CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 345/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis surgida entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que la hizo suya y, por ende, la denunció, el Ministro presidente de esta Segunda Sala.
TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el diecinueve de mayo de dos mil once, en el amparo en revisión **********, promovido por **********, se sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. En el presente asunto no se expresaron agravios; sin embargo, como el recurrente se encuentra privado de su libertad, aun cuando lo reclamado no emana de un procedimiento del orden penal, sino de una determinación de carácter disciplinario por autoridades administrativas penitenciarias, adquiere finalmente aplicabilidad la perspectiva jurisdiccional de suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, dada la condición del quejoso, hipótesis de suplencia que opera aun ante la ausencia de agravios ...
"Ahora bien, debe destacarse que en la demanda se hizo valer como acto reclamado el acta administrativa de veintiuno de diciembre de dos mil diez, la cual, a decir del quejoso, tuvo las siguientes consecuencias:
"• Obligación de permanecer en su estancia, cuando tiene derecho a salir al patio.
"• Obligación a firmar la papeleta ‘de llamada’ sin haberla realizado.
"• Obligación a comer dentro de su estancia una comida escasa y fría.
"• Obligación de no comprar artículos de primera necesidad en la tienda del centro penitenciario.
"• Obligación a permanecer al interior de su celda los días de visita, por lo que se encuentra incomunicado con sus familiares.
"• Restricción total a los límites de su estancia las veinticuatro horas del día.
"• Obligación a bañarse con agua fría a las cinco de la mañana.
"• Despojo de su televisor, el cual no es considerado como un estímulo, sino una de sus pertenencias, así como de otros artículos personales.
"• Tratos crueles e inhumanos, consistentes en amenazas por parte de los custodios del centro federal, ya sea en forma física o verbal y psicológica.
"• Segregación e incomunicación, traducida en que se encuentra apartado del resto de la población penitenciaria, sin ningún tipo de comunicación con nadie.
"Ahora bien, como también se señaló en la sentencia recurrida, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias en el juicio de garantías deberán contener una fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.
"Así, cuando en un juicio de garantías los juzgadores tengan que precisar el acto reclamado, debe estimarse que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado y, en correspondencia con su intención real, atendiendo a lo que quiso decir el quejoso, pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto ...
"Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por las autoridades responsables (el cual obra agregado en el expediente principal, en las páginas 35 a 41), se desprende que dicha acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario tuvo como consecuencias las siguientes:
"1. Suspensión parcial o total de estímulos;
"2. Suspensión de la visita familiar o de la íntima; y,
"3. Restricción de tránsito a los límites de su estancia.
"En esa virtud, si el acto efectivamente reclamado consistió en el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de veintiuno de diciembre de dos mil diez y sus consecuencias, entonces no es jurídicamente posible tener como actos reclamados todas las consecuencias que indica el quejoso en su demanda, sino que tendrá que atenderse, tanto a lo que el quejoso quiso combatir (propiamente el acta administrativa), como a las constancias de autos para determinar cuáles fueron las verdaderas consecuencias de dicha acta.
"Por tanto, debe precisarse que los actos efectivamente reclamados en juicio, son el acta administrativa de referencia, y sus consecuencias, exclusivamente.
"Sin perjuicio de lo anterior, se estima correcta la determinación de sobreseimiento contenida en el considerando tercero, en donde por falta de pruebas sobre la existencia de los actos, se sobreseyó en el juicio respecto de diversas consecuencias, que no se probaron en juicio ni tampoco son consecuencia inmediata del acta que impuso correctivos disciplinarios al quejoso.
"Con independencia de lo anterior, se considera incorrecto el sobreseimiento decretado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, al considerar el Juez de Distrito actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Los artículos 21 y 22, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establecen:
"Precisado lo anterior, debe destacarse que el acto reclamado consistente en el acta administrativa de veintiuno de diciembre de dos mil diez y sus consecuencias, representan, en diferentes grados y dimensiones, verdaderos ataques a la libertad del quejoso.
"Y es que aun cuando el solicitante del amparo se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que aun en ese contexto no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal.
"En efecto, aun tratándose de personas que se hallan en estado de reclusión -donde existe una importante restricción a la libertad personal- pueden sobrevenir, todavía en ese contexto, nuevas y diferentes restricciones a la libertad personal, tal como en el caso ocurre.
