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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 461/2012. · Registro digital (IUS): 24347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Pág. 773.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 461/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

II. Competencia y legitimación

5. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

III. Consideraciones y fundamentos

7. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

8. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:

9. Se promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado emitida por el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, para que el quejoso fuera internado en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Federal en el Estado de Sinaloa, con motivo de una sentencia dictada en su contra.

10. De dicha demanda conoció el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien al dictar la sentencia respectiva, sobreseyó en el juicio al considerar que el quejoso había consentido la aplicación del acto reclamado, en razón de que presentó su demanda fuera del término de quince días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo (causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia).

11. El quejoso interpuso recurso de revisión contra la sentencia antes mencionada, el cual fue admitido y registrado con el número ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. En lo tocante al tema de la presente contradicción, los integrantes del mencionado órgano colegiado emitieron las siguientes consideraciones:

11.1. La libertad de los individuos, no sólo se afecta como consecuencia de una sentencia que conlleve materialmente la privación del justiciable, pues la afectación también surge con actos que entrañen la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad personal o que modifiquen las condiciones en que ésta deba ejecutarse.

11.2. La afectación de la libertad de los internos en un centro de reclusión, puede producirse, entre otras, por el traslado forzoso de un centro carcelario a otro, ya que esa acción conlleva a que se modifique la forma en que debe compurgarse la sanción privativa impuesta. De esta manera, si bien el quejoso se encuentra privado de su libertad con motivo de una sentencia condenatoria dictada en su contra, el traslado de un centro de reclusión estatal a otro de máxima seguridad, se identifica como una afectación a la libertad, pues en términos del artículo 18 constitucional el sentenciado tiene el derecho humano de poder compurgar la pena en el centro de reclusión más cercano a su domicilio, con la finalidad de lograr su reinserción social.

11.3. Bajo esas consideraciones, estimó que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, afecta la libertad personal del quejoso y, por tanto, la promoción de la demanda de amparo contra dicho acto, no se sujeta al término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino al diverso previsto en la fracción II del artículo 22 de ese mismo ordenamiento.

12. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Resolvió el amparo en revisión **********, mismo que cuenta con las características siguientes:

13. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro de Readaptación Social Varonil en Santa Martha Acatitla, cuando su roceso se instruye ante un Juez de Procesos Federales con sede en el primero de los mencionados.

14. De la anterior demanda conoció la Jueza Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien en la sentencia respectiva sobreseyó en el juicio de amparo al estimar que el quejoso había consentido la aplicación del acto reclamado, en razón de que presentó su demanda fuera del término de quince días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo (causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia).

15. El quejoso promovió recurso de revisión en contra de esa resolución el cual fue admitido y registrado con el número ********** del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en lo tocante al tema de la presente contradicción, emitió las siguientes consideraciones:

15.1. La orden de traslado contra el quejoso no constituye un acto que implique privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o aquellos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; es decir, este acto no afecta la libertad del quejoso, pues ésta se encuentra restringida con motivo del proceso instruido en contra del impetrante y del auto de formal prisión que le fue decretado por el Juez de la causa.

15.2. Por otro lado, señaló que existen criterios jurisprudenciales que establecen que los beneficios penales para suspender la ejecución de la sanción privativa de libertad y los incidentes de traslación del tipo y adecuación de penas, constituyen actos que afectan la libertad personal del quejoso, no sólo en virtud de la sentencia privativa que lo condenó, sino por la determinación no favorable a los intereses del promovente de la acción de amparo y, por ende, puede promoverse en cualquier tiempo, tal como lo dispone el artículo 22 de la ley de la materia. Sin embargo, la orden de traslado de un centro carcelario a otro, es un acto que por sí mismo y dada su naturaleza no es restrictivo de la libertad, porque la situación que tiene o guarda el peticionario de un centro de reclusión a otro es la misma, es decir, su libertad está restringida.

15.3. A su juicio, un acto que afecta la libertad personal es aquel que, dada su naturaleza jurídica, implica una restricción en ese derecho, como acontece en el auto de formal prisión. Sin embargo, la orden de traslado no afecta ese derecho fundamental, pues la libertad personal se encuentra afectada con motivo del auto de plazo constitucional, y no por una medida adoptada por cuestiones de control y disciplina al interior del establecimiento de reclusión.

15.4. En ese sentido, si la orden de traslado no deriva del proceso instruido al reo, sino que se trata de una medida tendente a preservar la organización, control y orden que debe prevalecer en los recintos carcelarios, debe decirse que es una medida que no coarta la libertad personal, pues ésta se encuentra restringida en virtud de la resolución de plazo constitucional o de la sentencia correspondiente.

