda que se apartaba de su observancia y denotaba su proclividad a cometer hechos contrarios a las normas y, por ende, dignas de reprobación social.

54. Circunstancias que llevaron al Tribunal Colegiado a concluir que, a pesar de que pudiera haber mantenido buena conducta en un lapso de tiempo, con la firme intención de reinsertarse a la sociedad, ese aspecto por sí solo era insuficiente para el fin pretendido (recobrar su libertad); pues ante las conductas desplegadas, surgieron indicios ciertos que llevaron a considerar que si en su reclusión se había apartado de las normas que la rigen, existía un alto riesgo de que ese proceder también lo asumiera si se ordenaba su libertad.

55. Estimó, que la calificación de conducta del justiciable debía desprenderla el juez de ejecución, de manera que si a través de aquellos informes se apreció que al justiciable le fueron impuestos tres correctivos disciplinarios debidamente emitidos por autoridad competente al ser resoluciones del Comité Técnico, donde se especificó el día, mes y año de la conducta atribuida, el motivo y la sanción, era claro que esas pruebas debían considerarse para calificar la conducta del actor constitucional.

56. Lo que bastó dijo, para advertir –como legalmente lo apuntó la juez federal–, que el quejoso no acató la totalidad de las normas al externar conductas que lesionaban la normatividad interna del centro de reclusión en el que se encontraba.

57. Que incluso, era palmario establecer que en el particular el artículo 137, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no generaba varias alternativas de interpretación para que se hubiera desatendido la aplicación del artículo 1o. constitucional, pues si bien el principio pro persona previsto en el precepto citado establecía que las normas relativas a derechos humanos se interpretarían conforme a la constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia en ese supuesto, eso no operó en el caso, en que se discernieron correcciones disciplinarias por el comité técnico del centro de reclusión en que se encontraba el disidente, a efecto de establecer que no tuvo buena conducta para ameritar el otorgamiento del beneficio de la libertad condicionada de que se trataba.

58. También destacó, que la determinación del Juez de Ejecución responsable no transgredió el artículo 18 constitucional, ya que si bien, conforme al párrafo segundo del referido numeral, el sentenciado podía acceder a los beneficios para estar en posibilidad de lograr su reinserción social, también lo era, que para ello se debía cumplir con los requisitos que señalaba la norma secundaria para tal efecto, conforme al modelo de sistema penitenciario que indicaba la Constitución General de la República, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2011278, de rubro y texto siguientes: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

59. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

60. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS",(9) y la jurisprudencia "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES".(10)

61. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

62. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

63. Por ende, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

64. Bajo tales premisas, este Pleno Regional concluye que sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que se cumplen todos los requisitos para su existencia.

65. Por cuanto hace al primer requisito (atingente al ejercicio interpretativo y arbitrio judicial) está cumplido, porque como se evidenció en el considerando VI de la presente sentencia, los Tribunales Colegiados contendientes en los recursos de revisión sometidos a su consideración, se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas relacionadas con un mismo problema jurídico (beneficios preliberacionales, relacionados con la buena conducta a la que hace referencia la fracción III de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal) donde a través de un ejercicio interpretativo se llegó a una solución determinada.

66. Segundo requisito: también está satisfecho en razón de que en los ejercicios argumentativos realizados por los tribunales contendientes se advierte la existencia de un punto de toque o contacto que permite determinar la existencia de al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida giró en torno a un mismo tipo de problema jurídico, adoptando –en ese punto– posturas contradictorias.

67. Para corroborar lo anterior, se tiene en cuenta que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32424-de0af081/beneficios-preliberacionales-de-libertad-condicionada-y-anticipada-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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