CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio que sustentó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";6 así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos primero, segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión que adoptó este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis 259/2009.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, con relación al 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;7 toda vez que fue hecha valer por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito.
TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
1) En escrito que se presentó el veintiocho de agosto de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Monclova, Coahuila, **********, **********, ********** o **********, ********** y **********, promovieron amparo indirecto en contra de actos del director general, del encargado de la Dirección de Seguridad, y del Consejo Técnico Interdisciplinario, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor-Noreste"; de quienes reclamaron la aplicación del correctivo disciplinario de restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos, incluyendo la visita familiar e íntima, por un periodo de ciento veinte días, así como la incomunicación y el abuso de autoridad que ello traía como consecuencia.
Y del coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en el Distrito Federal, reclamaron las resoluciones de veintidós de julio de dos mil catorce, en las que, respecto del interno **********, se modificó el acuerdo del acta que emitió el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Nor-Noreste", el ocho de julio de dos mil catorce, y se determinó que no se acreditaba la fracción XXII, del artículo 75 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, sino su fracción XVIII, en la hipótesis de agredir a otro interno; pero se confirmó la sanción impuesta.
Y por lo que hace a los internos **********, ********** o **********, ********** y **********, se confirmó el acuerdo del acta que emitió el citado Consejo Técnico Interdisciplinario, el ocho de julio de dos mil catorce, porque su conducta acreditó los supuestos de la fracción XXII, del artículo 75 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
2) Conoció del asunto el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Monclova, donde se registró con el número **********; y en sentencia de catorce de noviembre siguiente, se sobreseyó en el juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, únicamente respecto del acto que reclamaron los quejosos **********, ********** y **********, por estimar que sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, pues de acuerdo con la información que allegó el director general del Centro Federal de Readaptación Social, Número 10 "Nor-Noreste", dichos quejosos egresaron del centro de reclusión, y fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango"; por tanto, se dejaron sin efectos los correctivos disciplinarios impuestos. En consecuencia, se determinó que cesaron los efectos del acto reclamado.
En relación con los quejosos ********** y ********** o **********, se tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la parte del correctivo disciplinario que ya habían compurgado, pues se estimó que se consumó de manera irreparable.
Por otra parte, se declararon esencialmente fundados los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos ********** y ********** o **********, en el sentido de que se vulneraron sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Ello, bajo el argumento de que durante la instrucción del procedimiento sancionador, no se cumplió con la garantía de audiencia previa, porque si bien la autoridad penitenciaria les notificó del inicio del procedimiento, les hizo saber los hechos o conductas imputados, y quién los denunció; sin embargo, no les precisó cómo fue que llevaron a cabo la conducta infractora que se les atribuyó, esto es, si en la contienda en que participaron, tuvieron el carácter de incitador o provocador, provocado o copartícipe de los hechos; por tanto, no conocieron con certeza la conducta que se les reprochó, con lo que se vulneró el artículo 14 constitucional y, por tanto, el derecho a una defensa efectiva.
Consecuentemente, se les concedió el amparo que solicitaron, para los efectos de que se dejara insubsistente el procedimiento administrativo disciplinario, desde la citación a los quejosos y demás actos subsecuentes que se generaron, como las resoluciones en las que se les impusieron las correcciones disciplinarias de ocho de julio de dos mil catorce y veintidós de julio posterior; y se dejara insubsistente la sanción disciplinaria que se les impuso, lo que implicaba la restitución de los estímulos suspendidos.
No obstante, se dejó expedita la facultad de las autoridades responsables para instaurar a los quejosos el procedimiento sancionador; caso en el cual, se debían cumplir las correspondientes formalidades legales hasta la emisión de la resolución respectiva, en forma fundada y motivada, y cumpliendo con los principios de tipicidad, exacta aplicación de la ley, y de proporcionalidad en la sanción.
3) Inconformes con esa determinación, el encargado del Departamento de Amparos y Beneficios del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor-Noreste", el delegado del director general, del Consejo Técnico Interdisciplinario, y el director de Seguridad y Custodia del citado Centro Federal, así como la subdirectora de Amparos de la Dirección de Amparos y Derechos Humanos, de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, designada como delegada por el coordinador general de Centros Federales, interpusieron recurso de revisión.