15.5. Dicho criterio, es aplicable tanto a procesados como a sentenciados, pues en ambos supuestos la afectación de la libertad personal no deriva de la orden de traslado emitida por la autoridad, sino de la resolución de plazo constitucional o de la sentencia correspondiente pronunciada por el juzgador. Así, la orden de traslado no restringe por sí misma la libertad personal del sentenciado o del procesado y, por tanto, la presentación de la demanda se rige por el término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

16. De los anteriores argumentos, derivó la tesis aislada de rubro y texto:

"ORDEN DE TRASLADO. NO AFECTA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO PROCESADO O SENTENCIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA DICHA ORDEN, ESTÁ SUJETO AL TÉRMINO GENÉRICO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Por acto que afecta la libertad personal se entiende aquel que implica restricción de la misma, ya que dada su naturaleza jurídica tiene esa finalidad, como acontece entre otros supuestos, con el auto de formal prisión; pero no lo constituye la orden de traslado cuando es emitida después de que ese bien jurídico ya se encuentra restringido con motivo de dicha resolución jurisdiccional que justifica la reclusión del sujeto, pues no persigue el apuntado fin restrictivo, ni es pronunciada con motivo del proceso instaurado contra el reo. Lo anterior se considera aplicable tanto a procesados como a sentenciados, pues en ambos supuestos la afectación de la libertad personal no deriva de la anotada orden, sino de la resolución de plazo constitucional o de la sentencia correspondiente que el juzgador pronuncie; actos estos que es evidente tienen esa finalidad restrictiva, pues en el primer caso sujeta a proceso al inculpado y en el segundo a que compurgue. Bajo esa premisa, es dable sostener que si la orden de traslado no deriva del proceso instruido al reo, no coarta su libertad personal, por lo que la presentación de la demanda de garantías se rige por el término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo."(2) (énfasis añadido)

IV. Existencia de la contradicción

17. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

18. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

19. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

20. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

21. El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.(4)

22. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(5)

23. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos Tribunales Colegiados, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

24. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados referidos, existió un razonamiento sobre la naturaleza de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, a fin de determinar si dicho acto es o no restrictivo de la libertad del procesado o del sentenciado, y en base a ello, establecer si la demanda de amparo promovida en contra de tal acto, debe presentarse dentro de los quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, o si su presentación se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por el artículo 22 de dicho ordenamiento. Siendo el caso que cada uno de los tribunales adoptó posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de los mismos elementos:

25. Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito consideró que la orden de traslado afecta la libertad personal del sentenciado, al ser un acto que implícitamente conlleva la modificación de la forma en que debe compurgarse la sanción privativa impuesta. De manera que si en la demanda de amparo se reclama la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, su promoción no debe sujetarse al término genérico de quince días, sino al previsto en la fracción II del artículo 22 de la ley de la materia.

26. Por su parte, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, razonaron en el sentido de que la orden de traslado emitida contra un procesado o un sentenciado no es un acto que afecte la libertad, pues ese derecho se ve restringido en virtud del auto de plazo constitucional o de la sentencia condenatoria; de forma que la demanda de amparo promovida contra la orden de traslado, debe interponerse dentro del término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

27. Con la confrontación de las consideraciones emitidas por los tribunales antes mencionados, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y, como se advirtió en líneas precedentes, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de los mismos elementos.

28. Para efectos ilustrativos, es conveniente presentar un cuadro comparativo que contenga las consideraciones esenciales sustentadas por los órganos colegiados al emitir sus resoluciones.

Ver cuadro comparativo

29. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que las órdenes de traslado dictadas en los asuntos puestos a escrutinio de los tribunales contendientes hayan sido decretadas en momentos procesales distintos, es decir, una fue emitida dentro del procedimiento penal (auto de formal prisión) y la otra, una vez dictada la sentencia condenatoria. Ello es así, pues con independencia de los momentos procesales aludidos, los órganos colegiados estudiaron la naturaleza de la orden de traslado y llegaron a las conclusiones discordantes precisadas en párrafos que anteceden.

V. Decisión

30. En opinión de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer lo sustentado por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual se debe dar contestación al planteamiento siguiente: la orden de traslado emitida en el proceso (auto de plazo constitucional) o en la ejecución de la sentencia definitiva ¿es un acto que afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado?

