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Modo: Corpus Pro

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2015. · Registro digital (IUS): 26851
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Pág. 283.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2015. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE MAYO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).", y los preceptos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos Circuitos, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

El criterio del Pleno de este Alto Tribunal al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, es de rubro y texto siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada para formularla; ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue planteada por los Magistrados y la secretaria en funciones de Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis, se estima necesario conocer las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el amparo en revisión 290/2014 de su índice, conoció del juicio de amparo indirecto 916/2014 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, resuelto mediante sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. En ese juicio constitucional se señalaron como actos reclamados: 1) la orden de incomunicación dictada en su contra y que pretende ejecutarse por medio de las autoridades responsables ejecutoras por conducto de los agentes bajo su mando; y, 2) la resolución, acuerdo o mandamiento, en el que se impone un castigo en contra del quejoso; actos que se atribuyeron a las autoridades responsables director general del Centro Federal de Reinserción Social, Número Cinco "Oriente" con residencia en la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, y al Consejo Técnico Interdisciplinario del mencionado centro de reinserción. El Juez de Distrito dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto consistente en la incomunicación, por no haberse acreditado su existencia, así como sobreseer en el juicio de amparo en lo que respecta al correctivo disciplinario consistente en suspensión total de estímulos (el quejoso refirió prohibición de recibir visitas y realizar llamadas telefónicas) y restricción de tránsito a los límites de su estancia, impuesto en resolución de cuatro de junio de dos mil catorce, emitida dentro del procedimiento disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, considerando que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, por no haberse planteado la demanda dentro del plazo de quince días siguientes a que el quejoso tuvo conocimiento de dicha resolución.

Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de mérito modificó la sentencia recurrida; por una parte, confirmó el sobreseimiento en el juicio en lo referente a la orden de incomunicación reclamada; y, por otra, levantó el sobreseimiento decretado por el Juez respecto de la resolución en la que se impusieron correctivos disciplinarios, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de dicho acto, con base en las consideraciones siguientes:

• Señaló que resultó ilegal que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio respecto del acto reclamado, consistente en la corrección disciplinaria impuesta al quejoso por el Consejo Técnico Interdisciplinario responsable, al estimarse que la demanda fue presentada fuera del plazo genérico de quince días; ello, porque ese correctivo disciplinario constituye una restricción a la libertad personal del quejoso dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta su libertad personal, al reducirse ese derecho humano que goza, aun dentro de su encierro, por lo que en esas condiciones el caso concreto debe ubicarse como una hipótesis de excepción al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por ello, presentarse en cualquier tiempo.

• Refirió que esta Primera Sala ha considerado que cuando se analiza la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos que impliquen privación de la libertad adquieren una connotación más amplia, por el valor humano en juego y la multiplicidad de actos que se pueden suscitar, de ahí que sea permisible flexibilizar la postura rigorista de que el juicio biinstancial debe promoverse dentro del término de quince días, para hacer viable su impugnación en cualquier tiempo, al ubicar como valor preponderante que toda persona acusada o sentenciada por un delito y que se vea afectada por su libertad personal, tenga a su alcance la posibilidad de que se analice la constitucionalidad del acto que dice le afecta, con el fin de reparar una posible violación a sus derechos fundamentales. Citó, como apoyo de lo anterior, la tesis 1a. CXCI/2012 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS QUE IMPLIQUEN UN ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL. EL ANÁLISIS SOBRE SU PROCEDENCIA EN LA VÍA INDIRECTA ADMITE UNA POSTURA FLEXIBLE, MIENTRAS QUE EN LA VÍA DIRECTA UNA RESTRICTIVA, AL CONSTREÑIRSE A SENTENCIAS DEFINITIVAS."

• Precisó que, de conformidad con el artículo 1o., segundo y tercer párrafos, de la Constitución Federal, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, además, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en las leyes, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, prohibiéndose cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos. Apoyó las reflexiones anteriores en la tesis 1a. XVIII/2012 (10a.) y en la jurisprudencia 1a./J. 3/2013 (10a.), ambas de esta Primera Sala, de rubros: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA." y "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO COMPURGADA."