En sus agravios, esencialmente argumentaron que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo,8 porque los quejosos presentaron de forma extemporánea su demanda de amparo. Ello, porque aun cuando los actos reclamados afectaban su libertad personal, se dictaron dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en consecuencia, no se daba el supuesto previsto en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo.9
4) Conoció del asunto el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila, donde se registró con el número **********; y en sesión de veintiocho de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia en la que, en lo concerniente al tema de la denuncia de la contradicción de tesis, señaló:
I) La autoridad inconforme alegó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no presentó la demanda de amparo en el plazo de quince días, sin que se actualizara alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y precisó que aun cuando el acto reclamado se tradujera en correctivos disciplinarios que afectaban la libertad, lo cierto era que se dictó dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no se actualizaba el supuesto previsto en la fracción IV, de dicho numeral; y al respecto invocó, las tesis de título, subtítulo y rubro: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO.", y "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO."
Argumento que se calificó de infundado, pues se señaló que sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte, sustentó la jurisprudencia de rubro: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.", en la que se concluyó que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos, la suspensión de las visitas familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, implicaba, con independencia de los motivos que se hubieran considerado para ello, una restricción dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atentaba contra su libertad personal.
Y no obstante que se estaba en presencia de un acto que afectaba la libertad personal, no se actualizaba el supuesto relativo a que se hubiera emitido fuera de procedimiento; aspecto que era de especial relevancia para determinar si la demanda debía presentarse en el plazo de quince días o en cualquier tiempo.
Se dijo que del artículo 17 de la Ley de Amparo, se observaba que en el primer párrafo, se establecía como regla general, que el plazo de presentación de la demanda de amparo sería de quince días, y en sus diversas fracciones se establecían excepciones a esa regla; destacando la prevista en su fracción IV, en la que se señalaba que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, entre otros casos, cuando se estaba en presencia de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.
Se señaló que dicha jurisprudencia, no abordó lo relativo a que el ataque a la libertad personal se suscitara "fuera de procedimiento", precisamente porque analizaba el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido era diverso al de la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; ello, porque mientras que en el ordenamiento derogado sólo se hacía referencia a ataques a la libertad personal, para considerar que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, en el ordenamiento vigente, dichos ataques a la libertad personal, debían generarse "fuera de procedimiento", para que la demanda pudiera presentarse en cualquier tiempo.
Así, la jurisprudencia de mérito podía resultar orientadora para concluir que en el caso, se estaba en presencia de un acto que atentaba contra la libertad personal (aunque de manera indirecta, en los términos que lo señaló la Segunda Sala), pero no para dilucidar lo relativo a si el ataque a la libertad personal se suscitó fuera de procedimiento, como lo establecía la vigente Ley de Amparo.
De esta manera, se estimó que el acto reclamado no se emitió fuera de procedimiento, sino tuvo lugar dentro del procedimiento disciplinario que los propios quejosos reconocieron que se les instauró, con la finalidad de analizar las conductas que se les imputaron; de ahí que, aun cuando el acto reclamado afectara la libertad personal, no podía considerarse fuera de procedimiento, y desde esa perspectiva, concluir que no se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, vinculada con los actos privativos de la libertad fuera de procedimiento.
II) No obstante, se consideró que la sanción señalada como acto reclamado, consistente en la medida disciplinaria vinculada con la restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos, incluyendo la visita familiar e íntima, por un periodo de ciento veinte días, equivalía a una pena trascendental, prohibida por el artículo 22 constitucional, porque no sólo afectaba al inculpado, sino también a su familia.
Respecto a la dimensión del concepto "pena trascendental", vinculado con la afectación a la familia, se citó la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "PRISIÓN VITALICIA. NO ES UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL, POR LO QUE NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Y con relación al hecho de que la demanda de amparo podía presentarse en cualquier tiempo, se dijo ilustrativa la tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO."
Al actualizarse el caso de excepción previsto en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, por estar en presencia de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, al tratarse de una pena trascendental, la demanda de amparo podía presentarse en cualquier tiempo; y, en consecuencia, se calificó de infundado el argumento de la autoridad recurrente, relativo a que la demanda se presentó fuera del plazo de quince días.
Por tanto, se dijo que no favorecía a los inconformes, la tesis que invocó bajo de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.", pues se estaba en presencia de una pena trascendental, y dicho supuesto, en términos del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, permitía la presentación de la demanda de amparo en cualquier tiempo.
Y tampoco le favorecía la tesis de título y subtítulo: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO."; porque el acto reclamado se emitió bajo el imperio de la Ley de Amparo vigente, y el citado ordenamiento establecía que tratándose de penas trascendentales, como la que se reclamó en el amparo, la demanda podía presentarse en cualquier tiempo.
II. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
1) En escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el veintinueve de abril de dos mil catorce, **********, promovió amparo indirecto en contra de actos del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, y del Consejo Técnico Interdisciplinario, que se hicieron consistir en:
"El prohibirle el acceso a mi señora esposa de nombre **********, mediante sanción impuesta por el H.C.T.I. del R.P.V.O., según esto porque infringió el reglamento al querer introducir un aparato telefónico (celular) esto el día 1 de marzo de 2014. Lo cual es una mentira, la verdad es que mi esposa no quiso darle el dinero que le solicitaban las custodias y el jefe de los Técnicos Penitenciarios y por ello le prohibieron la entrada a este penal, por un lapso de seis meses a contar desde el primero de marzo de 2014. Dicha sanción lo es inconstitucional por todos lados, primeramente porque el C.T.I., se contrapone a lo establecido en el diverso 13° ‘Tribunales Especiales’, además como el referido consejo no reúne los requisitos que prevé la ley, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento los resultados son violatorios de derechos fundamentales máxime que lo encuadran perfectamente bien en lo mandatado en el artículo 22 ‘de las penas inusitadas’ ‘el tormento de cualquier especie’ y demás, esto porque haberme privado de ver a mi esposa, por tenerme incomunicado, (sic). ... Es por ello que le solicito muy humildemente me conceda la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que lo es violatorio de derechos fundamentales como garantías impresas en el diverso 22 constitucional ..." (sic).
2) Conoció del asunto el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, donde se registró con el número **********; y en audiencia constitucional de veintitrés de junio de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, con relación al 17, ambos de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la demanda de amparo se presentó fuera del término legal de quince días.
Ello, porque se impugnó la Sesión Décima Ordinaria del Consejo Técnico Interdisciplinario, de cinco de marzo de dos mil catorce; misma fecha en que se hizo del conocimiento del quejoso, la suspensión del ingreso de su esposa al reclusorio por seis meses; por tanto, el plazo legal para promover la acción constitucional, transcurrió del seis al veintiocho de marzo del mismo año. Sin embargo, la demanda de amparo se presentó el veintinueve de abril posterior, es decir fuera del término de quince días a que alude el párrafo primero, del artículo 17 de la Ley de Amparo.
3) Inconforme con lo resuelto, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se registró con el número **********; y en sesión de veintiuno de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que, en lo concerniente al tema materia de la denuncia de la contradicción de tesis, se señaló:
I) El Juez de Amparo sobreseyó en el juicio, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la "sesión décima ordinaria del Consejo Técnico Interdisciplinario de cinco de marzo de dos mil catorce, en la que se suspendió el ingreso al centro de reclusión por seis meses, del cinco de marzo al seis de septiembre del año en curso, a **********".
Al respecto, el recurrente alegó que el a quo, al decretar el sobreseimiento, pasó por alto que la determinación reclamada constituía un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo que no estaba sujeto al término genérico de quince días, que preveía el primer párrafo, del artículo 17 de la Ley de Amparo. Agravio que se calificó de fundado.
II) Se dijo que la sanción impuesta por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, de suspender la visita de la esposa del quejoso, por el término de seis meses, constituía una sanción trascendental, porque afectaba a la familia del interno; de ahí que la demanda de amparo podía presentarse en cualquier tiempo.
Así, al resultar fundado el agravio, se modificó la sentencia recurrida, y en términos de la fracción V, del artículo 93 de la Ley de Amparo, se reasumió jurisdicción y se abordó oficiosamente el análisis de los conceptos de violación.
Al respecto, se destacó que se alegó esencialmente que el acto reclamado era violatorio de derechos fundamentales, por privar al quejoso de ver a su esposa; lo cual, suplido en su deficiencia, se calificó de fundado, al estimarse que la sanción impuesta por la responsable, era violatoria de la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, pues el Consejo Técnico Interdisciplinario no expresó las razones particulares y causas inmediatas para establecer que la visita de la esposa del quejoso, representaba un riesgo para la reincorporación a la sociedad del quejoso, o bien, un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria.
Más aún, la conducta que realizó la esposa del quejoso, debió corroborarse por la propia autoridad responsable, pues por sus funciones tenía el deber de garantizar que el proceso de reinserción social se llevara a cabo adecuadamente, impidiendo la influencia nociva de agentes externos en la misma; por tanto, correspondía a la autoridad penitenciaria allegarse de los elementos indispensables para probar que la visita de la esposa del quejoso, representaba un riesgo para su reincorporación a la sociedad, o bien, un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria.