31. Una vez contestado ese planteamiento, podremos establecer si la demanda de amparo promovida contra dicho acto (orden de traslado) debe interponerse dentro del término genérico de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, o si se encuentra en el caso de excepción establecido en la fracción II del artículo 22 de dicho ordenamiento, es decir, podrá interponerse en cualquier tiempo.

32. Para estar en aptitud de dar respuesta a la pregunta planteada, es menester referirnos a: i) la orden de traslado a la luz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ii) la afectación de los derechos de los procesados y sentenciados con motivo de una orden de traslado; y, iii) la doctrina sustentada por este Alto Tribunal respecto a los actos restrictivos de la libertad.

33. La orden de traslado. La orden de traslado es un mandamiento emitido por una autoridad de carácter administrativo, que contiene, por lo general, medidas inherentes a aspectos vinculados con la disciplina, seguridad y organización de los internos recluidos en los centros de readaptación social, es decir, medidas de control emanadas de facultades atribuidas a las autoridades administrativas encargadas de dichos recintos carcelarios.

34. Con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas.(6) El legislador estableció que este sistema penal acusatorio entraría en vigor cuando así lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir de la publicación del decreto correspondiente.

35. Se puede desprender que a la fecha de esta resolución la vacatio legis del decreto mencionado sigue transcurriendo. Asimismo, se tiene conocimiento que veintinueve entidades federativas tienen aprobada y publicada su respectiva Ley de Ejecuciones y Sanciones correspondiente, mientras que una (Sinaloa) tiene la iniciativa de ley en proceso de ser discutida en el Congreso y dos (Sonora y Coahuila) se encuentran pendientes de promulgación y publicación.(7) Por tal razón, en la presente resolución nos referiremos al sistema del nuevo modelo penal acusatorio y al sistema tradicional.

36. Nuevo modelo penal acusatorio. Las reformas constitucionales mencionadas en el párrafo que antecede, tienen como fin transformar el sistema penitenciario, tomando como base la protección de los derechos humanos y bajo la consideración de que la pena de prisión afecta uno de los derechos fundamentales de la persona: su libertad.

37. Para lograr los fines perseguidos por la reforma constitucional, se consideró que la transformación al sistema penitenciario no sería posible mientras la ejecución de las penas permaneciera bajo el control absoluto del Ejecutivo. En ese sentido, se afirmó que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicial, debido a que dejar la ejecución en manos de la administración rompe una secuencia, es decir, la misma autoridad judicial que pronunció la sentencia debe vigilar que la pena se cumpla estrictamente, conforme a derecho, en la forma pronunciada en la ejecutoria.

38. De forma que lo buscado por el legislador es limitar la facultad del Ejecutivo para administrar las prisiones y otorgar la potestad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, que implica salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones y cumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario puedan producirse.(8)

39. Ahora bien, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011, 198/2011, 204/2011, 230/2011, 276/2011, 200/2011, 202/2011, 152/2011 y 203/2011,(9) sustentó, en lo que interesa al tema de la presente contradicción, que derivado de la entrada en vigor de las reformas constitucionales a las que nos hemos referido, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado, y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales, y en particular a los Jueces de Ejecución en materia penal, ya sea en el ámbito local o federal; pues es a ellos, a quienes corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria.

40. En ese sentido, tenemos que si bien la orden de traslado es emitida por una autoridad administrativa -en virtud de las reformas constitucionales comentadas-, cuando la persona se encuentra recluida en virtud de una sentencia condenatoria, la decisión de la autoridad administrativa será puesta bajo el escrutinio del Juez de Ejecución, quien como se dijo, es el encargado de asegurar el cumplimiento de las penas y de las cuestiones accesorias a ésta.

41. Por otro lado, bajo el nuevo modelo penal acusatorio referido, los derechos fundamentales de los gobernados y de las víctimas ocupan un primer nivel de jerarquía dentro del proceso penal, de forma que para su salvaguarda se creó el Juez de Control (también conocido de garantía) quien ejerce sus funciones de vigilancia y jurisdiccionales.

42. Dentro de las primeras, destaca su obligación de vigilar que no se vean afectados los derechos del probable imputado, dentro de la investigación del hecho constitutivo de delito. Por cuanto hace a la función jurisdiccional, ésta se divide en dos momentos procesales: a) el dictado del auto de sujeción a proceso, o bien, si existe una forma de que llegue a un arreglo con la víctima o el ofendido; y, b) al momento de dirigir y llevar el proceso ante el Juez de juicio oral.(10)

43. Bajo esas premisas, podemos concluir que el Juez de control, en tanto autoridad encargada de salvaguardar los derechos de los gobernados y de las víctimas dentro del proceso penal, deberá observar la procedencia de la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa correspondiente. Así, se puede advertir que la orden de traslado puede ser emitida dentro del proceso y una vez dictada la sentencia condenatoria, y dependiendo de la etapa procesal en la que sea dictada, se definirá la autoridad jurisdiccional que deberá analizar la petición de traslado respectiva.