• Sostuvo que, tratándose de actos privativos de la libertad, como lo es la corrección disciplinaria impuesta dentro del Centro de Reinserción Social, implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto promovido en su contra, puede interponerse sin limitación temporal alguna, al actualizarse una hipótesis de excepción, de conformidad con el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues de adoptarse una postura diversa, implicaría un retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de ese derecho sustantivo.

• Mencionó que los derechos a la vida y a la libertad resultan inherentes a toda persona y derivan de su propia naturaleza, por lo que reciben una tutela privilegiada ante la posibilidad de su afectación; de ahí que sea ilegal que el Juez de Distrito considerara actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el correctivo disciplinario, al constituir una restricción indirecta a la libertad del quejoso, debe ubicarse como una hipótesis de excepción al término genérico de quince días para la promoción del juicio, y presentarse en cualquier tiempo. Invocó como sustento de esa conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 4/2011, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS."

• En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito modificó la sentencia de amparo recurrida, reasumió jurisdicción y estudió la constitucionalidad del acto reclamado. Al respecto, consideró que la determinación de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, inobservaba los principios de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 82 del propio Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, porque omite exponer debidamente por qué estimaba que la punta de alambrón encontrada en la estancia del quejoso debía considerarse como un "arma", a efecto de ubicarla en la hipótesis contenida en tal precepto, por lo que el Consejo Técnico Interdisciplinario inobservó lo dispuesto en el citado artículo que en tanto establece que la resolución donde se imponga la sanción deberá estar fundada y motivada, describir en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contener las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la corrección disciplinaria impuesta; por lo que, al no hacerlo, se violó el artículo 16 de la Constitución General de la República.

• En tal circunstancia, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo al quejoso para el efecto de que el consejo técnico responsable deje insubsistente la determinación de cuatro de junio de dos mil catorce, por la cual se impuso al quejoso el correctivo disciplinario y, en su lugar, dicte otra en la que observe estrictamente la obligación impuesta por el artículo 82 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 39/2014 de su índice, conoció del juicio de amparo indirecto 13/2014, del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México. En ese juicio constitucional se señalaron, como actos reclamados: 1) la incomunicación derivada del correctivo disciplinario que se impuso al quejoso; 2) el acta administrativa de veintidós de agosto de dos mil trece en la que se impuso correctivo disciplinario y sus consecuencias que se traducen en: restricción de visita familiar e íntima; restricción del uso y disfrute de televisor y accesorios; restricción de tránsito a los límites de su estancia; restricción de uso de rastrillo; negativa de venderle productos de tienda en general; segregación, confinamiento y discriminación, todo ello, por un periodo de ciento veinte días; actos atribuidos al director general, integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, y al titular del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". El Juzgado de Distrito que conoció de la demanda de amparo, decretó el sobreseimiento en el juicio, respecto de algunos actos, por no haberse demostrado su existencia, y respecto de otros, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17, párrafo primero, de la misma ley, por no haberse presentado la demanda dentro del plazo de quince días siguientes a que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados.

En el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia recurrida, bajo las siguientes consideraciones:(2)

• Señaló que en lo que concierne al acto de incomunicación, así como los diversos consistentes en restricción del uso y disfrute de televisor y accesorios; restricción de uso de rastrillo, negativa a venderle productos de la tienda en general, segregación, confinamiento y discriminación, los cuales el quejoso señaló como consecuencias del correctivo disciplinario que se le impuso en el acta de veintidós de agosto de dos mil trece, era correcta la determinación del Juez de Distrito, en el sentido de que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que las autoridades responsables titular, representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y el encargado de la Dirección de Seguridad y de las Áreas de Custodia y Guarda, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, negaron la existencia de estos actos, sin que el quejoso aportara prueba idónea para desvirtuar dicha negativa.