III) Por tanto, se concedió al quejoso el amparo que solicitó, para el efecto de que la autoridad responsable dictara una determinación en la que dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente en el apartado relativo a la sanción impuesta al quejoso, y emitiera otra, que podía ser en el mismo sentido o diverso, pero en el primer supuesto, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, en respeto a la dignidad humana del interesado y en aras de garantizar el derecho a la reinserción social que a su favor consagraba el artículo 18 constitucional, debía exponer las razones por las que se consideró que la conducta realizada por la esposa del quejoso, era contraria a la estabilidad del sistema penitenciario, o bien, que atentaba contra la reinserción social del interno, como fin de la pena.
Consideraciones dieron origen a la tesis de título, subtítulo y texto:
"SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. Si el acto reclamado lo es la sanción impuesta a un interno por el Consejo Técnico Interdisciplinario del reclusorio, consistente en suspender la visita de alguno de sus familiares (esposa), por infringir el reglamento interno (tratar de introducir un teléfono celular), este castigo equivale a una pena trascendental prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no sólo afecta al inculpado sino también a su familia; por tanto, la demanda de amparo que se promueva en su contra podrá presentarse en cualquier tiempo, conforme a la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo; máxime si la autoridad no expresó las razones particulares y causas inmediatas para establecer que la visita del mencionado familiar representaba un riesgo para la reincorporación a la sociedad del imputado o un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria."
III. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
1) En escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, el tres de enero de dos mil catorce, **********, promovió amparo indirecto en contra de actos del director general, el Consejo Técnico Interdisciplinario y el titular del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", de quienes reclamó la incomunicación de que sería objeto cuando comenzara a ejecutarse el correctivo disciplinario que le fue impuso, así como el acta administrativa de veintidós de agosto de dos mil trece, en la que se le impuso el correctivo disciplinario, y sus consecuencias, que eran actos de tracto sucesivo y se traducían en restricción de visita familiar e íntima, del uso y disfrute de su televisor y accesorios, de tránsito a los límites de su estancia, del uso de su rastrillo, asimismo, la negativa de venderle productos de tienda en general, segregación, confinamiento y discriminación, por un periodo de ciento veinte días.
Señaló que se vulneraron en su perjuicio diversos artículos de la Constitución Federal, entre otros, el 22; sin embargo, no expresó las razones por las que estimaba que se transgredía el precepto.
2) Conoció del asunto el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, donde se registró con el número **********; y en audiencia constitucional de cuatro de febrero de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, por estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso consintió de manera tácita el acto reclamado, ya que la demanda de amparo no se promovió en el término de quince días que establece el artículo 17 del mismo ordenamiento legal.
Ello, porque la notificación de la determinación reclamada de veintidós de agosto de dos mil trece, se practicó en la misma fecha; por tanto, surtió efectos al día siguiente. Así, el cómputo inició el veintiséis de agosto y feneció el trece de septiembre del mismo año. Por tanto, si el escrito de amparo se presentó hasta el tres de enero de dos mil catorce; entonces resultó extemporánea la demanda.
3) Inconforme con esa determinación, el quejoso, al momento de su notificación, asentó "interpongo recurso de revisión ya que me causa agravio la sentencia dictada", sin que expresara agravios.
Conoció del recurso el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, donde se registró con el número **********; y en sesión de siete de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que, en lo concerniente al tema materia de la denuncia de la contradicción de tesis, señaló:
I) En relación con los actos reclamados consistentes en el acta de correctivo disciplinario de veintidós de agosto de dos mil trece, y sus consecuencias relativas a la restricción de la visita familiar e íntima y de tránsito a los límites de la estancia del quejoso, cuya existencia se tuvo por acreditada, se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por su consentimiento tácito, porque no se promovió el amparo dentro del plazo legal.
Se dijo que dicho acto se emitió el veintidós de agosto de dos mil trece, por lo que le eran aplicables las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; de esa manera, si en el primer párrafo, de su artículo 17, preveía que el plazo para presentar la demanda era de quince días, el quejoso debió atender a esa regulación, porque no se encontraba en alguno de los casos de excepción destacados en las fracciones I a IV, del mismo precepto.
Ello, porque si bien era verdad que el acto reclamado afectaba la libertad personal del quejoso, al restringirla dentro de su condición de interno en el centro de reclusión, porque reducía la que podía tener en su encierro; también era cierto que no se reclamó una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo). Tampoco se combatió una sentencia definitiva condenatoria, que hubiera impuesto pena de prisión al quejoso (fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo). Menos aún se trataba de un acto relacionado con la materia agraria, mediante el cual se privara al quejoso total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos de esa índole (fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo). Y el acto reclamado no impl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29727-7ff97c4f/correctivos-disciplinarios-impuestos-en-un-centro-de-reclusion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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