"Y es que, a pesar de ya encontrarse afectada la libertad personal del quejoso, ésta, con los actos efectivamente reclamados, se afecta aún más.
"Por tanto, este tribunal considera que fue incorrecta la determinación del Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento por extemporaneidad de la demanda, pues en términos del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, contra estos actos que afectan aún más la libertad de la persona no existe término para la presentación de la demanda de amparo.
"Asimismo, no sería correcto fragmentar el contenido del acto reclamado y considerar, por un lado, que se actualiza el sobreseimiento respecto de algunos, por inexistencia de actos y por otra parte, considerar que es extemporánea la presentación de la demanda en cuanto a otros, pues debe tenerse como acto reclamado la propia acta administrativa impugnada, la cual implica un ataque a la libertad del quejoso.
"Por lo anterior, no se actualiza la causa de improcedencia por extemporaneidad invocada por el Juez Federal, para sobreseer en el juicio de amparo.
"Conforme a lo anterior y al no advertirse que las autoridades responsables hayan hecho valer otras causales de improcedencia y tampoco que pudiera actualizarse de oficio alguna otra, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede estudiar la legalidad del acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de veintiuno de diciembre de dos mil diez ..."
CUARTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el veintidós de marzo de dos mil diez el amparo en revisión **********, promovido por **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Por lo demás, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión. Para una mejor comprensión del asunto, previamente, cabe señalar que el Juez de Distrito consideró como actos reclamados en la demanda de amparo, los siguientes:
"1. Bañarse a las seis de la mañana con agua fría;
"2. Incomunicación;
"3. Confinamiento en forma permanente en su estancia;
"4. Tortura física y psicológica;
"5. Reporte interno;
"6. Acta administrativa y correctivo disciplinario;
"7. Resolución de inconformidad; y
"8. Suspensión de estímulos;
"9. Restricción de tránsito a los límites de su estancia;
"10. Recibir alimentos incompletos y fríos en su estancia;
"11. Negativa a participar en las actividades programadas en el módulo al que pertenece;
"12. Suspensión de llamadas telefónicas;
"13. Suspensión de visita familiar e íntima;
"14. Suspensión de enviar o recibir correspondencia;
"15. Restricción de adquirir artículos de tienda;
"16. Despojo de televisor, audífonos y rastrillo;
"17. Suspensión de recibir peticiones internas;
"18. Segregación y aislamiento;
"19. Negativa a utilizar regaderas y tomar sus alimentos en los horarios y zonas establecidas.
"Ahora, del considerando tercero de la sentencia impugnada se advierte que las autoridades responsables denominadas comisionado de Prevención y Readaptación Social y el coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Social, negaron la existencia de todos los actos reclamados por los quejosos.
"Asimismo, el director general y presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social Uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, México y el representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro penitenciario, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en:
"Bañarse a las seis de la mañana con agua fría,
"1. Incomunicación;
"2. Confinamiento en forma permanente en su estancia;
"3. Tortura física y psicológica;
"4. Recibir alimentos incompletos y fríos en su estancia;
"5. Suspensión de llamadas telefónicas;
"6. Suspensión de enviar o recibir correspondencia
"7. Restricción de adquirir artículos de tienda;
"8. Despojo de televisor, audífonos y rastrillo;
"9. Segregación y aislamiento, y
"10. Negativa a utilizar regaderas y tomar sus alimentos en los horarios y zonas establecidas.
"Los quejosos no ofrecieron prueba idónea para desvirtuar esa negativa, razón por la cual, se sobreseyó en el juicio respecto de dichos actos, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"La anterior determinación se considera acertada ...
"Por otra parte, del cuarto considerando de la sentencia se advierte que el Juez asentó que el director general y presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, y el representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro penitenciario, al rendir sus informes con justificación reconocieron la existencia de los actos reclamados que a continuación se describen:
"1. Reporte interno;
"2. Acta administrativa de correctivo disciplinario;
"3. Resolución de inconformidad;
"4. Suspensión de estímulos;
"5. Restricción de tránsito a los límites de su estancia;
"6. Negativa a participar en las actividades programadas en el módulo al que pertenecen;
"7. Suspensión de visitas familiar e íntima; y
"8. Suspensión de recibir peticiones internas.