• Consideró que en lo que respecta al acto reclamado cuya existencia se acreditó en el juicio, consistente en el acta de correctivo disciplinario de veintidós de agosto de dos mil trece, y sus consecuencias traducidas en: 1) restricción de visita familiar e íntima; y, 2) restricción de tránsito a los límites de su estancia, también era correcta la sentencia de amparo, pues sí se actualizó la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso estaba sujeto al término genérico de quince días, en virtud de no encontrarse en ninguno de los supuestos de excepción de este último precepto.

• En torno a ello, el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que al acto reclamado por el quejoso -el acta de correctivos disciplinarios de veintidós de agosto de dos mil trece-, le son aplicables las disposiciones de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y ésta, en su artículo 17, párrafo primero, prevé que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, a menos que se actualice alguna de las excepciones señaladas en las fracciones I a IV de dicha norma.

• Precisó que el acta en que se impuso como correctivo disciplinario al quejoso la suspensión total de estímulos, incluyendo la visita familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de su estancia por un periodo de ciento veinte días, si bien se trata de un acto que afecta la libertad personal del quejoso, al restringirla dentro de su condición de interno en el centro de reclusión en el cual se encuentra, ya que reduce la que aun dentro de su encierro puede tener, tal acto no actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque ésta se refiere a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y, en el caso, el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento administrativo que culminó con una resolución que le impuso un correctivo disciplinario.

• Señaló que el Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social contiene disposiciones que regulan el procedimiento a seguir previo a imponer una corrección disciplinaria, como la que le fue decretada al quejoso -transcribió los artículos del 20 al 27 de dicho manual-. Y consideró que el artículo 17 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, al referirse a los actos que se emiten fuera de procedimiento, no se limita a una determinada materia, por lo que no existe sustento para excluir al procedimiento que le siguieron las autoridades administrativas responsables al quejoso, con la finalidad de imponerle la corrección disciplinaria que reclama.

• De igual manera, el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que era correcta la determinación del Juez de Distrito, al indicar que los actos fuera de procedimiento a que se refiere el artículo 17, fracción XIV, de la Ley de Amparo, no gozan de una presunción de legalidad al no estar sustentados en formalidad alguna previo a su emisión, es decir, se trata de actos arbitrarios que pueden afectar la libertad personal, por un capricho de la autoridad y no por encontrar fundamento en disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias. En consecuencia, si el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento de tipo administrativo, donde se siguieron ciertas formalidades previo a su emisión, el quejoso contaba con el plazo de quince días para impugnarlo a través del juicio de amparo.

• Luego de exponer las reglas para hacer el cómputo del plazo para la presentación de la demanda, el Tribunal Colegiado precisó que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el mismo día en que se emitió, ya que estando presente en la audiencia de veintidós de agosto de dos mil trece, se le notificó de forma inmediata lo determinado en ella, firmando al calce de la misma de conformidad; de ahí que el cómputo de los quince días inició el día siguiente, por lo que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil trece, y si la demanda se presentó el tres de enero de dos mil catorce, era evidente que no se hizo valer en tiempo, por lo que era claro que el solicitante del amparo consintió tácitamente el acto reclamado, y se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que confirmó la sentencia recurrida y decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 187/2014 de su índice, conoció del juicio de amparo indirecto 826/2014, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. En ese juicio constitucional se señalaron, como actos reclamados: 1) El acta administrativa de ocho de mayo de dos mil catorce, que derivó en un correctivo disciplinario y sus consecuencias de tracto sucesivo por un periodo de setenta y seis días, consistentes en suspensión total de estímulos tales como: a) visita familiar e íntima; b) tránsito en las áreas de uso común; c) uso y disfrute de su televisor así como de sus accesorios: audífono y eliminador de corriente; y, d) compra de productos en la tienda, en general -agua natural, jabón, crema, desodorante, cuadernos, bolígrafos, sobres y timbres postales; 2) Violación a la legalidad del procedimiento, pues en la sesión del Consejo Técnico Interdisciplinario se le negó derecho a inconformarse de manera escrita y verbal; 3) La parcial incomunicación de la que era objeto el quejoso; y, 4) La ejecución material del correctivo disciplinario; actos atribuidos a las responsables director general, Consejo Técnico Interdisciplinario y titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados, que se hicieron consistir en "incomunicación y suspensión de uso de rastrillo para afeitar, disfrute de televisor, audífonos, eliminador de corriente, comprar productos en general en la tienda, que no se le permitía consumir alimentos en el área de comedor, participar en actividades del centro y negativa de ejercer derecho a inconformarse", por no haberse acreditado su existencia; y, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en el acta de correctivo disciplinario de ocho de mayo de dos mil catorce, en la que se impuso restricción de tránsito al quejoso en los límites de su estancia y suspensión total de estímulos con inclusión de la visita familiar e íntima por el plazo de setenta y seis días, se sobreseyó en el juicio por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la demanda no se presentó dentro del plazo de quince días.