44. Modelo penal tradicional. Dentro del modelo penal tradicional, el Juez de la causa, ya sea en el ámbito local o federal, tiene el carácter de rector del procedimiento, y al igual, que el Juez de proceso o el de control, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los gobernados dentro del proceso penal. En ese sentido, es al Juez de la causa a quien corresponde verificar la procedencia de la orden de traslado emitida por autoridad administrativa.

45. Dicho lo anterior, debemos recordar que para la materia de la presente contradicción resulta importante determinar si la orden de traslado es por sí misma restrictiva de la libertad del procesado o del sentenciado, o en su caso, lleva consigo una afectación indirecta a dicho derecho fundamental; pues únicamente en razón de lo que se concluya, se podrá establecer si la demanda de amparo promovida contra la orden de traslado debe ser presentada dentro del término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, o se actualiza la excepción prevista en la fracción II del artículo 22, de dicho ordenamiento. Para ello, a continuación nos referiremos a la afectación de los derechos de los procesados y sentenciados con motivo de una orden de traslado:

46. Derecho afectado por la orden de traslado emitida durante el proceso. El artículo 20 constitucional,(11) establece el derecho de todo imputado a una defensa adecuada por abogado desde el momento de la detención; la elección del abogado es libre, y en caso de que el imputado no quiera o no pueda nombrar uno, previo requerimiento, el Juez le designará un defensor de oficio. Asimismo, establece el derecho del imputado a que su defensor comparezca en todos los actos del procedimiento, siendo obligación de este último hacerlo cuantas veces se le requiera.

47. La doctrina sustentada por este Alto Tribunal señala, que la defensa adecuada no se agota con la oportunidad de designar un defensor o de asegurar su presencia dentro del procedimiento, sino que este derecho implica que el defensor cuente con el tiempo y con los medios suficientes y necesarios para la preparación de la defensa; también debe contar con la posibilidad de alegar en la audiencia y ofrecer pruebas. En ese sentido, el nombramiento formal de un defensor no implica en automático la satisfacción o el cumplimiento del derecho en comento, pues la participación efectiva es un elemento imprescindible para considerar satisfecho el derecho en cuestión.

48. Asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el derecho de defensa adecuada como la prohibición para el Estado consistente en no entorpecer su ejercicio y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él; es decir, no obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público.

49. En suma, el derecho a una defensa adecuada, es garantizado por el juzgador al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente,(12) y con ello lograr la participación efectiva en la defensa.

50. Una vez precisada la definición del derecho a una defensa adecuada, es menester preguntarse si la orden de traslado de un centro de prisión preventivo a otro ubicado en un lugar diverso en que se sigue el proceso ¿afecta o no el derecho de defensa adecuada del procesado?

51. Para contestar dicho planteamiento, debemos recordar que el Juez para garantizar la vigencia del derecho a una defensa adecuada, tiene la obligación, entre otras, de no obstruir la participación efectiva del defensor; es decir, debe establecer las medidas necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente.

52. Tomando en cuenta lo anterior, a juicio de esta Primera Sala, el traslado del procesado a un centro preventivo diverso de aquel en que se sigue la causa penal, tiene como consecuencia que se alteren las condiciones en las que se encontraba en relación con el procedimiento y que impactan en su derecho a una defensa adecuada.

53. En efecto, llevar el proceso en un lugar distinto al en que se encuentre el procesado representa un entorpecimiento en la participación efectiva de éste en su defensa, ya que si bien la participación para tener tal calificativo (efectiva) no necesita la presencia física del procesado dentro de todas y cada una de las etapas del procedimiento, sí requiere que éste sea debidamente asistido por su asesor legal; lo que encuentra un obstáculo material si el procesado se encuentra en un lugar distinto en el que se sigue la causa penal.

54. Siguiendo la línea argumentativa propuesta en la presente resolución, ahora nos ocuparemos de estudiar los derechos del sentenciado que se estiman violentados en razón de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro.

55. Derechos afectados por la orden de traslado emitida una vez dictada la sentencia condenatoria. En la presente resolución se estableció que la ord

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24347-b69e5b90/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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