"Los anteriores actos reclamados derivan de las correcciones disciplinarias impuestas a los quejosos en las siguientes fechas:
"**********: veintiuno de julio de dos mil nueve;
"**********: veintiséis de junio de dos mil nueve;
"**********: veintiocho de julio de dos mil nueve;
"**********: dieciocho de agosto de dos mil nueve.
"Por otro lado, debe significarse que también se estima ajustada a derecho la diversa decisión de considerar actualizada la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad por los actos consistentes en correctivos disciplinarios impuestos por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, México, el veintiséis de junio, veintiuno y veintiocho de julio, todos de dos mil nueve, a los quejosos **********; mismos que se hicieron consistir en:
"1. Suspensión de estímulos;
"2. Restricción de tránsito a los límites de su estancia;
"3. Negativa a participar en las actividades programadas en el módulo al que pertenecen;
"4. Suspensión de visita familiar e íntima, y
"5. Suspensión de recibir peticiones internas.
"Lo anterior es así ya que, efectivamente, se actualizó la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones:
"El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: ...
"Ahora bien, el artículo 21, de la misma ley, dispone lo siguiente: ...
"En el artículo 21 transcrito, el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de garantías.
"El precepto invocado establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo con las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca la demanda.
"Los medios para establecer que los afectados con un acto de autoridad se han enterado de su existencia son:
"1) La notificación;
"2) El conocimiento; y,
"3) La confesión.
"En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote sin lugar a duda, que el afectado se enteró del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del quejoso.
"En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifieste haber tenido conocimiento del acto reclamado.
"La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por parte del afectado acerca de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado ...
"En el caso, se actualiza la segunda hipótesis, pues los hoy recurrentes ********** sí tuvieron conocimiento del acto, consistente en el correctivo disciplinario por parte de la autoridad responsable, pues en veintiséis de junio, veintiuno y veintiocho de julio de dos mil nueve, respectivamente, se les dio a conocer el mismo, tanto es así, que ********** plasmaron su firma al final del acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario, manifestando de esta forma que se daban por enterados de dichos actos; y, por lo que respecta a ********** se dejó constancia, por parte del encargado del área jurídica, secretario técnico y representante legal del Consejo Interdisciplinario, en la última hoja vuelta, del acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario, que el interno se dio por enterado pero se negó a firmar.
"Es cierto, por tanto, que los quejosos, estuvieron en posibilidad de interponer el juicio de garantías en los siguientes momentos:
"1) **********, del treinta de junio al veinte de julio de dos mil nueve, descontándose por ser inhábiles, los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de julio, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo;
"2) **********, del veintitrés de julio al doce de agosto de dos mil nueve, descontándose los días inhábiles veinticinco y veintiséis de julio; uno, dos, ocho, y nueve de agosto al ser sábados y domingos de acuerdo a los establecido en el artículo 23 de la ley de la materia; y,
"3) **********, del treinta de julio al diecinueve de agosto del presente año, descontándose por así marcarlo el artículo 23 de la Ley de Amparo los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto al ser sábados y domingos.
"Sin embargo, los hoy recurrentes presentaron la demanda de garantías, el siete de septiembre de dos mil nueve, ante la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, autorizada para recibir promociones de término y urgentes fuera del horario de labores ...
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo **********, promovido por **********. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..."
QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.
A fin de establecer si en la especie se configura la denuncia de contradicción de tesis a que este expediente se refiere, debe tomarse en cuenta el criterio del Tribunal Pleno emitido por el sistema de reiteración, del que surgió la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación, establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
Del criterio anterior deriva que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió la jurisprudencia que acotaba los elementos que debían tomarse en cuenta para la configuración de la contradicción de tesis, adoptando en la actualidad una postura más flexible en cuanto a la identidad de las cuestiones fácticas alrededor de las cuales se genere la oposición de criterios, otorgando mayor relevancia al punto o institución jurídica sobre la que se suscite la divergencia de criterios, lo anterior con el propósito de generar certeza jurídica sobre la interpretación de aquél, de modo que bajo esa óptica deberá realizarse el examen de este asunto.
En la especie, del estudio de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, relativo al juicio de amparo indirecto **********, en el que el quejoso ********** reclamó del director general, del representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, del director de seguridad y del titular del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario, de veintiuno de diciembre de dos mil diez; así como sus consecuencias, consistentes en suspensión parcial o total de estímulos, suspensión de la visita familiar o de la íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del quejoso; sostuvo, en esencia, que fue incorrecta la determinación del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de amparo por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo (que dispone la improcedencia del juicio constitucional en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218 de la propia ley).