En el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó el sobreseimiento en el juicio, bajo las consideraciones siguientes:

• Señaló que sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que, la demanda de amparo indirecto se presentó de manera inoportuna, fuera del plazo de quince días siguientes a que se notificó al quejoso la corrección disciplinaria de ocho de mayo de dos mil catorce.

• Consideró que ello era así, porque esa corrección disciplinaria se dictó dentro del procedimiento de orden penal en su fase de ejecución, por lo que era aplicable la regla genérica de quince días para la promoción del amparo, pues no se trató de un acto fuera de procedimiento.

• Por otra parte, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que no era correcta la consideración del Juez de Distrito, en cuanto a que los actos reclamados entrañaban una afectación a la libertad personal del quejoso, pues tales actos eran de estricto orden administrativo penal, que se circunscribe al tema del orden y disciplina interna en el centro de reclusión, pero en sí mismos, no engendraban una privación de libertad, dado que ésta ya existe por motivo diverso que justifica la reclusión del quejoso, por lo que no es propio aseverar la existencia de una meta reclusión, es decir, de una privación de la libertad sobre otra privación de libertad y, por ello, dijo el tribunal, tampoco eran pertinentes las razones expresadas por el Juez en ejercicio de interpretación constitucional y convencional respecto al tema de la libertad personal y de las premisas técnico procesales atinentes a su defensa en acceso a la tutela judicial efectiva.

• Así, sostuvo que el acto reclamado consistente en el acta de correctivo disciplinario, en la que se impuso al quejoso restricción de tránsito a los límites de su estancia, así como la suspensión total de estímulos, incluso el recibo de visita familiar e íntima por setenta y seis días, se pronunció dentro de procedimiento y no es un acto que incida en la libertad personal del quejoso, pues con entera independencia a dicha determinación se encuentra en calidad de recluso en dicho centro, por lo que no encuadra en el supuesto de excepción previsto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque se dictó dentro de procedimiento implementado para restringir derechos de orden administrativo al quejoso y, por ende, la presentación de la demanda de amparo en su contra está sujeta al plazo general de quince días.

• De esta manera, puntualizó que el quejoso fue notificado del acto reclamado el mismo ocho de mayo de dos mil catorce, por lo cual, el plazo de quince días con que contaba para presentar la demanda de amparo indirecto, comenzó a partir del día siguiente hábil, esto es, el nueve de ese mes y año, por lo que dicho lapso feneció el veintinueve de mayo de dos mil catorce, mientras que la demanda se presentó el dieciséis de junio de ese año, lo que hace evidente que fue presentada de manera extemporánea.

CUARTO.-Presupuestos para determinar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis.

Para determinar si el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, habrá de atenderse a los criterios fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente, en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26851-d58d3cb2/correctivos-disciplinarios-en-centros-federales-de-readaptacion-social · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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