Estimó el tribunal del conocimiento que dicho acto representaba, en diferentes grados y dimensiones, un verdadero ataque a la libertad del quejoso, pues aun cuando éste se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal.
Agregó que, a pesar de que ya se encuentra afectada la libertad personal del quejoso, ésta, con los actos reclamados, se afecta aún más.
Por tanto, concluyó el órgano colegiado que contra esos actos no existe término para la presentación de la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo (que establece que cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo).
Por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo en revisión **********, relativo al juicio de amparo indirecto **********, en el que diversos quejosos reclamaron actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, a quien atribuyeron la emisión de las actas administrativas de imposición de correctivo disciplinario y sus consecuencias, consistentes, entre otras, en la suspensión de estímulos, restricción de tránsito a los límites de las estancias de los quejosos; suspensión de visitas familiares e íntimas; determinó, en lo que interesa, que fue correcta la decisión del Juez de Distrito al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de tales actos por lo que respecta a los quejosos **********.
Para tal efecto, el Tribunal Colegiado sostuvo que los quejosos tuvieron conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de junio; veintiuno y veintiocho de julio de dos mil nueve, respectivamente; y al haber presentado la demanda de garantías hasta el siete de septiembre de la señalada anualidad, se debía considerar que dicha promoción fue extemporánea y, por tanto, debía sobreseerse en el juicio respecto de dichos actos y quejosos.
Así las cosas, de todo lo antes expuesto se advierte que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron esencialmente sobre el mismo tema jurídico, esto es, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, en función de la oportunidad en la presentación de la demanda de garantías, cuando ésta se promueve en contra de un acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, emitida en contra de los reos quejosos, privados de su libertad personal en un centro penitenciario federal, en virtud de una sentencia condenatoria del orden penal; así como las consecuencias de dicho acto, consistentes en la suspensión de estímulos, restricción de tránsito a los límites de la estancia y suspensión de visitas familiares e íntimas.
Arribando a conclusiones discrepantes, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, sostuvo, en esencia, que dicho acto representa, en diferentes grados y dimensiones, un verdadero ataque a la libertad del quejoso, pues aun cuando éste se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que no pueda existir restricción al concepto de libertad personal. Por tanto, concluyó que contra esos actos no existe término para la presentación de la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.
Postura opuesta a la adoptada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo en revisión **********, quien estimó que en relación con los actos reclamados consistentes en el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario y sus consecuencias: suspensión de estímulos, restricción de tránsito a los límites de la estancia del quejoso; suspensión de visitas familiares e íntimas, opera el término genérico de quince días para la promoción del amparo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.
De esa manera, el punto de contradicción a dilucidar en el presente asunto radica en establecer si tratándose del acto reclamado consistente en el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de determinado Centro Federal de Readaptación Social, así como sus consecuencias, a saber: suspensión parcial o total de estímulos, suspensión de la visita familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del quejoso, la demanda de amparo indirecto que en su contra se interponga, debe promoverse dentro del término genérico de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, o bien, puede interponerse en cualquier momento, como lo establece de manera excepcional el segundo párrafo, fracción II, del artículo 22 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que representan un ataque a la libertad personal del quejoso.
SEXTO. Para establecer el criterio que debe prevalecer en este asunto, resulta necesario realizar las siguientes precisiones:
Como se ha visto, los Tribunales Colegiados contendientes analizaron la procedencia del juicio de amparo indirecto, en función de la oportunidad en la presentación de la demanda respectiva, cuando ésta se promueva en contra de un acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario y sus consecuencias, consistentes en la suspensión de estímulos, restricción de tránsito a los límites de la estancia del quejoso y suspensión de visitas familiares e íntimas.
Cabe señalar que de la lectura de las ejecutorias de que se trata, se advierte que el acta administrativa impugnada en amparo indirecto se fundamenta en diversas disposiciones del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, tales como:
"Artículo 75. Son infracciones cometidas por los internos:
"...
"XIV. Alterar el orden y la disciplina del centro federal;
"...
"XXII. Incitar a la autoagresión o agresión a un tercer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23212-80e05b7b/centros-federales-de-readaptacion-social-termino-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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